Estuario: para la jueza hay contaminación en la ría pero no es delito

La jueza Gabriela Marrón sobreseyó por “inexistencia de delito” a más de medio centenar de directores y ex funcionarios públicos y desestimó la acusación de la querella hacia las multinacionales como personas jurídicas. Sin embargo, habilitó continuar investigando a los responsables de ABSA.

“El que arroja sustancias nocivas comete un delito”, dijo a FM De la Calle Lucas Bier, abogado de la Asociación de Pescadores Artesanales de la Ría. “Si esa acción la comete una persona jurídica los responsables van a ser directores, gerentes y todos los que intervienen”.

Marrón sostiene que a pesar de que la contaminación está probada hay “ausencia de un hecho concreto y reprochable”. Es decir, quién, cuándo y cómo ordenó arrojar los residuos peligrosos. Para el querellante, “el director toma la decisión de arrojar desechos cuando pide autorización a la Autoridad del Agua”. El Comité Técnico Ejecutivo municipal solo controla que esos tóxicos estén dentro de determinados parámetros.

Pero “cuando el resultado final de arrojar sustancias nocivas implica que consumir cualquier pescado de la ría genere un peligro para tu salud -los peces tenían hasta 40 veces más metales pesados que lo que indica el Código Alimentario- la resolución administrativa no importa”.

La indagatoria a los responsables fue solicitada en varias ocasiones por la querella, la última luego del fracaso de la mesa de diálogo coordinada por el fiscal Santiago Martínez a instancias de la Cámara Federal.

Están involucradas Dow-PBB Polisur, Solvay Indupa (Unipar), Profertil, Compañía Mega, Petrobras Energía (Refinería Bahía Blanca), TGS, Oiltanking Ebytem, la Subsecretaría de Gestión Ambiental de la Municipalidad de Bahía Blanca, el Organismo Provincial de Desarrollo Sustentable, Cargill y el Consorcio del Gestión de Puerto.

“Instruir un solo sumario que englobe a todas las empresas no ha resulta eficaz, ya que cada una de ellas tiene una actividad distinta, procesos diversos y manipulan distintos elementos”, afirmó la jueza. Marrón delegó la instrucción de la causa en el fiscal Martínez, a pesar de ello, la querella sostiene que nunca perdió sus facultades para solicitar pruebas.

En su apelación, los pescadores le reprocharon que “justo 9 años después de que ella haya tenido su primera intervención como jueza al declararse incompetente, dice cómo se tendría que haber investigado, cómo se tendría que haber denunciado, y qué prueba se tendría que haber realizado. Pero durante 9 años solo se dedicó a rechazar absolutamente todo lo que esta parte querellante solicitó”.

Luego del fallo de Marrón, Beier manifestó a la Cámara que “todos y cada uno de los directores tuvieron durante su gestión la posibilidad de destinar dinero que poseen en invertir en tecnologías más modernas y eficientes o hasta en el peor de los casos parar sus empresas para dejar de arrojar residuos. Pero no, prefirieron ahorrar ese dinero, continuar con su producción y seguir contaminando el estuario. Y hasta ahora le viene saliendo muy bien su estrategia, porque todo el daño ambiental no ha sido internalizado por las empresas y se han ahorrado miles de millones de dólares en sistemas de tratamientos deficientes”.