“Más allá de los números”: consecuencias del desmantelamiento de las políticas de género en Argentina

“Parece un mantra, una consigna hecha, que el gobierno está desmantelando las políticas de género, pero esto es realmente así. Lo que hizo el gobierno de Milei en este año y medio es un retroceso institucional de 40 años”, dijo la economista María Julia Eliosoff.

“Todo ese proceso de construcción desde la democracia hasta ahora fue absolutamente vaciado en el último año”, agregó.

El punto de quiebre fue el cierre del Ministerio de las Mujeres, Género y Diversidad, convertido primero en una subsecretaría sin jerarquía ni recursos dentro del Ministerio de Capital Humano, y finalmente eliminado en junio de 2024. Las competencias quedaron dispersas en otras áreas del Ministerio de Justicia. La eliminación del organismo rector de políticas de género no solo implicó el abandono de programas fundamentales como el Acompañar, sino que también rompió los vínculos federales necesarios para coordinar estrategias en todo el territorio nacional.

“Durante el primer trimestre de 2023, el programa Acompañar asistió a 34 mil personas. En el primer trimestre de 2024, sólo a 434. Es brutal”,  refirió.

El informe da cuenta de un efecto dominó: sin lineamientos ni financiamiento de Nación, muchas provincias y municipios redujeron o cerraron sus áreas de género. El vaciamiento también se tradujo en un deterioro del acceso a derechos básicos, como la falta de anticonceptivos, desfinanciamiento de programas de educación sexual y ausencia de acompañamiento a víctimas de violencia.

Eliosoff sostuvo además que “la gente ya no conoce la línea 144, no se difunde. No es menor cuando se habla de recorte de pauta: la difusión de una línea como la 144 salva vidas”.

Las entrevistadas describen un escenario de creciente soledad institucional con una articulación federal deteriorada, un Consejo Federal de Mujeres sin mayor continuidad y con incertidumbre incluso entre funcionarias provinciales que desconocen quién toma decisiones a nivel nacional. Muchas denuncian que ya no saben con quién comunicarse, ni qué políticas siguen activas.

En paralelo, el contexto económico agrava la situación. El recorte del 84% en términos reales del programa contra la violencia de género, sumado a la caída del salario mínimo y la suba del transporte, provocó que muchas mujeres no puedan acceder ni siquiera a los centros de asistencia.

El informe también alerta sobre un retroceso cultural: el discurso negacionista y los ataques a la agenda de género desde el propio gobierno legitiman expresiones de odio. La intención  de  eliminar la figura del femicidio del Código Penal, propuesta por el oficialismo, ilustra ese nivel de regresión que se busca impulsar.