Emergencias

(Por Astor Vitali) En temas delicados en torno de la pobreza los sectores liberales acuden a argumentos antidemagógicos. Ahora que la oposición puso en discusión el tema de la Emergencia Alimentaria, el oficialismo arguye que se trata de un “uso político” de la pobreza. En el tema de la vivienda ocurre otro tanto. Ante una toma, se mir primero si se está en contexto electoral y si conviene a algún sector partidario en particular. Esta especulación no se pregunta por el elemento central del reclamo: ¿es justo?

El argumento del “uso político” antepone la situación coyuntural de que un reclamo sea conveniente a uno u otro sector frente a la realidad misma de la situación demandada. Es lógico que determinado reclamo social sea conveniente a cualquier oposición y perjudique a cualquier oficialismo.

Desde el punto de vista periodístico y también humano, conviene revisar primeramente, antes de la especulación política, si los fundamentos del reclamo son válidos. Para esto no hay otra forma que eliminar a los interlocutores especulativos. ¿Qué piensan quienes reclaman? ¿Por qué lo hacen? ¿Qué proponen?

En Bahía Blanca, el pedido de Emergencia Social es viejo. Sin embargo, los medios masivos no lo tomaron con la dimensión con que lo toman en la actualidad, precisamente, porque no estaba enmarcado en el fuego cruzado de la realidad partidaria. Esto demuestra una hipocresía flagrante: cuando el reclamo es justo no lo toman si no está politizado pero se hacen eco de las quejas cuando “se politiza”.

En abril de año pasado, el Consejo Local de la Niñez solicitó al Honorable Concejo Deliberante la Emergencia en Niñez. Fue cajoneada. No quisieron tratarla. En noviembre de 2018 diferentes organizaciones barriales, sociales y campesinas pidieron al mismo cuerpo la declaración de la Emergencia Alimentaria y la Emergencia en Adicciones, “alcanzada por el hambre y el desempleo”.

Sobre diciembre del año pasado, la realización de una Audiencia Pública Popular intentó poner en primer plano el raconto de carencias estructurales y solicitó sin ambages la Emergencia Social, que engloba la alimentaria y la cultural.

En un extenso documento que da cuenta de las agudas situaciones que se atraviesan en materia de salud, educación, cultura, niñez, trabajo, ambiente, género y otros aspectos de vulneración social, las 80 organizaciones participantes concluyeron en la necesidad de solicitar: ampliación de los recursos públicos destinados a satisfacer las necesidades de los sectores más vulnerables de la comunidad; incorporación de la previsión inflacionaria en la determinación de las partidas presupuestarias municipales en términos reales, no aumentos nominales de partidas; plena ejecución de las partidas presupuestarias municipales, provinciales y nacionales (algunas sub-ejecutadas hasta en un 100%) en las áreas de la Niñez y Adolescencia, Cultura, Salud, Mujer, Adultes Mayores, Economía Popular y Deporte, transparentando la administración de recursos públicos y reconociendo la participación ciudadana; acatamiento de la utilización de los Recursos Afectados para evitar el uso discrecional de partidas y la sub-ejecución bajo la constante relativización del presupuesto como herramienta político-económica; inversión en la infraestructura de edificios municipales como Comedores, Jardines, Hogares de Abrigo, Teatro Municipal, Museos, Salas Médicas, Delegaciones barriales y Hospital Municipal y garantía de las

condiciones para evitar la pérdida de accesibilidad o privatización de estos espacios.

Todo esto está dicho en la ciudad de Bahía Blanca desde hace tiempo. No hay lugar para sorpresas. Si uno escucha, como dijimos, a los actores sociales protagonistas, no hay lugar ninguno para relativizar la verosimilitud de los reclamos. Ocurre que la vida institucional encarnada en una democracia cada vez más formal desoyó con plena intencionalidad los legítimos planteos. Con muchos medios ocurrió otro tanto. En cambio, ahora se horrorizan de la “politización” de los pedidos de emergencia.

El único aspecto importante para quienes no tenemos lugar en este juego sucio es recalcar que las necesidades existen y que la garantía de los derechos sociales, económicos, culturales, políticos debe ser la centralidad de las políticas públicas. Toda discusión que no ponga estos elementos, el de las personas en carne y hueso que se cagan de hambre, es utilización maniquea de los que todos hablan pero nadie se ocupa.