“Es urgente una agenda contra la represión”
La Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (Correpi) presentó su informe anual 2022 sobre la situación represiva nacional. María del Carmen Verdú destacó en FM De la Calle que la superpoblación de las cárceles es el caldo de cultivo para múltiples violaciones a los derechos humanos.
Relevaron más de 8000 muertes y desapariciones en manos del Estado desde el retorno de la democracia. El documento advierte un alarmante aumento de muertes en cárceles.
“Es un trabajo que venimos haciendo desde 1996, surgió la idea de hacer un listado de todos los casos de todo el país con las distintas modalidades. Fue un proceso muy a pulmón, no existía el internet, fuimos armando una estructura para hacer el seguimiento de forma anual”, comentó.
En 2022 se produjeron 436 casos de represión estatal. 319, el 73% del total, ocurrieron en situaciones de encierro de personas detenidas. “El dato es central porque es la primera vez que las muertes bajo custodia abarcan una diferencia tan grande. Esto evidentemente tiene una directa relación con la sobrepoblación”.
Además, se identifica que 80 de estos asesinatos fueron fusilamientos de gatillo fácil, 20 responden a contextos de violencia intrafamiliar (19 de ellos femicidios y una desaparición); 4 fueron consecuencia de otros delitos policiales (entre ellos, dos desapariciones) y 13 a otras circunstancias (incluida una desaparición).
Durante los últimos 20 años el número de personas privadas de su libertad pasó de 34.000 en 2001 a 100.000 en 2021. Este número, sin embargo, no se corresponde con el aumento de los principales delitos.
“Tiene que ver directamente con las políticas de manodurismo y punitivismo extremo. El homicidio doloso bajó a la mitad 4,6% y los robos descendieron un tercio, ¿entonces quién está preso?”.
En cuanto a los casos de gatillo fácil y fusilamientos en la vía pública, el informe revela otra tendencia llamativa. “Venimos contando hace 3 años un descenso de los casos que involucran a las fuerzas federales, en particular Gendarmería y Prefectura. En diciembre de 2019 el Ministerio de Seguridad de la Nación derogó todos los protocolos de actuación de Bullrich para estas fuerzas”.
“El caso más particular es el de la tercera fuerza federal, el de la Policía Aeroportuaria, que directamente en marzo de 2020 se les prohibió salir a la calle fuera de servicio con el arma reglamentaria, desde esa fecha no tenemos registrado un solo caso de gatillo fácil a mano de la policía de este sector, no puede ser casualidad”, afirmó.
“Esto demuestra que cuando reclamamos la prohibición del uso del arma reglamentaria de civil, estamos señalando al 66% del total de casos de gatillo fácil, que ocurren en esas circunstancias y que podrían ser evitados”, agregó Verdú.
El tercer eje en orden de trascendencia es la situación de la Policía de Buenos Aires. De los 172 casos de gatillo fácil ocurridos entre finales del 2019 y 2022, 63 fueron cometidos por la Policía de la Ciudad y 109 por la Policía Bonaerense. Pero considerando la cantidad de efectivos que tiene cada fuerza (25.000 y 100.000 respectivamente), la policía porteña cometió el 36,7% de los fusilamientos.
El informe se titula “A 40 años de democracia, es urgente una agenda contra la represión”. Es por eso que parte de la propuesta de Correpi consiste en unir fuerzas para instalarlo como demanda social y luego llevar adelante medidas, que no van a resolver la cuestión de fondo sistémica, pero podrían reducir significativamente la letalidad de las fuerzas.
“La prohibición del uso reglamentario del arma fuera de servicio, el cese de las detenciones arbitrarias que reduciría a la mitad las muertes en comisarías, la revisión de todos los criterios de encarcelación y excarcelación y el cese del uso indiscriminado de la prisión preventiva cuando se trata de quienes no tienen poder, dinero ni uniforme, entre otras de la agenda antirrepresiva urgente”, comentó la abogada.
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