“Acá se está armando la sociedad de fomento”, cuenta Silvano mientras lleva en su moto a la cronista de FM De la Calle en una recorrida por los terrenos de la toma de Don Bosco al 4100. A la izquierda, un cartel que dice “Nueva Esperanza” abre las puertas de un cuadrado de chapas y palets sin techo: “Ese es el merendero”.

El contraste es significativo. De un lado asfalto, supermercados mayoristas, ruta, camiones, obras. Detrás: 22 hectáreas, más de 300 familias, algunos ranchitos de chapa, un terraplén, ni un poco de sombra.

“Hay mucha gente precaria, que se quiere venir a vivir acá, gente que la pandemia la dejó en la calle, muchos compañeros vienen a pasar la noche acá, mucha gente con necesidades”, dice Silvano. Tiene tres hijos y trabajo pero con lo que gana no puede acceder a un crédito.

Carina tiene uno de 16 y el más chiquito de cuatro que llegó a la esquina de su mano y se puso a jugar con una rama. “Hay mucho apriete, han prendido fuego ranchitos, no sabemos quién. La Federal cayó hace cuatro meses intimando y yendo a la casa de la gente, cayendo en los trabajos. Hemos visto que la Unión Ferroviaria nos saca fotos, vienen, se paran con la camioneta cerca de nosotros, nos filman”.

Las tierras pertenecen a la Administración de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF). La Unión Ferroviaria las recibió en comodato hace años con el compromiso de construir un complejo de viviendas, sin embargo, solo instalaron algunas canchas y piletas. El contrato se vence a fin de año.

“Cuando la Unión Ferroviaria empezó a actuar puso vigas de cemento con arena para que no pase ningún vehículo, vino la policía, llevó a cuatro compañeros presos. Se logró de común acuerdo sacarlo”, dice Silvano frente al terraplén ubicado en el acceso por Don Bosco.

La causa pasó a la justicia federal, el fiscal Santiago Ulpiano Martínez no pidió el desalojo pero ordenó la intervención de la Policía Federal.

“Estamos movilizados para ayudar a la gente que está viviendo, gente que necesita, se han venido con lo puesto. Antes podíamos alquilar y ahora no, la mayoría estaba con changas, somos todos laburantes, no somos vagos que queremos algo de arriba, se propuso poder pagar y nadie dio respuesta”, cuenta Carina.

En marzo llegaron las primeras familias y el lugar comenzó a poblarse. Palos, cordones, cintas y bolsitas hacen las veces de división entre lote y lote. Algunes ya empezar a hacer el pozo ciego para el baño. Hay quien puso puertas y ventanas. A lo lejos se ve un cordel de ropa.

Un grupo de madres comenzó a cocinar para todo el barrio. El fin de semana repartieron arroz con leche. En los merenderos todos los días se reparte algún plato de comida, para grandes y chicos. Con la llegada del calor incorporaron el reparto en carretilla de botellas con agua congelada.

No hay servicios, no hay agua para lavarse las manos y hay pandemia. Cecilia tuvo Covid: “Mis hermanas y yo nos contagiamos, los vecinos y familias cercanas nos dejaban cosas de higiene. De lo que es Municipio no apareció nada. En Tierras Argentinas también se contagió un montón de gente. Mi marido es de riesgo, no lo dejo salir”.

“La Municipalidad hace la vista gorda, somos ciudadanos, acá tiene que venir tanto el intendente como concejales a hablar con nosotros, somos personas que podemos hablar con cualquiera, queremos tener un lugar para hacer una casa y criar a nuestro hijos”, agrega Silvano.

Carina relata que para Gustavo Avellaneda, abogado de la comuna y flamante delegado de Ing. White, “tenemos que estar todos presos porque somos delincuentes”.

“Mucha gente piensa que somos oportunistas, que nos dedicamos a esto. Es toda gente laburante. Hay mucha gente que está esperando que se venza el contrato de alquiler para venir, comprar chapas sale caro, a la noche a veces al estar a oscuras, te vienen a robar”, comenta.

“Así andamos, peleándola para poder tener un techo para mis hijos”, se lamenta Cecilia.