/29 noviembre, 2021/inNoticias, Política, Pueblos Originarios

“El atentado de La Cámpora como el de Curipan afectan la seguridad pública y convivencia social”

“La mejor respuesta es mayor militancia, compromiso, expresión de las fuerzas políticas afectadas, como para ponerle un freno a estos nostálgicos y que no pase de una bravata.  La responsabilidad es del Poder Judicial en avanzar con la dilucidación de este tipo de atentados que son apologéticos del delito y que constituyen un delito”, dijo el concejal del Frente de Todos, Walter Larrea sobre el ataque a Olga Curipan.

El edil afirmó a FM De la Calle que “lo vivimos con un grado de preocupación muy grande, por un lado es burdo el contenido del panfleto que este pretendido grupo fascista ha emitido, tiene una redacción que parece más el Comando de Organización o la CNU del año 75 que una cosa agraviante en términos actuales. Más allá de eso, si bien no tengo corroborado el dato hubo algún tipo de atentado contra la sede de la comunidad mapuche que dirige Olga. Como FdT estamos mencionados expresamente en el comunicado a nivel local, provincial y nacional, como ese gobierno marxista y populista. De marxista tenemos poco, no por desmerecer sino porque la gestión del FDT escapa bastante de esta categoría”.

Larrea agregó: “Me consta que en los más altos niveles del gobierno nacional se ha tomado con la seriedad que corresponde a nivel del Ministerio de Justicia. Esperemos que el Poder Judicial ponga las barbas en remojo y que no así como con el atentado a La Cámpora que se han cumplido 6 meses sin ninguna novedad al respecto. Volvemos a lo de siempre, esto más allá de afectar a un colectivo particular o a una fuerza política es un atentado a todo el conjunto social, son hechos amenazantes, violentos, con un discurso fascista y terrorista donde incluso piden la libertad de los detenidos por las causas Triple A”.

Consultado acerca de la falta de información acerca del estado de la causa federal que investiga el ataque a la sede partidaria, sostuvo que “La Cámpora ha decido ser ellos con sus abogados quienes se presenten, es muy difícil acceder a información más reservada. Si hubiera algún avance sustancioso en la causa eso se debería conocer porque las informaciones penales no son secretas, más cuando se tratan de delitos que comprometen al orden público”.

“El atentado de La Cámpora, como este otro, afectan la seguridad pública y convivencia social. Infiero que no hay más comunicación porque no hay avance alguno, de esto deberían dar cuenta los responsables de la investigación cuanto fiscal como juez o juez a cargo. Me parece que debe haber poquito y nada”.

El atentado y la distribución de panfletos amenazantes motivó el repudio de organizaciones sociales, sindicales y partidos políticos, entre ellos, el bloque del Frente de Todos del Concejo Deliberante. “Bajo ningún aspecto podemos tolerar expresiones y actos de odio que atentan contra el espíritu democrático de nuestro pueblo. Nos solidarizamos y pedimos celeridad a la Justicia para evitar que otro acto de esta naturaleza quede impune en nuestra ciudad”, expresan.

“Un comunicado empresa una toma de posición publica y seguramente vamos a evaluar y solicitar a las autoridades correspondientes de los poderes ejecutivos, fundamentalmente del estado nacional que se den los impulsos necesarios, me atrevo a decir que organismos del Ejecutivo nacional podrían resultar como querellantes. Ocurre que vivimos en un sistema republicano y federal donde la independencia de poderes debiera estar preservada y hay que tener cuidado con las injerencias indebidas, por eso uno le reclama a uno de los poderes del Estado que avance como tiene que avanzar. Más allá de esta cuestión formal, la fuerza política que integro, las instancias del estado nacional y local deben arbitrar los medios para que es esclarezca. Insisto que la responsabilidad primaria en la persecución de los delitos la tiene el Poder Judicial”, concluyó.

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