“Sentado hoy en el mismo despacho desde el cual un rector interventor ordenó el asesinato de Watu, siento que debo pedir perdón a nombre de la Institución a todos los que fueron perseguidos por ser miembros de esta comunidad universitaria, a sus familias y amigos y a la sociedad en general”, afirmó el rector Daniel Vega.

La Unidad Fiscal de Lesa Humanidad bahiense solicitó la elevación parcial a juicio oral de otros seis represores del Ejército por crímenes cometidos contra dos víctimas durante la última dictadura cívico- militar.

El Consejo Superior Universitario de la UNS aprobará este miércoles la entrega del doctorado Honoris Causa post mortem a David “Watu” Cilleruelo y reconocerá en su nombre a las y los integrantes de la comunidad universitaria víctimas del terrorismo de Estado entre 1974 y 1983.

El decano de la Facultad Regional de la Universidad Tecnológica Nacional, Liberto Ercoli, anticipó a FM De la Calle que antes de fin de año realizarán “un acto reivindicativo” de las víctimas de la Triple A y celebró la condena a cuatro ex integrantes de la banda parapolicial.

A pedido de la defensa del imputado Juan José Capella se realizó una inspección ocular en el aeropuerto de Neuquén. El represor pilotó el avión con militantes secuestrados en el sur que continuaron su cautiverio en el centro clandestino La Escuelita de Bahía Blanca. Nueve personas aún continúan desaparecidas.

Entre diciembre y febrero comenzaría el próximo juicio por crímenes de lesa humanidad en Bahía Blanca. Se trata de la Megacausa Zona 5 la cual brindará un amplio panorama del terrorismo de Estado en el sur del país.

“Me daba un sabor muy amargo siquiera pronunciar Bahía Blanca. Hoy día ya no, por la calidad de gente y compañeros que he conocido en Bahía, han sido un gran aporte y ayuda y los llevamos siempre en el corazón”, dijo a FM De la Calle Carlos Oliva Troncoso.

Carlos es hermano de Víctor -“Lalo” para sus amigos y familiares- una de las 24 víctimas comprendidas en el juicio a integrantes de la Triple A de Bahía Blanca. El lunes, cuatro de esos criminales de lesa humanidad fueron condenados por el tribunal oral federal.

“Me produce una gran alegría, me hubiera gustado estrechar a Pablo (Fermento, fiscal auxiliar) en un abrazo, tengo conciencia y conocimiento del gran trabajo desarrollado por él. Todo lo que solicitó el Ministerio Público se lo han concedido, se ha reconocido que es así”.

Oliva Troncoso destacó que se cumplieron “46 años y un mes del asesinato de nuestro hermano. Indudablemente es un hecho que más de la mitad de mi vida ha transcurrido en esto. Estamos satisfechos con lo logrado pero no estamos plenos. Una justicia que demora 46 años no es justicia completa. Se juzgó por asociación ilícita 23 asesinatos. No puede ser que el Estado, que tiene la obligación de reparar esta violación a los derechos humanos, entienda una figura de asociación ilícita. No se avanzó en saber toda la verdad en las causas de los 23 compañeros y compañeras que acompañan en ese juicio a Watu. Buscaremos las alternativas”.

La familia Oliva Troncoso es oriunda de Temuco, Chile. “Lalo” llegó a Bahía escapando de la dictadura de Augusto Pinochet en 1973. “Con los viajes a Bahía hemos logrado reconstruir la vida de nuestro hermano allá. Son hechos dolorosos, fuertes. Pudimos reconstruir parte de lo sucedido durante esas 2 horas de cautiverio hasta que fue asesinado. No queremos quitarle mérito a lo que está sucediendo”.

Víctor militaba en el Movimiento de Izquierda Revolucionario. “Estuvimos presos un par de veces en Temuco. Nunca fuimos acusados ni condenados por nada, la última vez que se lo llevaron preso la orden era asesinarlo. Desde la Universidad Católica las autoridades habían pedido que lo eliminaran porque era un sujeto peligroso”, relató su hermano.

“Logramos convencerlo de que se fuera de Chile para salvarle la vida. Se fue a Argentina, viajó en en octubre de 73. Llegó a Bahía a raíz de algunos conocidos. Se matriculó en el año 74 en la UNS, estudiando Filosofía y Letras, comenzó a militar en el PRT. Fue secuestrado el 2 de julio del 75 en la esquina de Soler y Alsina cerca de las dos de la tarde en una camioneta. El tránsito lo cortó un vehículo de la policía, según lo que dice una testigo. Alrededor de las cuatro y media de la tarde apareció su cuerpo cerca de Cerri con 34, 36 impactos, semidesnudo, con cuatro ejemplares de El Combatiente, el diario del PRT”.

“Mi hermano era un militante revolucionario de izquierda que se la jugó por eso. Me siento orgulloso de haber tenido un hermano con esa calidad humana, que abrazó los ideales de justicia social”, concluyó Carlos.

Raúl Roberto Aceituno fue condenado a la prisión perpetua por ser coautor del homicidio agravado por alevosía y por el concurso premeditado de dos o más personas en perjuicio de David Cilleruelo, en concurso real con el delito de asociación ilícita.

Héctor Ángel Forcelli, Juan Carlos Curzio y Osvaldo Omar Pallero fueron fueron encontrados responsables del delito de asociación ilícita con penas de 10 años de cárcel. El tribunal aun no definió si revocará o no sus excarcelaciones y la detención domiciliaria de Aceituno.

Alberto Rodríguez, testigo en la causa Triple A y compañero de David “Watu” Cilleruelo, manifestó que el juicio que culminó con las condenas a cuatro ex miembros de la banda paraestatal no incluyó a “los autores intelectuales, la cúpula policial y militar que apoyó y entregó armas. El veredicto está dado por la gente, por la sociedad y por el trabajo y las movilizaciones que se han hecho durante 45 años”.

“Es una justicia correcta pero seguiré dudando. El diario La Nueva Provincia acá no está y fue parte. De la sede del diario entraba y salía la patota. Ni la justicia se ha reconvertido en justicia justa ni los medios de comunicación informan con la veracidad y objetividad que deberían. Son parte del poder y así son utilizados”, agregó.

El tribunal oral condenó Raúl Roberto Aceituno a prisión perpetua y a 10 años de prisión a Osvaldo Pallero, Juan Carlos Curzio y Héctor Ángel Forcelli.

José Lualdi, militante en el sector de la construcción en la década del 70 y dirigente de la agrupación Watu Corriente Comunista, expresó durante la transmisión colectiva de FM De la Calle y La Retaguardia que al “tener condena, es momento de recordar y reparar la memoria de aquellos compañeros. Muchos años, planteando la porfía de llevar a juicio a la Triple A. Parecía imposible y lejano pero jamás abandonamos”.

En relación a Luis Jesús García, secuestrado y asesinado el 22 de septiembre de 1974, Lualdi comentó: “Recuerdo cómo lo apretaban los matones al Negrito. Era un chico con muchísima presencia en el gremio. Aquella conducción de la UOCRA, formaba parte de la Triple A. Hoy se ha hecho justicia por él y otros compañeros”.

El periodista Néstor Busso, detenido en la última dictadura cívico militar eclesiástica, narró su paso por Bahía Blanca en mayo del ’75 para cubrir el atentado al Juan XIII y el asesinato del sacerdote salesiano Carlos Dorñak. “Pudimos registrar lo que se estaba viviendo. Era público, era conocido, el comentario generalizado en las calles, especialmente en la universidad, en la Iglesia Católica, en las organizaciones sociales. Publicamos todo lo que estaba sucediendo, reproduciendo editoriales de La Nueva Provincia, marcando cómo eran cómplices y justificaban los hechos de violencia. Ese diario fue instigador, provocador de tanta violencia. Una empresa al servicio de las causas más siniestras de nuestro país, estuvo ausente en esta sentencia”.

Busso explicó que a pesar del “sabor amargo por ver a uno de los condenados irse a su casa caminando, hay que valorar enormemente la sentencia en lo simbólico porque esta gente vivía en la impunidad, sembrando terror. Ha pasado mucho tiempo, 46 años es demasiado, pero las cosas llegan y es importante el mensaje para las y los más jóvenes”.

Por último, el sociólogo puntaltense Fortunato Mallimaci dijo que este lunes fue un día especial: “Condenas a la Triple A hay pocas o casi ninguna. Organismos de derechos humanos, víctimas, la universidad, un pedazo del Poder Judicial, dieron condiciones para este juicio que para muchos era imposible. Debemos celebrar el hoy para crear nuevas utopías. Hay una memoria reactivada con esta celebración, abre nuevas perspectivas para el futuro”.

Para comprender el contexto previo al golpe cívico militar del año ’76, Mallimaci afirmó que “la Alianza Anticomunista Argentina no se entiende en Bahía Blanca sin el peronismo de Ponce, sin el peronismo de la CGT, sin el peronismo de Remus Tetu, sin el apoyo de sectores de la Iglesia Católica y de las Fuerzas Armadas. Hoy tenemos una universidad que votó el Honoris Causa para Watu Cilleruelo, que  reconoce en él a todos los desaparecidos asesinados del ‘74 al ‘83. Ninguna universidad argentina lo ha hecho. ¿Por qué? Porque significa reconocer que participó. Entonces, están diciendo que las autoridades de esta universidad fueron responsables. De Remus Tetu en adelante fueron partícipes en denunciar, hacer listas, participar con servicios de inteligencias. Fuimos víctimas y victimarios y escenario”.

Gladys Haydé Elvira afirmó que la Triple A bahiense era “un grupo en el que actuaban todos juntos” y, por ende, “la responsabilidad de los crímenes es idéntica para cada uno de ellos”.

Durante la transmisión de FM De la Calle y La Retaguardia, tras la lectura del veredicto, recordó que ante el tribunal “dije algo así como que todos mataron, que no importaba quién había disparado porque lo hacían todos”.

Meses atrás fue convocada a testificar respecto a los homicidios de sus compañeros José Suracce, Julio García y Gabriel Ganuza. Los estudiantes de geología de la UNS fueron secuestrados la madrugada del 6 de diciembre de 1975 por un grupo de personas armadas.

Por la mañana, sus cuerpos fueron encontrados al costado de la Ruta 35, cerca de Villa Iris. Estaban en ropa interior y presentaban numerosos impactos de proyectiles 9 mm y de ametralladoras.

El Tribunal Oral de Bahía Blanca condenó este lunes a diez años de prisión a Juan Carlos Curzio, Osvaldo Pallero y Héctor Forcelli por el delito de asociación ilícita. Raúl Roberto Aceituno recibió la pena máxima como coautor del homicidio agravado por alevosía y por el concurso premeditado de dos o más personas en perjuicio de David Cilleruelo, en concurso real con el delito de asociación ilícita.

Desde la casona de la memoria Eduardo Mario «Bachi» Chironi de Viedma, Gladys siguió la lectura del veredicto junto a familiares de víctimas.

“En este juicio no hubo reconstrucción de los hechos pero, si uno quiere hacer la secuencia de secuestro, tortura y asesinatos, no actuó una sola persona. Para llevar adelante ese proceso lo hicieron en grupo, como todos los testigos dieron cuenta, nunca se los vio solos, de manera individual o por separado, salían todos juntos. Uno manejaba, los otros se bajaban, se los llevaban, los torturaban y luego los mataban. La responsabilidad es idéntica para todos”, señaló Elvira.

Agregó que “es una pena que se los juzgue como integrantes de una asociación ilícita para la que el Código Penal establece 10 años como lo máximo que se pudo pedir”.

En relación al recuerdo de sus tres compañeros asesinados, mencionó que “José y Julio tenían 23 años, Gabi era más grande. Los tres militantes de la Juventud Universitaria Peronista. Militaban y vivían con alegría, creían en lo que hacían y pensaban. Me tocó compartir el año 73 y el 74 de mucha militancia, movilización y esperanza. Se vivía con alegría porque se plasmaban las convicciones que ellos militaban. Solidarios y militantes”.

Tras la lectura del veredicto que condenó a cuatro ex miembros de la Alianza Anticomunista Argentina, Raquel Cilleruelo -hermana de Watu- dijo a FM De la Calle que “a veces pensaba que no se iba a poder dar porque todo lo de la Triple A estaba bajo cuerda”.

“Se consiguió, estoy muy contenta. La perpetua de Aceituno tiene mucha fuera para mí”, destacó en relación a la pena recibida por uno de los asesinos de David, dirigente de la Federación Juvenil Comunista, electo secretario de la Federación Universitaria del Sur al momento del crimen.

Cilleruelo afirmó que “al demorar tanto tiempo el juicio logramos que uno de los cómplices llegara, el resto se fue muriendo. Después de 46 años falta mucha gente acá, aunque es todo un éxito”.

Aceituno fue condenado a la pena máxima por ser coautor del homicidio agravado por alevosía y por el concurso premeditado de dos o más personas en perjuicio de David Cilleruelo, en concurso real con el delito de asociación ilícita.

Héctor Ángel Forcelli, Juan Carlos Curzio y Osvaldo Omar Pallero fueron fueron encontrados responsables del delito de asociación ilícita con penas de 10 años de cárcel. El tribunal aun no definió si revocará o no sus excarcelaciones y la detención domiciliaria de Aceituno.

Raquel recordó a David como “un pibe bonachón que empezó a militar cuando vino a Bahía, tenía 18, yo tenía 16. Medio que tenía guardada su militancia, supongo que para no preocupar a mis padres que ya eran grandes. Era un pibe muy generoso, muy amoroso, que todo el mundo lo quería porque era bueno de alma. No sabemos qué hubiera sido si seguía vivo, lo que es seguro es que hubiera seguido militando sus ideales, él era lo que quería ser. Como hermano excelente, un pibe cuida, sin maldad, le gustaba tocar la guitarra”.

También destacó el el mensaje recibido de parte de Daniel Argibay, hijo de Jorge Oscar, alias el Moncho, autor del disparo que mató a Watu y jefe operativo de la banda y hermano de Pablo, quien también participó del hecho. Pese a tener 12 años cuando ocurrieron los hechos, Daniel se disculpó con la familia Cilleruelo.

“Eso lo sana tanto a él como a nosotros. Después del mal que hizo su papá y su hermano, que haya podido reconstruir su vida y haya podido elegir el lado bueno de las cosas. Al principio sospechaba, después dije este pibe está con nosotros, se dio cuenta que lo malo estaba del otro lado. Siempre le agradecí a Daniel por su actitud, mirá estos condenados, nunca se arrepintieron, para ellos está bien lo que hicieron”, sentenció Raquel.

Agregó que “uno no puede creer que se metan en una universidad, hagan tanto daño, salgan lo más campante y les parezca que está bien lo que hicieron. Tampoco podía creer que se dictara prisión perpetua, para mí fue un alivio enorme, nos lo merecíamos todos, ojalá hubiera estado mi mamá para verlo”.

En relación al rol de la Universidad Nacional del Sur, cuyas autoridades señalaron a Watu como blanco a asesinar por parte del “personal de seguridad” del interventor Remus Tetu, el tribunal remitió copia del veredicto y de los fundamentos de la sentencia para que evalúen las solicitudes de reparación simbólica de la Fiscalía.

Apuntan a “anular las resoluciones de cesantías de empleados no docentes, docentes y alumnos, otorgar el título de doctor honoris causa a David Hover Cilleruelo y colocar en espacios de circulación pública una referencia histórica sobre la puesta a disposición en el período de tiempo investigado de sus instalaciones y sus recursos al servicio del funcionamiento de grupos paraestatales armados”.

“Recién estuve hablando con el rector, está muy encaminado. Es un reconocimiento para mi hermano. Estoy muy orgullosa de mi hermano no como estos que salieron a la calle y todos les gritaban asesinos”, dijo la hermana del dirigente comunista.

Foto cabecera: Sergio Zaninelli.

El Tribunal Oral de Bahía Blanca condenó por unanimidad a cuatro ex integrantes de la Alianza Anticomunista Argentina y calificó a los hechos como “crímenes de lesa humanidad”.

Raúl Roberto Aceituno recibió la pena de prisión perpetua al ser considerado coautor del homicidio agravado por alevosía y por el concurso premeditado de dos o más personas en perjuicio de David Hover Cilleruelo, en concurso real con el delito de asociación ilícita.

Raquel Cilleruelo, hermana de “Watu”, manifestó durante la transmisión colectiva de FM De la Calle y La Retaguardia que “logramos que uno de los cómplices llegara, los otros se fueron muriendo. Después de 46 años falta mucha gente acá. La perpetua de Aceituno tiene mucha fuerza para mí”.

Forcelli, Pallero y Curzio fueron castigados con 10 años de prisión, inhabilitación absoluta por el tiempo de la condena, accesorias legales y al pago de las costas del proceso por ser coautores penalmente responsables del delito de asociación ilícita.

“Esperamos que sea un aporte para avanzar en las responsabilidades sobre todo de sectores civiles y del poder fáctico”, dijo el fiscal auxiliar Pablo Fermento. Aseguró que “el debate sirvió para que la investigación tomara estado público. A diferencia de lo que pasa en otros juicios donde se llega con todo elaborado, al ser un fenómeno de violencia colectivo fue sorprendente cómo se fue incorporando prueba nueva en función de gente que se acercaba a decir yo viví esta situación. Por ejemplo, el hijo de (Jorge) Argibay que introdujo información y nos permitió corroborar lo que estábamos explicando. Es fundamental el debate y por eso lo planteamos para causas como las de (Vicente) Massot o (Néstor) Montezanti”.

Al respecto, Raquel recordó que Daniel Argibay -quien con 12 años fue testigo de acciones y relaciones de su padre- les envió una carta pidiendo disculpas: “Creo que eso lo sana tanto a él como a nosotros. Después del mal que hicieron su papá y su hermano él pudo reconstruir su vida y elegir el lado bueno de las cosas. (…) Siempre le agradecí por su actitud, no cualquiera lo hace, mirá estos que están condenados ahora, no se arrepienten, para ellos está bien lo que hicieron”.

En el veredicto, los jueces comunicaron que Raquel tendrá derecho a ser informada y expresar su opinión cuando se sustancie cualquier planteo en el que se puedan decidir salidas transitorias, régimen de semi libertad, libertad condicional, prisión domiciliaria, discontinua o semi detención, libertad asistida y régimen preparatorio para su liberación.

Por otra parte, el  tribunal remitió copia del veredicto y de los fundamentos de la sentencia para que evalúen las solicitudes de la Fiscalía para anular las resoluciones de cesantías de empleados no docentes, docentes y alumnos, otorgar el título de doctor honoris causa a David Hover Cilleruelo y colocar en espacios de circulación pública una referencia histórica sobre la puesta a disposición en el período de tiempo investigado de sus instalaciones y sus recursos al servicio del funcionamiento de grupos paraestatales armados. “Ello así toda vez que imponer a las universidades una serie de decisiones como las solicitadas, sin cumplir con los procedimientos administrativos previstos a esos fines, constituye un exceso a la competencia que la ley otorga a este tribunal teniendo en cuenta los principios de autarquía y autonomía de las universidades”, aclaró el juez Roberto Amabile.

“Los únicos planteos de la Fiscalía que no fueron tratados son la calificación de genocidio y queda pendiente resolver las cuestiones atinentes al modo de detención de los imputados que están excarcelados, si se les va a dictar prisión preventiva hasta que esté la pena firme y la domiciliaria de Aceituno”, afirmó Fermento. Aceituno continuará en su casa hasta que el Cuerpo Médico Forense de la Corte Suprema le realice un examen médico completo.

El tribunal no hizo lugar al planteo de extinción de la acción penal por prescripción ni por la insubsistencia de la potestad persecutoria por agotamiento de plazo razonable. Tampoco al pedido de inconstitucionalidad respecto de la pena de prisión perpetua, del delito de asociación ilícita y de las consecuencias accesorias de la condena.

Julia García, hermana del “Negrito” García, destacó la condena a Aceituno y se quejó porque “no se investigaron los otros 23 casos de secuestros y asesinatos. ¿Qué estuvimos haciendo para llegar a un fallo como este? Es muy doloroso irnos con las manos casi vacías”.

Verónica Alduvino, hermana de Fernando Alduvino, sostuvo que “hay que rescatar que esto pasó en un gobierno constitucional y este fallo es el primer paso para que cada uno se haga cargo de las distintas áreas que estaban en el gobierno, en la justicia, en los partidos políticos y los sindicatos”.

Los fundamentos del fallo de los jueces Amabile, Pablo Díaz Lacava y Marcos Aguerrido se conocerán dentro de los próximos 40 días.

El Tribunal Oral de Bahía Blanca difundirá este lunes el veredicto de la causa contra cuatro ex integrantes de la Alianza Anticomunista Argentina de Bahía Blanca. La audiencia será sin público en la sala aunque podrá seguirse por una cobertura colectiva de FM De la Calle y La Retaguardia desde las 10:30. La CTA local convocó a una concentración con cuidados sanitarios desde las 10 en Colón 80.

Solo podrán ingresar al Aula Magna del Rectorado de la UNS el fiscal Pablo Fermento, representantes de la defensa oficial, las querellas y los acusados Juan Carlos Curzio, Héctor Ángel Forcelli y Osvaldo Omar Pallero. El represor Raúl Roberto Aceituno se conectará desde su domicilio.

“Aunque la justicia llega tarde, estamos esperanzados de que haya una condena”, dijo Dante Patrignani, secretario de Derechos Humanos de la CTA y testigo del juicio.

La Fiscalía y las querellas solicitaron prisión perpetua para Aceituno -señalado como uno de los autores del crimen de David Cilleruelo- y diez años de cárcel para Curzio, Pallero y Forcelli por haber integrado la asociación ilícita que cometió 24 homicidios a órdenes del ex diputado del FreJuLi y secretario de la CGT, Rodolfo Ponce, y el interventor de la UNS, Remus Tetu.

Julia García, hermana de Luis Jesús García -militante del PRT asesinado en septiembre de 1974-, afirmó que los hechos fueron parte de una política de Estado: “No era que se juntaban para salir a matar porque se les ocurría a ellos. Acá hubo gente del servicio de inteligencia, gente que decidía los blancos, gente que ejecutaba. Había organizaciones paraestatales, se habla de López Rega al pasar, era de donde se sacaban los recursos, de donde se aportaban las armas”.

De la virtualidad a la televisación

Desde su fundación en 2003, la radio online La Retaguardia cubre los juicios de lesa humanidad del país. En tiempos de pandemia adecuó su trabajo a la televisación de las audiencias virtuales por YouTube. “Nuestra premisa es que todos los juicios son importantes, no hay grandes y chicos. Estamos sorprendidos por las calificaciones como ‘el Netflix de los juicios’ -nuestros contenidos son libres- y de todo el alboroto de tanta gente reconociendo nuestra tarea. Nos está haciendo bien ver cómo ese material que se genera queda instalado y se vuelve un elemento de consulta”, afirmó Fernando Tebele.

El periodista agregó que “desde el primer momento, cuando presentamos el pedido al Tribunal en el juicio Contraofensiva, pensando que nos iban a decir que no, nos dijeron que sí y ahí empezamos a pensar cómo hacerlo”.

“Matar, mataron todos”

Dante Patrignani sostuvo que “hay familiares de las víctimas, recordemos que son 24, que hubieran querido estar en la audiencia y no pudieron. Estamos convocando a una concentración a las 10, una hora antes del veredicto, con el objetivo de que quienes no pudieron entrar puedan manifestarse en la puerta esperando una condena ejemplar. Son pocos los que están siendo juzgados, algunos gozaron la impunidad biológica”.

El compañero de “Watu” dijo que “después de 45 años, si bien en este caso la justicia llega tarde, estamos esperanzados en que haya una condena. Me quedó grabado el testimonio de Gladys Elvira que dijo ‘matar, mataron todos’, todos salían de noche a secuestran y matar, son todos responsables”.

“A diferencia de los juicios de lesa humanidad contra militares, donde los sobrevivientes pudieron identificar al torturador, esta gente actuaba de noche, sin reparos, y no hay testigos. Por lo tanto, se los está juzgando por asociación ilícita, salvo el caso de Aceituno que fue un crimen a la luz del día”, finalizó.

“No fue una patota, fue una organización criminal”

Julia García comentó que la expectativa ante el veredicto “es un poco contradictoria por momentos porque pateamos tanto tiempo detrás de la justicia y nos vamos a ir con las manos vacías. Tomé más conciencia después de los alegatos, no va haber justicia para 23 compañeros por su asesinato y secuestro, solamente en el caso de David se ha juzgado a Aceituno en particular en relación a su asesinato”.

Rodolfo Ponce y Remus Tetu comandaron las bandas locales.

La querellante agregó que “uno de los grandes errores de la causa es circunscribir la Triple A en Bahía, tratarlo como un hecho aislado. La patota es un grupo de personas que se juntan a ver qué puedo hacer para jorobar a otro. No fue una patota, fue una organización criminal”.

García subrayó que “era una organización paraestatal y, a la luz de los hechos, peronista. Tres de los imputados continúan afiliados al partido peronista. Eso no es hacer antiperonismo, son parte de los hechos. Las primeras víctimas de la Triple A fueron los propios peronistas, compañeros que se oponían a toda una política a través de sus organizaciones, de sus demandas”.

La hermana del “Negrito” integra la Asociación de Ex Presos Políticos de Río Negro e informó que en Viedma también se seguirá la lectura del veredicto mediante una iniciativa de la Secretaría de Derechos Humanos que dispuso un espacio para ver la transmisión. “En mi caso, con mi mamá vamos a entrar (a la sala de audiencias) porque tenemos abogado querellante. Es realmente lamentable que familiares ni siquiera puedan entrar, es absolutamente injusto. Esperamos 46 años y por un problema administrativo, operativo, no lo pudieron resolver”.

El lunes 2 de agosto se dará lectura al veredicto del juicio a integrantes de la Triple A en Bahía Blanca. Raúl Roberto Aceituno, Juan Carlos Curzio, Héctor Ángel Forcelli y Osvaldo Omar Pallero están imputados por haber integrado la asociación ilícita a la que se le atribuyen más de dos decenas de secuestros, torturas y asesinatos.

La banda paraestatal en nuestra región estuvo al mando del secretario general de la CGT y diputado nacional del FreJuLi, Rodolfo “Fito” Ponce, y del rector interventor de la Universidad Nacional del Sur, Remus Tetu.

Es la finalización del séptimo juicio por crímenes de lesa humanidad en nuestra ciudad y el primero contra civiles que actuaron en el terrorismo de Estado. Son solo una parte de la Triple A en Bahía Blanca, organización responsable de la muerte de 24 compañeros y compañeras, militantes estudiantiles, docentes y no docentes universitarios, trabajadores/as y dirigentes gremiales perseguidos por razones políticas.

Desde la Secretaría de DD.HH. de la CTA convocamos a concentrarnos el lunes desde las 10 en la puerta de Colón 80, respetando las medidas de cuidado y distanciamiento social, para acompañar este momento histórico desde la calle.

La lectura comenzará a las 11 en el aula magna, con aforo reducido en virtud de los protocolos vigentes fijados por la propia Universidad, la Municipalidad de Bahía Blanca y la Corte Suprema.

Pasados más de 45 años de sus crímenes, esperamos una condena ejemplar.

¡Son crímenes de lesa humanidad!

30.000 compañerxs desaparecidxs. PRESENTES!!

FM De la Calle realizará una transmisión conjunta con La Retaguardia desde las 10:30 por el canal de Youtube FMDELACALLETV.

A pocos días de la lectura del veredicto del juicio a cuatro ex integrantes de la Triple A, el Tribunal Oral bahiense restringió aún más el acceso a la audiencia impidiendo el ingreso de familiares y víctimas a Colón 80.

El miércoles pasado el juez Roberto Amábile informó que, el próximo 2 de agosto a las 11, “solo estarán habilitados a ingresar las partes, es decir, los querellantes y sus representantes legales (autoridades de HIJOS Bahía Blanca, autoridades de la UNS y familiares de Luis Jesús García), los familiares de David Hover Cilleruelo, los acusados y un acompañante, el Defensor y/o la Defensora Oficial y el representante del Ministerio Público Fiscal”.

Será así “en virtud de lo informado por el representante de la Universidad Nacional del Sur respecto de la imposibilidad de llevar a cabo las modificaciones edilicias necesarias para habilitar la concurrencia de público en el estado de emergencia sanitaria actual (fase 3) y con el objetivo de garantizar el cumplimiento de los protocolos sanitarios (nacionales y locales)”.

Consultado por FM De la Calle, el rector de la UNS, Daniel Vega, destacó que el problema de la sede del rectorado es que es “un edificio muy encajonado” con dificultades para garantizar su ventilación. “Existen alternativas, son obras en altura y hacer una intervención en un espacio tan emblemático de la institución requiere de procesos difíciles de llevar adelante en tiempos inferiores a un mes. No nos daban los plazos”.

“De todas maneras, entiendo que uno de los querellantes, H.I.J.O.S., solicitó que el aforo fuera mínimo -no fue indicado solamente por el jurado sino además por uno de los querellantes- y que la lectura del fallo se realice con un aforo similar al que venía sucediendo”.

Vega dijo que pusieron a disposición otras instalaciones como el Salón de Actos en Alem 1253 que cuenta con una habilitación para unas 80 personas. “El tribunal ha decidido mantener el desarrollo del juicio en Colón 80, tenemos las restricciones que hay por la pandemia, el aula magna no cuenta con la ventilación adecuada que vaya más allá que el aforo que tuvieron los juicios hasta ahora”.

El juicio

Raúl Roberto Aceituno, Juan Carlos Curzio, Héctor Ángel Forcelli y Osvaldo Omar Pallero fueron juzgados por haber sido parte de la asociación ilícita que cometió los 24 secuestros, torturas y homicidios que integran a causa. La mayor parte de las víctimas de la banda comandada por Rodolfo Ponce y Remus Tetu pertenecían a los ámbitos gremial y estudiantil.

La Universidad Nacional del Sur es querellante y está representada por el dr. Francisco Fuster. Respecto al veredicto, el rector afirmó que está “esperando con ansiedad” la lectura tras “un proceso muy largo” y adelantó que participará de la audiencia.

Recientemente el Consejo Superior aprobó un proyecto para otorgar un reconocimiento académico a David “Watu” Cilleruelo y las víctimas de la Triple A que pertenecían a la comunidad universitaria.

“Estamos a la espera del dictamen del jurado, en breve tendremos novedades, con lo cual el proyecto volverá al Superior en el transcurso de las próximas semanas”, aseguró.

Más información en juiciobahiablanca.wordpress.com

El presidente del Tribunal Oral, Roberto Amábile, estableció las normas para la audiencia del 2 de agosto, en la cual se conocerá el veredicto contra cuatro ex integrantes de la Alianza Anticomunista Argentina. Uno de ellos participará virtualmente.

El encuentro comenzará a las 11 en el aula magna del Rectorado de la UNS de Colón 80, “con aforo reducido en virtud de los protocolos vigentes fijados por la propia Universidad, la Municipalidad de Bahía Blanca y la Corte Suprema”.

Deberán concurrir de forma presencial el fiscal, la defensa oficial, representantes de las querellas y los acusados Juan Carlos Curzio, Héctor Ángel Forcelli y Osvaldo Omar Pallero. El represor Raúl Roberto Aceituno seguirá la audiencia desde su domicilio porque “padece cáncer de colon en estadio IV”.

“En relación al ingreso de público a la sala, teniendo en cuenta lo limitado del espacio, se dará prioridad a familiares y víctimas del juicio, quienes deberán solicitarlo a la casilla de correo electrónico [email protected] aportando sus datos personales y de
contacto (celular) y, por esa misma vía, se les confirmará la autorización dependiendo del espacio disponible”. La fecha límite para hacerlo será el lunes 26 de julio.

La resolución destaca que “con el propósito de respetar el distanciamiento social como así también efectuar un seguimiento epidemiológico en caso de ser necesario, no podrán ingresar a la sala de audiencia aquellas personas que no cuenten con la autorización previa de este Tribunal”.

La audiencia será transmitida a través del canal de YouTube de la Dirección de Medio Audiovisuales de la Universidad Nacional del Sur.

“Damos por concluido el debate, el tribunal comienza su etapa de deliberación”, afirmó esta mañana Roberto Amábile, presidente del Tribunal Oral subrogante que juzga a cuatro ex integrantes de la Triple A bahiense.

La lectura del veredicto será el lunes 2 de agosto a las 9, con modalidad presencial, en Colón 80. Raúl Roberto Aceituno, Juan Carlos Curzio, Héctor Ángel Forcelli y Osvaldo Omar Pallero son los imputados por integrar la asociación ilícita a la que se le atribuyen más de dos decenas de secuestros, torturas y asesinatos.

Este jueves tuvieron oportunidad de decir sus palabras finales, “última expresión posible de autodefensa”. Todos se remitieron a lo dicho por el abogado Gustavo Rodríguez durante el alegato de la defensa oficial.

“Agradezco a las partes por la colaboración prestada para el desarrollo del juicio a pesar de los avatares de público conocimiento, hemos empezado de manera presencia, tuvimos que suspenderlo y retomar de este modo”, dijo Amábile sobre el final de la videoconferencia.

En su alegato, el fiscal Pablo Fermento reclamó condena de prisión perpetua para Aceituno por haber integrado la asociación ilícita y como coautor del homicidio de David “Watu” Cilleruelo. El resto está acusado solamente por el primero de los delitos, por lo cual, requirió 10 años de cárcel.

Fermento pidió al tribunal que todos los actos sean considerados crímenes de lesa humanidad constitutivos de genocidio, que se revoque la prisión domiciliaria de Aceituno y se ordene la detención de los otros tres represores.

En cuanto a la reparación simbólica, planteó que se declaren insalvablemente nulas un conjunto de resoluciones del ex interventor de la UNS, Remus Tetu, y del ex secretario general técnico, Julio César Lemos, y se encomiende a las autoridades actuales que notifiquen a los destinatarios de las cesantías y expulsiones ocurridas en 1975.

Además, acompañó la propuesta de la Comisión por el Reconocimiento Académico post mortem de Cilleruelo y solicitó que las universidades del Sur y del Comahue y las delegaciones de Bahía Blanca y General Pico de la UTN coloquen en espacios de circulación pública referencias históricas sobre la puesta a disposición de sus instalaciones y recursos al servicio del funcionamiento de grupos paraestatales armados y la publicación de la sentencia definitiva de la causa.

Adhirieron desde la querella Mónica Fernández Avello, en representación de la agrupación H.I.J.O.S., y Francisco Fuster por la UNS.

Por su parte, Leandro Aparicio, abogado de la familia de Luis Jesús García, pidió una nueva investigación respecto a “otras personas y otras responsabilidades” y que la sentencia destaque que “que la práctica de amenazar, asesinar y desaparecer adversarios políticos no comenzó el 24 de marzo del 76 sino que se pergeñó e instrumentó a través de distintos documentos durante el gobierno de Juan Domingo Perón y su sucesora María Estela Martínez”. Además, solicitó que el Ministerio de Educación incorpore como efemérides la fecha del 21 de noviembre como recordatorio de las víctimas de la violencia paraestatal, en referencia al atentado sufrido por el ex senador Hipólito Solari Yrigoyen ese día de 1973.

La defensa oficial propuso la absolución de los cuatro imputados y la inmediata libertad de Aceituno, dado que el resto se encuentra excarcelado. Respecto a la acusación por el homicidio de Cilleruelo, requirió subsidiariamente se condene a Aceituno como «cómplice secundario» a la pena máxima de 3 años de prisión en orden al delito de amenazas calificadas por uso de armas y se tenga por purgada la pena con la prisión preventiva que cursa desde 2015.

Con motivo del décimo aniversario del inicio del primer juicio de lesa humanidad en Bahía Blanca -el cual condenó a 18 represores cuyos crímenes fueron enmarcados “en el genocidio sufrido en nuestro país durante la última dictadura cívico militar”- FM De la Calle comparte las siguientes reflexiones de sobrevivientes y militantes por los derechos humanos.

Adriana Metz, su madre Graciela Romero y su padre Raúl Eugenio fueron detenidos y continúan desaparecidos al igual que su hermano Raúl, nacido en cautiverio en La Escuelita y apropiado por los terroristas de Estado

Las Madres Marcela García y Celia Korsunsky junto a Adriana.

Junio del 2011 un rato antes de la primera audiencia me enteraba de que tenía que declarar. En la calle me crucé con Hugo Cañón y me dijo que Bahía empieza a ser algo más justa. Cuánta razón tenía. Fue la primera condena por la apropiación de un bebé, mi hermano, sin que él haya recuperado su identidad. Se pudo comprobar que nació y alguien se lo llevó. 44 años después, lo seguimos buscando. La justicia citó a un civil, Massot, y a un cura, Vara. No solo lo decían familiares, las Madres, las Abuelas, los Hijos, quedó demostrado en la justicia que fueron desaparecidos por razones políticas. Falta mucho pero se hizo bastante, vamos a seguir, no queda otra.

Marita Aure, integrante de la Comisión de Apoyo a los Juicios

El inicio de los juicios fue un momento muy especial cargado de grandes expectativas, de mucho trabajo previo en lo inmediato de los organismos de derechos humanos en pos de su consecución y con mucho acompañamiento de la sociedad en general.

Pasaron seis años del comienzo de los juicios a nivel nacional hasta que se logró su realización en la ciudad por las reticencias y trabas del Poder Judicial local que se rehusaba a ser parte del juzgamiento. Todos los integrantes del Tribunal Oral Federal han sido de otras jurisdicciones, con la excepción de un representante local en la actual conformación.

En estos diez años se han llevado a cabo varios juicios a Ejército, Armada y actualmente a la Triple A. Aún quedan otros por hacer. Mucho se ha caminado, develado, aportado a la verdad histórica. Se han logrado condenas ejemplares y otras que no lo han sido. Siempre se pidió Justicia por los crímenes cometidos durante el terrorismo de Estado. Siempre hemos dicho que la justicia tardía tiene poco de Justicia. Con los juicios estamos algo más cerca. De todos modos, ¡seguimos exigiendo su cumplimiento!

Walter Larrea, abogado querellante por la APDH y la Comisión de Desaparecidos de Río Negro y Carmen de Patagones

Hace diez años comenzó un proceso demorado por distintas normas que trabaron el proceso de verdad jurídica. El juicio estaba previsto para meses antes pero hubo que recusar a los magistrados porque en los días previos a la audiencia se conoció la noticia de que los jueces de l tribunal oral se habían reunido con los procesados a tomar café en un club de la ciudad. Eso demoró hasta el mes de junio.

Pasaron cientos de testimonios cruentos, la satisfacción de saber que se inició un camino que había llevado muchos años de impunidad, merced a las leyes de Obediencia Debida y Punto Final pero que finalmente la democracia argentina comenzaba a saldar una deuda con desaparecidos, familiares y con la sociedad toda.

Emociona cumplir 10 años y el deseo que la justicia avance en la culminación de todos los procesos porque el tiempo atenta contra la posibilidad de brindar justicia. El juicio tuvo una importancia trascendental, pero los procesos de memoria, verdad y justicia no deben anclarse únicamente en procesos judiciales, sino en políticas públicas de no repetición y memoria. Y para que sobrevivientes, familiares y la sociedad toda podamos tener la posibilidad de procesar aquel tiempo y postular que ni en la Argentina ni el mundo, el terror como práctica estatal, la dictadura como método de gobierno, la desaparición forzada, tortura y muerte no puede ser jamás una acción política.

Fortunato Mallimaci, sociólogo e investigador del CONICET. Estudió en la UNS hasta que su exilio en 1975

Me parece importantísimo hacer memoria, verdad y justicia y recordar muy fuerte al fiscal Hugo Cañón, que hizo de su vida un esfuerzo para que estos juicios lleguen a Bahía Blanca; a los organismos de derechos humanos que se movilizaban cuando pocas personas se movilizaban; y a la UNS, que prestó sus dependencias. A partir de ahí comenzó un proceso de condenar a los responsables del terrorismo, de la Triple A, los crímenes que se cometieron del 74 al 83. Hacer memoria, verdad y justicia ayuda para que ese Nunca Más siga presente en Bahía Blanca.

Por último, recordar a las víctimas que sufrieron el terrorismo de Estado en Bahía y que transformaron su sufrimiento en testimonio y permitieron condenar a los responsables. Gran homenaje a ellas y ellos porque nos permiten mirar lejos, tener esperanza y mostrar que ese sufrimiento se ha transformado en condena.

Ángeles Prádanos, hija de Juan Carlos, profesor universitario y técnico del INTA Ascasubi

Gracias por mantener viva la memoria a través de los juicios que se dictan en todo el país, les agradezco a todos los que participan y han participado, quienes están en la justicia, ex militantes, sobrevivientes, los medios y la sociedad que acompaña. No ha sido fácil que haya juicios, es algo que jamás me imaginé. Lamento que muchos ya por impunidad biológica no estén y tantos casos que les han dado domiciliaria. Es una enseñanza para la sociedad y las generaciones futuras, Argentina es un ejemplo. Espero que la justicia llegue a todas las víctimas.

Enrique Gandolfo, secretario general de la CTA

Destacar las emociones que recorrían las calles y el edifico de la UNS, en todas las personas que nos habíamos congregado para celebrar el inicio de aquellos juicios. Habían pasado 35 años de los reclamos por, en primer lugar, la aparición con vida y, luego, por el juicio y castigo a los culpables de los crímenes cometidos.

La cantidad de personas en aquella manifestación y acto estaba atravesado por esa idea de haber alcanzado algo por lo que tanto se había luchado. Y ahí estaban también las memorias presentes de tantos y tantas compañeras que habían dado la lucha desde el comienzo acompañando a los organismos de derechos humanos.

También, es parte de la verdad histórica, era necesario una decisión política que era anular las leyes de la impunidad. En esta ciudad, que en tantos lugares se habla del conservadurismo, también la lucha debería reflejarse, para llegar a ese día hubo un cúmulo de lucha obrera y popular presente. Recordé a Miguel Loyola y a Enrique Heinrich.

Fue el inicio de este proceso de juicios que hoy tiene otro eslabón en crímenes que se cometieron antes, como son los de la Triple A, para los que algunos tienen desmemoria y es necesario refrescar todos los días. Fueron 24 asesinatos entre el ’74 y ’75 y buena parte de las víctimas era militantes del movimiento social, obrero y estudiantil. Llama la atención que el presidente y vice del PJ se olviden que también en esa época se cometieron crímenes y que había responsables y que están identificados en el juicio.

Hay una continuidad en la lucha por la memoria y en no dejar en el olvido a estos crímenes que intentaron acallar las voces que no se resignaban a un presente de explotación, sometimiento y saqueo y llevaron adelante una lucha. Recordamos a los y las compañeras, no por las determinaciones que llevaron a su asesinatos sino por sus actos de vida en la militancia y de creer en los sueños que tenían.

Julia García, sobreviviente del terrorismo de Estado y hermana del “Negrito” Luis Jesús García, asesinado por la la Triple A

Recordar todas las luchas y esfuerzos que se pusieron para llegar a ese punto. Recordar todo lo que fue, habían pasado 35 años del golpe, la lucha del pueblo argentino fue incansable, comenzó con los familiares de las víctimas y la búsqueda de desaparecidos. Un camino que no solamente significó el dolor por las desapariciones, torturas y muertes sino una lucha en contra del propio Estado, de diferentes gobiernos.

Rescatar el Juicio a las Juntas, el informe de la CONADEP, pero no se debe olvidar la ley de Obediencia Debida y la de Punto Final, el indulto de Menem. En Bahía en particular, a pesar de estar vigente estas leyes, se pudo avanzar con los Juicios por la Verdad y tuvimos la suerte de que hubiera miembros del Poder Judicial comprometidos como Hugo Cañón y Abel Córdoba. Este juicio y todos los posteriores son una clara muestra de la organización, de la búsqueda de la verdad y de la información. No me quiero olvidar de ustedes por su presencia y compromiso en la difusión, la otra voz de lo que significó la complicidad de La Nueva Provincia en el genocidio.

Telma Alonso, ex consejera universitaria, militante por los derechos humanos e impulsora del juicio académico a Gloria Girotti

Nos parecía que no llegaba nunca la iniciación del primer juicio por delitos de lesa humanidad pero finalmente llegó. Cuando pienso, no sin una mezcla de alegría y de nostalgia, en ese día histórico me viene a la memoria el recuerdo de gente muy valiosa que nos acompañó, algunos ya no están, como el querido Hugo Cañón o Eduardo Hidalgo, otros siguen en su camino de lucha como Adolfo Pérez Esquivel, Nora Cortiñas, Marcela, la mamá del Negrito García, José Schulman, el colectivo H.I.J.O.S., los militantes de los distintos campos comprometidos con los derechos humanos. Este hecho fue la demostración más cabal de que es necesario apostar con mucha fuerza al proceso de verdad, memoria y justicia. Se lo debemos a los 30 mil compañeros que están siempre presentes con nosotros y a todas las víctimas de esta nefasta dictadura genocida.

Diez años transcurrieron desde la fría mañana del 28 de junio de 2011 en la cual comenzó el primer juicio por crímenes de lesa humanidad en Bahía Blanca. Era el primer tramo de la causa Ejército con 17 represores sentados en el banquillo y una multitud manifestándose frente al rectorado universitario y colmando el Aula Magna de Colón 80.

Quince meses después, llegaría el día de justicia para parte de las víctimas del terrorismo de Estado con condenas a cadena perpetua a 14 imputados, de 17 años y medio de prisión para dos de ellos y 18 para el restante. Sus crímenes fueron enmarcados “en el genocidio sufrido en nuestro país durante la última dictadura cívico militar”.

También se ordenó investigar la posible comisión de delitos por parte del diario La Nueva Provincia a partir de las publicaciones que sustentaban las versiones de enfrentamientos fraguados por el V Cuerpo de Ejército y la complicidad de integrantes de la Iglesia Católica y el Poder Judicial.

Pablo Fermento, fiscal auxiliar a cargo del debate oral de la causa Triple A, por aquel entonces estaba “en la trinchera”, había ingresado al equipo de la Fiscalía cuando Hugo Cañón entregó la posta a Abel Córdoba, y participó de los preparativos del juicio.

-¿Qué significó ese primer juicio?

Era avanzar sobre tierra virgen, no había nada reconocido, así que muchísima ansiedad. Estamos en una jurisdicción de alguna manera tardía en lo que era el desarrollo de los trámites respecto a otras ciudades, en La Plata ya había sentencia desde hacía varios años, en Neuquén también, en Bahía costó un poco más, se trataba de que por primera vez la justicia declarara la existencia de La Escuelita, de los centros clandestinos, de un plan criminal sistemático en la región, muchísimos desafíos. Hubo un prófugo antes de arrancar el juicio, además del antecedente de (Oscar “laucha”) Corres. Muchísimo trabajo, el equipo a full, muy movilizante, algo que te supera por todos lados, técnica, profesional y emocionalmente, fue un juicio fantástico.

-A diferencia del que hoy está en curso acumulaba años de aportes e investigaciones judiciales, de la Conadep, de los organismos de derechos humanos…

Exactamente, el primer juicio fue la consolidación de un trabajo de tres décadas, arrancando desde los habeas curpus que se metieron en la fecha en cuanto a registro documental, los primeros esfuerzos de familiares, de compañeros, de la comunidad en la búsqueda de verdad y justicia; los procesos en sede militar; la 11/86 que fue el Juicio a las Juntas versión Bahía Blanca ya con la presencia de Hugo (Cañón); posteriormente los Juicios por la Verdad; y todo ese bagaje fueron los pilares sobre los que se construyó aquella sentencia.

Hubo personas como Hugo, (Luis) Cotter, Mirta Mántaras, en ese momento la secretaria de Fiscalía era Haydée Hernández, Pirucha para los conocidos, que venía de hacer los Juicios por la Verdad, era una interacción generacional super interesante. Estaba Eduardo (Hidalgo), ya se había ido (Ernesto) Malicia. Abrió caminos, en Bahía fue el primero de los ocho que vamos, fue para nosotros los más jóvenes, parte de un proceso que se tenía que dar y se iba a dar, pero para la gente más grande era ver concretado algo que pensaron que tal vez nunca iba a pasar.

-¿Qué decían los testigos luego de declarar por primera vez ante un tribunal? ¿Cómo les impactaba?

Fue totalmente nuevo para todos. Mi mirada en ese momento también era la de alguien que recién iba acercándose a todo eso. Con el tiempo fui comprendiendo más un montón de situaciones, pero para mí también fue la primera vez que vi declaraciones de víctimas de estos delitos en juicio, yo no había seguido los Juicios por la Verdad, cuando empezamos a trabajar sí vi los videos pero verlos ahí por primera vez y escuchar a los chicos de la ENET, que ya no eran chicos pero que de alguna manera lo seguían siendo porque era como volver a su infancia, a su adolescencia, ellos ya habían declarado dos o tres veces, con esa carga y ese compromiso, era fuertísimo. Escucharlo a Eduardo a quien uno veía como representante de la APDH, un militante, contar su historia, te partía al medio. Y para ellos también era el compromiso de declarar en esas condiciones de estar todo por decirse, no porque en los otros juicios esté todo dicho pero, de alguna manera, ya hay reconocimientos sobre los que se continúa. Hay hechos que consideramos notorios y que se establecieron en ese juicio.

-Luego la sentencia no solamente implicó penas importantes para los represores que estaban en juicio sino que abría investigaciones sobre los sectores civiles. ¿Cuánto esperaban y cuánto se pudo trabajar a partir de ese fallo?

Fue el puntapié para investigar a los civiles. Antes del fallo ya habíamos realizado la imputación a los secretarios federales (Hugo Sierra y Gloria Girotti), se había solicitado el allanamiento de La Nueva Provincia sin imputación, que fue rechazado, pero lo que fue la investigación a los directivos de LNP salió de ahí en base a lo que se había exhibido entorno a los enfrentamientos fraguados, cómo se habían presentado en el diario cuando habían sido fusilamientos.

Siguió con investigaciones al juez (Francisco) Bentivegnia. Ya habíamos hecho la imputación a (Guillermo Federico) Madueño, el juez federal, que estuvo prófugo y falleció al poco tiempo de ser capturado y al capellán (Aldo) Vara. Y en 2015 iniciamos este juicio que está terminando a la Triple A bahiense.

-¿De aquella sentencia están confirmadas las condenas salvo en un caso?

Queda pendiente tratar por la Corte el recurso de Walter Tejada, los demás recursos fueron rechazados. Hace unos días nos corrió traslado el tribunal para la ejecución de las penas, deja de ser prisión preventiva y pasa a ser cumplimiento efectivo de condena.

-¿En aquella sentencia se comenzaba a realizar reparaciones simbólicas?

En Armada I, en 2015, se ordenó la publicación de la sentencia en LNP. En Bayón se solicitó la reparación civil, que no nos hicieron lugar, y en Sticker -que fue en 2013- se solicitó la anulación de un Consejo de Guerra, más allá de que no producía un efecto concreto, esos consejos fueron utilizados para blanquear los cautiverios en La Escuelita y la continuación de esos cautiverios en la cárcel nunca se habían anulado esas condenas y consideramos necesario repararlos simbólicamente.

Triple A: cerca de la sentencia

Juan Carlos Curzio, uno de los cuatro imputados en la causa Triple A.

Este martes la Fiscalía replicará el alegato de la defensa de los cuatro imputados por haber integrado la Triple A. “Vamos a contestar algunos planteos sobre el tratamiento de los hechos y la valoración de la prueba, después hubo planteos técnicos que tiene que ver con cuestionar la imprescriptibilidad de la acción, la incostitucionalidad de la asociación ilícita, del pedido de perpetua y otras que trataremos de desarrollar brevemente para no dilatar más el proceso”, explicó.

Agregó que en su alegato “la defensa en lo general trató de establecer un contexto diferente del que existió y planteamos nosotros, que este escenario previo a la dictadura ya formaba parte de la maquinaria del terrorismo. Y sobre el homicidio de Watu (Cilleruelo) intentó deslizar la duda razonable entorno a la intervención de Aceituno: acepta que fue Jorge Argibay quien disparó y la presencia de su hijo Pablo y sostiene que no habría sido Aceituno sino Sañudo el tercer ejecutor. Es uno de los puntos que vamos a tratar mañana”.

Luego tendrá la opción de replicar la querella a cargo de la dra. Mónica Fernández Avello y de hacer su dúpica la defensa oficial.

Cumplida dicha instancia, restarán las palabras finales de los acusados -Raúl Roberto Aceituno, Juan Carlos Curzio, Héctor Ángel Forcelli y Osvaldo Omar Pallero- y la lectura del veredicto del tribunal.