Un juzgado sin rumbo
Diez días después de asumir como subrogante del Juzgado Federal Nº1, Alejo Ramos Padilla remitió un informe de situación al Consejo de la Magistratura demostrando la “situación caótica” que dejaron Santiago Ulpiano Martínez y el secretario de Derechos Humanos Mario Fernández Moreno.
“En general se advierte una situación compleja, fundamentalmente en lo que hace a la Secretaría de Derechos Humanos y las dificultades que desde los diversos ámbitos confluyen para la correcta administración de justicia aparecen como evidentes y complejas, pues derivan de un proceso profundo y enmarañado, producto de dañosas relaciones interpersonales e institucionales a partir de las cuales se perdió el rumbo del juzgado”, aseguró.
Propuso analizar si los sumarios y denuncias cruzadas “respondían a otros intereses” y afirmó que “el modo en que se llevaron todas esas actuaciones sin duda pudieron haber afectado el normal funcionamiento de la justicia y la independencia, imparcialidad y serenidad que tiene que tener un magistrado a la hora de resolver expedientes de esta naturaleza”.
Ramos Padilla reasumió su cargo el 9 de julio ante la Cámara de Apelaciones por orden de la Corte Suprema que, a pedido del ex espía de la dictadura Néstor Luis Montezanti, declaró nula la toma de posesión realizada ante funcionarios del Consejo de la Magistratura.
El principal inconveniente que encontró Alejo Ramos Padilla fue la Secretaría de Derechos Humanos, cuyo titular Mario Fernández Moreno es “el único secretario que no asistió y no asiste al juzgado desde que asumí”, situación agravada por la centralización personal que hacía el funcionario sobre “los expedientes más sensibles, información que no compartía con ninguna de las personas que lo acompañaban en su oficina de trabajo”.
Fernández Moreno se escabulló ante los funcionarios que participaban de la asunción del nuevo juez tras pedir una licencia médica que sorprendió al personal dado que “había estado hasta el día anterior instruyendo causas y tomando declaraciones en la causa contra (Álvaro) Coleffi”.
Su ausencia “provocó que se tornara dificultoso el conocimiento del estado procesal actual de las causas por delitos de lesa humanidad, así como recabar información precisa sobre los asuntos urgentes y relevantes que permitieran iniciar la gestión en dichas causas para una más eficaz administración de justicia”, manifestó el subrogante que debió suspender provisoriamente las audiencias previstas para ordenar el despacho.
La Secretaría de Derechos Humanos tramita las causas madre sobre crímenes de lesa humanidad denominadas V Cuerpo de Ejército y Comando de Operaciones Navales. La primera de ellas, cuenta con un centenar de imputados y 750 víctimas y acumula 172 cuerpos y más de 400 incidentes. En el caso de la Armada el trámite reúne 120 cuerpos y 250 incidentes. Aparte, se investigan las responsabilidades civiles del ex secretario Hugo Mario Sierra, el dueño de La Nueva Provincia Vicente Massot, el ex juez provincial Francisco Bentivegna y la de las bandas paraestatales popularmente conocidas como Triple A.
Si bien no existían registros actualizados, el magistrado informó que son 64 los imputados privados de la libertad por orden del juzgado, que está pendiente de resolución el estado procesal de otros 76 desde febrero de 2014 y que en el caso del represor Carlos Enrique Villanueva “se hallaría vencido el plazo de prisión preventiva”.
Por otra parte, Ramos Padilla escribió que “la guardia permanente de la Policía Federal Argentina tenía llaves de acceso a la Secretaría y, de este modo, a todas las instalaciones, a los expedientes, documentación y demás efectos -incluso armas- que se hallaban dispersos en todos los despachos”.
Por ello, dispuso el inmediato cambio de guardia y de cerraduras de las puertas de acceso a la Secretaría y la permanencia de la guardia nocturna fuera de sus instalaciones “para preservar el secreto de las investigaciones” pues se trata de causas “sensibles en la que se investiga a las fuerzas de seguridad y donde se encuentran datos de denunciantes, víctimas, testigos e imputados que son menester preservar”.
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