Desclasifican nueve decretos secretos de la dictadura
A partir de un pedido de Acceso a la Información a la Secretaría Legal y Técnica de la Presidencia de la Nación, las periodistas Sandra Crucianelli y Mariel Fitz Patrick pudieron acceder al contenido de los 9 decretos secretos emitidos durante la última dictadura que hoy fueron desclasificados y publicados en el Boletín Oficial.
“El contenido va desde arrestos de personas, hasta las prohibiciones de argentinos para salir del país que en muchos casos significaban una condena a muerte”, comentó Crucianelli a FM De la Calle.
Las periodistas continúan analizando 1483 documentos reservados. “Este gobierno que se dice tan transparente, hace una alharaca de que comparten datos abiertos pero cuando le pedís data te lo entrega en formato cerrado que si vos no contás con el recurso humano contar 1483 celdas es muy difícil”.
Los difundidos hoy, son nueve documentos, uno de los cuales corresponde al año 1976 y lleva la firma del genocida Jorge Rafael Videla. Allí insta a que el “Comando en Jefe del Ejército (…) proceda a la adquisición de los elementos que garanticen el desenvolvimiento eficaz de las operaciones antiguerrilleras”.
Otros cuatro decretos fueron firmados por Lepoldo Fortunato Galtieri y estaban vinculados a la instrumentación de la Guerra de Malvinas y la compra de armamento.
Finalmente, otros cuatro documentos llevan la rubrica de Reynaldo Benito Antonio Bignone, en uno de ellos se habla de la “la necesidad de estrechar vínculos con los países árabes fomentando las relaciones diplomáticas, comerciales y la cooperación bilateral, en especial a partir del apoyo brindado a nuestro país en la cuestión Malvinas”.
En otros dos se celebra un contrato con la firma Astilleros Ministro Manuel Domecq García S.A. para la construcción de submarinos y, en el último, Bignone establece que “el Comando en Jefe del Ejército – Jefatura II – Inteligencia actúe, directamente o a través de sus dependencias, como proveedora de bienes o prestadora de servicios de seguridad para entidades estatales”.
Crucianelli destacó que “no se puede continuar la revisión histórica de estos procesos porque Argentina mantiene en secreto muchas disposiciones de los militares. La mayoría de los países cuando se cumplen 30 años liberan todo, a menos que algún tema este en curso. Ahora los temas que están cerrados, ya eso debería estar abierto”.
Imagen: Infobae.
