Pauta municipal: “Se ejecuta de manera desproporcionada y arbitraria”

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¿Cómo se distribuye la pauta oficial local? ¿Qué medios o personas concentran mayor porcentaje del dinero público presupuestado? Estos interrogantes son algunos de los que se plateó Guadalupe Ceña en una investigación realizada para la cátedra de Estadística Aplicada de la carrera de Comunicación de la UNISAL.

“El análisis de datos es acotado en relación a la cantidad de datos que están disponibles. Lo que hicimos es un recorte para tratar de comprobar una hipótesis sobre el hecho de que no existe una normativa vigente en materia de pauta oficial, lo cual permite que el Estado local la ejecute de una manera desproporcionada y arbitraria”, dijo a FM De la Calle.

Opinó que “no puede ser que el alcance de un medio sea el único motivo por el que se paute, se debe garantizar el acceso a la comunicación a toda la sociedad”, aseguró.

Ceña comentó que “en relación a lo presupuestado y ejecutado (en 2018 y 2019) hay un aumento terrible, puede llegar a tener que ver con la variable inflacionaria. Sin embargo, haciendo cálculos queda explícito que además de la variable inflacionaria el gobierno municipal decide invertir más plata, hubo un aumento de dinero que fue voluntario”.

“De un año a otro aumentó la lista de proveedores: en 2018 cobraron 80 y el 2019 93 proveedores: 42 empresas y 51 personas”.

¿Quién cobra más por pauta municipal?

Ceña describió que “tanto en 2018 como 2019, entre el 42 y 35% de lo ejecutado fue a parar al Grupo Elias, propietarios de tres medios: La Nueva Provincia S.R.L y la empresa Radio Bahía Blanca S.A que reúne a LU2 y FM Ciudad. Y Elías y Martín, en sociedad con Maximiliano Di Federico, son propietarios de La Brújula 24”.

“Se llevan casi el 42% anual. A este grupo mediático le sigue Canal 7, que más cerca o lejos es propiedad de grupo Clarín, entre un 7 y 8%. A este le sigue Telefé que cobra entre un 6 y 7% y le sigue Germán Sasso, periodista de La Brújula que cobra entre el 4 y 4,5% de presupuesto ejecutado”, afirmó.

Mencionó que ante la consulta, el Concejo Deliberante le hizo llegar un expediente de 2016 “que contiene un estudio de audiencias de medios que es utilizado como criterio de repartición de pauta. En ese momento había un HCD conformado en su mayoría por Juntos por el Cambio, que vota por lo que dice este estudio”.

“Como único criterio se sostiene el alcance de los medios pero excluye un montón de factores que hacen a la integridad de una política pública en materia de comunicación un poco más democrática. No puede ser el alcance de un medio el único motivo por el que se paute, se debe garantizar el acceso a la comunicación a toda la sociedad”, aseguró.

Por último, reflexionó que “evidentemente es una repartición arbitraria porque no hay criterios para establecer quién recibe más y quién recibe menos. Habrá que hacer un análisis de cómo está asociado a los contenidos que generan esos propios medios”.

“Sabemos que no hay mapa de medios, quiénes son los dueños, quiénes participan, salvo que estemos en los medios eso no se sabe. El Estado establece política pública sobre algo que no queda claro o que se sabe pero puertas para dentro”, sentenció.

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