“La pauta oficial no debe financiar periodistas”

(Por Mariela Dobal*) El debate de cómo, a quiénes y para qué se asigna y distribuye la pauta oficial no es nuevo. Desde hace dos décadas es motivo de discusión y reflexión de quienes entienden la comunicación como un derecho universal y una herramienta capaz de limar las profundas desigualdades de acceso a la información y participación de la ciudadanía.

Cómo contexto inicial recordemos que en 2004 cuando se acordaron los 21 puntos por una comunicación más democrática -que fueron terreno fértil para sembrar las bases de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual en 2009 – ya se pedía prohibir por ley la asignación arbitraria o discriminatoria de publicidad oficial, más aún cuando ésta pueda oficiar como premio o castigo a opiniones editoriales sobre acciones de gobierno.

Ahora bien… ¿Qué derechos debe promover la asignación de recursos públicos, en la producción y circulación de mensajes e imágenes? Garantizar las expresiones plurales de realidades y opiniones, y el derecho de las audiencias de acceder libremente a la información, sin interpretaciones previas, ni atajos (publicitarios privados) de las plataformas. Crear y difundir datos de servicio comunitario, que igualen las posibilidades de participación ciudadana en las políticas públicas. Respetar la privacidad de las personas, y proteger a las infancias y adolescencias de los estereotipos existentes que vulneran su integridad. No auspiciar contenidos misóginos, discriminatorios y violentos sobre las diversas elecciones de vida en democracia.

Más acá…

Podríamos continuar con las enumeraciones, e incluso, hacerlas más descriptivas. Sin embargo creemos urgente y necesario enfocar en los actuales criterios y destinos de pauta oficial en Bahía Blanca, para visibilizar algunas contradicciones existentes. Por decisión política, en los primeros seis meses de este año (2020) se pagaron alrededor de 48 millones de pesos en publicidad oficial. Fiel a los criterios de masividad de audiencias y discrecionalidad, el gobierno local asignó ese dinero público a empresas periodísticas, producciones particulares y periodistas, con deliberada superposición de tareas y espacios mediáticos. Aquí (bahia.gob.ar/compras) puede consultarse el listado completo de proveedores hasta el momento, para comparar los rubros más esenciales (recolección de residuos, transporte público urbano, cooperativas de trabajo y vivienda, obra pública, etcétera,) con los medios que reciben publicidad del Estado.

Más allá de discusiones ideológicas sobre las prioridades de un gobierno de cara a las necesidades y derechos de la ciudadanía, entre los 50-60 primeros lugares aparecen medios y periodistas que recibieron mucho dinero del Estado para… ¿Para qué?

En principio para difundir las escasas producciones y piezas comunicacionales que emergen cómo política comunicacional de Héctor Gay, aunque en este caso esa precariedad es responsabilidad del gobierno local.  

Luego quedaría implícito que ese dinero de pauta oficial es para financiar medios comerciales, espacios periodísticos en estos, y/o directamente la tarea de prensa de muchos y muchas. Estas consideraciones surgen de las propias voces de algunes comunicadores y empresarios mediáticos que aseguran que sin ese dinero no podrían continuar su labor.

La duda entonces es ¿cómo funcionan los espacios de libertad de expresión y elección de temas, para que la  agenda periodística no esté formateada por los intereses del gobierno de turno? U ocultar datos precisos. O ampliar las voces y realidades de las comunidades. O no autocensurar preguntas y editoriales. Por eso, la pauta oficial nunca debe financiar periodistas. Los aportes en tal sentido, son para garantizar informaciones de servicio que de otra manera quedarían perdidas en el actual caos informativo. Observen, lean, escuchen… como audiencias tenemos derecho de revisar y denunciar.

Más allá…

En el plano nacional, las disputas sobre los criterios para asignar pauta oficial son explícitas, se multiplican y evidencian qué empresas mediáticas necesitan del Estado para ampliar sus ganancias (en contados casos, para subsistir). Aquí no parecería molestarles la intervención estatal para aliviar sus obligaciones.

El presidente Alberto Fernández, en la apertura de sesiones parlamentarias fue muy claro: “No queremos avisos pagos con dinero de todos para que elogien las virtudes del gobierno de todos. (…) Convocaremos a empresarios y especialistas para mejorar el manejo de la pauta y su uso”. Y agregó que el sistema de medios públicos estará alcanzando por esta medida, al igual que todas las jurisdicciones. Todo está por verse.

Actualmente se impulsaron conversaciones desde distintos ministerios y el propio secretario de Medios y Comunicación Pública, Francisco Meritello, hizo públicas autocríticas sobre los mecanismos desiguales de distribución de contenidos oficiales. Cabe mencionar que fueron muy prolíferas las producciones de campañas, videos, spots, manuales, placas fijas, afiches, folletos, banners, etcétera,  tanto para gráfica, sitios digitales, vía pública o plataformas audiovisuales. Situación comunicacional muy distinta a la local. Por supuesto la pandemia por el COVID-19 concentró los esfuerzos para comunicar acciones de gobierno y políticas preventivas de cuidado comunitario.

Sin embargo, al momento de convocar profesionales, organizaciones y colectivos que representan otras formas de comunicación popular, autogestiva y/o cooperativa, capaz de reflejar las innumerables realidades tan diversas de todo el país, aún se quedan a mitad de camino. Quienes ya han participado de algunos encuentros virtuales, expresaron con preocupación el alto nivel de desconocimiento que algunas/os funcionarias/os tienen sobre estas múltiples expresiones político comunicacionales. Habrá que seguir explicando y mostrando el trabajo que se hace todos los días. E invitar, por ejemplo, a que las producciones que los FOMECAS fomentan sean conocidas por quienes tienen la decisión de reinvertir fondos públicos por una comunicación más democrática.

Propuestas de “protocolo”

Solo dos, a modo de ejemplos prácticos. Una, nacional: la diputada Gabriela Estévez del Frente de Todos presentó en la Cámara de Diputados de la Nación un proyecto de Ley para que un porcentaje mínimo obligatorio del 15% de la pauta oficial se destine a medios comunitarios, cooperativas y pymes. Mezcla todas esas realidades y la medida es de carácter excepcional en el marco de la actual emergencia sanitaria por Covid-19, afectando los fondos previstos solo para el ejercicio del año 2020.

Otra del orden local. En la sesión del pasado jueves 16 de julio en el Concejo Deliberante de Bahía Blanca, la concejala Gabriela Schieda realizó un pedido de informe (Nº 323) al Ejecutivo Municipal. Solicitaba explicaciones acerca del gasto que el gobierno realiza en pautas publicitarias y sus criterios de distribución. Los concejales del bloque oficialista Cambiemos (mayoría en el recinto) no apoyaron ese proyecto y ni siquiera pudo discutirse.

Propuestas estructurales

Según el investigador Martín Becerra, experto en la materia, “se pueden realizar algunas recomendaciones u observaciones para contribuir a un control más democrático de la pauta oficial que moldea (con su mal uso y relevante peso dentro del mercado publicitario total) al sistema de medios“.

A saber: discutir la regulación en el Congreso de la Nación, establecer que el principal objetivo de la publicidad sea la comunicación de información de interés público y no el fomento a la imagen de gobierno o de funcionarios, no otorgar publicidad a aquellos medios que no paguen de manera regular las obligaciones patronales, los aportes jubilatorios, las obras sociales y los sueldos de sus trabajadores, ampliar el registro de proveedores de publicidad oficial y facilitar el ingreso de medios comunitarios, que no deben ser segregados en el reparto de fondos.

Otra definición política que exigimos y celebraremos es que los medios receptores de pauta oficial tengan paridad de género en sus equipos de trabajo, en los cuales estén representadas además todas las orientaciones sexuales.

Cómo Becerra nos enseñara, el Sistema Interamericano de Derechos Humanos puede ser un faro para iluminar futuras transformaciones en este mar de incertidumbres y mejores rumbos por descubrir.

*Periodista, docente e integrante del colectivo de FM De la Calle.