“El informe da cuenta de la complicidad institucional”
La subsecretaria del Ministerio de Género y Diversidad Sexual, Lucía Portos, dialogó con FM De la Calle en relación a la presentación del primer informe sobre “Incumplimiento de la Obligación Alimentaria”, realizado por la Provincia de Buenos Aires. El documento pone en evidencia el problema estructural que, desde la perspectiva de la violencia económica, profundiza desigualdades.
“Veníamos viendo, a raíz de nuestro trabajo territorial, una arista de la violencia económica que era desatendida, notamos que en el momento en que los varones se evaden de las responsabilidades parentales, en este hogar monoparental, hay un fenómeno de empobrecimiento veloz que tiene como resultado los números de pobreza infantil”.
Se realizó un proceso de trabajo metodológico y psicológico que da cuenta de cómo se produce el fenómeno del empobrecimiento. El informe combina una metodología cuantitativa, que mide en números a partir de una encuesta que se hizo en todo el territorio de Buenos Aires, con mujeres a cargo de hijes de los 135 municipios de la provincia; además de una cualitativa, con entrevistas que se hicieron a personas que atraviesan esta dificultad o tienen a cargo la responsabilidad de definir cómo se resuelve.
“Es el primero de su tipo en nuestro país, incluido luego el de UNICEF que hizo una encuesta en el mismo sentido y los números son similares a nuestros resultados. El dato más relevante es cómo ni siquiera sabemos cuáles son nuestros derechos porque están ocultos en el ordenamiento jurídico y tampoco nadie nos lo explica”, comentó Portos.
Casi la mitad de las encuestadas (45,9%) dijo desconocer el marco normativo que delinea los contornos de la determinación y cumplimiento de la obligación alimentaria respecto a la Ley N°26.485 de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales.
“Nos cuestionamos cómo privatizamos los conflictos y nos desprendemos de los fenómenos que son sociales y culturales, cuando un varón se puede desprender sin gastos personales de su responsabilidad parental es porque hay un montón de personas que están haciendo la vista gorda”.
La subsecretaria expresó que “estamos buscando justicia y la necesidad de que reconozcan lo que cuesta hacerse cargo de un hijo en un contexto complejo en lo económico”.
En cuanto a las conclusiones principales, más de la mitad de las mujeres encuestadas (51,2%) indica no percibir ningún tipo de aporte por parte del progenitor de sus hijas y/o hijos. Dentro del grupo de encuestadas que indican que el progenitor aporta dinero en concepto de obligación alimentaria (41,2%), un 24,9% menciona que es realizado de manera regular y un 15,3% de manera irregular. Es decir, más de la mitad de las encuestadas (66,5%) no recibe obligación alimentaria, o sólo la percibe eventualmente.
“El nivel de incumplimiento es altísimo, la mitad de las personas que quedan a cargo de sus hijos después de la ruptura de pareja, dicen no recibir nada de dinero de la otra persona, que generalmente es el varón”.
“Esto es evidentemente la explicación de la pobreza infantil. Lo principal que tiene que hacer el Estado es reconocerlo, por eso al final del informe se presentan algunas recomendaciones principales para poner este tema en prioridad y avanzar en conjunto”, dijo la funcionaria.