Seguridad: cuentas para saldar
(Por Astor Vitali) Todo el mundo tiene ya la cabeza en cómo será el próximo gobierno a nivel país. El gobierno de Macri, aparentemente, ya fue. Sin embargo, algunos de sus funcionarios dejarán cuentas para saldar. ¿Quedarán en sus oficinas, como memoria de acción para quienes llegan, o serán saldadas por sus responsables?
El punto de mayor interés para nuestro análisis es la política impulsada por Mauricio Macri, a través de su ministra Patricia Bulrich. La redacción de la oración precedente, uno cree, responde a la verdadera manera en que debería formularse el juzgamiento histórico de toda política: la responsabilidad en cabeza del jefe.
Se suele atribuir a la personalidad que mostró Bulrich durante su mandato -chabacana, patotera y conspirativa-, la fuente, la raíz donde encontrar los males de las políticas represivas y de estigmatización con las que el macrismo avanzó y, en ocasiones, logró correr el límite de lo que antaño era socialmente aceptado. En otras palabras: la cara es de “Pato” -y su expresión de Rambo tardía y tercermundista corresponde a ese rostro atormentado- pero la política de Seguridad responde al gobierno en su conjunto, en cabeza de quien lo preside.
La sociedad argentina es paradójica: reacciona contra el “2×1” para genocidas de una manera ejemplar en el mundo –en correlato con sus juicios, admirados por todo el universo democrático internacional, y a lo que no llegaron muchos estados que pretenden dar cátedra de derechos humanos- y, a su vez, da plafón al avance de la doctrina impulsada por Patricia Bulrich basada en la estigmatización (pueblos originarios, pobres y “negros de mierda”), la eliminación de la presunción de inocencia (“primero disparo si hay actitud sospechosa y después pregunto) así como la noción de no igualdad ante la Ley (credibilidad sin proceso para efectivos del aparato represor por el sólo hecho de pertenecer a la fuerza).
El gobierno de Macri es responsable de lo sucedido a Santiago Maldonado: sus fuerzas de seguridad lo son. Pero el caso que resulta más paradigmático de su política se apellida Nahuel. Rafael Nahuel no era tez blanca, venía de familia originaria y usaba gorrita. El caso estuvo destinado de primeras a tener poca prensa. No “vende” un Nahuel.
Varios autores se han referido a los operativos de las fuerzas comandadas por Macri y Bulrich como “cacerías”. Tal cual, los disparos por la espalda recibidos por las víctimas –desarmadas- dan cuenta de que huían de la violencia salvaje de hordas dispuestas cazar “enemigos” construidos por el discurso de los abanderados de La República.
Los medios de comunicación masivos cuentan con la pretendida imparcialidad de profesionales de la comunicación siempre dispuestos a poner en duda la palabra de las víctimas de clases populares, prestos a dar carácter verosímil a los partes policiales, como si las fuerzas de seguridad argentina tuvieran algún pergamino que oficie de mérito en pos de su credibilidad. Más bien, purga tras purga, las mafias institucionales dan cuenta de uno de los sistemas públicos más pervertidos estructuralmente, organizadores del delito y de los peores que hoy sufren nuestras sociedades, claro está, los más rentables: narcotráfico, armas y trata.
¿Cuál es la cuenta que debe saldar Patricia Bulrich? Su doctrina. La única manera de garantizar a la sociedad que habrá el funcionamiento de unas fuerzas de seguridad que respeten la dignidad humana, la democracia y que combata el crimen en lugar de regentearlo es que la funcionaria saliente sea observada por la Justicia y se evidencie la trama de sus ardides estigmatizantes y criminales.
La discusión de seguridad pública es un asunto de mucha complejidad y requiere al menos el reconocimiento de las nuevas autoridades de que los hechos impulsados por el macrismo fueron aberrantes. El uso de la fuerza pública arbitrario, clasista e ilegal. Para que ese ministerio funcione de otra manera es preciso que al conjunto de las fuerzas de seguridad les llegue el mensaje claro de qué será alentado y que castigado.
Los efectivos de las fuerzas suelen entender con claridad el mensaje de “habilitado para dar palo” (2001, Puente Pueyrredón, etc.). Eso lo entienden al pelo. ¿Qué deberá hacer un gobierno democrático para dejar en claro cuáles son los límites del accionar de las fuerzas de seguridad? Y ¿hay una fuerza política dispuesta a pagar los costos de provocar a poderosos delincuentes enquistados en las fuerzas o se limitará a convivir esperando que no le tiren muertos encima?
