Toma de tierras: ¿Para qué sirve un intendente?
(Por Astor Vitali) Nuevamente las tomas de tierras expresan un tema central para la comunidad bahiense: el déficit de vivienda. Ante la falta de planificación de los sectores económicos que concentran las riquezas y la consecuente inacción de sus expresiones partidarias, en cambio, buscan soterrar esta desesperante realidad a través de operaciones mediáticas y políticas.
La economía contemporánea argentina arroja una regularidad: a los trabajadores y a las trabajadoras del siglo XXI no les alcanzan sus salarios (aun juntando dos) para cubrir sus necesidades básicas, entre las que se encuentra la vivienda. En los últimos años he visitado diferentes tomas y pude verificar, entrevistando a muchos ciudadanos, que la composición general de quienes llegan a la decisión de buscar un terreno para edificar reúnen varias similitudes: a) se trata de personas asalariadas o trabajadores subocupados; b) sus ingresos no les permiten costear el precio de vida digna; c) la acción de la toma no implica la apropiación (mal vista por nuestra legislación de carácter capitalista, aunque exista el derecho constitucional a la vivienda) sino que buscan un lugar y piden a gritos que el estado arbitre los medios para disponer de esas tierras (casi siempre públicas) y fije una forma de pago para acceder a ellas.
El caso de lo ocurrido en el barrio Spurr estas últimas semanas es paradigmático. Unas cien familias de laburantes (ahora muchas más), ante la imposibilidad de acceder a una vivienda debido a que sus ingresos bien habidos no alcanzan, deciden tomar terrenos. De inmediato, solicitan una reunión con el intendente Héctor Gay, quien debería velar por el bienestar de la comunidad, con el fin de generar herramientas desde la política para que quienes se encuentran en la toma puedan comprar las tierras a través de un plan de pagos.
La respuesta del intendente es no recibirles y delegar la tarea en su secretario de Gobierno. Al recibir a un grupo de delegados, Compagnoni afirma que no puede hacer nada y a otra cosa.
En este estado de desamparo de lo público, las familias buscaron asesoramiento legal. Por su parte, la CTA, como siempre lo ha hecho, se solidariza con las familias sin techo y repudian la represión. Las declaraciones de los fanáticos oficialistas de estas horas han llegado hasta el ridículo de intentar criminalizar la solidaridad ante hechos sociales de tamaña magnitud. Ni el más aventurado de los conservadores de antaño hubiera estirado sus anhelos punitivos.
El domingo por la mañana, el grupo de gobierno de la ciudad decide emprender una campaña de estigmatización a través del holding La Nueva. Dan a conocer un audio en el que el abogado Leandro Aparicio sostiene: “Hoy fui a ver la causa y la instructora me dijo que no hay nadie imputado. (…) Con esto quiero decirles que si ustedes se organizan y de manera pacífica intentan tomar posesión de esos terrenos más allá de un eventual desalojo que pudiera hacer quien traiga los papeles y diga que es el dueño de esos terrenos le tendrán que hacer un juicio civil de desalojo. Yo les aconsejo que no corten ninguna ruta, ninguna calle ni ninguna vía porque esos son delitos federales”. Luego les expresó que convocaran a medios de comunicación y que convocaran a las fuerzas políticas para expresar que no hay ningún tipo de delito. Además, les sugiere, “no responder a las provocaciones que haga la policía” y que ante cualquier anomalía de la policía llamar a los medios y a él.
Montados a esta publicación, el grupo de gobierno desconoce totalmente la necesidad de estas familias e intenta ensayar el archisabido recurso estigmatizante de que la toma ha sido instigada “desde afuera” y el intendente dice que “no es el camino”. Omite señalar cuál sería el camino, dado que las familias solicitan precisamente la búsqueda de consensos con el estado para arribar a buen puerto.
El presidente del Colegio de Abogados, Rafael Gentili, dijo en su radio amiga que podría tomarse como “hostigamiento (sic) para cometer un delito”. Que “no es especialista en Derecho Penal” pero que entiende que configura un delito. Sin más, realizó esta grave acusación. Si bien siempre hay dos lados de una biblioteca, hay letrados que sólo consultan la más limpia y más pulcra. Nada dijo el colegiado de la violación del artículo 153 bis del Código Penal en tanto se difundió, por una lado, una conversación privada y, por otro, una conversación confidencial entre cliente y abogado.
La municipalidad dice que no puede hacer nada porque los terrenos son del ferrocarril lo que a todas luces es ridículo. Si una función tienen los estados y la política es arbitrar los medios (que sólo están en manos de lo público) para dirimir este tipo de conflictos. No es cierto que no puedan evaluar alternativas mediante una negociación política sea con el sector ferroviario o con cualquier otro privado. Lo que hace el municipio es lavarse las manos, dejando a ciudadanos y a ciudadanas sin la protección que debería brindar y además instan a la criminalización del legítimo reclamo de vivienda, como se desprende de las declaraciones del abogado del municipio Gustavo Avellaneda quien sentenció que se trata de un delito (contradiciendo el artículo 181 del Código Penal) y recordó que días atrás, cuando comenzó la toma, hubo 19 detenidos. Buscan que la policía resuelva por la fuerza un problema que es político y de orden público.
El accionar del abogado Leandro Aparicio es lisa y llanamente razonable ante el requerimiento de auxilio de ciudadanos en el marco de un estado de derecho sobre el que se basan para legítimamente reclamar acceso a la tierra para construir sus viviendas. Muchos de estos vecinos y de estas vecinas han señalado, incluso a través de nuestros micrófonos, que ya habían solicitado respuesta en el ámbito público.
El colmo de la zozobra institucional lo podemos encontrar en las declaraciones de Compagnoni (¿Cuánto cobra Compagnoni?) quien les ofreció ser escuchados por la agencia de Políticas Sociales. ¿Qué puede hacer esta secretaría más que ofrecer algún que otro plan? ¿Cómo se puede responder con tarjetas a quienes buscan solución para su vivienda?
El intendente municipal, Héctor Gay, a quien hay que reconocerle un grado de coherencia acérrima en su política antipopular, dijo que no es el camino. ¿Cuánto cobra Héctor Gay? ¿Quinientos mil pesos mensuales? ¿Cómo se atreve a decirle a cientos de familias desesperadas por la situación económica de la que es en parte responsable que “no es la forma”? ¿Desde qué lugar se siente éticamente habilitado para aseverar tal cosa?
El episodio de la toma de viviendas en el barrio Spurr va cerrando el último capítulo de un gobierno que ha sido totalmente hostil al conflicto social y absolutamente insensible e indiferente a las necesidades de la comunidad de Bahía Blanca.
Por último, las fuerzas políticas en un contexto electoral ¿qué posición van a tomar frente a esto? ¿Se harán eco de la hipocresía de la bahía blanca y de su biblioteca pulcra o pondrán por delante los intereses de la comunidad y de aquellos sectores más perjudicados de las políticas económicas y pondrán la cara allí o le dirán al intendente: miré usted debe ocuparse de esto? ¿O resulta piantavotos la solidaridad?
Esperemos que en los próximos días el reclamo tenga un desenlace favorable bajo la responsabilidad política única del intendente Héctor Gay y que no encuentre como en otras oportunidades la salida en la represión y el hostigamiento de los sectores más pobres de nuestra comunidad.
