“La reforma laboral es un proyecto regresivo”

Luis Enrique Ramírez, vicepresidente de la Asociación de Abogados y Abogadas Laboralistas, se refirió en FM De la Calle al proyecto de reforma laboral impulsado por el macrismo.

“La Asociación llevó adelante la denuncia cuando el gobierno empezó con su ataque a la justicia del trabajo, a los jueces de trabajo y a los propios abogados laboralistas. Este tema llegó a varios organismos internacionales y la CIDH es la primera que, con mucha celeridad, tomó el caso, se reunió en Montevideo y analizó esta ofensiva del gobierno”, dijo.

Ramírez agregó que “es un proyecto regresivo, propone la reducción o eliminación de derechos y conquistas de la clase trabajadora, modifica 14 artículos de la ley de contrato de trabajo, algunos que son principios arquitectónicos de nuestro sistema laboral”.

Sobre uno de los aspectos destacado por el oficialismo, el blanqueo de trabajadores, el presidente de la Asociación de Abogados Laboralistas comentó: “¿Alguien puede estar en contra de intentar el blanqueo de una masa importantísima de gente, que supera [aproximadamente] el 30%? Nadie. No estamos discutiendo si hay que blanquear o no, sino que se abre el debate sobre cuáles son las herramientas que se usan, y si eso perjudica”.

Aseguró que el gobierno transita “un viejo camino de un perdón a todos los incumplidores, una rebaja de las cargas sociales que llevan a una desfinanciación de la seguridad social, y que la experiencia demuestra que no es exactamente este el camino”.

“Es preocupante la pretensión de bajar la fórmula de cálculo de la movilidad de las jubilaciones. Hay un cálculo de algunos economistas que esto representaría para el gobierno un ahorro de unos 112 mil millones de pesos; a la vez, la rebaja de las cargas sociales a las empresas implica una pérdida de 43 mil millones de pesos. Lo que vamos a presenciar, si esto se aprueba, es una transferencia de ingresos de los jubilados –que están bastante mal– hacia los empresarios. Los empresarios ahorran y los jubilados pierden”, explicó Ramírez.

Sobre la iniciativa que extiende de modo exponencial la tercerización laboral, hay un artículo que fue modificado también en la época de la dictadura y que ahora profundiza la situación. Según el abogado laboralista: “Debilita (…) la responsabilidad que tiene la empresa principal por los trabajadores de las empresas contratistas. (…) Cuando se establece el principio de solidaridad, es decir que la empresa principal debería responder si la empresa contratista no cumple con sus obligaciones (…) y de exigirle a estas grandes empresas un rol de control. Porque si no controla que su empresa contratista cumpla, puede sufrir perjuicios. La reforma realmente hace muy dificultoso que funcione esto”.

“Todo esto apunta a una aspiración de poder económico: tener empresas mucho más chicas y tratar de derivar hacia afuera (empresas contratistas) la mayor cantidad de funciones posibles, en perjuicio de los trabajadores; esta segmentación empresaria debilita a los trabajadores, debilita la acción sindical, facilita el fraude, etc. La Asociación por supuesto está absolutamente en contra”, ratificó.

Sobre el banco de horas explicó que “es una forma de evitar pagar recargo por horas extras: si usted trabaja hoy diez u once horas, otro día trabaja cinco, entonces hacemos una compensación. El resultado final, desde lo económico, es que yo como empresario no pago los recargos de ese día que trabajó diez u once horas. Por otro lado, que yo creo es lo más grave, es que la vida personal de ese trabajador queda supeditada a las exigencias de la producción y de la empresa. (…) El trabajador deja de ser dueño de lo que no es su jornada laboral”.

Respecto al fondo de dinero que el propio empleado va generando para el momento en que lo echen, aseguró que lo más grave es que “instaura la inestabilidad laboral más absoluta. Si yo estoy dentro de un sistema así y todos los meses aporto obligatoriamente, despedirlo a usted no me cuesta nada más. (…) Estos fondos serían justamente una carta en blanco para que el empleador, sin costo adicional, lo despida cuando quiera”.

Finalmente habló sobre el derecho colectivo: “El que crea que con esto termina la reforma laboral que propone este gobierno es un ingenuo. Esto es simplemente el comienzo. (…) En la medida que el gobierno siga acumulando poder político –o que crea eso–, el próximo paso sería avanzar sobre el derecho colectivo. Es una vieja aspiración y está en todas las carpetas de reforma laboral que hubo acá en el país, (…) con el menemismo, con la Alianza, y ahora con este gobierno”.

En referencia al convenio colectivo dijo que “usted lo firma por un año o por dos, pero mientras no se firme otro, ese convenio sigue estando vigente. Lo que ellos quieren es que esto se termine. Con lo cual van a sentar a los dirigentes sindicales”, y decirles “que si no acuerdan rápidamente se quedan sin convenio colectivo los trabajadores representados”.

“Y [respecto a] la huelga, intentar imponer cierto tipo de restricciones porque la intención es siempre la misma: sindicatos débiles y huelgas inofensivas. El sistema no funciona así, el sistema tiene que funcionar con sindicatos fuertes y una herramienta que será la última que utilizaran, pero que pretende ser eficaz”, concluyó.