Facundo: mantras y operaciones a cielo abierto

(Por Astor Vitali) Para cualquier periodista que no se ubique en el centro del esquema de poder, que no sea parte de las herramientas de los sectores de poder, en cualquier caso en el que se insinúe una situación de posible desaparición forzada, jamás de los jamases, la causa judicial puede ser su principal fuente de investigación. ¿Por qué? Porque cualquier periodista mínimamente informado conoce el ABC del comportamiento judicial, el Manual de Estilo de las fuerzas de inseguridad, tan abocadas a despuntar el vicio represivo en los primeros meses de aislamiento riguroso. Mucho más cuando los funcionarios y las funcionarias judiciales que intervienen gozan de frondosos antecedentes antipopulares.

Por un lado, la familia de Facundo y el equipo de abogados de Cristina Castro -su madre-, han sostenido, desde el primer momento en que el caso tomó estado público, que se trata de una desaparición forzada y que la policía de la provincia de Buenos Aires está vinculada al hecho.

Por su parte, el ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Sergio Berni, la jueza Marrón, el fiscal Ulpiano Martínez y un conjunto de operadores políticos han intentado orientar a la opinión pública en otro sentido.

Ese es el escenario.

Si bien en Bahía Blanca no es tan difícil encontrar otro sector del periodismo que no oficie de mandadero de los intereses de la cana o de algún sector desprestigiado del Poder Judicial, la cosa se ha complicado porque el resto del país padece un sistema de medios centralizado que poco verifica, levanta cualquier cosa, hace afirmaciones al tutún plagadas de “habría, podría, fuentes confiables aseguran que”. Buena parte del país perdió la brújula de lo que ocurre y el contexto en que ocurre en el caso Facundo.

La causa no es la realidad. La causa la llevan personas de carne y hueso que pueden o no honrar la función pública. Señalar qué antecedentes tienen también es parte de la investigación periodística. Dar carácter de fidedigno a todo lo que digan la justicia y cuestionar todo lo que dice la familia no es una posición periodística responsable. Por el contrario, es operar para que se desconozcan los vínculos entre la justicia, la cana y poderosos intereses que se protegen a lo corpo y que no tiene empacho en llevarse puesto lo que sea en ese camino.  

Razonemos. Si las víctimas de violencia institucional escucharan el mantra cínico de “te cuento lo que dice la causa” entonces jamás habrían obtenido justicia. ¿Debía la familia de Santiago Maldonado, por ejemplo, quedarse con la versión oficial? Ante la falta de respuesta en democracia acerca de las desapariciones forzadas en dictadura ¿debían las Madres decir, “muchas gracias, señor juez, es como usted dice, los testigos –es decir, la cana- dicen que no lo chuparon a mi hijo, me quedo más tranquila, me voy a mi casa?

Esos mantras -que repiten con cara de inocencia- “yo te cuento lo que dice la causa”, “te contamos lo que dice la justica”, exponen en sí mismo cuál es el rol de ese sector autodenominado periodístico. Porque cuando una familia y un conjunto de letrados denuncian desaparición forzada, cuando cuentan con el apoyo de organismos de derechos humanos, cuando están acompañados por referentes como quienes integran la Comisión Provincial por la Memoria, cuando los funcionarios judiciales tienen los antecedentes que tienen políticamente y en su sentencias, cuando todo esto está tan claro, el “te contamos lo que dice la Justicia” es un sinceramiento del rol al que les han puesto a jugar sus mandaderos. La misma frase expone el carácter de operación a cielo abierto, les deja expuestos por propia confesión. Están para contarnos “lo que dice la Justicia”.

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Para seguir poniendo en contexto, recordemos que la jueza federal Gabriela Marrón rechazó «por improcedente» la recusación del fiscal de la causa que investiga la desaparición forzada de Facundo Castro Astudillo. La familia del joven y la querella de la Comisión Provincial por la Memoria habían requerido el apartamiento de Santiago Ulpiano Martínez.

Para seguir poniendo en contexto ¿nos olvidamos, por ejemplo, que uno de los abogados de la familia de Facundo Castro fue amenazado este sábado por efectivos de la Policía Bonaerense en el viejo basural de Mayor Buratovich? Claro, no lo dice esto La Justicia. Lo dicen las víctimas. ¿Para qué darle validez? Una cosa es contarlo y otra contarlo para desestimarlo.  

Contar “lo que dice la Justicia” debería ser también contar quiénes hablan en nombre la Justicia. La jueza Marrón es la misma que rechazó a la Asociación de Pescadores Artesanales y, “se negó llamar a indagatoria a directores de empresas del polo petroquímico, ABSA y funcionarios del OPDS, el Municipio y el Consorcio del Puerto y prohibir el vertido de efluentes o, en su defecto, conformar una mesa de abordaje de la problemática que establezca un plan de saneamiento”.

Finalmente tuvo que ser corregida por la Cámara de Apelaciones. Haberle dado crédito a la jueza, como se le da ahora, como si tuviera poder de verdad, como si no hubiera una Historia del poder Judicial, como si fuera el único relato, hubiera sido lo mismo que posicionarse del lado de una funcionaria pública que tomó su decisión de rechazar el pedido de las víctimas teniendo en sus manos un estudio de especialistas de la UBA. La Justicia era más poderosa que el veredicto científico. La pericia de la Facultad de Agronomía de la UBA que probó científicamente la existencia de “altas concentraciones bioacumuladas de cadmio, plomo, cromo y cobre en branquias e hígado de todas las especies analizadas” no tenía validez para “La Justicia”.

Marrón es también la jueza que decretó la nulidad de las declaraciones de 11 víctimas de trata laboral en 2016, en el caso de trabajadores habían sido hallados durante un operativo realizado en marzo de 2015 en el establecimiento rural del Partido de Coronel Suárez. En esa oportunidad, detallaron ante los representantes del Ministerio Público cómo habían sido engañadas, trasladadas y explotadas laboralmente en el campo dedicado a la cosecha de papa y responsabilizaron al dueño. Dos de los acusados -socios y propietarios del predio- permanecieron prófugos durante cuatro meses, en tanto que el imputado a cargo del reclutamiento habría sido el cuadrillero.

¿Hay una tendencia a asignar razón a victimarios en lugar de a víctimas en el accionar de la jueza?

Para no abundar sobre Ulpiano Martínez. ¿Nos olvidamos que Organismos de derechos humanos locales y nacionales exigieron al Senado que no convalide la designación de Santiago Ulpiano Martínez como fiscal federal de nuestra ciudad porque sería «un claro retroceso en el proceso de memoria, verdad y justicia contra los crímenes del terrorismo de Estado»?

Hay actores que juegan en determinados sentidos. “La Justicia” no es una cosa abstracta.

¿Qué debe hacer el periodista en su condición de tal? ¿Convertirse en relator de los intereses de funcionarios judiciales como única fuente? ¿O tomar las fuentes judiciales como fuentes, en caso de que el acceso a los documentos sea pertinente, pero sobre todo la propia voz de las víctimas, es decir, de la querella, ante un estado de cosas que no es puro? Con una policía bonaerense que tiene los antecedentes que tiene y que todo el mundo conoce. Ayer volví a sorprenderme escuchando a comunicadores de prime time preguntándose si la policía sería capaz de hacer lo que denuncia la familia. ¿En qué país viven? ¿De qué periodismo serio hablan, con todo lo publicado y documentado en torno del accionar de la bonaerense?

El mantra de “yo te cuento lo que dice la Justicia” no hace más exponer el carácter de operación a cielo abierto sobre el caso Facundo.

*Foto publicada en Twitter por Germán Sasso con la leyenda "Facundo. Ahora te informamos con lo que hay en la causa. Los hechos son sagrados".