Montezanti en el banquillo
(FM De la Calle desde Buenos Aires) Comenzó esta mañana en la sede del Jurado de Enjuiciamiento de la Nación el jury contra el suspendido presidente de la Cámara Federal bahiense, Néstor Luis Montezanti. Durante la jornada, el diputado Héctor Recalde y el abogado Miguel Piedecasas expusieron la acusación en nombre del Consejo de la Magistratura e Ignacio Irigaray realizó las primeras manifestaciones defensivas.
Luego fue el turno de los testigos: el profesor Dante Patrignani, el diputado provincial de San Luis Juan Larrea, la ex consejera y graduada de Derecho Yamile Yauhar y la vicerrectora de la Universidad del Sur, Claudia Legnini. Mañana a las 9 se reanudarán las audiencias.
En esta primera entrega ofrecemos la reseña de la acusación contra el camarista por “haber desplegado conductas palmariamente incompatibles con la vigencia de los derechos humanos, y que evidencian la falta de idoneidad moral y de vocación democrática, ambas condiciones indispensables para el desempeño de su cargo de magistrado del Poder Judicial de la Nación”. Además, le imputan “haber exteriorizado comportamientos indecorosos, arbitrarios y despóticos en relación con sus colegas, subordinados, auxiliares de justicia, alumnos, denunciantes, e incluso respecto a los y las integrantes del Consejo”.
El actual presidente del cuerpo, Héctor Recalde, abrió la exposición acusatoria luego de sortear un intento de recusación en su contra planteado por Irigaray, a partir de la intervención de uno los miembros del Estudio Recalde en defensa de la trabajadora judicial Sandra Martínez Borda en un pleito contra Montezanti. El diputado retrucó que dicho letrado ya no pertenecía a su buffet y que igualmente él no había tenido ninguna participación en el expediente.
“Acreditaremos que el dr. Néstor Luis Montezanti ha incurrido en mal desempeño en el ejercicio de su función”, prometió y agregó que también denunciarán el “incumplimiento reiterado de la Constitución Nacional, normas legales o reglamentarias, la realización de actos de manifiesta arbitrariedad en el ejercicio de sus funciones y graves desórdenes” en la conducta del magistrado.
El diputado se detuvo en la pertenencia del acusado al Destacamento de Inteligencia 181 de Bahía Blanca y al hecho de que haya sido recomendado, ni más ni menos, que por José Osvaldo “Balita” Riveiro, “un genocida condenado a 25 años de prisión en Francia por crímenes de lesa humanidad cometidos en el marco del Plan Cóndor y prófugo de la justicia de nuestro país”.
“Esto fue a finales de 1975, cuando nuestro país vivía una situación de violencia muy particular con la participación de organismos paraestatales como la Triple A que fue una violencia inaudita, el preludio de la dictadura cívico militar que comenzó en 1976. Una función vital para la represión, para todos los delitos de lesa humanidad que se cometieron y fundamentalmente a partir de 1976, tuvo que ver con los servicios de Inteligencia”, dijo.
Recalde agravó la situación de Montezanti al subrayar su carácter de abogado ante el principio “de a mayor capacidad, mayor responsabilidad”. “Estas complicidades y tareas que tuvieron que ver con la violación de los derechos humanos, con desapariciones, con torturas, con la apropiación de bebés, etcétera, tuvieron un apoyo de los organismos de inteligencia fundamental. Haber participado de estos organismos de por sí descalificaría a una persona para ejercer la alta magistratura judicial”.
“Quiero aclarar además que el ocultamiento de esto cuando uno expresa sus antecedentes, su curriculum para ocupar algún cargo, también pone de manifiesto la mala fe o en todo caso la conciencia culpable. Nunca el dr. Montezanti, ni en el Consejo de la Magistratura, ni durante la sustanciación del concurso para ser camarista, ni en el Senado de la Nación para tener el acuerdo, ni en su rol de integrante de la Cámara Federal de Apelaciones de Bahía Blanca, reveló que fue agente de inteligencia durante la dictadura cívica militar”.
El grueso de los planteos que se enrostran al camarista fue desarrollado por Miguel Piedecasas quien destacó que el Consejo de la Magistratura acreditó su vinculación con la Triple A y recordó “la aparición del ministro López Rega encaramado en una organización criminal con asiento sindical, político, extendida a lo largo y ancho del país”. “Estos delitos fueron calificados como de lesa humanidad, que es una cuestión que deberemos tener en consideración a lo largo de este enjuiciamiento de naturaleza política”, sostuvo.
Mencionó la intervención de Remus Tetu en la Universidad del Sur y “la muerte de un dirigente estudiantil, Watu Cilleruelo, particularmente dirigente de la Federación Universitaria y de la FJC de Bahía Blanca que muere a manos de los integrantes de esta organización criminal, Jorge Argibay, Chisu, y otros que formaban parte del personal de seguridad y vigilancia de Tetu”.
“En otro hecho, también concreto, que era la toma de la UTN en Bahía Blanca se observa al magistrado en enjuiciamiento en esa escena con estos señores Argibay, Chisu y los demás, participando en un escenario de pertenencia o vinculación”, sumó.
Respecto al desempeño de Montezanti entre el Personal Civil de Inteligencia del terrorismo de Estado, Piedecasas afirmó que ya “fue declarado jurídicamente inconstitucional, y por eso existe la cláusula constitucional del art. 36 que establece la inhabilidad absoluta para aquellos que de alguna manera hayan colaborado”.
“La inteligencia tuvo un rol clave -según la consideración que hace el Consejo de la Magistratura- en este proceso militar de base absolutamente inconstitucional y por la cual recibieron y siguen recibiendo condena aquellos que hayan participado”.
El consejero volvió sobre los avales morales recibidos por Montezanti para ingresar al Destacamento 181 y manifestó que si lo aceptaron fue “porque conocen su compromiso, su vida familiar, su pertenencia, y este es un elemento clave, quién es la persona que lo presta: José Osvaldo Riveiro. Así se estaría violando la idoneidad moral y la vocación democrática exigida por la Constitución a quienes ejercen la magistratura”.
“Esto se conoció con la desclasificación de los documentos en el año 2010 por un decreto, allí toma conocimiento la sociedad. El hecho es la permanencia -la pertenencia está acreditada- la permanencia de ese hecho en el tiempo produce efectos jurídicos muy especiales sobre la persona de un magistrado de la Nación argentina. El mantenimiento de la condición reservada, oculta o la omisión de manifestarla ante el Consejo, ante el Senado, pero también ante las partes -para que conozcan quién es el juez, cuáles son sus antecedentes, cuál es su personalidad, para saber si lo tiene que recusar-, hace a la caracterización de la idoneidad moral y de la vocación democrática del dr. Montezanti”, dijo.
Luego Piedecasas desarrolló la imputación sobre la réplica por parte del juez de “una matriz militar” tanto en la Cámara como en las aulas de la UNS. “Hay que entender que esto es lógico y aceptado desde una perspectiva democrática, porque hay empleados y funcionarios, pero nunca subordinados, pero nunca aquellos que deben obedecer ciegamente las órdenes. Justamente en el ámbito judicial donde los empleados y funcionarios por su capacidad, por su formación, tienen un discernimiento que impide esa obediencia de tipo castrense que el Consejo de la Magistratura encontró en la conducta del enjuiciado”.
Y finalmente, le reprochó que “sostener la pena de muerte significó atentar o tener una posición contraria al derecho a la vida, por la eliminación de la persona que ha cometido delitos, en esos trabajos de doctrina que tienen su antigüedad en el tiempo pero que no han sido desdichos por otros posteriores”.
