“Están negando lo novedoso de que el virus ya ingresó al penal”
El viernes pasado la Defensoría Departamental General interpuso un habeas corpus colectivo para reclamar la morigeración de prisión de algunos internos de la UP4 que forman parte de grupos de riesgo y/o fueron diagnosticados con Covid positivo.
En las últimas horas, detenidos de la cárcel de Floresta iniciaron una huelga de hambre y difundieron videos mostrando las condiciones insalubres en las que se encuentran aislados.
“Iniciamos una serie de presentaciones para la revisión de la situación de estas personas. Hemos tenido solo rechazos, en algunos casos con más fundamentos, en otros casi sin fundamentos, y desconociendo o negando lo novedoso de que el virus ya ingresó al penal. Eso no se puede negar, ni tampoco que es algo novedoso”, dijo a FM De la Calle la defensora oficial, Fabiana Vannini.
Destacó que previamente “la Cámara de Apelaciones y Garantías resolvió que las cuestiones que tenían que ver con hacinamiento, contagios y salubridad tenía que resolverlas un juez de primera instancia. La Corte dice que atento a a gravedad de la situación que denuncia el defensor manda copia de la resolución a cada juez penal, para que revise la situación de cada detenido incluido en los grupos de riesgo frente al Covid”.
“La cárcel no es un hotel de cinco estrellas ni de una, están en condiciones absolutamente indignas, hacinados, no pueden mantener el distanciamiento, no están bien alimentados, no tienen calefacción, no tienen agua caliente, están llenos de cucarachas”, esgrimió Vannini.
La letrada argumentó que “toda la sociedad reclama por sus derechos constitucionales, pero la Constitución también establece el derecho de los penados y procesados de que las cárceles sean sanas y limpias para seguridad y no para castigo de los reos detenidos en ella. Toda medida que conduzca a mortificar a los presos más allá de la pena hará responsable al juez que la autorice”.
“El juez Rojas resolvió ayer que se aseguren mínimas condiciones de dignidad: agua caliente, calefacción, dispenser con alcohol en gel, elementos higiene como lavandina, dietas proteicas que ordenan de acuerdo al protocolo médico para los casos de Covid”, agregó la abogada.
“Hay una situación estructural previa y la pandemia nos agarra en el medio. Es producto de querer combatir la seguridad con el aumento de penas y que esa política no vaya acompañada de políticas de inclusión social o de construcción de cárceles. Si vamos a meter más gente en las cárceles, por lo menos cumplamos con los estándares mínimos de los tratados que Argentina ha ratificado en materia de derechos humanos y de la dignidad. No hay que ser tan instruido para darse cuenta que estos internos no viven en condiciones dignas”.
Un caso testigo: Díaz Cortés
El Tribunal Criminal Nº2 resolvió por mayoría no otorgar la prisión domiciliaria para Claudio Damián Diaz Cortés, uno de los internos que pertenece al grupo de riesgo.
Fue porque “no existe ningún motivo novedoso a considerar, por cuanto la sola circunstancia que existan internos con Covid 19 positivo, no implica de por sí, que el interno se encuentre en una situación de mayor riesgo de contraer la enfermedad en su sede actual de alojamiento, que si lo estuviese en arresto domiciliario”.
En este caso, dijo Vannini, “la misma Dirección de Salud Penitenciaria informó hace un mes y medio que en el contexto de encierro del Servicio Penitenciario tal y como está hoy, contribuye a aumentar las posibilidades de mortalidad en los pacientes que se encuentran dentro del grupo de riesgo, uno de ellos es Díaz Cortés”.
