“En la provincia lo que está en emergencia son los derechos humanos”
(Comisión Provincial por la Memoria) La emergencia en seguridad propuesta por el gobierno de la provincia de Buenos Aires, al igual que las emergencias anteriores, no está basada en indicadores fiables que demuestren el diagnóstico que se describe. Por lo tanto, no resuelven el problema de fondo sino que buscan generar impacto mediático y sumar potestades al poder ejecutivo en materia de seguridad, sobre todo en la disposición de los fondos públicos.
De hecho la reiteración de la declaración de la emergencia, a un año de la anterior, constituye en sí misma una nueva evidencia de la ineficacia más absoluta de este instrumento para resolver las problemáticas vinculadas a las violencias y el delito. Como se ha corroborado en los hechos, el único resultado de la emergencia decretada por el ex gobernador Daniel Scioli en abril de 2014 fue el colapso del sistema penal en la provincia de Buenos Aires.
En línea con una política criminal basada en el punitivismo –que los diferentes gobiernos de turno han repetido una y otra vez desde hace 15 años–, la medida constituyó un serio retroceso en el respeto de las libertades individuales y las garantías constitucionales que afectó especialmente a los sectores más desprotegidos de la sociedad. Producto de estas decisiones políticas que encuentran responsables en todos los poderes del Estado provincial, hoy lo que está en emergencia en la provincia de Buenos Aires son los derechos humanos.
Como organismo de control y monitoreo de lugares de encierro y políticas de seguridad en la Provincia, la Comisión por la Memoria viene denunciando públicamente el efecto regresivo de estas decisiones y acciones. En las cárceles, comisarías, institutos de menores y neuropsiquiatricos impera la tortura como una práctica sistemática, la muerte evitable y la violencia como forma de “gobierno” o control de estos espacios.
En 2014, mediante un informe que fue remitido a todos los poderes del Estado y organismos internacionales, la CPM cuestionó la constitucionalidad de la emergencia y alertó sobre las consecuencias en materia de violaciones a los derechos humanos y su ineficacia para resolver los problemas de inseguridad.
Entre los datos más alarmantes figuraban el incremento de la población carcelaria, el agravamiento de las condiciones de encierro y la práctica de la tortura; el crecimiento de las detenciones arbitrarias, las muertes por uso letal de la fuerza y la habilitación de calabozos en comisarías para detenciones.
En este sentido, las inspecciones realizadas por la CPM en comisarías motivaron la presentación de una medida cautelar ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que está siendo tratada por el organismo.
A las voces que alertan sobre las consecuencias de la política criminal en la provincia de Buenos Aires se sumó en los últimos días una resolución de la SCJBA en la que se reconoce el “colapso del sistema penal”. Para la Suprema Corte bonaerense se trata de un problema “crónico y complejo” que hoy se cristaliza en algunos indicadores clave: récord histórico de detenidos en cárceles y comisarías, situación que genera altos niveles de sobrepoblación y hacinamiento, malos tratos y deficiencia en el acceso a la salud y la educación, entre otros.
Como se ha señalado desde la CPM, todos estos hechos incrementan las condiciones inhumanas de alojamiento, constituyéndose en hechos de tortura graves. Por otra parte, en consonancia con esta emergencia, el Consejo de Ministros de Seguridad Interior de la Argentina –integrado por los representantes de todas las provincias– aprobó que el gobierno nacional declare la emergencia.
Esta medida profundizará en todo el país la situación descripta en la provincia de Buenos Aires. Sin importar el signo político de los gobernadores, todos apoyaron esta iniciativa. Es imperioso revertir la tendencia de las políticas de seguridad basadas en la exacerbación del punitivismo.
Como tantas veces hemos insistido, se debe avanzar en el paradigma de una seguridad democrática –que ha contado con el acuerdo de amplios sectores– para abandonar las “emergencias” y diseñar políticas de Estado que, en base a consensos amplios y datos fehacientes y objetivos, encaren políticas criminales orientadas a la problemática de los mercados ilegales y los delitos graves y complejos, sin caer en el facilismo efectista de una supuesta “guerra” contra el crimen, que no sólo no ha resuelto la cuestión sino que ha profundizado la violencia.
Al mismo tiempo, es imprescindible avanzar en la democratización de las fuerzas de seguridad policiales y penitenciarias, exigiendo el pleno respeto a los derechos humanos.
