Caso Facundo: el fiscal de Casación pidió la nulidad del informe del IADO

Más poder que el emperador

“Una situación se presenta cuando la jueza de la etapa de instrucción actúa de oficio sin haber delegado la investigación a la fiscalía, y otra cuando sí lo hizo, porque en este caso, su rol es el de una jueza de garantías y contralor de la actividad procesal de las partes. Todo esto dicho aún en el acotado marco autoimpuesto para seguir la línea argumental del a quo [la Cámara Federal de Apelaciones], porque en verdad hoy en día (en realidad, hace más de cincuenta años), en función de la evolución de los principios procesales que más adelante abordaré, tampoco el/la juez de la instrucción es soberano/a para decidir la producción de pruebas sin intervención de las partes, como sí ocurría en el diseño inquisitivo original del Código de Procedimientos en Materia Penal (1888) que, si bien nos vino de España, seguía el modelo de los jueces de instrucción franceses, de quien el mismísimo Napoleón decía que tenían más poder que él, el emperador”, recordó De Luca.

El fiscal general señaló que ni la jueza ni el tribunal revisor lograron “captar en toda su dimensión las consecuencias que producen en un proceso penal la sobreproducción e incorporación de pruebas intrascendentes, superficiales y mal realizadas, que generan confusión y entorpecen el proceso de conocimiento en búsqueda de la verdad jurídico objetiva”.

En ese sentido, señaló que “la medida ordenada unilateralmente por la jueza resulta violatoria del principio de controversia de la prueba, que es uno de los aspectos de la defensa en juicio y el debido proceso (art. 18 CN), que también amparan a la parte fiscal”. Apuntó que “si no se garantiza la defensa en juicio en la formación de la prueba, el resultado debe ser excluido del proceso. Hay algo que materialmente se crea, pero ese dato no constituye prueba. El principio de amplitud probatoria no habilita a la formación de prueba en violación a las garantías constitucionales del proceso penal”. En esa línea, agregó que “lo dicho no implica desconocer que aún rige el sistema mixto o inquisitivo atenuado en nuestro ordenamiento procesal penal nacional, sino poner de manifiesto que la experiencia histórica incorporó al procedimiento la posibilidad de la indagación a cargo de la fiscalía, como titular de la acción penal pública (arts. 5 y 196 CPPN) que atenúa los rasgos más inquisitivos, al sustraer del juzgador la dirección de la investigación”.

El fiscal de casación puso de relieve: “Los fiscales bien podrían haber formulado preguntas al director del IADO para que explique por qué excluyo otras hipótesis, por qué excluyó la intervención de terceros en el fallecimiento de Astudillo, por qué excluyó el empleo de violencia, qué aspecto de su formación profesional le permite afirmar el camino tomado por Astudillo, qué conocimiento tiene de los elementos de prueba reunidos en el expediente, por qué medios obtuvo ese conocimiento, qué conoce de la tarea investigativa realizada hasta el momento, por qué no consultó otros elementos de prueba, si contrastó su hipótesis con otras, cómo influiría su conclusión de haber consultado otros elementos de prueba, cuál es el procedimiento que debe seguir para formular el tipo de hipótesis como la que presentó, si en otras ocasiones presentó informes de manera inconsulta, quién le indicó los puntos que debía examinar, por qué excluyó otros, entre otras. Mediante estas preguntas, los fiscales podrían haber demostrado la necesidad de excluirla del proceso o por qué resulta irrelevante para la determinación de los hechos. La participación en la formación del conocimiento sobre un hecho es determinante para poder realizar correctamente la misión constitucional asignada a este Ministerio Público Fiscal”.