Triple A: el veredicto se conocerá el 2 de agosto
“Damos por concluido el debate, el tribunal comienza su etapa de deliberación”, afirmó esta mañana Roberto Amábile, presidente del Tribunal Oral subrogante que juzga a cuatro ex integrantes de la Triple A bahiense.
La lectura del veredicto será el lunes 2 de agosto a las 9, con modalidad presencial, en Colón 80. Raúl Roberto Aceituno, Juan Carlos Curzio, Héctor Ángel Forcelli y Osvaldo Omar Pallero son los imputados por integrar la asociación ilícita a la que se le atribuyen más de dos decenas de secuestros, torturas y asesinatos.
Este jueves tuvieron oportunidad de decir sus palabras finales, “última expresión posible de autodefensa”. Todos se remitieron a lo dicho por el abogado Gustavo Rodríguez durante el alegato de la defensa oficial.
“Agradezco a las partes por la colaboración prestada para el desarrollo del juicio a pesar de los avatares de público conocimiento, hemos empezado de manera presencia, tuvimos que suspenderlo y retomar de este modo”, dijo Amábile sobre el final de la videoconferencia.
En su alegato, el fiscal Pablo Fermento reclamó condena de prisión perpetua para Aceituno por haber integrado la asociación ilícita y como coautor del homicidio de David “Watu” Cilleruelo. El resto está acusado solamente por el primero de los delitos, por lo cual, requirió 10 años de cárcel.
Fermento pidió al tribunal que todos los actos sean considerados crímenes de lesa humanidad constitutivos de genocidio, que se revoque la prisión domiciliaria de Aceituno y se ordene la detención de los otros tres represores.
En cuanto a la reparación simbólica, planteó que se declaren insalvablemente nulas un conjunto de resoluciones del ex interventor de la UNS, Remus Tetu, y del ex secretario general técnico, Julio César Lemos, y se encomiende a las autoridades actuales que notifiquen a los destinatarios de las cesantías y expulsiones ocurridas en 1975.
Además, acompañó la propuesta de la Comisión por el Reconocimiento Académico post mortem de Cilleruelo y solicitó que las universidades del Sur y del Comahue y las delegaciones de Bahía Blanca y General Pico de la UTN coloquen en espacios de circulación pública referencias históricas sobre la puesta a disposición de sus instalaciones y recursos al servicio del funcionamiento de grupos paraestatales armados y la publicación de la sentencia definitiva de la causa.
Adhirieron desde la querella Mónica Fernández Avello, en representación de la agrupación H.I.J.O.S., y Francisco Fuster por la UNS.
Por su parte, Leandro Aparicio, abogado de la familia de Luis Jesús García, pidió una nueva investigación respecto a “otras personas y otras responsabilidades” y que la sentencia destaque que “que la práctica de amenazar, asesinar y desaparecer adversarios políticos no comenzó el 24 de marzo del 76 sino que se pergeñó e instrumentó a través de distintos documentos durante el gobierno de Juan Domingo Perón y su sucesora María Estela Martínez”. Además, solicitó que el Ministerio de Educación incorpore como efemérides la fecha del 21 de noviembre como recordatorio de las víctimas de la violencia paraestatal, en referencia al atentado sufrido por el ex senador Hipólito Solari Yrigoyen ese día de 1973.
La defensa oficial propuso la absolución de los cuatro imputados y la inmediata libertad de Aceituno, dado que el resto se encuentra excarcelado. Respecto a la acusación por el homicidio de Cilleruelo, requirió subsidiariamente se condene a Aceituno como «cómplice secundario» a la pena máxima de 3 años de prisión en orden al delito de amenazas calificadas por uso de armas y se tenga por purgada la pena con la prisión preventiva que cursa desde 2015.
