Presupuesto del Instituto Cultural: ¿cómo será el próximo año?
(Por Astor Vitali) El viernes pasado, la nueva directora del Instituto Cultural de Bahía Blanca, Lic. Morena Llanca Rosselló, expuso en el Concejo Deliberante el proyecto de presupuesto referido a su área. Lo hizo conjuntamente con 5 funcionarios y funcionarias que pasan a engrosar los cargos políticos de un sector que, paradójicamente, cada vez se ocupa de menos cosas.
El 12 de diciembre, mientras en declaraciones públicas el intendente Héctor Gay sostenía que no había decisión tomada sobre el nuevo organigrama del Instituto Cultural, firmó un decreto que modifica “la denominación y rango jerárquico de la Subsecretaría de Educación, la que pasará a ser Dirección General de Educación, dependiente del Instituto Cultural de la ciudad de Bahía Blanca, manteniendo el número de Oficina 628, a partir del 11 de Diciembre de 2019, que tendrá como objeto implementar acciones educativas locales asociadas a los rasgos propios del modelo de desarrollo y transformación de Bahía Blanca”.
Se crean además las direcciones de Museos y Centros Culturales Municipales, la de de Proyectos Educativos y Culturales Municipales, de Infraestructura Escolar Municipal y la Dirección General de Cultura. Con la dirección del Instituto Cultural en sí mismo se configura así una estructura que contiene seis cargos políticos. Siete sumando quien esté al frente del Teatro Municipal.
El concejal Carlos Quiroga señaló que “se está violentando de manera muy flagrante la ordenanza de creación del Instituto Cultural toda vez que por ejemplo en el artículo segundo no menciona para nada la posibilidad de tener educación y turismo dentro de los objetivos del instituto. Más aún, en el inciso q del artículo décimo, que yo le pedí que leyera completo, la parte que usted omitió dice que pueden hacer todo eso con expresa excepción de las cuestiones referidas estrictamente al área educativa. O sea que tiene vedado intervenir en cuestiones que tengan que ver con la educación, y de turismo no figura nada”.
A esto Rosselló se limitó a confirmar dicha violación y a sostener -cual infantil “él empezó primero”: “pensemos que el Instituto Cultural con la subsecretaría de Educación estuvo funcionando hasta hace una semana” y que el año pasado cuando se introdujo dicha área en el Instituto Cultural la oposición no dijo nada: “no hubo ninguna objeción de ninguno de ustedes que estuvo integrando el Concejo Deliberante”.
La circunstancia de que ya funcione de facto de esta manera, violando la ordenanza, claramente no relativiza la vulneración de la norma sino que profundiza la gravedad.
La sub Secretaría de Educación, entonces a cargo de Rosselló estuvo bollando de secretaría en secretaría, como papa caliente. El premio de una gestión -con los datos en la mesa- a todas luces reprobable en cuanto al incumplimiento de sus objetivos, fue otorgarle la conducción del Instituto Cultural cuyo impacto será terrible puesto que se fuerzan tareas vinculadas al proyecto de educación meritocrático y se reduce toda el área de cultura, que antes contaba con la totalidad del instituto, a una simple dirección, denigrando su estatus institucional.
Durante la presentación del presupuesto se conoció que habrá inversión en acondicionamiento de la Plaza Payró y que está previsto reabrir el Teatro Municipal con una inversión de unos 36 millones de pesos. Será para reparar cuestiones eléctricas y de equipamiento, es decir, lo que podría haberse hecho de manera planificada y que estaba estipulado por el equipo técnico desde el año 2016.
La presentación del presupuesto tuvo otras malas noticias: un día antes del fin de la gestión Rosselló decidió cerrar cuatro jardines maternales y pedir a la provincia que se hiciera cargo. Hay promesas de continuidad laboral pero son sólo promesas ya que ello implicaría el acceso a los cargos por un sistema diferente al que venía funcionando. No habrá política municipal hacia el sector, de un día para otro.
Según una resolución firmada el 9 de diciembre, “los establecimientos educativos de nivel inicial denominados Jardín Maternal y Jardín de Infantes Pacífico, Jardín Maternal y Jardín de Infantes Petete, Jardín Maternal y Jardín de Infantes Pimpollitos, Jardín Maternal y Jardín de Infantes San Vicente”.
El documento expresa que “el Municipio de Bahía Blanca, de quien dependen los establecimientos aludidos, solicita el cierre de dichas instituciones educativas en razón de las condiciones económicas que les impiden continuar con la prestación del servicio”. Es decir, le tiraron a un provincia en su último día de funcionen cuatro jardines, eliminando de la faz municipal una herramienta característica de sus políticas sociales.
Durante casi tres horas de exposición, no ofrecieron respuesta concreta a ninguna de las preguntas más que: “estamos trabajando” y una serie de vaguedades inconexas de difícil seguimiento para cualquier persona mínimamente alfabetizada. Galimatías. Es compresible: cuesta confesar su proyecto. Para ejemplificar, podemos mencionar el tema educativo, que cobró gran protagonismo en desmedro de los asuntos artísticos y culturales, prácticamente ausentes.
Luego del desguace cultural y la eliminación de cien talleres barriales durante la gestión de la topadora Rosselló al frente del área de Educación desde 2015, en la actualidad Bahía Blanca cuanta con apenas 30 talleres en los barrios, según las funcionarias, de los cuales 16 pertenecen al programa Infinito por Descubrir. Además, no se trata de treinta talleristas sino de treinta talleres, ya que cuentan algunos que dan más de uno o se dan en carácter de períodos de grupos de meses. En otras palabras, para una población de casi cuatrocientos mil habitantes, con un déficit de vivienda de unas veinte mil familias, altos índices de pobreza y la desesperación de miles en la niñez arrojados al hambre, la violencia y la pauperización cultural, el estado municipal prevé un plan de acción que se reduce a un programa (Infinito por Descubrir) y una decena de talleristas por fuera de él.
Estos agentes de la instauración de la violencia social, encabezados por Gay y Rosselló, intentarán rebatir al planteo precedente con la construcción discursiva de que están “pensando” en un plan que se basará en una encuesta virtual para que “la gente” diga lo que “le gustaría” que haya en el barrio, tal como sostuvieron durante la defensa del presupuesto. Sin embargo, esto no es más que palabrerío ex professo dado que si estuvieran pensando en implementar mayor cantidad de talleres barriales durante el 2020 claramente éste sería el momento de incluirlos en el presupuesto. ¿Con qué recursos abrirían más talleres si no están presupuestados? Humo de baja calaña el de vuestra cortina.
De más está decir que con una encuesta virtual no se está pensado en los sectores sociales más vulnerables, para quienes debería instrumentarse un sistema de extensión territorial, a través de profesionales sociales que trabajen seriamente en un programa por cuadrillas, dado que la conectividad no es un derecho que llegue al conjunto de nuestra población.
En rigor, el objetivo de este sondeo está puesto en armar un mapa con la “oferta educativa local”. ¿Esto implica un mapa en el que se puedan observar las instancias en las que el estado garantiza los derechos culturales? Claro que no: se trata de introducir dentro del entramado del relato oficial toda la oferta educativa, es decir, dar al sector privado un estatus a través de las herramientas oficiales en un esquema que tiende hacia la gestión público privada y, con ello, da cuenta de que si algún iluso hasta ahora esperaba algún paso atrás en materia de destrucción del entramado público y de derechos, deberá ahogar su esperanza en la masa viscosa y gélida de esta política municipal que nada tiene de errante.
En sintonía con el discurso de asunción de Héctor Gay, las huestes meritocráticas en Educación están decididas a avanzar en su cruzada cultural antipopular. El vínculo con sectores religiosos conservadores se estrecha a través de la capacitación de agentes de iglesias en las que tercerizan de manera gratuita a través de “brindar herramientas” para que lleven a sus espacios barriales.
En cuanto al cumplimiento de los derechos laborales y de sus leyes, el mensaje es concreto: apostarán a la “rotación” de los agentes culturales y educativos, es decir, profundizarán la política de precarización que quita estabilidad laboral a cualquier docente o tallerista, pensando en instancias de talleres trimestrales. La volatilidad al palo.
También adelantó su política hacia el Consejo Cultural Consultivo: “No podemos hablar de desactivar mecanismos de participación ciudadana. Pero sí lo que tenemos que hacer es abrir a más actores de la comunidad de Bahía Blanca para que tengan participación en lo que tiene que ver con el asesoramiento, y en muchos puntos, en lo que tiene que ver con la participación en las decisiones”. La funcionara toma la anterior iniciativa de Ricardo Margo, quien había propuesto, con la intención de disolver la solidez de los sectores que participan actualmente del órgano, la incorporación de disciplinas como “la perfumería”.
Continúa Rosselló: “el Consejo Cultural Consultivo tiene bajo la ordenanza una figura de asesor en materia de cultura, lo cual es sumamente valioso y no puede dejar de tener existencia. Pero además de las voces del Consejo Cultural Consultivo que son voces valiosas que están comprometidas, que han estado siempre en distintas intervenciones… Yo lo puedo decir porque he tenido que conversar, discutir, resolver, arreglar, no arreglar distintos tránsitos en la comunicación, distintas idas y venidas. No podemos negar que ellos han estado y que nosotros también hemos estado. Un ejemplo concreto, y lo digo acá, fue la Orquesta del Barrio Miramar donde se plantea que hubo tres años en que lo mantuvimos cerrados. ¡No, señores! ¡Lo abrimos! Hubo toda una situación en la que hubo acuerdos a los que no se llegaron pero luego lo que hicimos fue dar respuesta a los requerimientos que había”.
“Después hay actividades, iniciativas de los distintos agentes culturales, de las universidades, de otros espacios, que también pueden tener su participación además del Consejo Cultural Consultivo. Si bien el director del Instituto Cultural tiene esa potestad de llamar, el Consejo decide y yo puedo decir como directora, no, hago esto por este lado, me parece que la mejor forma de resolverlo es uniendo diferentes criterios. No separando”.
En línea con el carácter sicótico de las declaraciones cambiemistas, en las que la realidad va por un lado (tres años de la orquesta cerrada por decisión del gobierno municipal que es quien da continuidad a los contratos) y la ficción por otra (“¡Lo abrimos!”, señala exultante la funcionaria, perdiendo de vista que nada se puede reabrir cuando no hubo sido previamente cerrado), también hay una práctica revictimizante del discurso en los que, según la visión extrañada de la flamante directora, la responsabilidad del cierre durante tres años de la orquesta de Miramar es compartida con las víctimas: “Hubo acuerdos a los que no se llegaron”. Nunca, señora, hubo desacuerdo en que continúe la actividad que usted decidió interrumpir por capricho, inoperancia y ejercicio autoritario de la función pública. Tampoco hubo decisión de les docentes de no comenzar las clases. Hubo un cierre unilateral en el que las víctimas directas fueron niños, niñas y adolescentes, sumado a la vulneración de los derechos laborales de docentes.
Las cartas están claras. Luego del anuncio de Héctor Gay de avanzar en la creación de la Secretaría de Educación y Cultural, la comunidad artística respondió rápidamente a través de una conferencia de prensa convocada por Actores y UMSur, de la que participó un centenar de artistas representatives de la vida cultural local. También se reúnen miles de firmas.
El gobierno decide entonces no modificar (por ahora) la ordenanza del Instituto Cultural y modificar a través de un decreto la configuración interna del instituto. Quedan, por ahora, salvaguardados el Consejo Cultural Consultivo, el Fondo Municipal de las Artes y las ordenanzas vinculadas al Instituto Cultural. Punto a favor de la comunidad cultural organizada. Pero avanzaron en la denigración del área de Cultura en sí misma configurándola como una dirección. Y anunciaron con claridad que, en una próxima jugada, intentarán avanzar en la licuación del Consejo Cultural Consultivo a través de la incorporación de nuevos sectores que respondan a su política.
La cruzada de las huestes meritocráticas y anticulturales midió sus primeras fuerzas y presentó un presupuesto en el que los números contradicen a los objetivos planteados formalmente. No caben dudas de que seguirán destruyendo. Es necesario decirlo así, en estos términos, sin pobres eufemismos, ya que todo es constatable en datos y en barrios.
La comunidad de Bahía Blanca y sus trabajadores y trabajadoras de la cultura tienen el desafío de redoblar la organización y la capacidad de acción política en defensa de los derechos culturales tal como lo demostraron en los cuatro años previos, pero en un escenario política distinto en el que la topadora Rosselló asumió recargada.
