Megacausa Zona 5: “Dónde están nuestros hijos nacidos en La Escuelita y nuestros desaparecidos?”
La fiscalía cerró su alegato con el pedido de penas para los 35 imputados por crímenes de lesa humanidad. Solicitó veinte perpetuas, once penas a 25 años y el resto entre 22 y 18. Luego, comenzó el alegato de la querella.
“Solo la enunciación de los crímenes que se están juzgando en este juicio con solo el nombre de los victimarios y las víctimas ha insumido más de una audiencia, algo que en cualquier otro juicio no lleva más de unos minutos o un par de horas y, aun así, no se logra condensar en este acto de síntesis el volumen y gravedad de los hechos. Incluso con esta limitación el MPF el acto de pedir sanciones y medidas reparatorias forma parte de algo tan esencial como los ritos de la justicia. Son esenciales porque funcionan para hacer el esfuerzo de detenernos e intentar comprender lo incomprensible”, dijo el fiscal Pablo Fermento.
Agregó que “no podemos dejar de preguntarnos algo fundamental para familiares y la sociedad. ¿Dónde están nuestros hijos nacidos en La Escuelita y dónde están nuestros desaparecidos? Estas heridas van a seguir abiertas mientras no haya una justicia reparadora”.
Sobre el cierre del alegato la fiscalía incluyó diferentes pedidos de reparación simbólica para las víctimas y familiares que incluyen la publicación de la sentencia, en un lugar destacado y visible en el diario “La Nueva”.
Que se ordene al Ministerio de Defensa de la Nación que deje constancia de que las víctimas Manuel Alberto Ruzo y Eduardo Alberto Colella fueron secuestradas y desaparecidas mientras prestaban el servicio militar obligatorio y que las actuaciones sumariales tuvieron la finalidad de ocultar esas circunstancias.
Reclamaron se declare la nulidad de las sentencias dictadas por Consejos de Guerra, tribunales militares que aplicaron el Código de Justicia Militar por los que se condenó a Ana María Germani, Rodolfo Oscar Maisonave y Carlos Raúl Príncipi.
También solicitaron que el Equipo Argentino de Antropología Forense investigue la existencia de lugares de enterramiento clandestino en los terrenos del Comando del V Cuerpo de Ejército y del Batallón de Comunicaciones 181.
Una vez conocida la sentencia se den de baja a los acusados que revistaban en el Ejército y se inicie el procedimiento de destitución en relación al ex-policía Claudio Kussman. Se ordene el restablecimiento de las prisiones preventivas y se revisen las prisiones domiciliarias de los imputados detenidos bajo esa modalidad.
Alegato de la querella: efectos reparatorios de la sentencia
“Es preciso destacar también los efectos reparatorios del acto judicial de la sentencia, que pone fin al debate de las cuestiones en conflicto, determinando en este caso quiénes fueron las víctimas, quiénes fueron los victimarios, quiénes merecen una reparación y quiénes merecen ser condenados. Esto tiene un sentido ordenador para cada víctima y para la sociedad. La función reparatoria también se produce con la credibilidad que la sentencia le otorga a los testimonios de las víctimas, dándole valor a relatos que antes eran rechazados”, dijo Mónica Fernández Avello, querellante por la Subsecretaría de Derechos Humanos de la provincia.
Aclaró que “de esta manera, no borramos los padecimientos sufridos por los y las testigos si restablecemos los principios lógicos, éticos y jurídicos referidos al mundo concentracionario que habían estado suspendidos por la impunidad”.
Sobre la organización del V Cuerpo y Policía Federal y provincial, la Unidad Penitenciaria 4 y la cadena orgánica de mando planteó la adhesión plena “a lo manifestado por el Ministerio Público Fiscal, de la misma manera en cuanto al funcionamiento de los centros clandestinos de detención dependientes del V Cuerpo que ya han sido ampliamente probados por este mismo Tribunal en otra integración en las causas que nos precedieron”, dijo la querellante de H.I.J.O.S, Anahí Junquera.