byRedacción/29 junio, 2026/inEntrevista, Noticias, Política

La campaña anticorrupción con que la dictadura buscó extirpar al peronismo

Martín Astarita, licenciado en Ciencia Política, magíster por FLACSO y doctor en Ciencias Sociales estudia los vínculos entre corrupción, transparencia e integridad desde una perspectiva histórica. En su libro “Corrupción y dictadura. Acusar, perseguir, disciplinar: la construcción del enemigo interno” analiza cómo los genocidas convirtieron la lucha contra la corrupción en una herramienta de persecución política, legitimación social y exclusión del peronismo.

A cincuenta años del golpe de Estado de 1976, su investigación –editada por Fondo de Cultura Económica– propone revisar una dimensión poco explorada de la última dictadura argentina. Astarita plantea que además de la represión desplegada contra la “subversión”, el régimen militar impulsó una ambiciosa campaña anticorrupción que ocupó un lugar central en su estrategia política y comunicacional. “Nuestros únicos enemigos son los corruptos y los subversivos”, repetían los discursos oficiales de la época.

El autor sostiene que la construcción de ese enemigo comenzó antes del golpe. Durante los últimos años del gobierno de Isabel Perón, una sucesión de denuncias y escándalos públicos contribuyó a erosionar la legitimidad del oficialismo. Medios de comunicación, sectores de la Iglesia, intelectuales y dirigentes políticos empezaron a asociar la crisis del país con una supuesta decadencia moral expresada tanto en la corrupción como en la subversión, un clima que terminó favoreciendo la aceptación social de la intervención militar.

La campaña anticorrupción se puso en marcha el mismo 24 de marzo de 1976 y alcanzó su máxima intensidad durante el primer año de la dictadura. Los genocidas impulsaron detenciones preventivas, intervenciones de organismos públicos, investigaciones judiciales y cientos de denuncias contra exfuncionarios, sindicalistas y empresarios vinculados principalmente al último gobierno constitucional.

Astarita explica que la mecánica consistía en encarcelar primero a los acusados e intervenir luego las instituciones para construir pruebas sobre las supuestas irregularidades denunciadas.

Uno de los hallazgos centrales del libro es que la ofensiva tuvo un marcado sesgo antiperonista. Aunque alcanzó a dirigentes de distintos sectores internos del movimiento, incluidos algunos que habían combatido a las organizaciones armadas, la mayor parte de las acusaciones se concentró sobre figuras identificadas con el peronismo. Para el investigador, esto demuestra que la dictadura buscó no sólo reestructurar la economía y la sociedad, sino también excluir al peronismo del sistema político y de cualquier discusión sobre el futuro institucional del país.

“Muchas veces estamos habituados a hablar de que la dictadura tuvo un programa refundacional y en general se hace hincapié en la pata social o económica (…) lo que trato de mostrar es que esta campaña anticorrupción en realidad tuvo un objetivo político refundacional que fue extirpar al peronismo, no a la izquierda peronista, no a algunos dirigentes del peronismo, sino al peronismo como tal”, dijo a FM De la Calle.

A partir de 1981, sin embargo, la campaña comenzó a perder eficacia. Con el deterioro económico, la crisis de legitimidad del régimen y, posteriormente, la derrota en Malvinas, las denuncias contra dirigentes peronistas dejaron de ocupar el centro de la escena. En paralelo, la Junta Militar empezó a utilizar las causas de corrupción como moneda de negociación política para intentar obtener apoyos a proyectos de impunidad vinculados con los crímenes de lesa humanidad cometidos durante la represión ilegal.

En esos años también comenzó a invertirse el sentido de las acusaciones. Las denuncias por corrupción empezaron a dirigirse contra los propios militares y funcionarios del régimen, especialmente en torno al endeudamiento externo y la política económica impulsada por José Alfredo Martínez de Hoz. La corrupción se convirtió entonces en una de las explicaciones predominantes para entender la crisis de la dictadura y su fracaso político.

Para Astarita, ese proceso estuvo acompañado por la difusión de una idea de “engaño” que atravesó a amplios sectores de la sociedad. Así como después de Malvinas surgió el argumento de que la población había sido engañada por la conducción militar, también comenzó a instalarse la noción de que muchos apoyos previos al régimen se habían basado en desconocer sus prácticas represivas y corruptas. En ese sentido, el estudio invita a reflexionar sobre los usos políticos de las campañas anticorrupción y sobre el papel que desempeñan en la construcción de consensos, legitimidades y enemigos públicos, tanto en el pasado como en el presente.