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Solicitan a la gobernadora Vidal que revise la designación de César Albarracín como fiscal de Casación

delacalle Ninguno 19 enero, 2016 - 3:01 pm en Argentina, Derechos Humanos, Noticias

La Comisión Provincial por la Memoria junto al CELS, el CEPI, FOJUDE, AJUS La Plata, la Defensoría de Casación y funcionarios judiciales presentaron una petición a la Gobernadora María Eugenia Vidal para que anule el Decreto del Poder Ejecutivo que designa al dr. César Albarracín como fiscal de Casación adjunto.

Albarracín se desempeñó hasta fines de diciembre como subsecretario de Política Criminal e Investigaciones Judiciales del Ministerio de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, teniendo a su cargo al Servicio Penitenciario Bonaerense. El cuestionamiento se fundamenta en las graves violaciones a los derechos humanos que sucedieron en las cárceles bajo su gestión; por su desempeño como funcionario es que se pone en duda su idoneidad para cumplir con las funciones que el cargo de casación demanda.

Las distintas políticas llevadas adelante, contravienen la manda de la Constitución provincial que reclama el “respeto por los derechos humanos” y los “valores democráticos”.  La gestión de Albarracín en aquella Subsecretaría se basó en la negación de la grave situación de violaciones a los derechos humanos que sufren las personas privadas de su libertad en la provincia.

Las pésimas condiciones de detención, la corrupción dentro de la estructura penitenciaria, la circulación de armas de fabricación casera, la violencia de los agentes penitenciarios, la tortura y la muerte, han sido sistemáticamente negadas por la gestión del dr. Albarracín, que no tomó medidas efectivas para combatirlas y obstaculizó los distintos intentos de hacerlas cesar.

Este modo de gestionar, provocó la interposición de múltiples acciones judiciales e incluso, la necesidad de recurrir ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Ante estos reclamos, la respuesta de Albarracín, como representante de aquella Subsecretaría y del Poder Ejecutivo provincial, fue obstaculizar la labor de la justicia en la tutela de estos derechos.

Entre otros puntos, la nota presentada a Vidal señala esa reiterada negativa a dar cumplimiento a distintas órdenes judiciales, al tiempo que procedió de manera sistemática a recurrir e impugnar las decisiones de los jueces en materia de Hábeas Corpus colectivos por agravamiento de las condiciones de detención de las personas en ámbitos carcelarios, impidiendo que se ejecuten las medidas destinadas a hacer cesar los actos lesivos verificados por los magistrados. Así, la gestión de la Subsecretaría desnaturalizó y privó de efectividad al instituto del Hábeas Corpus, una de las principales herramientas de denuncia presentada por funcionarios y organizaciones no gubernamentales, para el ejercicio del derecho a una tutela judicial efectiva frente a los agravamientos en las condiciones de detención de las cárceles Bonaerenses.

Además de estos antecedentes, la nota presentada subraya el tiempo que ha transcurrido en el proceso de designación del fiscal, lo que evidencia un “injustificado incumplimiento de la obligación constitucional de expedirse en un plazo razonable para evitar una parálisis que conspire contra los fines del sistema de designación de magistrados y afecte el mandato de efectividad en la tutela judicial”. Este proceso tiene cinco años de demora y su principal explicación se encuentra en los intereses personales del candidato, que privilegió la asunción de cargos políticos en el poder Ejecutivo, en evidente desmedro de la justicia y los derechos.

Por estas razones, la CPM junto al CELS, FOJUDE Y AJUS La Plata, el Defensor de Casación Mario Coriolano, el juez de Cámara de Mar del Plata, Marcelo Madina, Pedro Sisti del CEPI y la Defensora Oficial de San Martín María Dolores Gómez, solicitan a la gobernadora revisar su designación, por contrariar el tercer párrafo del art. 175 de la  Constitución de Buenos Aires.

Repudio a la criminalización de la protesta

Por su parte, la CPM expresó su “repudio a toda forma de criminalización de la protesta social y cualquier tipo de persecución política, ejecutado por cualquier autoridad o funcionario del Estado Argentino en todos sus niveles. En estos actos se encuadra la detención y persecución política de la parlamentaria del Mercosur, Milagro Sala. La gravedad del hecho implica no sólo al gobierno de Jujuy sino también y sobre todo al accionar de la Justicia que actúa como instrumento del Poder ejecutivo, apelando a la represión y la intimidación desde el sistema penal como vía de abordaje de un conflicto claramente político-social”.

“Los argumentos judiciales que pretenden justificar la detención son inadmisibles. Porque en democracia es inadmisible que se criminalicen actos que son propios e imprescindibles en la coordinación de la acción colectiva, e inherentes al ejercicio del derecho a asociación que son la base de los derechos políticos y el ejercicio de la ciudadanía. Promover la acción colectiva no es “instigar al delito”, una manifestación masiva no es un “tumulto”, y oponerse a una decisión del gobierno no es un “acto de sedición”. Es el libre ejercicio de las libertades políticas”.

Además, la organización sostuvo que “la represión en La Plata a trabajadores despedidos -que también estuvo acompañada por el señalamiento por parte del Municipio de supuestos ‘instigadores’ de la manifestación- y la violenta represión a los trabajadores de la empresa ‘Cresta Roja’, son antecedentes de este hecho que alertan sobre una modalidad de abordaje del conflicto político-social basado en la represión y la persecución penal de la protesta que ha sido defendida por los distintos ejecutivos implicados”.

Finalmente, desde el organismo afirmaron que “la criminalización de la protesta y la represión no son una novedad en Argentina, y ya sabemos los efectos nefastos que ha tenido. No han resuelto ningún conflicto, por el contrario han generado la pérdida de decenas de vidas. A más de 30 años de democracia, existen numerosos mecanismos institucionales y políticos para dirimir los conflictos de acuerdo a la Constitución y la ley, e instamos a todos los funcionarios a resolverlos de manera pacífica y a través del dialogo. Solo en el respeto, la tolerancia y la paz, se fortalece la democracia”.

Fuente: CPM

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