Consideraciones sobre el levantamiento policial
(Por Astor Vitali) En primer término, uno no puede dejar de observar el problema sanitario implicado en las movilizaciones de miles de efectivos policiales por todo el país, en la vía pública. Lo pongo en primer término porque de esto no se ha hablado tanto. Hay muchos sectores sociales que viven en situación de pobreza, miseria y precarización laboral que han decido anteponer el cuidado de la población y, habiendo utilizado la calle como método de protesta durante toda su historia, eligieron anteponer el cuidado de la vida humana y no movilizar momentáneamente, utilizando otras vías de protesta y expresión en lo que va de la pandemia. No es aceptable que quienes se supone que tienen que cuidarnos salgan por miles. Mayor circulación, mayor contagio. Sólo por este motivo lo ocurrido debería generar sanciones hacia funcionario públicos de un estado que ha desplegado medidas asilamiento y distanciamiento social.
Una vez visto este aspecto, señalaremos otra serie de consideraciones que son de alta gravedad institucional. Si tomáramos como una situación de reclamo salarial, lo ocurrido es tan peligroso como agraviante. Peligroso porque a ningún gremio en democracia se le pasaría por la cabeza iniciar una negociación laboral a través del uso de las armas y rodeando la residencia de Olivos. A ninguno. ¿Por qué ellos sí? Agraviante porque los trabajadores y las trabajadoras esenciales de otros rubros que la están pasando igual o peor que la policía, están ocupando su tiempo en sus tareas importantísimas. ¿Cómo puede sentirse un trabajador o una trabajadora de la salud viendo que se otorga aumento a punta de pistola mientras no hay reconocimiento concreto, tangible, económico para su sector que está bancando la parada? No hablamos de gestos simbólicos: mayor salario.
Hasta el momento la organización gremial de las policías no está reconocida. Este, en todo caso y en otro momento -sin ser apuntados por las armas-, es un debate que puede resultar interesante. Quienes se manifiestan a favor hablan de la capacidad de organizar mejor las negociaciones. Quienes se manifiestan en contra, señalan el hecho de que no se trata de trabajadores cuya función social permite cierta autonomía de negociación sino que se trata de fuerzas de coerción social que deben estar subordinadas a la autoridad democrática.
Como sea, en la actualidad no pueden organizarse gremialmente. Por lo tanto, rodear municipios, gobernaciones y el lugar donde reside la máxima investidura institucional de la democracia (Olivos) no puede leerse como un reclamo salarial (mucho menos en pandemia) sino como un acto de rebeldía y provocaciones: “nosotros estamos acá, tenemos las armas y somos capaces de usarlas en lo que queramos al margen de en lo que se nos mande”.
Este mensaje es mucha gravedad institucional. El presidente, Alberto Fernández, señaló que nunca estuvo en juego la institucionalidad durante el transcurso del levantamiento. Y es en parte una interpretación correcta. Pero es preciso señalar que no estuvo en juego no porque las fuerzas de seguridad se hayan atenido a lo que se les ordenara sino porque – con la excepción de sectores antidemocráticos que tienen lugar dentro del macrismo, como Patricia Bulrich- no había plafón social ni político para generar dicho riesgo. A la mayor parte de la población le resultó antipática la amenza de las fuerzas policiales. Y la mayor parte de la política, de corte democrática, repudió aquello. Sin embargo, sí sabemos que son capaces de sublevarse. Sólo les falta que la derecha continúe generando un pensamiento protofascista para generar aceptación social. Esta circunstancia sí es verdaderamente preocupante.
Por lo demás, la bonaerense recibió un premio salarial. Y, si bien se dijo que “no era la forma del reclamo”, las autoridades democráticas no tomaron medidas disciplinarias que puedan darnos, como ciudadanía, el resguardo de tener la certeza de quién está subordinado a quién: si las fuerzas policiales a las autoridades democráticas o las autoridades de origen democrático a la extorsión policial armada.
Si un relator tuviera que armar sus dos minutos de reporte podría decir: “las fuerzas policiales amenazaron a punta de pistola los principales edificios públicos y obtuvieron una mejora salarial. La negociación fue exitosa”. Aunque suene antipático para quienes hablan de la “cintura política” en lo resuelto, lo concreto es que la negoción fue exitosa para las fuerzas policiales y no se observan, hasta el momento, más allá de declaraciones rimbombantes, medidas que muestren que efectivamente la democracia no va a tolerar que se le arranquen respuestas a las demandas de funcionarios públicos amenazando con armas, cuyo atributo es el monopolio de la fuerza para el cuidado de la ciudadanía, de ninguna manera para apretar gobernantes.
A todo esto, el levantamiento ocurre en medio de una situación pandémica y del ejercicio de violencia institucional sistemático que ya cuenta por decenas las víctimas del accionar policial. En nuestra región, tiene curso la investigación por la desaparición forzada seguida de muerte de Facundo Castro. Esa fuerza policial rodeó el municipio de Bahía Blanca y obtuvo mejoras. Sin embargo, no se observan mejoras en la prestación de servicio público de la policía. Más bien, abocan su tiempo a las tramas de encubrimiento.
Difícil sentirse “seguro” cuando las fuerzas que poseen armas dejan en claro que son capaces de actuar por sobre la voluntad de la representación democrática. Hacer como que no pasó o que “ya está” es la política del avestruz. Hay que poner fin a la autonomía policial y a la mafia del delito organizado antes de que no haya juego para hacerlo.
