“Un ataque al sistema de educación superior pública”
El Consejo Interuniversitario Nacional se manifestó ante las denuncias presentadas por el fiscal Guillermo Marijuan a 52 universidades por el uso de 747 millones de pesos transferidos por el Estado Nacional en 2015.
“Las denuncias mencionadas, sustentadas en notas periodísticas y sin una sola relación de hechos concretos acaecidos en cada institución, lejos de aclarar y puntualizar procederes que podrían ser materia de investigación, resultan un ataque generalizado al sistema de educación superior pública de nuestro país”, afirmaron.
“Es la misma denuncia que se hace a las 52 instituciones, se cambió el nombre, y los elementos que contiene en ningún caso particularizan ninguna situación, no es que haya una relación de hechos universidad por universidad sino que se plantea un conjunto de notas periodísticas de carácter genérico a partir de lo cual se establece una denuncia que en todo caso lo que hace es poner bajo sospecha todo el sistema de educación pública del país”, dijo a FM De la Calle el titular del CIN Guillermo Tamarit.
Agregó que “lo que estamos pidiendo es que se actúe con toda celeridad para que podamos establecer nuestras líneas de defensa porque tenemos una sospecha sobre nuestra actividad y ninguna posibilidad de contestar ningún hecho concreto, estamos en una situación muy disvaliosa que compromete el prestigio de la universidad pública”.
La declaración del CIN afirma:
- El CIN sostiene y defiende en forma enfática la independencia del Poder Judicial de la Nación, así como la libre y más amplia actuación del fiscal.
- Las universidades nacionales gozan de un generalizado prestigio entre nuestros conciudadanos, posición que se ha ganado a lo largo de la historia por resultar una efectiva herramienta de mejoramiento social, y las únicas instituciones públicas cogobernadas en las que el conjunto de sus integrantes deciden no solo el rumbo institucional sino, además, la gestión administrativa.
- Las denuncias mencionadas, sustentadas en notas periodísticas y sin una sola relación de hechos concretos acaecidos en cada institución, lejos de aclarar y puntualizar procederes que podrían ser materia de investigación, resultan un ataque generalizado al sistema de educación superior pública de nuestro país.
- Respecto al contenido del planteo del fiscal, nos permitimos recordar que los presupuestos universitarios se conforman por ley del Congreso Nacional, más las partidas que se asignan a cada institución por programas específicos. En todos los casos, resultan ejecutados bajo normativas claras, estrictas y con procesos de absoluta transparencia, sometidos a procesos de auditoría, tanto interna como externa, como señala la ley.
- Esta actividad jurisdiccional ha producido, como consecuencia inmediata, una agresión a la identidad misma de la universidad pública, construida a lo largo de su historia de más de 400 años para ser una institución de gran valoración social hoy. Sin duda, el daño moral es no solo a la institución sino, también, a todos los que realizamos tareas de docencia, investigación, extensión y gestión en contextos sociales complejos y con presupuestos de austeridad, y que involucra a los estamentos docentes, estudiantiles, no docentes y egresados.
