byRedacción/31 julio, 2026/inBahia Blanca, Lesa Humanidad, Noticias

Diego Martínez: “La Nueva Provincia es un caso paradigmático del terrorismo de Estado al servicio del poder económico”

El periodista e investigador dialogó con FM De la Calle sobre el rol que desempeñó La Nueva Provincia durante la última dictadura, la responsabilidad de la empresa en la persecución a sus propios trabajadores y la impunidad judicial que persiste cinco décadas después. Este 1 de agosto, el diario de la familia Julio-Massot, hoy en manos del Grupo Elías, cumple 128 años.

“Se cumplen 50 años de los crímenes y se cumplen 50 años de impunidad de la familia Julio-Massot”, afirmó Diego Martínez al referirse al asesinato de los obreros gráficos Enrique Heinrich y Miguel Ángel Loyola.

Para el periodista, la historia del diario no puede analizarse únicamente por su línea editorial durante la dictadura, sino por su participación activa en la persecución sindical y su estrecha relación con la estructura represiva. “La Nueva Provincia es un caso paradigmático del terrorismo de Estado al servicio de las empresas, del poder económico”, sostuvo.

Martínez remarcó que la abundancia de pruebas reunidas a lo largo de más de dos décadas convierte al caso en uno de los más contundentes del país. “No hay ningún caso en la Argentina donde sea tan evidente y tan abundante la cantidad de pruebas como en el caso de La Nueva Provincia”, aseguró. Entre esos elementos mencionó documentos de Prefectura, editoriales que promovían el aniquilamiento y testimonios que describen el vínculo directo entre la conducción del diario y los altos mandos militares. “Estamos hablando de contactos de altísimo nivel”, resumió.

Uno de los episodios más graves es el testimonio que atribuye a Diana Julio de Massot el pedido al comandante del V Cuerpo de Ejército para “chupar por izquierda” a los delegados gráficos que encabezaban los reclamos laborales. Para Martínez, ese entramado explica que “la empresa fue informando sistemáticamente el avance de la subversión dentro de la empresa” y que, tras el golpe, decidió “sanear un medio de difusión fundamental” mediante el secuestro y asesinato de Heinrich y Loyola.

“Es muy difícil encontrar un caso en la Argentina de connivencia tan evidente y tan brutal de un medio de comunicación y de un grupo empresario con el terrorismo de Estado”, afirmó.

Sobre la actualidad del diario, cuestionó la negativa de sus actuales propietarios a asumir las medidas reparatorias ordenadas por la Justicia, en el marco de los juicios por la verdad, para rectificar publicaciones falsas sobre las víctimas del terrorismo de Estado. “El Poder Judicial les está dando una oportunidad de reparar ínfimamente todo el daño que hicieron”, señaló, y consideró “bastante lamentable” que el medio se victimice frente a ese reclamo. A su juicio, más allá del cambio de dueños y del rediseño editorial, “los juicios los siguen ignorando” y “hay una línea de conducta que se mantiene”.

Finalmente, Martínez habló acerca de la causa contra Vicente Massot, que continúa ofreciendo una oportunidad histórica para avanzar sobre la responsabilidad civil en los delitos de lesa humanidad.

“Si existe un margen de duda, eso debe dirimirse en un juicio oral y público”, reclamó, y expresó su deseo de que el expediente se convierta en “un leading case y un ejemplo de cómo juzgar el rol de los medios de comunicación al servicio del genocidio”. Aunque reconoció que el contexto político no ayuda, concluyó: “Trato de no perder la esperanza”.