Operación Palak: el “logro” que demuestra el fracaso de la política criminal
La Red Argentina para el Desarme afirmó que el “decomiso de armas más grande de la historia” difundido por el gobierno nacional no es más que “una nueva muestra de la ineficacia estatal y de la connivencia política con los grandes actores del mercado ilegal de armas”.
La “Operación Palak”, como fue presentada por la propaganda del Ministerio de Seguridad desplegada a nivel local por la gestión del intendente Héctor Gay, incluyó tres allanamientos en Bahía Blanca.
Uno de ellos en una vivienda ubicada detrás del consultorio odontológico de Castelli al 342 y otro en Clegg al 600, siendo secuestradas unas 40 armas. Su propietario, Hernán Castillo, es uno de los 17 detenidos en el país. En total fueron unos 50 allanamientos en Argentina, España y Estados Unidos en los cuales se decomisaron 12000 armas, municiones y explosivos.
En diálogo con FM De la Calle, el investigador del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP) Julián Alfie aseguró que “el Estado debería haberlo detectado antes, y no sucedió. Esta cantidad enorme de armas circuló por varios años en el país sin que el Estado sea capaz de detectarlo. La mayoría de las personas involucradas eran sujetos de control del Estado por ser armerías, por ser establecimientos que habían estado bajo control de las propias Fuerzas Armadas”.
“No solo que no sucedió sino que toman conocimiento a través por Fuerzas de Seguridad de Estados Unidos, que detectan que estas armas estaban empezando a circular en el comercio internacional ilícto. Recién ahí es donde se activan las alarmas de nuestro país”.
¿Por qué no se detectó antes? Alfie explicó que “el Estado hace cuatro años no implementa la ley que crea la Agencia Nacional de Control de Armas de Fuego, la ANMAC, que venía a reemplazar al RENAR. Creaba una agencia con presupuesto propio para tener una política proactiva de control sobre el mercado ilegal de armas de fuego y eso nunca se implementó”.
“Hoy tenemos apenas una decenas de inspectores en todo el país para esa agencia que debería controlar y fiscalizar el circulante de armas, inspectores que no tienen recursos para movilizarse por el país y por lo tanto la capacidad de control tiende a ser nula”.
La empresa bahiense Dienst Consulting, propiedad de Guillermo Martín es la encargada de llevar a cabo el Sistema Único de Emisión de Certificados Psicofísicos para usuarios de armas implementado por la ANMaC. Martín es socio del vicepresidente de la Unión Industrial de Bahía Blanca y dueño de La Nueva Provincia, Gustavo Elías.
“La ANMaC realiza una serie de controles psicofísicos que en este caso fueron tercerizados a esta empresa. Pero aparte de eso tiene que haber una política proactiva de persecusión y control del mercado legal. Aquellos lugares, armerías, establecimientos legales, tienen que ser fiscalizados por esta agencia. Ante el vencimiento tiene que actuar porque ese arma que había sido legal pasa a ser ilegal”, señaló Alfie.
El investigador aclaró que “no existe prácticamente fabricación ilegal de armas de fuego en el país, lo que existe son fábricas legales que hacen desvíos hacia el mercado ilegal, a través de, por ejemplo, la doble numeración. Por lo tanto la capacidad del Estado de controlar y de disminuir esas armas ilegales es altísimo porque el Estado sabe dónde se fabrican, lo que tiene que hacer e ir a esos lugares que fabrican o importan armas y fiscalizar que no haya desvíos hacia el mercado ilegal”.
INECIP subrayó en un comunicado que entre los establecimientos de los cuales se secuestró armamento que tenían su habilitación vecinda se encuentra TALA, “empresa que funcionaba en un predio perteneciente a las FFAA y ya tenía antecedentes del 2004 por almacenar irregularmente bombas de 500 y 1000 kilos, cohetes antiaéreos de 57 milímetros, detonadores y explosivos”.
“La banda no solamente operó en nuestro territorio durante años sin que el RENAR pudiera detectarlo, sino que uno de los presuntos contrabandistas era funcionario del Ministerio de Defensa dirigido por Oscar Aguad”, afirmó en referencia al directivo de TALA Diego Martín Bollati, uno de los 17 detenidos.
