Nuevo equipo judicial para la búsqueda de personas

, ,

La Fiscalía General informó que la unidad especial de búsqueda de personas, de reciente creación, investigó en el último semestre más de 80 casos.

El grupo especializado cuenta con la participación de tres mujeres policías de la DDI, los efectivos de cada Comisaría donde se radica la denuncia y todos funcionan bajo las tareas de coordinación del fiscal Rodolfo de Lucía.

De 88 denuncias por el faltante de personas mayores y menores de edad, 60 pertenecen a Bahía Blanca y 28 al resto de los distritos que conforman el Departamento Judicial.

La puesta en marcha del equipo especializado se produjo el 1 de junio de 2019 luego de detectarse la necesidad de que este tipo de circunstancias sean tratadas de una manera especial por la conflictividad que hay en su origen.

La tarea de la UFIJ (Unidad Funcional de Instrucción y Juicio) Nº20 abarca a “las investigaciones iniciadas por averiguación de paradero, hallazgos de personas y/o aparición de cadáveres o restos óseos N.N.”.

“Merecen una especial atención dado que cuando una persona desaparece sin tenerse noticia, rastro o conocimiento cierto de su destino se ve alterado gravemente su círculo familiar, además de conmocionar a toda la sociedad”, destacaron desde la Fiscalía.

Asimismo, “cuando se trata de la desaparición de menores de edad, sin que se tenga noticia o conocimiento cierto de su paradero, conforme lo indica la experiencia, podría presumirse que su vida, libertad e integridad física se encontrarían en grave riesgo, por lo que siempre resulta imprescindible asignarle a su búsqueda el máximo grado de prioridad y urgencia”.

Anteriormente la búsqueda de personas desaparecidas recaía en las Unidades Funcionales de Instrucción y Juicio genéricas, las que, debían atender gran cantidad de causas anuales por lo que se dispuso de recurso humano para esclarecer con urgencia estos casos que son de importancia.

La Fiscalía destacó que “cuando desaparece un menor, puede deberse a un conflicto familiar” y que “su vida, libertad e integridad física podrían estar corriendo peligro”. Recordó además que la ley castiga a aquellas personas mayores que retengan a menores de edad o les brinden cobijo sin informarlo a la autoridades.