Mujeres: siempre en emergencia

(Por Paula Ércoli) El Concejo Deliberante, a través de la presentación de la concejala María Laura Biondini (Cambiemos), prorrogó la Declaración de Emergencia Pública en materia social por violencia de género. ¿Cuál es la situación actual de las políticas públicas que buscan atender esta problemática? ¿Cómo interviene la declaración de la emergencia?

Balances y análisis, herramientas necesarias.

2012. Manuel Mendoza (GEN) presentó ante el Concejo Deliberante el proyecto de ordenanza “Declaración de Emergencia Pública en materia social por violencia de género”. El objetivo principal, según el texto, era “revertir el número de víctimas”. El objetivo principal, según lo manifestó el edil en la sesión, era habilitar la reasignación de partidas presupuestarias para el real cumplimiento de la Ley Nacional 26.485. La iniciativa se aprobó. El mismo año se creó por la Ordenanza 16.687 la Mesa Local de Violencia de Género, conocida como Red Local de Violencia de Género e integrada por distintas instituciones gubernamentales y no gubernamentales que trabajan en la temática.

2015. Manuel Mendoza presentó nuevamente la declaración de emergencia con los mismos objetivos que el 2012 y mencionó en sus argumentos el trabajo que ya realizaba la Red Local construyendo indicadores por consultas por denuncias por violencia de género en la Comisaría de la Mujer, la Secretaria de Salud, Promover, Región Sanitaria, Nido y otros; sumados a los datos del Observatorio de Género de la Fiscalía, dos organismos que hoy dan cuenta estadísticamente de la situación de violencia que viven las mujeres.

Agosto de 2017. María Laura Biondini pidió la prórroga de la emergencia sin consulta o preaviso a ninguna de las instituciones que trabajan con la temática de violencia, por ejemplo, al Consejo Local de las Mujerescreado por iniciativa de funcionarias de su propia gestión. El Presidente del Concejo Deliberante, Nicolás Vitalini, luego de lo que suponemos se trabajó en comisión, proclamó: “en consideración ingreso fuera de término de despacho”, miró a sus pares y dictaminó: “aprobado por unanimidad”. En menos de 20 segundos tenemos una nueva Declaración de Emergencia en materia de Violencia de Género.

Todos estos esfuerzos ya mecanizados por darle un carácter de emergencia a la violencia que sufren las mujeres y las sexualidades disidentes, confluyeron en la pregunta: ¿Cuál es el presupuesto que maneja la Dirección de Género para intentar revertir esta situación? No hay datos certeros.

Según Soledad Monardez, Directora de la Secretaría de Políticas Sociales, y Leticia Tamborindeguy a cargo de la Secretaria de Promoción y Protección de Derechos, dicho presupuesto se nutre de partidas otorgadas por sus áreas y de la Secretaria de Seguridad, la cual destina parte de sus ingresos para llevar adelante el Plan Integral contra la Violencia de Género presentado en septiembre de 2016. No hay balance ni planificación posible sin conocer datos, porcentajes que determinen cuál es la situación presupuestaria actual de una oficina que maneja recursos públicos.

La Dirección de Políticas de Género lleva un año en funciones y tiene prometida la planificación de presupuesto propio a partir de octubre. Como marca la Ley 26.485, las organizaciones e instituciones que trabajan con la temática deberían ser parte de este proceso, con acceso real a los datos que permitan hacer un seguimiento de las acciones de gestión.

Si se analizan los datos, parte de la emergencia de la que tanto se habla puede argumentarse con la falta de accesibilidad que las mujeres tienen a los dispositivos propuestos por el Estado: botones antipánico, residencia en el Refugio, solo por mencionar aquellos que se proponen ante una situación de riesgo.

Por falta de accesibilidad no sólo entendemos “que el dispositivo exista”, como lo plantea Soledad Monardez, sino que el Estado analice y observe porqué si en el último trimestre de este año la Red Local cuantificó 632 consultas por denuncias -55% por violencia verbal/psicológica y 30% por violencia física- y la Fiscalía obtuvo en junio de este año 160 denuncias, la gran mayoría por lesiones agravadas (72%) y amenazas (55%), ¿qué sucede con los dispositivos estatales si hay sólo quince botones antipánico en uso y una persona refugiada? Es responsabilidad del municipio intentar determinar las causales de esta situación, que también amerita caracterizarla como de “emergencia”.

A lo largo de la gestión 2016-2017, el presupuesto proveniente de Seguridad se utilizó para capacitar a la Policía Local y a la Guardia Urbana y proveer protocolos para cada patrullero, crear un equipo especializado de la Policía Local en materia de violencia de género, comprar botones antipánico y construir el Primer Refugio Municipal (aún no inaugurado), según el Plan presentado en septiembre de 2016.

Promover, servicio municipal de contención y asistencia a la víctima; los seminarios del 2016; el Proyecto “Querernos tanto”, taller de cuatro encuentros que se realizó en el pabellón de mujeres de Villa Floresta; la inauguración del Consultorio de Diversidad que funciona todos los martes en el Hospital Municipal; y la llegada de 200 cupos del Programa Nacional Ellas Hacen, son algunas de la políticas que se suman a la gestión y que, según las declaraciones de las funcionarias, se supone que son sustentadas por las dos secretarías mencionadas anteriormente.

¿Para qué utilizarán la prórroga de la Declaración de Emergencia por Violencia de Género? ¿Qué mecanismos disponen para que las organizaciones e instituciones que abordan la temática puedan ser parte de los procesos de decisión, ya que si bien es sumamente importante la implementación de propuestas, también lo es que los/las agentes sociales no gubernamentales puedan aportar su visión?

Parte de dicho aporte es el que mencionan Corina Rodríguez Enríquez y Gabriela Marzonetto en su texto “Organización Social del Cuidado: el déficit de políticas públicas de cuidado en Argentina”,  donde resulta central observar:

-“La falta de sistemas de información unificados generando la superposición de esfuerzos y recursos, y la demanda insatisfecha y desprotección en otras”. Esto puede observarse en la necesidad de la unificación del presupuesto de una Dirección y en la falta del estudio del “laberinto burocrático” que las mujeres se encuentran cuando van a hacer la denuncia por violencia. Esta última cuestión no es sólo responsabilidad del Poder Judicial, como plantea Soledad Monardez, sino también del municipio proponiendo los caminos necesarios para que la información se unifique según la Ley 26.485.

– “Las diferencias en el nivel educativo del recurso humano (las autoras lo plantean respecto a los Centros de Desarrollo Infantil Comunitarios, pero se traslada a cualquier dispositivo) que imposibilita la paridad del servicio, reproduciendo las diferencias socio-educativas”. Si bien se promovió la formación del personal de salud a lo largo del 2016, las trabajadoras del refugio de mujeres no han recibido en los últimos años instancias de formación con perspectiva en violencia de género, cuestión central para lograr el sostenimiento y seguimiento de las mujeres que se encuentran en este dispositivo, más allá de la presencia del equipo técnico.

-“La remuneración del recurso humano que varía por provincia, en el marco general de bajos salarios para esta actividad, cuestión que también afecta la calidad de los servicios”. Las dependencias de políticas sociales de los municipios al no ser ´económicamente productivas´ siempre han sido aquellas con los sueldos más reducidos, Bahía Blanca no es la excepción. A esto se suma que tanto en la gestión anterior y actual, las/los trabajadoras son vinculadas bajo la modalidad de contrato, obligándolas/os a convertirse en monotributistas, perdiendo así todos los derechos laborales.

En consecuencia, resulta necesario debatir y discutir la situación actual de todas las políticas e iniciativas públicas, garantizar el real acceso a la información y la efectiva participación de la ciudadanía. En caso de que esto no suceda la gestión puede transformase en un vector que se suma a la reproducción de las desigualdades y que deja por fuera el derecho de las personas a elegir la manera en que desean satisfacer sus necesidades y atender su problemáticas.