La jueza María Gabriela Marrón se declaró incompetente para tratar la denuncia presentada por el fiscal Alejandro Cantaro por contaminación en la ría. La Fiscalía General había requerido a la titular del Juzgado Federal Nº2 la “inmediata prohibición” del vertido en la Ría de Bahía Blanca de efluentes sólidos, gaseosos o líquidos, consecuencia del proceso industrial de las empresas del polo petroquímico y ABSA. La presentación agregaba documentación a la Causa 135623/2011 “MENINATO, Rolando (PBB Polisur S.A.) y otros s/ inf. Ley 24051” originada años atrás por pescadores artesanales de la localidad portuaria ante la disminución de peces en el estuario.

Según dijo el fiscal denunciante a FM De la Calle “lo llamativo es que la razón por la cual se declara incompetente es por una causa anterior también por el saneamiento de la ría. La causa había llegado hasta la Corte Suprema de Justicia que es la que define, cuando la justicia se traba en esta cuestión de ver quien es competente, y la Corte resolvió que tenía que ser la provincia”.

El funcionario del Ministerio Público recordó que la máxima instancia judicial “tardó diez años en resolver eso y la jueza (Marrón) dice que después que está resuelto esto ya no había discusión al respecto y entonces nosotros debíamos haber promovido esto a la justicia provincial”.

Sin embargo, Cantaro afirmó que “la realidad es que si esa causa llegó hasta la Corte es porque la justicia federal se declaró incompetente y la justicia provincial se declaró incompetente. Todos nos lo queremos sacar de encima”.

Por otra parte, el fiscal informó que “nosotros apelamos esa resolución y decimos que el precedente no es aplicable y que la política criminal de la Procuración General de la Nación ha variado. Ahora está claro lo que la procuradora hizo en la causa de contaminación por parte de Papel Prensa”, en la que sostiene “que para que intervenga la justicia federal tiene que haber interjurisdisccionalidad en las afectaciones. La procuradora dice ‘invirtamos los términos ¿por qué el que demanda o denuncia tiene que probar la interjurisdiccionalidad y no que lo pruebe otro?'”.

Por otra parte el abogado de vecinxs de la planta de Petrobras, Leandro Aparicio, sostuvo esta mañana que “esto es una estrategia cómoda de algunos funcionarios que no empieza ahora. Empieza con la causa del escape de cloro y amoníaco. El procedimiento es el mismo. El fiscal provincial se la pasa al federal, el federal al provincial y hasta que llega hasta la Corte Suprema que la determina a los cuatro años se prescribe la causa”.

Finalmente, el letrado instó a “sacarle la careta a estos delincuentes de los jueces. No puede ser que la causa de Bornemann (ex gerente de Dow) hace 17 años que esté. ¿Qué intereses hay ahí?”