Pidieron en el HCD revertir la “privatización” de la Colonia Agustín de Arrieta

“Un primero de octubre de 1934 se firmó en este mismo Concejo una ordenanza para comprar el terreno ‘que será destinado a una colonia de vacaciones escolares para el alumnado del partido de Bahía Blanca'”, leyó Enrique Gandolfo en representación del colectivo.

La banca fue otorgada tras semanas de haberse aprobado la solicitud y en el medio, accedieron al espacio al menos un grupo de vecines que la solicitaron con posteridad. Esto ocasionó que el colectivo manifieste su repudio al “manejo discrecional” del otorgamiento de fechas para utilizarla.

En ese sentido, sostuvo que “se pone de manifiesto el vínculo de origen entre la Colonia y las escuelas públicas bahienses”.

“El intendente Arrieta cumplía así con lo establecido en el programa de su Partido Socialista, que manifestaba el propósito de “fomentar el establecimiento de colonias de vacaciones, jardines de infantes y bibliotecas públicas”.

Gandolfo agregó que “ceder las instalaciones y poner un precio de mercado al acceso a la misma vulnera este derecho histórico al conjunto social pero especialmente a quienes en una sociedad tan injusta y desigual provienen de hogares en situaciones de pobreza”.

A su vez, se remitió al discurso del intendente Héctor Gay durante el inicio de sesiones en el HCD y apuntó al “nulo valor de la palabra empeñada” ya que el jefe comunal, en esa ocasión, había asegurado: “Puedo confirmarles que invertiremos los recursos necesarios para poder recuperar ese histórico espacio de turismo social que durante muchísimos años utilizaron jóvenes de nuestra ciudad”.

Desde la agrupación sostienen que el Municipio no brindó una justificación acerca del por qué del comodato realizado con esa fundación en particular, que aún no alcanza los 5 años de existencia. También rechazan que la comuna cuente con 10 días al mes -fuera del período de vacaciones- para utilizar el ahora “Centro Educativo Scout La Comarca”.

“El decreto tiene un carácter privatizador. Privatizar es privar de lo público, de lo comunitario, de lo que por derecho nos pertenece como seres humanos, de lo que fuera construido con el esfuerzo y el aporte nuestro y de las generaciones precedentes”.

Por otro lado, presentaron una batería de inquietudes vinculadas a la legalidad del decreto a la Municipalidad, al Tribunal de Cuentas y al propio Concejo ya que consideran que Gay no exhibió un Poder Especial para celebrar un contrato de comodato, lo que provocaría la nulidad del mismo. “Tampoco se llevó a cabo una audiencia pública para consultar a la ciudadanía del cambio de destino del inmueble”, añadieron.