El intendente Gay debería protegernos
(Por Astor Vitali) La expectativa social acerca del rol de un jefe político sobre su población contiene la noción de protección. Vos esperás que ante una agresión física y, por consiguiente, una transgresión de los pactos sociales, la autoridad política a cargo te proteja a vos y condene al agresor. ¿Para qué se le endilgan sus facultades sino para velar por los acuerdos válidos para la comunidad?
Una empresa contratada por el gobierno de María Eugenia Vidal realizaba obras en el Jardín 932. Se esperaba que culminara el primero de marzo. Están haciendo al menos cloacas, embaldosado y pintura. Desde inspección local arguyen también que el error inicial fue cometido por provincia ya que hablaron de un plazo de 35 días y esto no era posible por la magnitud de la obra. Obra que hasta el momento está realizada en un cincuenta por ciento.
Los inspectores del área dicen haber tomado nota de las irregularidades ocurridas durante la obra.
Otro tema aparte es la abúlica burocracia que supuestamente el gobierno actual venía a modificar con la modernización del estado. Ocurre que como las obras dependen de una dirección provincial de infraestructura escolar si decidieran cambiar de empresa todo lleva unos tiempos que no van de la mano de las necesidades inmediatas.
En los últimos días, ante la consulta del consejo escolar dieron respuestas contradictorias como que lo terminarían en una semana y luego dijeron que en cuatro.
El miércoles la directora del establecimiento fue golpeada por el capataz de la obra. Dicho a lo criollo, le “rompió la cara”. Concretamente, un diente.
¿Y esto? ¿Qué se hace con esto? Veamos qué se hizo. Ayer, en una reunión exigida al consejo escolar, se dijo que retiraron al capaz. La directora informó a la presidenta del consejo en el momento en que ocurrió. Esto fue el miércoles al medio día. La presidenta no dijo una palabra a quienes integran el cuerpo. En cambio, le pidió a la consejera encargada del jardín que buscara un edificio para mudarlo.
O sea que en primera instancia la respuesta es silencio, cobijo del agresor de exposición pública y del grave hecho en un establecimiento público cuya responsabilidad política es provincial, en lugar de la denuncia pública a una integrante del sistema educativo. Mal por la autoridad del consejo.
Pero un hecho posterior evidencia que la estrategia del silencio venía de arriba. El intendente citó a la directora agredida a su despacho. Hasta allí, muy bien, le da la entidad que corresponde al tema. Sin embargo, el intendente le solicito que no lo hiciera público. Gay la indujo a no presentar el asunto en los medios.
¿Por qué? ¿El intendente teme que el asunto caiga mal en su campaña? ¿El intendente protege a su Vidal? ¿El intendente protege a la empresa? ¿El intendente protege al agresor? ¿Qué le preocupa a Gay de que se haga pública una situación ocurrida?
Se dice siempre que ante una agresión la mejor defensa es que los asuntos tomen estado público ya que ante cualquier hecho indeseado al menos los ojos están alertas sobre los movimientos del posible agresor. A todo esto se suma que la directora recibe amenazas por parte de familiares del capataz. Amenazan a sus hijos y al jardín. Horrible.
No vayas a los medios, es la preocupación oficial.
Como decíamos se espera de un jefe político que proteja a su comunidad. ¿Qué sensación te da si quien debe protegerte te pide que te calles la boca cuando te agredieron? ¿Qué opinión nos merece un jefe político más preocupado por el qué dirán que por generar un mensaje simbólico de que esto no puede ocurrir? ¿No debería haber denunciado y repudiado el hecho para mostrar que esto no puede ser tolerado? ¿En qué lugar de la virtualidad del pensamiento macrista se ubica el silencio?
Ah, eso sí. La empresa fue contratada por el gobierno provincial que dice que quiere negociar con los docentes pero “con los pibes adentro” de la escuela. Este caso es uno más donde los pibes y las pibas no tienen clases porque lo que no tienen son autoridades políticas que garanticen las condiciones necesarias para el ejercicio del derecho a la educación.
