Este viernes se realizará una jornada mundial de concientización sobre la crisis climática. En nuestra ciudad la convocatoria es a las 17 en Plaza Rivadavia y pondrá el foco sobre la actividad portuaria e industrial.

Las radios de AMARC nos (re)econtramos los días 13, 14 y 15 de agosto en la Ciudad de Buenos Aires, con FM La Tribu como anfitriona. Volvimos a la presencialidad, las charlas cara a cara y los debates que nos traen las realidades de nuestros colectivos.

El próximo sábado 21 de junio Supernova Jazz Trío presentará su disco doble Tres en el Teatro Municipal de Bahía Blanca. Si bien parte del trabajo pudo ser escuchado durante el espectáculo Tríptico en 2021, en esta oportunidad el grupo se abocará en detalle a su última producción discográfica.

Diversas organizaciones marcharon en Bahía Blanca contra el pago de la deuda externa. La calificaron como “un mecanismo de dependencia, entrega, sometimiento y vaciamiento en favor de los intereses de la banca y el gran capital y en contra de las mayorías populares”.

Organizaciones sindicales, territoriales y políticas se movilizan en rechazo al acuerdo con el FMI y por la inmediata suspensión de los pagos de la deuda.

Martín Guzmán presentó el Presupuesto 2022 en medio de discusiones internas  y cambios de gabinete tras la derrota electoral. “No es un presupuesto expansivo en términos de gastos, que camine hacia la recuperación de salarios, ni mayor gasto público”, dijo Maju Eliosoff en su columna de FM De la Calle.

A pocos días de la lectura del veredicto del juicio a cuatro ex integrantes de la Triple A, el Tribunal Oral bahiense restringió aún más el acceso a la audiencia impidiendo el ingreso de familiares y víctimas a Colón 80.

El miércoles pasado el juez Roberto Amábile informó que, el próximo 2 de agosto a las 11, “solo estarán habilitados a ingresar las partes, es decir, los querellantes y sus representantes legales (autoridades de HIJOS Bahía Blanca, autoridades de la UNS y familiares de Luis Jesús García), los familiares de David Hover Cilleruelo, los acusados y un acompañante, el Defensor y/o la Defensora Oficial y el representante del Ministerio Público Fiscal”.

Será así “en virtud de lo informado por el representante de la Universidad Nacional del Sur respecto de la imposibilidad de llevar a cabo las modificaciones edilicias necesarias para habilitar la concurrencia de público en el estado de emergencia sanitaria actual (fase 3) y con el objetivo de garantizar el cumplimiento de los protocolos sanitarios (nacionales y locales)”.

Consultado por FM De la Calle, el rector de la UNS, Daniel Vega, destacó que el problema de la sede del rectorado es que es “un edificio muy encajonado” con dificultades para garantizar su ventilación. “Existen alternativas, son obras en altura y hacer una intervención en un espacio tan emblemático de la institución requiere de procesos difíciles de llevar adelante en tiempos inferiores a un mes. No nos daban los plazos”.

“De todas maneras, entiendo que uno de los querellantes, H.I.J.O.S., solicitó que el aforo fuera mínimo -no fue indicado solamente por el jurado sino además por uno de los querellantes- y que la lectura del fallo se realice con un aforo similar al que venía sucediendo”.

Vega dijo que pusieron a disposición otras instalaciones como el Salón de Actos en Alem 1253 que cuenta con una habilitación para unas 80 personas. “El tribunal ha decidido mantener el desarrollo del juicio en Colón 80, tenemos las restricciones que hay por la pandemia, el aula magna no cuenta con la ventilación adecuada que vaya más allá que el aforo que tuvieron los juicios hasta ahora”.

El juicio

Raúl Roberto Aceituno, Juan Carlos Curzio, Héctor Ángel Forcelli y Osvaldo Omar Pallero fueron juzgados por haber sido parte de la asociación ilícita que cometió los 24 secuestros, torturas y homicidios que integran a causa. La mayor parte de las víctimas de la banda comandada por Rodolfo Ponce y Remus Tetu pertenecían a los ámbitos gremial y estudiantil.

La Universidad Nacional del Sur es querellante y está representada por el dr. Francisco Fuster. Respecto al veredicto, el rector afirmó que está “esperando con ansiedad” la lectura tras “un proceso muy largo” y adelantó que participará de la audiencia.

Recientemente el Consejo Superior aprobó un proyecto para otorgar un reconocimiento académico a David “Watu” Cilleruelo y las víctimas de la Triple A que pertenecían a la comunidad universitaria.

“Estamos a la espera del dictamen del jurado, en breve tendremos novedades, con lo cual el proyecto volverá al Superior en el transcurso de las próximas semanas”, aseguró.

Más información en juiciobahiablanca.wordpress.com

(Por Nacho Urruspuru) No sólo en Colombia se están viviendo días agitados. Por eso desde “Encuentros Latinoamericanos”* dejamos esta breve reseña con algunos acontecimientos importantes de la actualidad en el continente.

PERÚ

A un mes de las elecciones presidenciales del 6 de junio Pedro Castillo aún no ha sido proclamado oficialmente presidente. Con el 100% de las mesas escrutadas, se conoció, hace más de una semana, que el candidato de Perú Libre se impuso por 44.000 votos sobre la candidata de Fuerza Popular Keiko Fujimori.

Aunque parezca ridículo, la derecha acusa a la incipiente “Perú Libre” –casi sin estructura partidaria- de fraguar las elecciones a nivel nacional, algo que resulta cuanto menos inverosímil en un país gobernado hace 3 décadas por un mismo régimen neoliberal, donde todos sus presidentes están presos o procesados, justamente por corrupción. Incluso la propia Keiko Fujimori está bajo libertad condicional al detectarse que sus campañas presidenciales previas habían sido solventadas en parte con fondos poco claros de la empresa Odebrecht.

¿Qué esperar del gobierno de Castillo? Es una pregunta compleja. Cuenta con un gran apoyo de los sectores más postergados, principalmente de los sectores rurales y de pueblos originarios a quienes prácticamente dirigió casi la totalidad de sus discursos de campaña. Por otro lado, contará seguramente con todo tipo de presiones y maniobras de los grupos de poder concentrados, quienes claramente están dispuestos a postergar sus conflictos internos para atacar por todos los frentes posibles a este peligroso enemigo común llamado Pedro Castillo Terrones. Prueba de esta unión son los números de la primera vuelta (Castillo se impuso por una amplísima diferencia, casi duplicando a Fujimori), contrastados con los números finales del ballotage del 6 de junio (50.12% a 49.87%).

Seguramente la clave estará en manos del propio Castillo. Si cae en la trampa comenzará a mostrarse más moderado, negociando algunas concesiones con el poder, y dialogando con sectores que no dudarían en derrocarlo ante la mínima posibilidad.  Si efectivamente se pone a gobernar sin vacilaciones para quienes urgentemente debe hacerlo -los índices de pobreza son alarmantes y la pandemia ha golpeado a Perú como a nadie: 190 mil fallecidos en un país que apenas supera los 30 millones de habitantes. Primera a nivel mundial en muertes por millón de habitantes, casi duplicando al segundo puesto- aún a riesgo de ser tildado como dictador, y las esperables comparaciones con Venezuela, cosechará una adhesión social inédita para la política peruana de las últimas tres décadas. A su favor: La enorme crisis de representatividad de los partidos y dirigentes políticos tradicionales; y algo no menor, pegadito al sur y al este, tras la frontera ya no está ni Añez ni la OEA, está de nuevo el MAS de Arce y Evo Morales.

CHILE

Muchos cambios se están viviendo en Chile desde aquel histórico octubre de 2019. También en octubre pero del 2020 se aprobó por plebiscito la realización de una Convención Constituyente que redacte una nueva carta magna en reemplazo de la actual, vigente desde tiempos de Pinochet. Será la primera Asamblea Constituyente del mundo con paridad de género. En realidad casi: de 155 constituyentes 78 serán hombres y 77 mujeres). Además, contará con una representación contundente de pueblos originarios (17 constituyentes).

Mujer y mapuche es la lingüista Elisa Loncón Antileo, elegida presidenta de la Convención este fin de semana.

En noviembre son las elecciones presidenciales y, como preludio, hace 2 semanas la alcaldía de la capital, Santiago de Chile, quedó en manos de una mujer (Irací Hassler), que además es joven (30 años) y  comunista.

Por último, ante la baja concurrencia a las últimas elecciones (menor al 20%) se está impulsando una reforma legal para volver al voto obligatorio. La iniciativa ya fue aprobada por la Cámara de Diputados e irá pronto al Senado. Probablemente para Noviembre el voto dejará de ser voluntario, y todo Chile deberá acudir a las urnas para decidir si este cambio histórico toma mayor impulso o por lo contrario retrocede. 

NICARAGUA

También en noviembre habrá elecciones presidenciales, o por lo menos eso es lo que está estipulado. La cuestión pasa por saber si quedará algún candidato opositor al régimen de Daniel Ortega en condiciones de presentarse ya que hasta el momento, 4 candidatos a presidente y otros 9 dirigentes políticos han sido detenidos y se les ha iniciado procesos judiciales argumentando actitudes sediciosas y desestabilizadoras. Lo curioso es que algunos de los detenidos son ex funcionarios del propio régimen de Ortega, y en algunos casos, incluso han sido actores activos de la Revolución Sandinista de 1979.

BOLIVIA

Mediante un informe episcopal que emitió la dirección de la Iglesia Católica de Bolivia, se pudo saber que en las jornadas previas al golpe de estado de noviembre de 2019 se mantuvieron reuniones en la sede de la Universidad Católica Boliviana con el fin de definir cómo y quienes gobernarían tras el derrocamiento de Evo Morales. Asistieron eclesiásticos del más alto rango, políticos opositores y hasta embajadores de Brasil y España. En dichas reuniones, según el informe episcopal, quien decidió el nombramiento de Jeanine Añez fue el ex presidente de Bolivia, y uno de los líderes de la oposición, Carlos Mesa.

El posterior triunfo de Luis Arce en las urnas y la salida del gobierno de facto de Añez, que incluyó la huida de algunos ministros a Estados Unidos, posibilitó hacer una revisión sobre los múltiples hechos de corrupción en ese período. Es así que en una investigación contra el exministro de gobierno Arturo Murillo -detenido en EEUU por lavado de dinero y sobornos- se descubrió que Ecuador había enviado a Bolivia gases lacrimógenos y proyectiles de manera irregular apenas iniciada la dictadura, y en fechas coincidentes con las masacres de Sacaba y Senkata, donde se confirmaron al menos 36 víctimas fatales. Por estos hechos el ex presidente Ecuatoriano Lenin Moreno ha sido denunciado penalmente por el asambleísta Fausto Jarrín, y también ha sido exhortado a disculparse por el gobierno boliviano.

El mapa político de América Latina está en constante movimiento. Y en las calles de cada país la situación social, sanitaria y económica aceleran cambios que hasta finales de 2019 parecían muy lejanos.

Entrando al canal de Youtube: FMDELACALLETV podes acceder a la lista de reproducción con todos los capítulos de ENCUENTROS LATINOAMERICANOS.

*Encuentros Latinoamericanos: Espacio quesurge como un desprendimiento natural de la columna sobre actualidad latinoamericana que intentabamos concretar desde Foz do Iguazú con Fernando Romero Wimer para “El Despertar de la Calle”, programa que iba todos los sábados de 10 a 12, por FM De la Calle, 87.9 MHz.

La idea central que siempre guio esta iniciativa es la de generar un espacio para compartir información, experiencias y reflexiones sobre los distintos países y pueblos que conformamos Latinoamérica.

Con récord de muertes por Covid 19 en la ciudad, el intendente Héctor Gay y el gobierno de la Provincia de Buenos Aires definieron el pase a fase 3 desde este sábado.

En las últimas 24 horas se registraron 13 muertes. Fueron 68 en los primeros 15 días de mayo y 520 desde el inicio de la pandemia.

Hoy hay 3126 casos de coronavirus activos.

Ante la falta de controles evidenciada en las dos semanas transcurridas en fase 2, el principal cambio que se vería en los próximos días será la vuelta a la presencialidad en la educación. En ese sentido, el Municipio informó este mediodía que queda “a la espera de detalles y definiciones del Ministerio de Educación”.

Compartimos el comunicado:

A partir del informe epidemiológico presentado por el intendente Héctor Gay el día jueves, el gobierno de la Provincia de Buenos Aires dispuso oficialmente el traspaso de Bahía Blanca a fase 3 desde de hoy.

Contempla las siguientes actividades:

  • Clases presenciales (a la espera de detalles y definiciones del Ministerio de Educación).
  • Se restringe la circulación entre las 0 y las 6 de la mañana
  • Los locales gastronómicos deberán cerrar a las 23
  • Los comercios deberán cerrar a las 20, salvo aquellos esenciales

Actividades autorizadas:

  • Restaurantes y bares: espacios cerrados con el aforo del 30 %
  • Gimnasios: con aforo del 30 %
  • Shoppings: con aforo del 30 %
  • Museos: con aforo del 30 %
  • Eventos religiosos: hasta 20 personas
  • Natatorios: hasta 10 personas
  • Se podrán realizar eventos culturales, sociales, recreativos o religiosos en espacios públicos con máximo de 30 personas

Pasaron dos semanas de indefiniciones por parte de las autoridades locales y provinciales a pesar de las advertencias del sistema de salud ante el rápido aumento de casos de Covid.

Hoy la ciudad está finalmente en Fase 2. Sin embargo, desde la cooperativa que gestiona el Centro Cultural La Panadería decidieron solidariamente adelantarse y cerrar sus puertas el último fin de semana.

“Vemos que en la ciudad explotó en forma más que evidente el virus y el sistema sanitario está pidiendo colaboración porque los hospitales no están dando a basto. Analizamos que, en realidad, lo que estamos generando es movimiento de gente en un momento en el que el sistema pide a gritos frenar la circulación”, dijo Alberto Rodríguez a FM De la Calle.

Agregó que “no tenemos ningún tipo de apoyatura de quienes deberían estar señalando los riesgos y a su vez ayudarnos a que podamos tomar medidas y no sufrir lo que sufrimos económicamente”.

En febrero comenzaron las actividades, talleres y espectáculos, “se estaba dando ’15 cajones’ los viernes y otras 3 obras más. Habíamos hecho una inversión importante en sanitización del espacio, estábamos listos para los cuidados que teníamos que tener, las funciones se estaban dando cumpliendo las medidas. Las entradas se reservaban telefónicamente, con separación entre butacas. Estuvimos con el aforo del 30 y el 50% y volvimos al 30%. El público cumplía y en ningún momento se sacaba el barbijo”.

Por otro lado, Rodríguez mencionó que “el sector cultural ha tenido una sola apoyatura que ha sido a partir de Nación, del Instituto del Teatro y del Ministerio de Desarrollo. Provincia tuvo un solo aporte, llego a los 2 o 3 meses, se demoró en el Municipio, son 48 mil pesos, nada más que de agosto. De mantenimiento son 20 mil lo que tenemos por mes. Ya este año estamos mirando a ver cómo lo vamos a llevar adelante”.

Consultado respecto a la propuesta de implementar una sobre tasa a los sectores económicos que no se perjudicaron o se vieron favorecidos por la pandemia, Rodríguez opinó que “hoy podemos decir que son extraordinarias por la pandemia, está situación extraordinaria post pandemia también la vamos a tener”.

“Esta bien una tasa a quienes han seguido ganando en plena pandemia, pero y ¿después? La post pandemia, el hambre y la falta de trabajo hacen que el impuesto a la riqueza no tuviera que ser extraordinario. Habría que empezar a pensar en una tasa anual para ayuda a merenderos, comedores, generar políticas de trabajo y en lo cultural también”.

Desde hace un año, alrededor de 400 familias esperan por un plan que les permita acceder a las tierras que ocupan en Don Bosco al 3900.

Parte de los lotes habían sido entregados en comodato por la Administración de Infraestructuras Ferroviarias Sociedad del Estado a la Unión Ferroviaria para la construcción de viviendas. Eso nunca ocurrió y vecinas y vecinos comenzaron a lotear.

“Estamos organizados, hemos hecho manzanas, somos más de 390 familias. No supimos más nada del Ferro, nunca se comunicaron, tampoco la Municipalidad, han firmado un acuerdo para ceder las tierras a la gente que está ocupando. Seguimos como al principio”, comentó a FM De la Calle Carina, una vecina del barrio .

A principios de marzo, el Municipio informó sobre la firma de dos convenios con el presidente de Trenes Argentinos Infraestructura (TAI), Alexis Guerrera, para el uso de tierras ferroviarias. El primero se trata de un predio ocioso que será utilizado para la construcción de instalaciones y desarrollar actividades de protección ambiental. En el segundo, las tierras serán destinadas a la inclusión social a través de proyectos deportivos.

Carina agregó que una “parte iban a ceder para emprendimientos y otra parte para viviendas, supuestamente a quienes estamos ocupando no nos iban a mover. La Unión Ferroviaria tenía 5 años para hacer un proyecto de vivienda y por lo que tengo entendido nunca se hizo por presupuesto”.

Las familias decidieron comenzar a lotear los terrenos para intentar obtener la conexión a los servicios. “En Tierras Argentinas están conectados a la red de Puertas del Sur, mucha presión de gua no hay. Del lado de Don Bosco no se han podido enganchar porque nos denuncian. Están la mayoría a vela” .

Muchas familias viven precariamente “porque tienen miedo que los saquen, y muchas por la pandemia y la desocupación ya se fueron instalando”.

“Hay gente que alquilaba y que con la desocupación no les quedó otro remedio que ocupar. Hay gente desocupada, otros que tienen su trabajo pero alquilan y hay muchos que no les da el presupuesto para seguir alquilando”, dijo la vecina.

Comentó que “seguimos con el merendero, estamos todos los sábados desde las 16 en Pampa Central y Calvo. Recibimos donaciones, ropa, alimento, chapas, tirantes, todo sirve”.

El economista Francisco Cantamutto explicó los alcances de la denuncia presentada por el titular de la Oficina Anticorrupción, Félix Crous, sobre el acuerdo con el FMI.

La “querella criminal” contra funcionarios macristas había sido anunciada por el presidente Alberto Fernández y recayó en el Juzgado Federal a cargo de María Eugenia Capuchetti

Los denunciados son “el ex presidente Mauricio Macri, Nicolás Dujovne, en su rol de Ministro de Hacienda; Luis Andrés Caputo en su doble carácter de Ministro de Finanzas y Presidente del Banco Central; y finalmente Adolfo Sturzenegger y Guido Sandleris como Presidentes del Banco Central.

Se les imputa “defraudación por administración infiel agravada por ser cometida en perjuicio de la administración pública y malversación de caudales públicos”.

“La querella es algo de lo que no hay antecedentes, en esta demanda no están incluidos los funcionarios del Fondo porque tienen inmunidad diplomática”, comentó Cantamutto a FM De la Calle.

Agregó que “la movida que está haciendo el gobierno no va por el lado de poner un castigo o una amenaza a futuros gobiernos que planeen hacer lo mismo. Las penas no serían de cárcel efectiva, tampoco es que les ocasionaría un daño patrimonial. Sí sería una suerte de amenaza y funcionaria como palanca para discutir el préstamo en el Fondo”.

El economista dijo que “en las últimas semanas se reveló que el FMI le propuso a Dujovne poner controles de capitales para evitar que el préstamo se fugara y Dujovne se negó. No solo generó daño en Argentina sino que generó daño en el FMI que le prestó la mitad del patrimonio a un país que no podía pagar”.

¿Estas denuncias van a permitir que la Argentina consiga que le condonen deuda? “No, es un elemento más de presión diplomática y social”.

Por otro lado, Cantamutto destacó que todavía no se conoce la postura de Estados Unidos. “Ha tomado relevancia la premura por lograr un acuerdo. En un principio era abril, mayo, pero ahora no va a pasar. Quieren un acuerdo que vaya en línea con un plan a 20 años sin reformas estructurales. El FMI plantea uno a 10 años y sin reformas estructurales o que solo insistan en ajuste fiscal”.

“El otro alivio proviene de que el gobierno de Biden aceptó ampliar la emisión Derechos Especiales de Giro (DEG) que es la moneda del FMI”.

Cantamutto explicó que “el FMI se maneja con DEG, cada país tiene una cuota de participación y en función de eso es lo que se le puede prestar. Argentina tiene cuota bastante pequeña, comparte espacio con países del Cono Sur. En la otra punta esta EE.UU. que comparte el 16,5% de los DEG, el truco es que para cualquier decisión se requiere el 85% de los votos y sin EE.UU. no se puede hacer nada”.

Posponer los plazos de la negociación significa que “gana tanto el FMI como el gobierno, es poco probable que haya novedades antes de la elecciones”.

El secretario general de la UTA, Ricardo Pera, fue citado a indagatoria en el marco de la causa por violencia machista iniciada a fines de 2019 a partir de una denuncia de su ex pareja.

Deberá presentarse este jueves a las 11 en Moreno 25. La IPP N° PP-02-00-026646-19/00 caratulada “Pera, Ricardo Javier s/Lesiones agravadas, Amenazas” está a cargo del fiscal Juan Pablo Schmidt.

En diciembre, el ex concejal del massismo fue condenado por lesiones leves y amenazas.

La denuncia

Laura Trespando se presentó en Fiscalía el 20 de diciembre de 2019 junto a su hija de 22 años para dar cuenta de la violencia machista que padecía su familia y solicitar una medida de protección.

«No me hagas enojar negra», decía el acusado luego de golpearla, maltratarla o insultarla. Los «coscorrones» alcanzaron incluso a uno de los hijos -menor y con trastorno autista- de la mujer. Fue el fin de la relación.

La denunciante y su hija trabajaban en Bahía Transporte Sapem de donde fueron despedidas «sin causa». El entonces presidente de la empresa, Tomás Marisco, el gerente Federico Harfield y el propio intendente Héctor Gay estaban al tanto de la situación y, sin embargo, acataron las órdenes de Pera.

«Mi despido fue el paso final de todo este manoseo político y gremial para que yo no denunciara antes de las elecciones. Esto fue acordado por todas estas personas que yo nombro en esta denuncia», afirmó Trespando a FM De la Calle.

La víctima manifestó, además, que fue obligada por directivos de UTA a renunciar al sindicato y a la mutual que cubría costosos tratamientos médicos que necesitan sus hijos.

La indagatoria

En los últimos meses se incorporaron al expediente testigos, fotografías, pericias psicológicas y evidencias tecnológicas que acreditaron la denuncia y se solicitó la declaración indagatoria.

El abogado defensor, Sebastián Martínez, aportó la misma historia clínica con la que el imputado pretendió esquivar su presentación en el juicio por las agresiones ocurridas en el Concejo Deliberante.

Descartadas las excusas se lo convocó a declarar mañana ante el fiscal. Según informaron desde la querella a FM De la Calle, Martínez presentó nueva documentación de la Clínica Modelo planteando que Pera no está en condiciones y que por un cuadro de estrés debe ser atendido en un centro de salud adventista de Entre Ríos.

Hasta anoche, el fiscal Schmidt no había resuelto al respecto. Si la citación se mantiene y el dirigente de la UTA no compareciere podría ser declarado en rebeldía.

La condena anterior

Pera fue condenado a fines de 2020 a un año y diez meses de prisión de ejecución condicional por agredir a dos de sus pares en el recinto del Concejo Deliberante. Los hechos, de los cuales resultaron víctimas Sergio Massarella y Gustavo Mandará, ocurrieron durante un cuarto intermedio de la Asamblea de Mayores Contribuyentes del 2015. Fueron calificados como lesiones leves y amenazas.

El titular del Juzgado Correccional N°1, Gabriel Giuliani, determinó que el secretario general de la UTA deberá realizar «un tratamiento sicológico para abordar la problemática que subyace del hecho por el cual fuera condenado, previo dictamen que efectúe la Asesoría Pericial Departamental». Por otro lado, el ex edil no podrá «entablar contacto por cualquier medio con las víctimas».

Será esta tarde a las 19 en la Plaza Rivadavia, “Nos autoconvocamos por Úrsula y todas las víctimas de violencia machista”, dice el llamado.

Se trata de una movilización que tiene origen en el reclamo por el femicidio de la joven de 18 años de la localidad de Rojas, provincia de Buenos Aires. Úrsula fue asesinada por su ex pareja, Matías Ezequiel Martínez, agente de la Policía Bonaerense.

El lunes por la noche cuando amigos, amigas y familiares se presentaron en la comisaría de dicha localidad para pedir justicia, la policía disparó balas de goma e hirió a varios manifestantes desde adentro de la dependencia.

Úrsula había denunciado en, al menos, 17 oportunidades a Martínez por amenazas y violencia de género. El policía tenía una medida de restricción perimetral que había violado dos días antes del crimen.

Según datos del Observatorio Ahora que sí nos ven, en lo que va del 2021 se produjo un femicidio cada 25 horas. El 70% de los femicidas son parejas o exparejas. Cuatro de ellos son integrantes de las fuerzas de seguridad.

El concejal de Juntos por el Cambio, Federico Tucat, dijo a FM De la Calle que la Plaza Lavalle/ del Sol/ de la Memoria “no está bien” y que recibe “constantemente pedidos de mejoras, más forestación o planteos que es un lugar donde el espacio de losa es más grande que el espacio verde”.

Ayer, integrantes del oficialismo y la oposición recibieron en el Concejo Deliberante al colectivo Abrazo a la Plaza, el cual se opone a la destrucción de dicho espacio público para ubicar allí cocheras subterráneas y una nueva plaza que perderá casi todo el arbolado.

“Si lo que no se quiere generar es una isla de calor, hoy la Plaza Lavalle es una isla de calor. Quizás en la futura plaza se pueda justamente hacer lo contrario, que tenga más césped, más tierra y no tanto espacio de vereda como tiene hoy”, argumentó.

En relación al arbolado mencionó que “el privado adjunta un informe hecho por un ingeniero forestal que plantea la conservación de especies de valor patrimonial y cultural y de las palmeras. Los árboles restantes que son siete, plantea trasplantarlos dentro del mismo ámbito de la plaza, moverlos en las áreas que se van a peatonalizar en las calles de los costados, generar una recomposición de árboles, una forestación con arbustos y plantas de menor porte”.

Tucat reconoció que el estudio de las napas presentado por Fidetrust “es de 1980 y a nadie escapa que es razonable que haya un estudio más actualizado, la napa tiene una altura variable, en 1980 estaba a tres metros y ahora no se sabe”.

En relación al tránsito aclaró que “fue importante un estudio de impacto del tránsito porque generar un lugar de cocheras podría generar un impacto negativo, el informe dice que se puede generar una buena fluidez”.

“La presentación del informe técnico que sustenta que con el trabajo de ingenieros, generando una correcta intervención, no tendrían riesgo los edificio aledaños de fisuras ni rupturas. Los ingenieros nos expresaban que en términos generales es bastante simple cimentar”, comentó el concejal.

Tucat aseguró que quedó sin resolver “la cuestión de qué iba a pasar con el cementerio. Yo preguntaba si se dice que no se puede intervenir porque abajo hay un cementerio porqué se pudo intervenir antes”.

Respecto al proyecto general dijo que “el plano de la plaza, si bien en el expediente hay diseños, son tentativos. El siguiente paso, de aprobarse, es una obra civil con una propuesta concreta. Existe la posibilidad de intervención, de trabajar de manera colaborativa y participativa, que tenga más capacidad arbórea, más espacios verdes, que contemple un anfiteatro. No hay una propuesta cerrada del dibujo de esa plaza”.

“Independientemente del ánimo de lucro de un privado sobre la plaza y las cocheras subterráneas, no creo que no podamos aprovechar la oportunidad para mejorar la plaza”.

“El área de espacios Públicos hace tiempo que viene trabajando en la reforma de la Plaza Lavalle. Aquí hay una concurrencia de cosas, de ninguna manera el privado puede venir a imponer yo quiero esta plaza, en todo caso será una propuesta. Si me tengo que adelantar a una autocrítica debería haber generado un proyecto participativo. Acepto que puede tomarse como que surge a partir de un privado pero no creo que sea así”, afirmó.

En referencia al “polo gastronómico” que se proyecta instalar en el Mercado Municipal, mencionó que “no son marcianos los que aprovechan el espacio, son vecinos y vecinos. No tengo una encuesta socioeconómica. El movimiento que tiene el pasaje Anchorena no es el mismo movimiento que tenía antes, se puede ver diversidad de personas, me parece que ha sido positivo”.

“Esos lugares dan trabajo, apuntan al desarrollo de la ciudad, no concuerdo que sea solo el beneficio de un sector, es verdad que se le da prominencia a los privados pero son los que proponen”, concluyó.

ATE denunció el despido de una trabajadora social del área de Niñez del Municipio. El gremio advirtió que la comuna incumple con la Ley de Trabajadores Municipales y la de Contrato de Trabajo dado que la profesional era monotributista hace más de un año.

“El día jueves le hicieron firmar la renovación para continuar en enero y el viernes le llegó el cese. Esta compañera está como monotributista, una ilegalidad del gobierno municipal muy importante porque a partir de este año no puede quedar nada más que el 20% de trabajadores contratados”, dijo la secretaria general Viviana Marfil a FM De la Calle.

Agregó que van a hacer presentación a nivel provincial. “Están prohibidos los despidos, el Municipio se escuda en que son contratadas. Es grave que el área de Niñez deje sin trabajo en el medio de una pandemia cuando se necesitan más trabajadores”.

“Si lleva un año y medio trabajando no puede ser monotributista tiene que ser contratada. Este es el primer caso, estamos saliendo públicamente para evitar otro despido, estamos presentándonos al Ministerio de Trabajo”.

Marfil comentó que “tenemos gente precarizada de lo peor, desde el Estado -que es el ente de control- para pasearlos de acá para allá y definir sobre la necesidad de la Subsecretaría. No existen explicaciones, se les dicen no se requieren más los servicios”.

Contexto

La trabajadora social despedida se desempeñaba en el Servicio Local de Niñez. Según informó el Consejo Local de Niñez y Adolescencia, durante la vigencia del aislamiento obligatorio se observó “malestar y agotamiento” en los equipo técnicos y se deterioró “la capacidad de respuesta, agudizada por la complejidad de los casos”.

“En respuesta a esta situación se generó una mesa de trabajo compuesta por nueve integrantes del Servicio Local a fin de cubrir, acompañar y dar respuesta, en particular, en los casos que haya compañeros que están solos o equipos incompletos”, destacó el ente.

El informe describe las siguientes consecuencias:

Desde el punto de vista de los equipos técnicos, que presentaron una posición unificada, las intervenciones durante la pandemia exponen:

  • La profundización de las debilidades y vulnerabilidad preexistentes del sistema de promoción y protección de la niñez.

a. Alejamiento de las políticas municipales en materia de niñez de los principios de integralidad, corresponsabilidad e interdisciplinariedad. El abordaje de las situaciones que llegan al Servicio Local, en la práctica carece de estos principios. Por ejemplo, hay equipos incompletos desde antes de la pandemia. Sumado a ello, se han producido cambios en los equipos (los profesionales no pueden sostener el trabajo debido a la precariedad laboral y al agotamiento por la falta crónica de recursos) lo que repercute directamente el en seguimiento de los NNA y sus familias.

b. Falta de idoneidad de quienes asumen las direcciones, sin dejar de lado que los cargos necesitarían ser concursados a fin de garantizar sus posicionamientos, esto es: asumir su función per se.

c. Recortes y desmantelamiento del sistema, en especial, en los últimos años.

d. Ausencia de protocolos claros, incluso antes de la pandemia.

e. Falta de lineamientos claros para las intervenciones. (La existencia de dichos lineamientos implica un posicionamiento técnico-teórico y la asignación de recursos).

f. Desarticulación de espacios de encuentro y de supervisión.

g. Ausencia de contextos de cuidado para niños, niñas y adolescentes y también para los trabajadores.

h. Recursos insuficientes, acompañantes terapéuticos e implican un armado “artesanal” de las intervenciones por parte de los equipos.

i. Aumento de la demanda durante el segundo bimestre de la cuarentena y mayor complejidad de los casos.

  • Precarización de las condiciones laborales, el 50% del personal es contratado.

Condiciones laborales precarizadas (el ingreso remunerativo en la actualidad corresponde exactamente a la mitad del ingreso en comparación con los trabajadores de planta llevando a cabo la misma función y cumpliendo con los mismos requerimientos). Por tal motivo, demandan el pase a planta de los contratados.

El ministro de Economía, Martín Guzmán, recibió ayer a integrantes de la delegación del Fondo Monetario Internacional en el marco de la renegociación de la deuda de US$ 44.000 millones.

“Hubo una visita hace dos semanas, fue una ronda preliminar para hacer un diagnóstico, se reunió con distintos sectores socioeconómicos tratando de identificar las demandas locales y dónde está la resistencia”, explicó Francisco Cantamutto en su columna de FM De la Calle.

El economista agregó que “esto tiene que ver con cómo trabaja el FMI, suele haber una idea de que impone un programa casi forzosamente. Sin dejar de decir que hay presiones, lo cierto es que no es la manera en la que actúa el organismo”.

Cantamutto aseguró que “lo que el FMI hace es dejar que sean los propios responsables de la política económica quienes decidan cuáles van a ser las prioridades. Esto tiene que ver con lo que se habla del ‘nuevo fondo'”.

“No se sabe qué se va a pedir -enfatizó-. En primer lugar, la consolidación fiscal, el FMI ya se ha expresado. El gobierno está actuando en consecuencia como, por ejemplo, el retiro del IFE del presupuesto del año que viene”.

Señaló que “habla de mejorar una estructura impositiva pero si vemos en el acuerdo que firmó con Ecuador el mes pasado, sube el IVA. Si en Argentina el Fondo va a ir por el Fondo de Sustentabilidad de ANSES todavía no sabemos, si va a pedir reforma previsional y laboral, no sabemos pero es probable. Lo que está claro es que va por el lado de ajuste fiscal”.

Cantamutto recordó que “el organismo está tratando de ordenar una crisis de deuda a nivel mundial. Todos los acreedores, el FMI y otros organismos multilaterales, explican poco de las deudas, las mayores vienen de uno de los países que no se sienta en la mesa: China. Por otro lado, los acreedores privados que no tienen organismo ni mecanismo de control. La deuda ha empeorado sus indicadores a raíz de la caída del PBI del último año y depende de lograr reestructurar los tramos que siguen”.

(Por Astor Vitali) Ayer, intentando reflexionar fuera de la lógica estúpida de la grita, referimos al peronismo, al antiperonismo y al no peronismo. Acerca del antiperonismo sostuvimos: “El antiperonismo está desplegando un discurso violento y sus dirigentes deben resolver si quieren seguir camino a sus antecesores del 55, es decir, a aquellos capaces de masacrar a su propio pueblo o serán capaces de hacer política. Si optan por lo segundo, necesitarán formar cuadros puesto que su dirigencia actual es conceptualmente paupérrima”. Lo ocurrido en las últimas horas en torno al debate de la accesibilidad en espacios públicos es un caso ejemplificado, a través de la figura de Tomás Marisco.

En las últimas horas, Mara Recondo, del Observatorio de Discapacidad de Bahía Blanca, señaló que en las intervenciones de calle Anchorena y Plaza de la Resistencia y la Memoria (Lavalle) la Secretaría de Movilidad Urbana de Bahía Blanca, a cargo de Tomás Marisco “no convocó al Observatorio de Discapacidad de Bahía Blanca para el pedido de opinión sabiendo que fue un pedido que se le hizo a Héctor Gay”. Agregó que “sería importante que podamos brindar nuestra opinión como usuarios antes de que terminen la obra. El art.4 de la Convención de los Der.PCD establece la participación ciudadana”.

Es decir, una parte integrante de un ente pensado para aportar a las políticas públicas está cumpliendo su función, es decir, observando problemas ante una acción de urbanización del gobierno municipal. La respuesta correcta para un funcionario público ante una manifestación de estas características debería ser disculparse por haber incurrido en la falta de planificar y ejecutar sin tomar en cuenta la opinión del órgano que fue creado a tal fin y ponerse a disposición para realizar las modificaciones pertinentes en dicho espacio público. Ahí debería terminarse la historia.

En cambio, el funcionario público Tomás Marisco decide declarar en Frente a Cano que el planteo le pareció “raro” y que “no me ha sonado el teléfono ni me ha llegado una nota personal por parte de ellos”. Hay que decir que consta que el observatorio pidió ser consultado para la toma de definiciones de estas características. Por otra parte ¿qué tiene de raro que una integrante del observatorio de discapacidad haga observaciones sobre aspectos discriminatorios de una planificación urbana? ¿No es precisamente esa su función?

No contento con buscar confrontación en lugar de consensos, el funcionario sostuvo que ahora “es un lugar es mucho más amigable, más seguro y más accesible”(sic). Para profundizar el encono, nuevamente decide ocupar un lugar de tribuna política en vez de su rol de funcionario público y afirma: “Quiero creer que no hay una intencionalidad detrás de esto” y que la integrante del observatorio “está en todo su derecho de recurrir a la vía judicial. No sé si es un reclamo de ella o de todo el Observatorio quiero creer -que el reclamo- no es personal, ni político, ni partidario”.

En este punto se incurre en el intento de estigmatización, sugiriendo que un planteo que es válido desde todo punto de vista, estaría motivado, según intenta instalar Marisco, por motivaciones políticas partidarias. A este respecto, ocurre lo que siempre ocurre: una persona que accedió a un cargo público mediante la vía electoral (partidaria) confunde a la ciudadanía achacando un sesgo negativo a la militancia partidaria e intentando descalificar a través de la incorporación de un elemento maniqueo que no era parte de la discusión. Es decir, en su rol de funcionario público, lo que Marisco debería discernir es si el planteo que hace Recondo debe ser reconocido en tanto es legítimo y legal y ya. Si se incurrió en una acción discriminatoria: corregirla. En lugar de eso, mostrando absoluta incapacidad política para dirimir un conflicto de lo más normal, se ocupa de perseguir mediáticamente a quien está haciendo una observación sobre políticas de urbanización, es decir, cumpliendo su función.

Pero la brutalidad política no tiene límites. En la misma entrevista, una persona que tiene rango de secretario redobla la apuesta y dice: “es una muestra de lo que vamos a llevar cabo en Arribeños, Beltrán, en la plaza y en el Mercado Municipal”. O sea, además de me importa nada lo que diga el observatorio, vamos a seguir haciendo lo mismo aunque sea incorrecto. Fiel a la política de manipulación pseudo estadística, Marisco sostiene que “para el 85 y 90 por ciento (de la población) tuvo una aceptación excelente”. Es decir, si un sector manifiesta desaprobación por motivos tan válidos como su derecho a la accesibilidad ¿se jode porque el resto está de acuerdo?

Recondo dejó en claro en sus declaraciones a través de la red social Twitter que “la accesibilidad es un derecho humano”.

Esta discusión de un tema en apariencia menor da cuenta del carácter autoritario del ejercicio del poder y del lugar que ocupan los espacios de participación ciudadana como el observatorio para Juntos por el Cambio: pura formalidad. Hacen lo que definen puertas adentro del gabinete sin tomar en cuenta ninguna opinión de la comunidad.

No es lo mismo militar la tribuna que ejercer la función pública. En la función pública, ante una observación de un órgano de participación comunitaria basado en preceptos de toda validez y legitimidad, el gobernante debe admitir sus errores y corregir. Elegir la hostilidad hacia la propia ciudadanía es elegir la anti política. Ese tipo de dirigentes produce la escuela antipopular. Esa política de confrontación contra la comunidad tiene un solo derrotero: el ataque a la comunidad. Si la derecha vernácula tiene en sus planes continuar en la vida política, deberá rever la calidad de dirigentes que pone en lugares tan sensibles para la vida en comunidad. La política es una herramienta para mediar posiciones y llegar a consensos. La actitud de este funcionario, por el contrario, representa la anti política y la chabacanería propias del patrón de estancia.