Contra la privatización
Un grupo de consejeros y consejeras emitieron un comunicado manifestando su rechazo a la resolución emanada de la Dirección General de Cultura y Educación que “autoriza a los Consejos Escolares a coordinar acciones temporales con los municipios y organizaciones de la sociedad civil para atender las tareas de limpieza y mantenimiento de los establecimientos escolares afectados por medidas gremiales”.
La nota está firmada por la presidenta Susana Rodríguez, el tesorero Raúl López, el prosecretario Matías Rundau y lxs vocales María Teresa Carestía, Carolina Recalde y Atilio Gianonni, quienes “por convicción nunca apoyaremos medidas que atenten contra los derechos de los trabajadores, ni que propicien a privatizar o municipalizar las tareas que los empleados de las escuelas públicas deben realizar”.
“Estas deben cumplirse en condiciones dignas de trabajo y con salarios que les permitan afrontar el clarísimo deterioro del poder adquisitivos de los trabajadores provocados por las medidas que este gobierno a implementado recientemente. Creemos que el Gobierno debe extremar los medios para solucionar la situación con los trabajadores, como así también realizar las inversiones y el pago de todas las erogaciones correspondientes para garantizar el normal funcionamiento de las instituciones, respetando el carácter de la educación tal como lo establece la Constitución Nacional: pública, gratuita y laica. Cuando cualquiera de estas condiciones se vea afectada, ahí estaremos para defender la escuela que todos queremos”, advirtieron.
Por su parte, la Asociación de Trabajadores del Estado realizó ayer asambleas comunitarias en toda la provincia “en defensa de la educación pública” y repudió “la contratación de empresas de limpieza en las escuelas, evidenciando la mentira que nos dicen ‘no hay plata’, la hay lo que no quieren es invertir en educación, la quieren gastar en empresas ineptas amigas del poder”.
En Bahía Blanca lxs estatales debatieron sobre los últimos decretos de la gobernadora Vidal, que “buscan reglamentar la profundización del ajuste en la provincia, dándole poderes a sus ministros y secretarios con facultades que eran del Poder Ejecutivo, pero la firma del decreto 230/16 no sólo delegó tareas, sino que allanó el camino para avanzar en despidos masivos, como sucede por estas horas en el Estado Nacional”.
“En materia de personal los funcionarios ahora tendrán atribuciones para ampliar suspensiones preventivas y disponibilidades relativas, otorgar licencias, disponer ascensos, traslados de agentes dentro de cada jurisdicción y consignar ‘calificaciones del personal'”, afirmaron e informaron que se mandató al Consejo Directivo Provincial de ATE a continuar el plan de lucha con un paro de 48 horas y asamblea en Consejo Escolar.
