Baja de imputabilidad: “Es una ley regresiva que pone en riesgo compromisos internacionales”

La jueza de Responsabilidad Penal Juvenil de Bahía Blanca, Natalia Giombi, analizó el nuevo régimen que baja la edad de imputabilidad a los 14 años. Señaló que la medida es regresiva, va a incrementar la intervención penal sobre adolescentes y no aborda las verdaderas causas estructurales del delito.

En diálogo con FM De la Calle, Giombi advirtió que la nueva normativa no sólo modifica la práctica cotidiana sino que implica un retroceso en términos de derechos. En ese sentido, fue contundente: “el Estado argentino vuelve a incumplir con esas obligaciones” y se trata de “una ley totalmente regresiva”.

Según explicó, la ley 27.801 ampliará significativamente la cantidad de adolescentes alcanzados por el sistema penal. “A partir de los 14 años cualquier delito del Código Penal va a ingresar al proceso penal juvenil”, señaló, y remarcó que incluso conductas hoy consideradas menores pasarán a judicializarse. “Cualquier tipo de acción va a ser una causa judicial”, sintetizó.

“Ahora sí vamos a tener un gran incremento de todo lo que tiene que ver con los procesos judiciales”, anticipó Giombi, al explicar que no sólo se incorpora una nueva franja etaria sino que también “ya no se establece más esto de la no punibilidad por el delito”. Esto contrasta con los datos actuales: “la incidencia del delito adolescente es ínfima”, pese a que el discurso público parezca indicar lo contrario.

La magistrada remarcó que el foco en la edad invisibiliza discusiones más profundas “¿qué realmente hacemos con la persona adolescente que, a los 14 años incurren en conductas que afectan a la sociedad significativamente? ¿Cómo los tratamos? ¿Bajo qué lineamientos? ¿Cuáles son aquellas políticas públicas que vamos a disponer quienes trabajamos con este tipo de complejidades que contextualizan al centro de vida o social de estas personas?” planteó, y defendió los abordajes restaurativos que hoy se aplican. “No es que no se hace nada, sino que la respuesta es otra”, explicó, especialmente en conflictos escolares donde se prioriza la reparación del daño.

También subrayó la importancia de contemplar a las víctimas dentro de ese proceso. “Es muy importante poder escuchar a la persona víctima” y aclaró que sus decisiones buscan incluir esa dimensión: “Para mí es muy importante poder escuchar y tratar con mi decisión de llegar a contemplar la reparación que tiene que ver con esto de lo simbólico y de restaurar ese daño que pudo haber”.

Finalmente, advirtió sobre los efectos a largo plazo de una política centrada en el castigo. “Un chico de 15 años puede salir a los 30 y qué logré de ese sujeto”, cuestionó, al tiempo que insistió en que el objetivo debe ser evitar la reincidencia: “el punto es que esa persona no vuelva a delinquir”.

En ese marco, llamó a fortalecer el trabajo comunitario e institucional: “Vamos a necesitar que la comunidad se acerque y pueda colaborar con un abordaje que salga del mero castigo”.

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