Balance del encuentro de los organismos con Macri
El presidente Mauricio Macri recibió el martes a organismos de Derechos Humanos “preocupados por algunas decisiones que viene tomando la nueva administración en esta materia”. Junto a la titular de Abuelas de Plaza de Mayo concurrieron Haydeé Gastelu, por Madres de Plaza de Mayo-Línea Fundadora; Carlos Pisoni por H.I.J.O.S; Lita Boitano por Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas y Gastón Chillier por el CELS quien comentó los resultados del encuentro a FM De la Calle.
-El presidente Macri recibió a los organismos luego de negarles una audiencia a principios de año y delegar esa tarea en su jefe de gabinete Marcos Peña, ¿qué significado tuvo poder concretarlo ahora?
Por esa razón me parece que el encuentro en sí mismo es una buena noticia, como lo planteó Estela de Carlotto y el CELS también comparte mucho esa idea, los organismos desde la transición democrática hasta ahora hemos participado y hemos aportado muchísimo para la construcción de las instituciones democráticas y políticas respetuosas de los derechos humanos.
En ese sentido, tener este encuentro con el presidente de la Nación fue un avance y también fue un avance poder plantear toda la agenda de preocupaciones que tenemos los organismos en temas de derechos humanos, desde la agenda tradicional -ahí creo que fue el único punto en que hubo un compromiso explícito de apoyo a los juicios por crímenes de lesa humanidad y donde no va a haber regresión- hasta los otros temas que hubo diferencias y que en particular el CELS plantea con mucha preocupación como es el tema de la represión de la protesta social a partir del protocolo del Ministerio de Seguridad, de la criminalización de la protesta a partir de la detención irregular de Milagro Sala por protestar al principio y ahora por otros delitos pero sin resolución judicial por su situación procesal, la cuestión de la ley de Servicios de Comunicación Audiovisual y la vuelta al paradigma donde el mercado prevalece sobre el derecho a la comunicación y los temas de violencia institucional y policial donde hubo un intercambio con el presidente sobre la represión brutal de Gendarmería a los integrantes de una murga, niños muchos de ellos, de la Murga Los Reyes del Ritmo de la Villa 1-11-14 y el apoyo explícito de la ministra a los miembros de la Gendarmería en lugar de garantizar una investigación que dé respuesta a las víctimas de esa represión brutal
-¿Y en esos casos qué dijo Macri? ¿Qué excusas hubo?
En el caso de la protesta dijo que había que avanzar en la dirección de garantizar la libertad de circulación. Ahí planteamos básicamente la diferencia entre el paradigma de la resolución de los conflictos por una vía política o la resolución de los conflictos por la vía represiva como es el protocolo.
En el caso Milagro Sala planteó que el gobierno era respetuoso de la independencia del Poder Judicial de Jujuy y yo ahí respondí que el CELS está muy interiorizado de las causas judiciales y la detención de Sala nace irregular por las causas que se le aplica sedición e instigación a cometer delitos por protestar y al trata de emprolijarla sigue siendo irregular porque todavía mucho tiempo después no se resolvió su situación procesal. Sí me parece que hay que investigar a cualquier delito de corrupción o cualquier denuncia que haya pero en el 99% de esos casos las personas imputadas tendrían libertad y en este está presa, con lo cual uno no puede dejar de pensar que hay una intencionalidad política. Ahí es donde veo que la cuestión es la inconsistencia del gobierno en plantear, por ejemplo, la detención y la condena de Leopoldo López en Venezuela como un preso político y al mismo tiempo mantener una detención arbitraria con muchos cuestionamientos legales a una líder social en Argentina.
En relación con la cuestión de la represión brutal a la murga y a los niños de a murga la respuesta fue que sí estaba investigando el Ministerio de Seguridad y lo que planteamos nosotros fue que pedimos una información sobre qué se estaba haciendo y la respuesta del Ministerio fue ambigua. No está claro que estén investigando y la respuesta pública de la ministra Bullrich fue el peor mensaje posible, apoyar a los que reprimieron brutalmente y de alguna manera no dar ninguna respuesta a las víctimas. Eso dije en la reunión al presidente, es el peor mensaje que se le puede dar a las fuerzas de seguridad. Es decir, un apoyo a prácticas violatorias de los derechos humanos y con ninguna consecuencia sobre esas prácticas.
-Respecto al 24 de marzo y la llegada de Barack Obama ¿qué plantearon los organismos?
El planteo fue que se debía, o se le pidió al gobierno, garantizar la marcha histórica que hacen los organismos desde el 83 en adelante y ahora particularmente por ser el aniversario número 40 y que el dispositivo, en caso de que exista, por la llegada del presidente Obama no obstaculice y no limite esa marcha.
Ahí hubo una respuesta positiva del presidente Macri y de los funcionarios de que de ninguna manera se iba a afectar la marcha o todas las marchas que iba a haber en la ciudad de Buenos Aires durante la visita del presidente de Estados Unidos, Obama.
-¿Su probable presencia en la ex ESMA qué representa para ustedes?
Hay diferencias. Para el CELS nos parece apropiado, yo creo que cualquier presidente o mandatario de todo el mundo debería como obligación, o sería deseable, que visite el principal campo de concentración de la Argentina como lo hacen cuando visitan Auschwitz en Polonia, el mensaje al mundo de que esto no tiene que volver a pasar. Independientemente de lo que uno opine sobre la política de Estados Unidos en América Latina que es una cuestión compleja porque por un lado han apoyado las dictaduras pero por otro, en relación con Argentina, la gestión de Carter ha apoyado las denuncias y ha posibilitado y ha sido fundamental para que la Comisión Interamericana visite en el 79 el país, que fue un punto de inflexión en las denuncias de la dictadura.
Eso no significa que los organismos deban participar, pero bueno hay otras organizaciones como H.I.J.O.S. que no está de acuerdo. Para nosotros la ESMA justamente es patrimonio de la sociedad argentina y del mundo y, en ese sentido, que se visite nos parece positivo. Eso no implica que uno discuta después la responsabilidad del gobierno de Estados Unidos en la región o inclusive ahora como hacemos desde el CELS, exigir que se investiguen las torturas sistemáticas que cometió el gobierno y comete Estados Unidos en Guantánamo o en la llamada guerra contra el terrorismo como lo hacemos en el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas.
A continuación compartimos el documento consensuado por los organismos que asistieron a la reunión y presentado al presidente:
Sr. Presidente de la Nación
Ing. Mauricio Macri
Trascurridos dos meses de su gobierno, los organismos de derechos humanos queremos expresarle nuestra profunda preocupación por aspectos centrales de las políticas de derechos humanos en el país:
- Continuidad de las políticas de Estado de Memoria, Verdad y Justicia.
- Los juicios por delitos de lesa humanidad. Usted ha manifestado que el Poder Judicial debe continuar con los juicios a los genocidas. Sin embargo, también es fundamental que el Poder Ejecutivo a través de diversas agencias continúe impulsando estos procesos. En este sentido, es decisivo que se sostenga la actuación como querellante de la Secretaría de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural de la Nación en los juicios en curso, independientemente de su estado procesal y con especial énfasis en los juicios que se desarrollan en las provincias. Además, es imprescindible que se continúe acompañando a víctimas y testigos, a través del “Centro Ulloa” y del “Programa de Protección” del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación.
- El Poder Ejecutivo Nacional debe facilitar el acceso a la información en manos de distintos organismos públicos y realizar relevamientos sistemáticos de archivos y legajos. Parar ello, es primordial que continúe la labor de las direcciones de Derechos Humanos de los Ministerios de Defensa y Seguridad de la Nación y sus áreas equivalentes en la Comisión Nacional de Valores y el Banco Central. También es fundamental que continúen las investigaciones y apoyos que presta el “Programa Verdad y Justicia”.
También señalamos que debe garantizarse la preservación del acervo documental del Archivo Nacional de la Memoria y su accesibilidad para la Justicia, los organismos de derechos humanos y la sociedad en general.
El avance de las investigaciones sobre la responsabilidad de los sectores civiles en el plan sistemático de desaparición y exterminio también requiere una participación activa del Poder Ejecutivo que le de continuidad a las investigaciones iniciadas. También es necesario el compromiso de los legisladores de la alianza Cambiemos para la puesta en marcha de la “Comisión Bicameral de la Verdad, la Memoria, la Justicia, la Reparación y el Fortalecimiento de las Instituciones de la Democracia.”
- Debe respetarse el mandato constitucional de la Procuradora General de la Nación, quien ha impulsado decisivamente estos procesos y constituye una garantía de que el Ministerio Público Fiscal seguirá teniendo un rol protagónico en la búsqueda de verdad y justicia.
- Búsqueda de los jóvenes apropiados y nacidos en cautiverio. Es preciso el fortalecimiento de la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad (CoNaDI) y del Banco Nacional de Datos Genéticos, como pilares fundamentales del compromiso y la obligación del Estado en la búsqueda de los nietos y nietas que todavía nos falta encontrar y quienes siguen privados de su derecho a la identidad. En este sentido, señalamos que se deben respetar los compromisos asumidos por el Estado argentino ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el “Acuerdo de Solución Amistosa” del caso “Pegoraro” (decreto 1800/09). En particular, es fundamental asegurar la continuidad de la labor del “Grupo Especial de Asistencia Judicial” en el Ministerio de Seguridad de la Nación para realizar procedimientos de obtención de ADN, así como garantizar la cooperación de la Cancillería para la búsqueda de los nietos y nietas en el exterior.
- Búsqueda e identificación de los cuerpos de los miles de desaparecidos. Es primordial la continuidad del financiamiento de la Iniciativa Latinoamericana para la Identificación de Personas Desaparecidas, programa a cargo de la Secretaría de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural de la Nación.
- Los sitios y espacios de memoria. Los lugares que funcionaron como centros clandestinos de detención, tortura y exterminio deben seguir siendo preservados como pruebas judiciales, debidamente señalizados y conservados. Además, se requiere sostener los recursos humanos y materiales de los espacios de memoria que han sido refuncionalizados, para enseñar a las futuras generaciones el respeto por los derechos humanos.
- La búsqueda de los prófugos. Todavía hay más de 70 personas acusadas por delitos de lesa humanidad que son buscadas por el Poder Judicial. Los Ministerios de Justicia y Seguridad deben continuar y fortalecer el trabajo para encontrarlos.
- Control de ascensos militares. Es importante que se garantice la continuidad del mecanismo de consulta pública y acceso a la información sobre ascensos militares y nombramientos de otros funcionarios públicos tal como se realiza desde el retorno a la democracia.
- Sostener las políticas de Memoria, Verdad y Justicia también implica:
- No incorporar a la administración pública a personas vinculadas al Terrorismo de Estado o apologistas de sus crímenes.
- No aceptar el negacionismo de los crímenes cometidos, porque es una de las prácticas que atenta contra la construcción del Nunca Más. Por eso expresamos nuestra preocupación por los dichos de algunos funcionarios del actual gobierno nacional y de referentes de la Alianza Cambiemos en este sentido.
- El rechazo al encuentro mantenido en el Espacio Memoria y Derechos Humanos (ex ESMA) por el secretario de Derechos Humanos, Claudio Avruj, con el CELTYV. Estos encuentros no pueden ocurrir jamás en estos espacios de construcción de la memoria de la vida y militancia de nuestros familiares detenidos-desaparecidos.
- Derecho al trabajo. Manifestamos nuestra profunda preocupación por los despidos masivos en el Estado y el sector privado, porque el Estado debe garantizar y velar por el derecho al trabajo y no ser el promotor del desempleo ni la estigmatización y/o persecución a los trabajadores y trabajadoras. En este sentido, desde hace dos meses, vemos cómo las medidas de ajuste que el gobierno nacional instaló está retrocediendo en los avances logrados sobre el derecho al trabajo digno.
En cuanto a los despidos en las áreas de derechos humanos de diferentes Ministerios, es importante destacar que si no se garantiza la continuidad laboral de los profesionales con experiencia, tampoco pueden garantizarse las políticas de Estado de Memoria, Verdad y Justicia.
- Derecho a la protesta social.
El gobierno nacional ha tomado decisiones que afectan gravamente el ejercicio del derecho a la protesta. La puesta en vigencia del “Protocolo de actuación de las fuerzas de seguridad del Estado en manifestaciones públicas” pone en riesgo aspectos esenciales de la democracia y su aplicación afecta los derechos a la vida, a la integridad, de reunión, de petición a las autoridades y la libertad de expresión. Este protocolo pone en riesgo la integridad física y la vida de las personas que participan de manifestaciones públicas, ya que no prohíbe que las fuerzas de seguridad porten armas de fuego ni restringen el uso de las llamadas “armas no letales” como las balas de goma. Además, limita el ejercicio de la libertad de expresión y restringe la labor periodística, dificultando la posibilidad de registrar prácticas de violencia institucional. Por estos motivos, solicitamos que el Protocolo sea derogado.
Además de este protocolo represivo, nos encontramos con un caso gravísimo de criminalización de la protesta social. Milagro Sala se encuentra detenida desde el 16 de enero. Su primera detención fue consecuencia de haber convocado a una manifestación pública en reclamo a medidas de gobierno. Exigimos su inmediata liberación y manifestamos que este hecho representa una amenaza a la vigencia de las libertades democráticas. Milagro Sala es una presa política, no hay fundamento legal alguno para su prisión preventiva y cualquier investigación en su contra debe desarrollarse sin vulnerar el principio de inocencia ni el derecho a la libertad personal. Por lo tanto, exigimos que el Poder Ejecutivo garantice el derecho a la libertad y al debido proceso judicial de Milagro Sala. Ha sido notoria la presión e intervención del gobierno provincial jujeño sobre el Poder Judicial. Como familiares de ex presos políticos y de detenidos-desaparecidos, no podemos dejar de ver este hecho como un enorme retroceso en la historia democrática de nuestro país.
- Violencia institucional.
En noviembre pasado la Policía Metropolitana fue responsable de un hecho grave de violencia institucional en el que Lucas Cabello resultó herido de gravedad por tres disparos policiales. En enero de este año, efectivos de la Gendarmería nacional dispararon balas de goma contra la murga “Los Auténticos Reyes del Ritmo”, integrada por niños y niñas del Bajo Flores. En ambos episodios, la primera reacción de los funcionarios del gobierno fue justificar el accionar violento de las fuerzas de seguridad. Es imprescindible que estos hechos sean investigados de manera adecuada, sus responsables sancionados y que las autoridades políticas de las fuerzas de seguridad brinden mensajes políticos claros sobre que estas prácticas policiales violatorias de derechos humanos no serán toleradas.
- Derecho a la comunicación
Una de las primeras medidas del gobierno nacional, en diciembre pasado, ha sido transformar por completo el rol del Estado en las políticas de comunicación. Las modificaciones, por decreto, de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual redujeron drásticamente el papel del Estado en la regulación del sistema de medios y habilitan que se consolide la concentración. También se realizaron reformas que reducen la participación de la sociedad civil en las instancias de toma de decisiones sobre las políticas públicas en este campo. Estas medidas afectan negativamente el pluralismo y el ejercicio del derecho a la comunicación en nuestro país. Al mismo tiempo, consideramos que el espacio en el que se deben discutir las políticas que afectan a la libertad de expresión es el Congreso nacional.
- 24 de Marzo. Día Nacional de la Memoria, por la Verdad y la Justicia.
Los organismos de derechos humanos, como todos los aniversarios del golpe de Estado, realizaremos una manifestación en la Plaza de Mayo y centenares de plaza en todo el país. Requerimos que se nos garantice el derecho a manifestarnos libremente y que no haya interferencias producto de la visita del Presidente de los Estados Unidos de América. Ninguna razón de seguridad puede esgrimirse para interferir con esta conmemoración popular a 40 años del golpe.
Por último, resulta fundamental que el Estado argentino reclame al más alto nivel la entrega de archivos aún no desclasificados por el gobierno estadounidense sobre el período dictatorial y demande la cooperación de este país para la búsqueda de los posibles nietos apropiados que viven allí, así como la extradición del Capitán (R) Roberto Bravo por su activa intervención en la Masacre de Trelew.
Por lo antes expresado, le solicitamos un canal de diálogo sincero, expeditivo y efectivo para temas que requieren urgente resolución y decisiones políticas respetuosas de los derechos humanos. Lo saludamos atentamente.
Abuelas de Plaza de Mayo
Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora
Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas
H.I.J.O.S.
C.E.L.S.
