Megacausa Zona 5: imputan a 17 represores por delitos sexuales
La Cámara de Casación Penal respaldó la ampliación de acusación por delitos sexuales cometidos contra 3 víctimas. En agosto, la querella y la Fiscalía habían solicitado que se juzguen a 17 represores por delitos contra 8 personas.
Aunque la decisión de Casación aún no está firme, el presidente del Tribunal, Ernesto Sebastián, aclaró que “no nos queda otra que de hacer de cuenta que sí para ejercer el derecho a la defensa de las partes”.
Por este motivo, durante las próximas audiencias indagatorias podrán declarar aquellos imputados que se vean afectados por esta nueva acusación.
La resolución llega luego del recurso de queja interpuesto por la Fiscalía, ya que el Tribunal Federal había considerado que la acusación se fundaba sobre nuevos hechos que no eran objeto de la Megacausa.
Casación revirtió parcialmente esa decisión ya que “conllevaría la fragmentación del proceso generando más demora en el juzgamiento de estos crímenes, cuya descripción fáctica además ha sido definida en la acusación desde el inicio”
“Los abusos sexuales en cautiverio durante el terrorismo de estado -generalmente a las mujeres, incluidas embarazadas- inicialmente solo fueron interpretados como sucesos integrantes del delito de tormentos” aunque “siempre se trató de abusos sexuales cometidos en cautiverio, a los que sin modificar la plataforma fáctica se los puede considerar intelectualmente como algo distinto, por su significado para las víctimas, de las torturas tradicionalmente conocidas”, consideró el fiscal general De Luca.
Por su parte, Casación resaltó que “los mencionados delitos han sido padecidos por mujeres en el marco de crímenes de lesa humanidad, por lo que no puede soslayarse el imperativo internacional receptado, entre otros, en el artículo 7 de la Convención de Belém Do Pará, ratificado por la ley 24.632, cuyo incumplimiento puede derivar en la responsabilidad internacional del Estado argentino”.
Audiencias 85 y 86
Durante esta etapa continuaron con las declaraciones indagatorias de los imputados.
“No me pueden imputar ser jefe de sección de infantería, cuando en 28 años de servicio jamás pertenecí a esa banda, no me pueden imputar haber sido jefe de subunidad en relación a unas 8 firmas e informes de calificación del año 76 de personas que nunca estuvieron a mis órdenes”, afirmó el acusado Raúl Esteban Andrés quien se desempeñó como jefe de combate de la Compañía My. Keller.
También declaró Eduardo Carlos Videla, quien se desempeñó como jefe de sección de la Compañía de Combate del Batallón de Comunicaciones 181 pasando por distintas secciones hasta 1979 que fue destinado a Campo de Mayo. El imputado insistió con una defensa similar a otros imputados alegando errores en su legajo sobre fechas de ingreso y egreso.
Por su parte, Ernesto Etchart volvió a atacar al testigo Monforte, quien participó de la inspección ocular del V Cuerpo de Ejército. “Los dichos del único testigo que me vincula son absolutamente falsos e inventados al solo efecto de lograr mi imputación”, dijo.
“Sobre el abuso que se me imputa, en el requerimiento había 13 imputados por los mismos hechos. Con los imputados del Comando y del Destacamento 181 las unidades eran distintas, las cadenas de comando, funciones, jerarquías eran muy diversas. No teníamos ninguna vinculación. En 1976 no tuve trato alguno con ninguno de los imputados de este cuerpo”, declaró Enrique Stel.
Agregó que “mirando el informe de la DIPPBA y los registros se puede saber quiénes fueron los responsables de violación de domicilio, secuestro y también el abuso deshonesto. Cual sería mi responsabilidad, se conforme de la DIPPBA y la memoria de Infantería Marina fue esa fuerza la que realizó los operativos”.