“Es el camino elegido para poner el ajuste en marcha: represión y más represión”

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, presentó un protocolo “anti-piquete” que habilita a las fuerzas federales a intervenir en las protestas sociales contra el ajuste. La referenta de CORREPI, María del Carmen Verdú, destacó en FM De la Calle la necesidad de reforzar los vínculos entre las organizaciones sociales.

“Las 4 fuerzas federales, más el Servicio Penitenciario Federal, van a intervenir frente a cortes, piquetes o bloqueos, sean parciales o totales. La ley no se cumple a medias, se cumple o no se cumple”, dijo la ex candidata presidencial de Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich.

Bullrich refirió que intervendrán en zonas federales por lo que deberán trabajar mancomunadamente con fuerzas provinciales. “Emplearán la mínima fuerza necesaria y suficiente y será graduada en proporción a la resistencia”, expresó en conferencia de prensa.

Verdú aseguró que “cuando se anunciaron las primeras medidas del gobierno recién asumido señalábamos de CORREPI que había señales muy claras de la escalada represiva que se venía con las designaciones de funcionarios en Seguridad. Es el camino elegido para poner el ajuste en marcha: represión y más represión”.

Otra de las medidas anunciadas contempla la identificación de “los autores, cómplices e instigadores de este tipo de delito, a los vehículos y sus conductores, se van a registrar todas las infracciones administrativas o penales existentes y se va a proceder a incautar a los vehículos que no estén bajo las normas de tránsito o cuyos conductores no tengan la documentación que tienen que tener”.

“Ahora lo que plantea es prohibir todo reclamo contra medidas anti populares es directamente la ilegalidad de toda manifestación, movilización o acto de protesta”, agregó.

“Adecuó a su antojo los requisitos para que se considere el delito del articulo 194 del Código Federal, instruye a las fuerzas federales para actuar sin orden judicial fiscal y fija la liberación de la vía pública como el objetivo inmediato”.

La abogada sostuvo que “esta resolución lo que hace es imponer un estado de excepción con suspensión de derechos democráticos y garantías constitucionales porque prohíbe el derecho a la protesta”.

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