Lesa humanidad: el fiscal pidió perpetua para Boccalari
A cuarenta años de la desaparición de Julio Argentino Mussi la Fiscalía solicitó la pena máxima para uno de sus responsables. En su alegato contra el comisario de la Policía Bonaerense Gustavo Abel Boccalari, José Nebbia exigió también que se revoque la detención domiciliaria del represor y se señalice a la ex delegación de Cuatrerismo como centro clandestino de detención y torturas.
“No nos podemos hacer los distraídos de los intentos actuales -sin éxito- por torcer el curso del proceso de Memoria, Verdad y Justicia. Es este juicio, es la sentencia, una oportunidad y sobre todo una obligación de ratificar desde el Poder Judicial de un Estado democrático, de derecho, que crímenes como los aquí juzgados nunca quedarán impunes y que estos juicios son, tal como lo ha dicho el presidente de la Corte Suprema, política de Estado”, afirmó Nebbia.
El 7 de abril el tribunal escuchará los alegatos de la querella de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación a cargo de Mónica Fernández Avello y del defensor Walter Tejada.
Mussi fue secuestrado el 22 de marzo de 1977 en Comodoro Rivadavia y trasladado junto a varias personas al V Cuerpo del Ejército. Acusado de facilitar vehículos para la “subversión”, en un vagón de ferrocarril abandonado al que los captores llamaban “el avión de madera”, fue torturado por días hasta que enfrentó a los policías y militares que lo asesinaron y desaparecieron.
Boccalari está imputado como coautor del secuestro, torturas y homicidio bajo la modalidad de desaparición forzada para lograr impunidad desde su cargo de segundo jefe de la Sección Cuatrerismo.
El fiscal comenzó su exposición advirtiendo a los jueces Luis Salas, Pablo Díaz Lacava y Marcos Aguerrido que serán ellos los primeros en “contarle a la sociedad bahiense un capítulo de la historia del terror que aún no ha sido relatada con la voz de la justicia”. Se trata del entramado local y provincial dispuesto por la Policía Bonaerense de Camps y Etchecolatz para estar “a la altura de los requerimientos criminales del Comando V Cuerpo de Ejército”.
A pesar de la particularidad del juicio, desprendido de la causa Ejército III con solo un imputado y una víctima, el equipo de la Fiscalía se propuso y logró detallar la actuación del Ejército al mando de la alegada “lucha contra la subversión” y la intervención policial bajo su control operacional, “la discrecionalidad de los captores, la acción psicológica que la fuerza de seguridad llevó adelante y una actuación trazada íntegramente por mecanismos de impunidad”.
Respecto al crimen de Mussi, el Ministerio Público probó “cómo fue secuestrado, fue trasladado a un centro clandestino de detención, que allí fue torturado, que allí fue interrogado y esa perversa modalidad criminal del Estado terrorista que es la desaparición forzada. El móvil de esas acciones criminales fue la imputación de colaborar con la subversión”. “Todos los hechos fueron ejecutados por el acusado. Cuando no fue personalmente fue personal de la dependencia en la que él mismo dice haber ocupado el segundo eslabón de mando”, dijo Nebbia.
La Fiscalía destacó que “la aplicación efectiva de las penas de quienes infringen normas construidas sobre valores que la sociedad entiende como trascendentes resulta la forma de reafirmar esos valores violados. Al imponer una pena y no morigerarla el mensaje que se está dando es que creemos que esos valores valen: la vida vale, la dignidad vale, la integridad física vale, la integridad psíquica vale, la integridad sexual vale. Esos valores deben ser ratificados mediante la aplicación de una pena justa y proporcional”.
“Los acusados detentaban la suma del poder público y no han quebrado el pacto de silencio hasta hoy. Boccalari habló mucho pero no lo quebró. Siempre habló para despegarse de los hechos y ponerse él mismo como víctima de las acciones que lo involucran. No aportó el menor indicio sobre el destino que le dieron a Julio Argentino Mussi”, afirmó el fiscal.
Condenado
El teniente coronel Mauricio Gutiérrez, defensor de varios represores en las causas locales, siguió la audiencia desde la platea destinada a la prensa y a familiares de los imputados. El abogado fue condenado a dos años de prisión condicional e inhabilitación para ejercer su profesión y dejó la representación de Boccalari en manos del hijo homónimo del genocida Walter Tejada.
Así lo informó el TOF en la última sesión del Juicio Ejército III según notificaciones del Colegio de Abogados y del juez de Ejecución Penal, Claudio Brun. El castigo corresponde al delito de supresión de documento público cometido entre fines de 2000 y principios de 2001 en el marco de una causa de la justicia ordinaria.
