Dienst Consulting: negocios más allá de la grieta
Desde el martes 15 de agosto la empresa bahiense Dienst Consulting cuenta con un nuevo contrato millonario otorgado mediante una licitación cuestionada judicialmente. Se trata del Sistema Único de Emisión de Certificados Psicofísicos para usuarios de armas implementado por la ANMaC.
Dienst Consulting es la misma firma que administra de manera onerosa y abusiva desde 2009 las licencias médicas de docentes y auxiliares bonaerenses y es propiedad de Guillermo Martín, socio de Gustavo Elías en La Nueva Provincia y financista de los hobbies automovilísticos del camarista Eduardo Freiler. Con Scioli o con Vidal, sus cuentas no pararon de crecer.
En 31 de marzo la Agencia Nacional de Materiales Controlados resolvió adjudicarle “el servicio de otorgamiento de certificados de acreditación de la condición psicofísica de solicitantes de credenciales de legítimo usuario de armas de fuego y otros materiales controlados” que entró en vigencia esta semana.
Según informó el diario Hoy, el contrato es objeto de una investigación judicial en el marco de la cual se realizaron allanamientos “tanto en oficinas de la empresa Dienst Consulting como en la sede de la agencia gubernamental cuya titular es Natalia Gambaro, una funcionaria que formó parte del partido creado por el empresario Francisco de Narváez. Actualmente, se le atribuyen estrechos vínculos con el operador judicial del macrismo y actual presidente del club Boca Juniors, Daniel Angelici”.
Gambaro fue imputada por “los presuntos delitos de violación de los deberes de funcionario público y administración fraudulenta. Se le atribuye, entre posibles ilícitos, haber cometido irregularidades por la firma de la Resolución 0015/17“.
“Estamos totalmente en desacuerdo con este proyecto que lo único que hace es generar un kiosko cerrado para unos pocos en detrimento de la gran mayoría de los usuarios de armas que quieren acceder a tener una licencia vigente”, dijo Adrián Marcenac, integrante de la Red Argentina para el Desarme, en diálogo con El Mejor Equipo de FM De la Calle.
Como padre de Alfredo, joven asesinado por el “tirador serial de Belgrano” en julio de 2006, y como miembro de Rad, Marcenac afirmó que siempre pidieron controles exhaustivos -“fundamentalmente en los requisitos psicológicos”- pero opinó que con esta decisión el gobierno va por “un camino contraproducente”, mediante una licitación hecha “como para que la ganara esta empresa” y con un fin “recaudatorio”.
“Nos parece una locura que una sola empresa organice y tenga la facultad de pedir los certificados psicológicos y psicofísicos para los usuarios de armas y además nos parece una locura el valor de 3500 pesos. Cuando recién se inició la licitación era de 4500 pesos, así que el negocio todavía era mucho mayor-, después de muchos reclamos accedieron a bajarlo de un día para el otro mil pesos. Evidentemente el margen que tiene esta gente para la emisión de los certificados es altísimo”, comentó.
Hasta ahora regía “un sistema muy light” en el cual los certificados eran emitidos por psicolog@s o psiquiatras matriculad@s. Por eso desde la red habían solicitado “una homologación de los criterios de evaluación”.
“Que aquellos profesionales que firmaran un certificado para un futuro usuario de armas tuviera una serie de requisitos a cumplir, todos iguales, con dos o tres test, de acuerdo a lo que en su momento había sugerido el Colegio de Psicólogos de la Provincia de Buenos Aires. Y que, además, se hiciera una historia clínica y por lo menos se guardara durante el período de vigencia de la licencia por cualquier requerimiento que hiciera el Estado”, explicó.
Télam 06/07/2016 Buenos Aires: La familia del estudiante Alfredo Marcenac, asesinado el 6 de Julio de 2006 por Martin Ríos, “el tirador de Belgrano” rechaza la absolución y se mantiene firme en el reclamo de justicia.Los padres de la víctima en el lugar del hecho. Foto: Analía Garelli
Para Marcenac, aquellos usuarios deportivos o empresas de seguridad que necesitan habilitación renovarán sus licencias con el nuevo sistema, aunque por el alto costo -del cual el certificado es solo una parte- “muchos de ellos van a optar por no renovar sus licencias”.
La ANMaC asegura tener actualmente un millón 200 mil usuari@s registrados, “lo que es una verdad a medias -dijo- porque la mitad de esas licencias están vencidas”. Este número se incrementará “si sigue esta política de generar restricciones burocráticas y a través de los costos, no tiene ningún sentido, es un camino totalmente equivocado y que genera más ilegalidad”.
