/17 septiembre, 2021/inCultura, Noticias

El ámbito cultural nuevamente movilizado

(Por Astor Vitali) Ayer, sectores representativos de la cultura en Bahía Blanca volvieron a movilizarse. Fue frente al intento del oficialismo de disminuir a la mitad la tasa que nutre el Fondo Municipal de las Artes, a través de un proyecto de reforma de la ordena impositiva. ¿Por qué se impulsó esta reforma y por qué es rechazada?

El 5 de mayo sale del Instituto Cultural un proyecto para modificar el inciso o) del Artículo 37 de la Ordenanza Impositiva 2021, que refiere a “Derechos a los Juegos y Espectáculos Públicos”. Este pedido ingresa el 8 de julio al Concejo Deliberante.

El oficialismo buscó darle tratamiento sobre tablas pero no reunió los votos del Frente de Todos. Sin embargo, dado que el oficialismo cuenta con la cantidad de firmas para dar dictamen en cada comisión, podría ser tratado el próximo día 30 y, a su vez, lograría ser aprobado a partir de la mayoría o a través el doble voto.

El presidente del cuerpo, Fernando Compagnoni, dijo a los referentes de la cultura movilizados que “mientras no haya consenso no darán tratamiento a la ordenanza”. Sin embargo, el Instituto Cultural no dio de baja la iniciativa.

Por tales motivos, una asamblea autoconvocada luego de la movilización tomó la definición de permanecer en estado de alerta y convocar una nueva jornada de movilización para la próxima sesión ordinaria.

¿Qué busca la reforma?

Dentro de esta ordenanza impositiva, en la que se estipulan los criterios de cobro de tasas, se encuentra la de Espectáculos Públicos que es fundamental para el funcionamiento del Fondo Municipal de las Artes (FMA). Lo que se recauda en este concepto va a una cuenta especial que es un recurso afectado, esto quiere decir que no es de libre disponibilidad, o sea, que no puede usarse con un fin diferente al que fue creado.

El FMA es una herramienta central para el desarrollo de las expresiones artísticas de la comunidad. A partir de ella se generan recursos para subsidiar una parte de los discos, libros, obras de teatro, obras visuales que realizan habitantes de la ciudad. Esta cuenta se nutre de dos fuentes: fondos anuales relativos a 23 sueldos municipales y a través de esta tasa que pagan productores privados. Se trata de un sistema solidario que viene funcionando muy bien y que es defendido por el conjunto de la comunidad cultural.

La modificación busca reducir a la mitad estas tasas, pasando de un 4 a un 2% para espectáculos de menos de 1500 personas y de un 7 a 4% aquellos espectáculos de más de 1500. Este número de asistentes, en rigor, es una divisoria de aguas entre, por un lado, los espectáculos en general que se realizan en la ciudad -ya que las salas existentes no superan la capacidad máxima de 1000 personas- y, por otro, mega espectáculos con asistencia masiva.

En el documento enviado al deliberativo local, enuncia que “los recursos afectados serán compensados con fondos de libre disponibilidad recaudados por el municipio, durante el ejercicio económico 2021”. Es decir, sería subsidiado por fondos públicos aquello que no sea recaudado por el sector privado, a partir de una estimación general cuyos criterios se desconocen.

El contexto

Este proyecto de reforma ingresa en contexto de pandemia. La actividad cultural, sin duda, ha sido una de las más castigadas por diversos motivos. Durante el año 2020, el gobierno municipal no ejecutó el presupuesto y los fondos no erogados no fueron recuperados en el presupuesto del ejercicio actual. Por el contario, el presupuesto vigente es de ajuste, en términos reales. Pese a que la situación afectó a todo el sector, no existen herramientas de carácter extraordinario para fomentar la actividad comunitaria.

Los trabajadores y las trabajadoras de la cultura debatieron en asamblea su postura: no hay acuerdo con el proyecto y, además, exigen que haya políticas públicas de fomento hacia la comunidad. Durante la última reunión, el día lunes pasado, se decidió movilizar, visto el cambio del momento sanitario, en rechazo de la medida arbitraria. Arbitraria porque el Consejo Cultural Consultivo, órgano que representa a la comunidad en el Instituto Cultural, había transmitido a González Casali la falta de acuerdo al respecto.

Según Nicolás Fernández Vicente, representante del área de Música, “el proyecto de modificación de la ordenanza fiscal vinculada con el Fondo Municipal de las Artes no hace más que confirmar que cuando existe la voluntad política los recursos aparecen”. A su vez, el artista consideró que “es una desconsideración hacia todo el sector y hacia toda la comunidad de Bahía Blanca que se financie al sector privado y se lo compense abonando el 50 por ciento de su tasa cuando durante más de un año y medio no hubo un recurso extraordinario para trabajadores y trabajadoras de la cultura, en situación de precariedad”.

“Somos iguales pero hay quienes son más iguales que otros. En este sentido, el proyecto de modificatoria va a alcanzar a contribuyentes que están en deuda con el municipio desde el 2019. A les propies laburantes se nos impide, y está bien de acuerdo al marco de funcionamiento del Consejo Consultivo, recibir un subsidio cuando otro está pendiente de rendición. De esta manera, evidentemente no hay criterios igualitarios. Está muy claro que los criterios que se toman en materia de políticas públicas para el sector privado son más importantes que los que alcanzan a la comunidad en su conjunto”.

El debate en el Concejo Deliberante

Por su parte, el presidente de la Comisión de Educación, Cultura y Acción Social del Honorable Concejo Deliberante, Carlos Quiroga (FdT), dijo a FM De la Calle que “por primera vez, desde que empezó la pandemia, deciden apoyar al área de la cultura pero de la peor manera. Mientras mantuvo, durante un año y medio, abandonados a los artistas y a las artistas, ahora presentan un expediente donde pretenden reducir a la mitad la tasa que pagan los productores. No estamos en contra de que los productores sean asistidos porque sabemos que han tenido muchísimas dificultades. Pero habría que empezar por abajo”.

El concejal explicó que “además lo hacen de la peor forma porque echan mano al Fondo Municipal de las Artes que se nutre de un piso de 23 sueldos de personal municipal más la tasa que se aporta por espectáculos públicos: si se reduce la tasa se reduce el fondo”.

“El Fondo Municipal de las Artes fue uno de los recursos afectados del presupuesto del Instituto Cultural que el año pasado no se ejecutó un solo centavo diciendo que había que usarlo para la pandemia. No lo usaron para la pandemia. Es más: el gobierno municipal terminó el ejercicio fiscal 2020 con 284 millones de pesos sin ejecutar más 100 millones de pesos del Fondo Educativo que fueron destinados a un fin distinto para el que fue ideado”.

Para Quiroga es claro que “el FMA, que no había sido tocado, debió haber pasado en su totalidad al presupuesto 2021 y haberse sumado al presupuesto propio de este año. Pero no: terminó siendo el presupuesto propio de este año, simplemente, lo que venía de 2020. Se comieron un presupuesto”.

Falsas dicotomías

Según el gobierno, el objetivo de la modificación es beneficiar al sector privado luego del cimbronazo sufrido a partir de la situación pandémica. De hecho, en ningún bloque hay una mirada contraria a que se generan políticas públicas que favorezcan la actividad privada que desempeñan los productores. La pregunta es ¿por qué afectando al FMA si hay otros recursos? Por otra parte ¿por qué hacerla para el sector privado y no con los sectores comunitarios, sin fines de lucro?

En este punto es donde se generan nuevas preocupaciones: más allá del cambio de Rosselló por  González Casali en el Instituto Cultural ¿permanece la intención latente de modificar las ordenas vigentes, que siguen sin coincidir con el ideario liberal de Héctor Gay?

Según Quiroga, “meten mano en algo que tiene un poder simbólico extraordinario, como son estas ordenanzas que nos enorgullecen, y que este gobierno pretendió derogar en más de una ocasión y no pudo. Ahora no están proponiendo derogarlas pero están metiendo el cuchillo ahí. ¿Qué garantías hay de que, valiéndose de la mayoría absoluta que tienen en el concejo, esto que se ciñe al ejercicio fiscal 2021, no sea después prorrogado? ¿Por qué razón no usaron esos recursos de libre disponibilidad con los que pretenden complementar el FMA para subsidiar a los productores y no se toca la ordenanza del fondo?”.

El debate de fondo

¿Cuál fue el gran compromiso que asumió José Ignacio González Casalli junto con su cargo? No modificar las ordenanzas defendidas por la comunidad durante discusiones legislativas que se fueron dando desde la recuperación de la democracia en 1983 hasta la actualidad. ¿Qué busca modificar González Casali con este proyecto? ¿Las ordenanzas en sí mismas? No. Pero, de aprobarse, sí estaría modificando el espíritu económico de la ordenanza, escrito en la norma fiscal, que es una ordenanza complementaria: una no se ejecuta sin la otra.

De avanzar en esta posición, para el ámbito de la cultura municipal, significará un incumplimiento explícito a los compromisos estructurales por parte del funcionario del Instituto Cultural, quien hasta el momento ha logrado cierta pacificación de vínculo con la cultura; esto se hizo sobre la base del acuerdo de no modificar ni las ordenanzas ni el espíritu de las mismas.

¿Cómo sigue la cosa?

Quiroga sostuvo que “no vamos a acompañar este proyecto. El oficialismo tiene los números. No es que no comprendamos la situación de los productores pero nos parece que no de esta manera, no metiéndose con el fondo, por el poder simbólico extraordinario que tienen este tipo de ordenanzas. Convalidar esto sería abrir la puerta para que, el año que viene, vuelvan a la carga, solicitando derogaciones que han generado tan justa reacción por parte de la gente de la cultura. Nosotros, una vez más, vamos a estar al lado de los creadores y de las creadoras de la ciudad, defendiendo sus derechos y sus intereses, como lo hemos hecho sobre el primer día”.

El desbalance en favor de Juntos por el Cambio en el cuerpo legislativo da vía libre para que el oficialismo pueda avanzar de forma autoritaria, es decir, aprobando el proyecto con el pleno conocimiento de que la comunidad artística no está de acuerdo.

Por ejemplo, Leo Fabrizi, del Centro Cultural La Panadería dijo a FM De la Calle: “nos oponemos porque las ordenanzas son luchas históricas que han ganado los y las trabajadores de la ciudad de Bahía Blanca. Nos oponemos porque este gobierno que condona y perdona a productores privados las deudas con el municipio y con el FMA no hace lo mismo con los y las trabajadores de la cultura en la ciudad. Nos oponemos porque las ordenanzas no se tocan”.

Ayer, ese lema (“Las ordenanzas no se tocan”) volvió a la calle. En el fondo, la filosofía política liberal del gobierno de Bahía Blanca implica una visión contraria a la concepción de la cultura como derecho humano de la población, sostenida por el ámbito cultural local. Es por ello que, a fin de cuentas, es muy difícil sostener un acuerdo en el tiempo cuando lo que no hay es un acuerdo de fondo respecto de la concepción de cultura.

Sin embargo, todavía hay tiempo para que el oficialismo dé marcha atrás y no actúe envalentonado a partir del resultado electoral. No debe confundirse el resultado general de las urnas con el mandato particular en el mundo de la cultura. Es claro que la comunidad artística está en contra del proyecto presentado. Avanzar a sabiendas de esto significa romper con el ámbito de la cultura y, por ende, restituir la línea Margo y Rosselló.

Está en manos del gobierno de Héctor Gay, quien designó a González Casali para recomponer vínculos, la decisión de actuar de manera democrática o ejercer el autoritarismo que lo caracterizó en materia cultural.

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