byFM De la Calle/30 diciembre, 2025/inArgentina, Bahia Blanca, Derechos Humanos, Judiciales, Lesa Humanidad, Noticias

31 condenados en la Megacausa Zona 5

El Tribunal Oral bahiense sentenció a prisión perpetua a 16 de los 32 genocidas que llegaron al final del debate. Otros 15 recibieron penas de hasta 20 años y uno resultó absuelto. Sin embargo, varios represores continuarán excarcelados. FM De la Calle realizó una cobertura colaborativa con La Retaguardia.

Fueron casi cuatro años de audiencias las que finalizaron el viernes 26 de diciembre. Los fundamentos del veredicto se difundirán dentro de los próximos 40 días hábiles.

Además de la lectura del fallo por parte de los jueces Ernesto Sebastián, Sebastián Foglia, durante la transmisión participaron Lucía Herrera y Sergio Bacasun -hija del periodista asesinado Mario Waldino Herrera e hijo del bibliotecario y docente desaparecido Miguel Santiago Bacasun-; el fiscal auxiliar Pablo Fermento; la abogada de la Subsecretaría de Derechos Humanos bonaerense, Verónica Bogliano; la querellante por la Agrupación H.I.J.O.S., Alejandra Santucho y Stella Barraza y Julio Aparicio del Movimiento por la Verdad y la Justicia de Punta Alta.

Los condenados, según cada caso, lo fueron por los delitos de allanamiento ilegal, privación ilegal de la libertad, imposición de tormentos, homicidio, sustracción de menores de 10 años de edad, abuso deshonesto y abuso sexual, con diferentes agravantes, cometidos desde la jefatura del V Cuerpo contra 333 víctimas.

Las penas

Recibieron prisión perpetua: Osvaldo Bernardino Páez (oficial de Estado Mayor del Comando del V Cuerpo del Ejército); Osvaldo Lucio Sierra, Enrique José del Pino, Carlos Enrique Villanueva, Guillermo González Chipont y Norberto Eduardo Condal (Departamento II de Inteligencia); Jorge Horacio Granada, Carlos Alberto Taffarel, Víctor Raúl Aguirre (Destacamento de Inteligencia 181); Jorge Aníbal Masson (grupo de oficiales y suboficiales de la “Agrupación Tropas”) y Bernardo Artemio Cabezón, José Marcelino Casanovas, Arsenio Lavayen y Raúl Artemio Domínguez (Segunda Sección de Baqueanos del Regimiento de Infantería de Montaña 26) y Claudio Alejandro Kussman (Unidad Regional V de Bahía Blanca de la Policía de la provincia de Buenos Aires).

Héctor Jorge Abelleira (oficial principal de la Delegación Viedma de la Policía Federal) fue condenado a 7 años de prisión pero fue unificada su pena también a prisión perpetua por una condena previa.

Las otras penas

20 años de prisión para Mario Horacio Torres (integrante del Comando del V Cuerpo de Ejército).

18 años y 6 meses de prisión para el profesional de la salud Adalberto Osvaldo Bonini.

18 años de prisión para el profesional de la salud Humberto Luis Fortunato Adalberti.

16 años de prisión para Roberto Carlos Brunello (jefe de la Compañía Combate “My Keller” del Batallón de Comunicaciones 181).

13 años y 10 meses de prisión para José Antonio Maidana.

13 años y 2 meses de prisión para Alberto Rey Pardellas (Batallón de Comunicaciones del Comando 181).

13 años para el imputado Ricardo Claudio Gandolfo (Batallón de Comunicaciones del Comando 181). Quedó con una pena unificada en 13 años de prisión y 6 meses de prisión.

13 años de prisión para Raúl Esteban Andrés y Eduardo Carlos Videla (Batallón de Comunicaciones del Comando 181).

12 años y 6 meses de prisión para Enrique Stel y Alejandro Lawless (Batallón de Comunicaciones del Comando 181).

8 años de prisión para Ernesto Ramón Etchart (jefe de sección de la Compañía Comunicaciones y Comando del Batallón de Comunicaciones 181).

7 años de prisión Martín Gutiérrez Velasco y Vicente Alfredo Flores (Batallón de Comunicaciones del Comando 181).

3 años para Jorge Horacio Rojas (grupo de oficiales y suboficiales de la “Agrupación Tropas” del Comando del V Cuerpo del Ejército). Se le unificó la pena en 10 años de prisión.

El único absuelto fue el imputado Carlos Alberto Ferreyra, aunque pesa sobre él otra condena previa a prisión perpetua.

El MPF había solicitado las condenas y penas también para los imputados Antonio Miguel Seghighi, Desiderio Andrés González y Héctor Luis Selaya, pero en sus casos fue declarada extinta la acción penal tras sus fallecimientos.

Otras resoluciones del tribunal

Declaró que los delitos imputados constituyen crímenes de lesa humanidad aunque rechazó la pretensión de la fiscalía y las querellas de calificarlos como genocidio.

Dispuso excarcelación inmediata -salvo orden en contrario de autoridad competente- de Gutiérrez Velasco, Flores, Andrés, Gandolfo, Rey Pardellas, Stel, Videla, Lawless y Maidana por el tiempo que pasaron en prisión preventiva. Lawless continuará con dispositivo de control por estar imputado en otra causa.

Mantuvo las excarcelaciones de Kussman, Torres, Villanueva, Casanovas, Abelleira y Masson por no verificar peligros procesales. También lo hizo para con Rojas aunque con pautas de control.

Mantuvo la prisión preventiva domiciliaria de Bonini, Adalberti, Aguirre, Cabezón, Sierra, Del Pino, Domínguez, González Chipont, Granada, Lavayén, Páez y Taffarel por persistir peligros procesales.

Mantuvo la prisión preventiva en Campo de Mayo respecto de Brunello, Etchart y Condal por peligros procesales.

Definió que las víctimas tienen derecho a ser informadas y expresar opinión ante el juez de ejecución, cuando se sustancie cualquier planteo referido a salidas transitorias; semilibertad; libertad condicional; prisión domiciliaria; discontinua o semidetención; libertad asistida y régimen preparatorio para su liberación.

Determinó que -con sentencia firme- el diario La Nueva Provincia publique la rectificación, como acto reparatorio, de la publicación en la que desinformaba a la ciudadanía que 37 víctimas fueron detenidas o abatidas en enfrentamientos
militares, cuando quedó acreditado que fueron secuestradas, torturadas, fusiladas o desaparecidas por parte de personal militar o de las fuerzas de seguridad, haciendo expresa mención de la fecha, página y sección en la que fueran vertidas esas “noticias”.

Dispuso que el Ministerio de Defensa deje constancia en los legajos de Manuel Alberto Ruzo y Eduardo Alberto Colella, que fueron secuestrados mientras cumplían con el servicio militar y continúan desaparecidos, y no fueron “desertores”.

No aceptó nulificar las sentencias de los Consejos de Guerra de los que fueron víctimas Ana María Germani, Rodolfo Oscar Maisonave y Carlos Raúl Príncipi.

Rechazaron por improcedente y por tratarse de una medida propia de la instrucción, el pedido de investigación de la existencia de lugares de enterramiento clandestino en terrenos del Batallón de Comunicaciones 181 y del Comando V Cuerpo de Ejército.

Ofició a la Subsecretaría de Derechos Humanos para que señalice adecuadamente los sitios de memoria del V Cuerpo del Ejército, el Batallón de Comunicaciones
181, “La Escuelita” y la Unidad Regional de la Policía de la provincia de Buenos
Aires.