Beier: “Se sigue autorizando que contaminen solo que en parámetros menores”

 

El abogado de la Asociación de Pescadores Artesanales de la Ría, Lucas Beier, analizó en FM De la Calle el fallo condenatorio contra el polo petroquímico y otros entes gubernamentales. “Las empresas gastaron más en los peritos a los que les pagaron para que confeccionen los informes técnicos que en el monto que van a terminar desembolsando por condena de contaminación ambiental”.

Tras la denuncia originaria en el fuero federal se abrió otra causa en el fuero Contencioso Administrativo para investigar la contaminación del estuario y la pérdida del recurso pesquero.

Pasaron 12 años de pruebas, pericias y dilaciones procesales hasta llegar a la sentencia en primera instancia que firmó la semana pasada Agustín López Coppola.

El fallo establece que se deberá conformar un fondo de 20 millones de pesos para destinar a la reparación del daño colectivo ocasionado, confeccionar un plan de remediación, mejorar los tratamientos de los líquidos cloacales y efluentes, revisar las normativas y mejorar los controles.

Para Beier “la sentencia debería haber sido más firme con respecto a determinar qué es lo que se permite hacer y lo que no. ¿Se puede seguir vertiendo o no? ¿Se puede seguir ampliando las plantas? Mega, Dow y Profertil hace rato que tienen proyectado ampliar. No se sabe que va a seguir pasando con eso”.

¿Qué valoración hacés sobre el fallo?

En principio estamos contentos porque lo que estábamos esperando era un fallo condenatorio. Nos hacen lugar en los dos puntos principales que son: que el estuario está contaminado y hay un daño ambiental grave y, en segundo lugar, considera responsables a todas las demandadas, es decir, todas las empresas, el CGPBB, ABSA, Municipalidad y Provincia de Buenos Aires.

Ahora, en la parte resolutiva no estamos tan conformes con lo que el juez termina ordenando. En primer lugar a Municipalidad y Provincia les dice que establezcan parámetros considerando todo el caudal de aportes al estuario y no el caudal individual de cada empresa. El problema acá es que sigue autorizando a que contaminen sólo que en parámetros menores. Consideramos que habiendo identificado a los responsables de la contaminación debería haberles dicho que no vuelquen más. Esta parte del fallo será apelado.

A ABSA sí le impuso condiciones más claras porque le dice que tiene que hacer plan de tratamiento para no verter más contaminantes. A las empresas no les dice nada con el fallo, sino que se dirige a Municipio y Provincia para que establezcan mejores parámetros para el vertido de las empresas privadas.

¿Qué pasa con los pescadores?

Jurídicamente el daño ambiental genera un perjuicio generalizado, es decir, a un conjunto indeterminado de personas y, al mismo tiempo, genera perjuicios más específicos sobre particulares damnificados, en este caso los pescadores. Este fallo resuelve sobre la primer parte, el daño ambiental ocasionado y en agosto el mismo juez debe dictar sentencia sobre la causa iniciada específicamente por los pescadores, en la cual valdrá como parte de la prueba del daño económico sufrido por los pescadores la sentencia que hoy estamos analizando.

“Creo que este puede ser un fallo que sirva de punto de partida para que a nivel país, ya que posiblemente llegue a la Corte Suprema, se empiece a pensar en que las empresas internalicen el daño y que quien contamina deba pagar, quien genera un daño deba pagar, y que el monto sea acorde al daño producido y a la capacidad económica de las empresas”.

Durante esta causa la estrategia de la defensa intento responsabilizar al cambio climático, a cuestiones naturales más generales, a la sobre explotación de la pesca.

Sí. Pero el juez ya dio por probada la existencia de contaminación. Además, en la causa existen índices de lo que se pescó a mar abierto y lo que se pescó dentro del estuario durante los últimos 20 años, siempre a mar abierto se pescaron la misma cantidad de toneladas, mientras que en el estuario la cantidad va disminuyendo gradualmente año a año. Lo que yo digo en los alegatos es que si lo que plantean desde la defensa fuera verdad la disminución de la pesca se debería observar en todo el mar y es obvio que el problema lo tenemos acá.

¿Con las regulaciones que dispone el fallo a ABSA cómo se procede? Porque entre la conformación de la causa hace 12 años y hoy, la empresa ha realizado algunos trabajos.

Vale recordar que lo que está haciendo ABSA en la planta de la cuenca principal, la que está pasando El Saladero, fue por orden de este mismo juez en una medida cautelar en el año 2011 o 2012, pero ABSA arroja cloaca en Punta Alta y atrás del Cholo, aportando contaminantes al estuario. Para no arrojar más contaminantes debería tener 2 etapas más de tratamiento, el terciario y cuaternario. Entendemos que el fallo del juez le impone esto a ABSA cuando le ordena no contaminar más.

¿En qué consiste el “Plan de Remediación del Estuario” que el juez ordena a las empresas privadas?

A mí no me queda muy claro. Más que proponerle a las empresas que elaboren un plan, el juez debería haberles ordenado acciones en concreto. Las sentencias terminan el juicio, el juez tiene que resolver.

El Juez considera que el estuario se puede remediar, lo cual a mi criterio es imposible porque estamos hablando de 250.000 hectáreas donde está comprobado que los sedimentos están contaminados. Y además esto afectó a toda la cadena trópica del estuario, desde el camarón al delfín, hasta las gaviotas, en todas se encontraron metales pesados.

El juez debería haber solicitado a los peritos que determinen la factibilidad de la remediación o, dándose cuenta de esta imposibilidad, debería haber fijado un monto de indemnización.

Imaginando que el fallo quede firme y a los 60 días las empresas presenten este plan, calculo que el juez deberá darnos traslado a nosotros, a los peritos y también a la Provincia porque esta es la dueña de los recursos naturales. De todas formas a mí no se me ocurre qué tipo de plan de remediación puede presentarse.

¿Qué dice el fallo respecto del dragado y las responsabilidades del puerto?

Dice que el dragado genera un daño, confirmando lo que había establecido la pericia. Considera al puerto responsable del daño ambiental causado y lo incluye dentro de del listado de quienes deben aportar el Plan de Remediación. Tampoco le ordena no dragar más. Tengo entendido que el puerto piensa profundizar nuevamente. Le solicité al puerto un informe ambiental para que me contesten y no lo han hecho a pesar de que les es obligatorio hacerlo. El juez no resuelve si el puerto puede seguir dragando o no, con lo cual si el puerto quisiera hacerlo interpondremos un amparo o una medida cautelar para que el juez termine de resolver esta cuestión y lo prohíba.

¿Qué otro aspecto del fallo piensan apelar?

Las costas del juicio. El principio general dice que quien pierde el litigio debe solventar los gastos del proceso, incluidos los honorarios del patrocinante legal de la parte vencedora. En este caso quienes pierden el juicio son las empresas, pero el juez dice que no, que mis honorarios los paguen los pescadores. Obviamente esto agravia a los pescadores porque deberían sacar de su bolsillo para solventar honorarios de un juicio en el cuál se les dio la razón y en el que ellos no reciben ninguna indemnización porque no ven un solo peso de los 20 millones que ordenó el juez a abonar a las empresas.

El monto de los 20 millones también llama la atención por el poderío económico de las empresas responsables. Uno piensa que puede ser tomado como un arancel para poder contaminar. Y en segundo lugar porque no define a qué se destinaría, ¿qué se puede hacer con 20 millones de pesos frente a la envergadura del problema de contaminación al que te estas enfrentando?

En su momento cuando estaba preparando la demanda imaginaba como acción el terminar la realización del Paseo del Estuario, ahí al lado del Maldonado. En aquel momento -año 2010-  estimamos el valor en 50 millones de pesos. No sé lo que puede costar hoy, pero con 20 millones de pesos no hacés nada.

Para tener una idea, las empresas gastaron más en los peritos a los que les pagaron para que confeccionen los informes técnicos que en el monto que van a terminar desembolsando por condena de contaminación ambiental.

¿Dentro del juicio la Municipalidad planteó que no tenía nada que ver con los controles?

Lo que dice la Municipalidad es que ellos sólo tenían el deber de realizar los controles, no de impedir la contaminación. Entonces, ellos controlaban y medían, si se contaminaba o no ya escapaba de sus responsabilidades. Lo que le dice el juez es que la Municipalidad debió monitorear y controlar mucho mejor porque no se dio cuenta o si se dio cuenta no hizo nada.

También en la causa federal la Municipalidad se presentó como amigo del tribunal y obviamente la Cámara se lo rechazó porque justamente era uno de los imputados.

La Municipalidad tiene una responsabilidad innegable en la contaminación del estuario.

Escuchá la entrevista completa

César Tomassi, quien proviene de la gerencia de Profertil, fue jefe de gabinete de Héctor Gay y actualmente se desempeña como secretario de Producción declaró: “Los impactos de la industria petroquímica de Bahía Blanca están todos dentro de los límites que ha fijado el derecho como aceptables”, “comparemos cuántos muertos hubo por la acción industrial y cuántos muertos por accidentes de tránsito”; “sí hay emisiones a la atmósfera y al agua, pero controladas”. ¿Qué opinás?

En primer lugar está equivocado cuando sostiene que las empresas cumplen los parámetros legales. Acá si se condenó a las empresas es porque hicieron una actividad ilegal.

La Ley Provincial de Pesca en su artículo 13 prohíbe expresamente arrojar cualquier sustancia nociva dentro del ambiente marino. Evidentemente César Tomassi no leyó esta ley o el que tiene criterio selectivo es él.

Al haber generado un daño hay que reparar, independientemente del cumplimiento o no de los parámetros. El periodista le pregunta: ¿Contamina o no contamina? Lo que dice tácitamente es que sí, se contamina pero bajo los parámetros.

¿La actividad de las empresas es lícita? Sí, pero generaron un daño y entonces la ley dice que deben reparar.

¿Qué esperás que genere el fallo por fuera del trámite judicial?

No se qué va a pasar. Sospechamos que el puerto va a dragar, sabemos que está proyectado que el polo petroquímico crezca mucho.

La sentencia debería haber sido más firme con respecto a determinar qué es lo que se permite hacer y lo que no. ¿Se puede seguir vertiendo o no? ¿Se puede seguir ampliando las plantas? Mega, Do y Profertil hace rato que tienen proyectado ampliar. No se sabe qué va a seguir pasando con eso.

Mi visión como usuario de tantos años del estuario es que se va a seguir contaminando, creo que esto va a empeorar a futuro, no va a mejorar.

Hasta ahora las empresas vienen contaminando hace 30 años y nunca pusieron un centavo. Las pocas multas que se han elevado del CTE al OPDS la mayoría prescribieron o eran extremadamente bajas.

Creo que este puede ser un fallo que sirva de punto de partida para que a nivel país, ya que posiblemente llegue a la Corte Suprema, se empiece a pensar en que las empresas internalicen el daño y que quien contamina deba pagar, quien genera un daño deba pagar y el monto debe ser acorde al daño producido y a la capacidad económica de las empresas.

¿Por qué pensas que la gente debería interesarse por este fallo?

En su momento hubo más de mil personas que vivían exclusivamente de la pesca en Bahía Blanca. Se podía pescar en Galván, en Maldonado, en Cerri. Eso se terminó todo.

Yo sigo yendo a Maldonado y veo que la gente pesca ahí. Una de las cosas que le pedimos al juez cuando salió la pericia indicando que los peces tenían 40 veces más contaminantes de lo permitido por el Código Alimentario Argentino, es que ponga cartelerías, que lo publiquen: “Estuario Contaminado”. El juez no lo consideró necesario.

Hay mucha gente que se acerca al estuario a pescar y luego consume. Creo que la gente entiende que la contaminación es una batalla perdida y el estuario el basurero de las empresas y el polo petroquímico.

Tomassi planteaba que debe haber organismos confiables respecto a las cuestiones ambientales y defendía al IADO. ¿Hoy existe esa fuente de información?

En la demanda pedimos al juez que no sean el IADO y la UNS quienes hagan los estudios y por suerte lo hicimos porque yo pienso en la posibilidad de que los informes que presentaron los puedan haber redactado las empresas y ellos sólo los suscribieron.

Lo bueno es que siempre está la posibilidad de extraer una muestra y mandarla a analizar, entonces sacas un pez joven y ahí está la información de todo lo que hay en el estuario.

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