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Horacio Azzolín es uno de los tres fiscales que investiga la muerte de Facundo Astudillo Castro. En diálogo con FM De la Calle se refirió al dictamen del fiscal de Casación, Javier De Luca, respaldando la recusación contra la jueza María Gabriela Marrón por “entorpecer la búsqueda de la verdad”. “La Fiscalía sostiene que hay que analizar todas las posibilidades sin abrazar ninguna, pero el expediente está en la Justicia Federal por algo y nadie ha decidido que pase a otra órbita descartando la hipótesis de desaparición forzada”.

El trámite de la causa “no deja lugar a dudas” respecto de que la funcionaria “ya tiene una posición tomada (un prejuicio) sobre cómo se sucedieron los acontecimientos que derivaron en la muerte del joven Astudillo, lo cual es totalmente incompatible con la actitud y apertura mental que debe adoptar cualquier magistrado en la etapa de investigación o averiguación de un posible crimen”.

La madre de Facundo, Cristina Castro, encabezó una conferencia de prensa junto a Amnistía Internacional a un año del hallazgo de los restos de su hijo en un cangrejal de Villarino Viejo. Con sus abogados y la Comisión Provincial por la Memoria, se refirieron a la investigación de la desaparición forzada seguida de muerte y brindaron detalles de una reunión con el procurador general de la Nación, Eduardo Casal.

“Llevo un año llorando y no puedo entender cómo siguen libres trabajando, gozando y mirando a sus madres a los ojos, a mí me prohibieron de todo eso, mi vida cambió totalmente, mi vida se hizo pedazos”, dijo sobre los policías involucrados y destacó que su mejor abogada es la jueza federal María Gabriela Marrón.

En el encuentro se sumaron acusaciones contra Santiago Ulpiano Martínez, fiscal que intervino en el primer tramo de la investigación. “El procurador se ha comprometido en atender estas ampliaciones de denuncia que hemos formulado y que tienen por norte desenmascarar los deberes que incumplió el fiscal y replicaron en este encubrimiento que, gracias a la enorme fuerza de Cristina, de la sociedad y algunos medios estamos cada vez más cerca de poder asegurar un resultado de justicia”, dijo Luciano Peretto.

Cristina dijo que “es muy doloroso saber que una persona encontró el cuerpo de tu hijo tirado en un cangrejal y no le faltaban piezas y más doloroso es saber que en una noche un fiscal hizo desaparecer los brazos de tu hijo y te entregó el cuerpo incompleto, eso hizo el fiscal Ulpiano Martínez”.

“Al pescador que encontró el cuerpo de mi hijo y la zapatilla, que estaba a pocos metros, le dijeron ‘vos cállate la boca que esto no se tiene que saber’, la Policía Federal y Ulpiano Martínez”, puntualizó la madre del joven.

El abogado Leandro Aparicio detalló que “a (la ministra de Seguridad Sabina) Frederic queremos preguntarle qué va a hacer el Estado ante la gravedad de la actuación de los policías cuando le dicen al testigo que vio la zapatilla ‘no pongas esto que vamos a tener quilombo’. Menos mal que no se animó el fiscal a sacarla”.

“La habían dejado fuera del perímetro, no se animaron a desaparecerla como hicieron con los brazos de Facu y la Policía Federal tuvo que ver en eso”, agregó Cristina.

En relación a la recusación contra la jueza María Gabriela Marrón, la integrante de la Comisión Provincial por la Memoria, Margarita Jarque, argumentó que “estamos esperando la resolución de la Sala I de Casación, de la jueza Figueroa y los doctores Petrone y Barroetaveña”. También aguardan por el requerimiento de nulidad de un informe de mareas de IADO.

Las irregularidades de la Policía Federal “se constatan con que los propios fiscales corren a la Federal de la instrucción y se trabaja con Prefectura, entendemos que en la reunión que ha concedido la ministra Frederic abordaremos eso”, concluyó Jarque.

Cristina dijo que “fue un año durísimo, todo tuvimos que pelearlo en una Cámara, contra una jueza que supuestamente tiene que defendernos. Es la abogada de cuatro atorrantes que se llevaron la vida de un inocente”.

“Quiero que esos cuatro asesinos estén tras las rejas. A mí a Facu no me lo devuelve nadie, esto no es por venganza, terminado con esto a mí nadie va venir con mi flaco y me va a decir tome, acá lo tiene. Detrás mío hay un montón de jóvenes, no quiero que nadie más le pase por esto”.

“Llevo un año llorando y no puedo entender cómo siguen libres trabajando, gozando y mirando a sus madres a los ojos, a mí me prohibieron de todo eso, mi vida cambió totalmente, mi vida se hizo pedazos, han arruinado la vida a una familia, a los amigos, y nos han perseguido de tal forma. Nos enseñaron que hay que luchar, los pueblos de Villarino se están levantando y luchando, nos hicieron más fuertes, es dolor lo que tenemos y unas ansias de justicia que no tienen ni idea”, finalizó.

Foto: Amnistía Internacional.

Con mentiras y descalificaciones respondió el ministro de Seguridad, Sergio Berni, a la consulta sobre el estado de la causa por la desaparición forzada seguida de muerte de Facundo Castro. “Hablemos claro, la justicia determinó lo que pasó, después hay una contraparte que no quiere aceptarlo y recusa permanentemente”, afirmó el jefe de la Bonaerense.

“Tremendo mansplaining recibí”, dijo la periodista Catalina De Elía luego de la entrevista en el programa “Fuego amigo” en referencia a las intervenciones machistas del funcionario que la trató de mal informada y le intentó explicar el funcionamiento de la justicia.

Berni agregó que “quienes acusan son los fiscales, un juez determina si lo que acusan tiene coherencia y verosimilitud para avanzar en la investigación. La jueza ha dicho, en todas y cada una de las oportunidades que los fiscales pidieron ridiculeces, señores esto no existe”.

La Cámara Federal bahiense efectivamente rechazó las quejas contra la jueza Gabriela Marrón presentadas por la Fiscalía. Por eso, Horacio Azzolín, Iara Silvestre y Andrés Heim, esperan una definición por parte de la Cámara de Casación.

En cuanto a las medidas probatorias que Marrón rechazó sistemáticamente, la Alzada tuvo otra postura. En febrero habilitó el secuestro de celulares de varios policías y un nuevo allanamiento en Origone en base a indicios que la jueza no quiso ver: el hallazgo de un cabello que pertenecería a Facundo en el patrullero que el 30 de abril conducía Alberto González, en ese momento a cargo del puesto policial de Origone; el amuleto de Facundo encontrado en un viejo calabozo del mismo lugar y la declaración de una testigo de identidad reservada que dijo haber escuchado a funcionarios municipales comentar que en la comisaría de Origone se hallaron prendas de Facundo y que se ordenó que se las haga desaparecer.

“Todas las veces que se recursó (sic) a la Cámara e inclusive intentaron sacarla, la Cámara dijo que lo que está haciendo hasta acá es correctísimo. Y para la semana que viene le voy a traer un regalo”, dijo Berni. Según sus palabras, se trataría de “una información bastante interesante”. La periodista destacó la necesidad de “que la mamá de Facundo sepa qué pasó con su hijo” porque “la justicia todavía no lo dijo”.

Por otro lado, el ministro afirmó que “la justicia federal tomó la causa no de manera inmediata sino pasado un tiempo, la estaba llevando adelante la Policía de la provincia de Buenos Aires” y agregó que el día que aparataron a la fuerza a su cargo “lo estábamos buscando en el lugar donde se encontró el cuerpo”.

Cabe aclarar que la Bonaerense fue separada en el momento en que se evidenciaron las sospechas sobre algunos de sus integrantes y se comenzó a investigar los hechos como una posible desaparición forzada.

Previamente, la policía de Berni intentó sostener que Facundo había llegado a Bahía Blanca, que se lo había visto vendiendo bolsitas de residuos o que tenía vínculos con el narcotráfico. De hecho, recurrió a uno de los suyos: Jorge Agustín Galarza se presentó ante Fiscalía como un vecino de Cerri que había estado en contacto con el joven, quien le habría dicho que iba camino a Ing. White y luego a Devoto.

Por otra parte, fueron Mario Gabriel Sosa y Siomara Flores -dos de los policías sospechados- quienes llevaron a la testigo H a la Policía Federal y al fiscal Santiago Martínez. La mujer declaró que levantó a Facundo en la ruta y lo acercó hacia nuestra ciudad en un testimonio que se contradice en varios puntos con el del oficial González. 

Tampoco se privaron los hombres de Berni de intimidar y perseguir a amigos y familiares de Facundo para que se hicieran cargo de “algo” que justificara su desaparición como denunció, Marcelo González, ex cuñado del joven de Pedro Luro.

Durante los últimos días, la causa que investiga la desaparición y muerte de Facundo Astudillo Castro incorporó nuevas medidas de prueba que contradicen la hipótesis de una muerte por accidente en la ría de Bahía Blanca y obligan a profundizar la investigación sobre la participación de los agentes de la Policía bonaerense en el hecho.

A instancias del Ministerio Público Fiscal, la querella familiar y la Comisión Provincial por la Memoria (CPM), querella institucional en calidad de Mecanismo Local de Prevención de la Tortura, se realizó un nuevo reconocimiento al lugar donde fueron hallados los restos óseos. El fiscal Horacio Azzolin y la fiscala federal de La Pampa Iara Silvestre –designada en la causa en reemplazo de Ulpiano Martínez– estuvieron en el lugar y acompañaron el recorrido que realizaron las personas que encontraron los restos óseos y dieron aviso a las autoridades.

Durante ese reconocimiento, uno de los pescadores dio precisiones sobre las características de esa zona de la ría, que visita asiduamente desde hace más de 20 años: “Podés caminar hasta la vera del agua sin enterrarte, sólo te vas a embarrar”, describió. Y agregó que “tendrías que ingresar más de diez metros a la ría para que el agua te llegue a la altura de la rodilla”. Sobre el lugar específico en donde se encontró el cuerpo, el pescador reconoció también que, cuando la marea sube, sólo queda cubierto por unos pocos centímetros de agua.

Estos nuevos elementos en la causa significan, prácticamente, descartar la hipótesis de un accidente que pueda haber sufrido Facundo mientras caminaba por la zona de cangrejal. Hipótesis que sigue construyendo la jueza federal María Gabriela Marrón y cuya única prueba para justificarlo era un informe del Instituto Argentino de Oceonografía (IADO) que, sin ningún tipo de rigor científico, aventura hipótesis sobre un posible recorrido de Facundo para concluir que se trató de una muerte accidental. Un informe que fue rechazado y recusado por el Ministerio Público Fiscal y aún así incorporado por la jueza.

El testigo también recordó que, además de los restos óseos, habían encontrado a pocos metros una zapatilla y otras prendas de vestir. En su momento, les señaló esos elementos al fiscal federal Ulpiano Martínez –a cargo de la instrucción– y el subcomisario de la Policía Federal José Pérez que dirigieron el operativo el día del hallazgo del cuerpo. Sin embargo, los funcionarios incumpliendo con sus obligaciones, no secuestraron esas pruebas. Recién al día siguiente, cuando ya estaba en el lugar el Equipo Argentino de Antropología Forense, la mamá de Facundo, Cristina Castro, vio la zapatilla y se ordenó su secuestro para la causa.

Cabe recordar que, a partir de una presentación de la CPM, ya existe un expediente en la Procuración General de Nación por mal desempeño en las funciones del fiscal Ulpiano Martínez. Con esta declaración se ampliará esa denuncia, se solicitará a las autoridades del Ministerio de Seguridad de Nación la investigación sobre la actuación de Pérez y se presentará una denuncia penal para que se investigue la conducta de ambos funcionarios.

Por otra parte, recientemente se incorporó a la causa la pericia sobre los trozos de piedra de turmalina hallados en el puesto policial de Teniente Origone y en el baúl del móvil de la Policía Local de Bahía Blanca que según el registro de AVL, el 8 de mayo del año pasado estuvo varias horas en la zona del cangrejal donde semanas después se encontraron los restos óseos de Facundo. El informe pericial determinó que había coincidencias entre los dos trozos analizados, que por otro lado fueron encontrados a partir del señalamiento de uno de los perros rastreadores que intervinieron. Cabe recordar que al momento de la desaparición, Facundo llevaba en su cuello un colgante con una piedra de turmalina.

También se conocieron los primeros resultados de nuevas pericias a los teléfonos celulares incautados a los agentes de la Policía de la Provincia de Buenos Aires Xiomara Flores, Jana Curruhinca, Alberto González y Mario Sosa; los cuatro efectivos que tuvieron contacto con Facundo el día que fue visto con vida por última vez. Sobre el peritaje sobre estos teléfonos, el informe realizado por la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (DATIP) destaca el particular contacto entre González, el policía que estaba cargo del destacamento de Teniente Origone y detuvo a Facundo en la ruta el 30 de abril, y sus superiores.

También resalta un comentario que hace sobre su declaración ante la Ayudantía Fiscal a cargo de García Dimas, donde tramitó en un principio la causa antes de pasar al fuero federal. “Después de eso es que me llamaron de Fiscalía y el Fiscal me dijo que con todos los datos que yo tenía, con la libreta, la foto y toda la historia, ‘usted con esto salvó a toda la policía de Villarino’. ‘Lo único que hubiera faltado’, me dijo, ‘era la patente del vehículo que sería la frutilla del postre, pero con esto ya está’”, escribió.

Como ocurrió en peritajes a teléfonos anteriores, hubo mucho material que no pudo recuperarse porque había sido eliminado por los policías, las aplicaciones desinstaladas o, incluso, dadas de baja las líneas telefónicas. Todavía restan los peritajes sobre los últimos teléfonos secuestrados en el allanamiento a la casa de Flores y Sosa.

“A pesar de los intentos por entorpecer la investigación, que las querellas venimos denunciando desde hace tiempo, tanto en la actuación del fiscal Ulpiano Martínez y la Jueza Marrón, aún se sigue produciendo pruebas valiosas y que no hacen más que ratificar la hiper intervención policial en torno a los hechos de esta causa, en la desaparición el 30 de abril y en las circunstancias en que se encontró el cuerpo de Facundo”, señalaron desde la CPM.

En se sentido, la Cámara de Casación debe aún resolver el pedido de recusación de la jueza Marrón realizado por los representantes del Ministerio Público Fiscal.

Fuente: Andar.

Fotos: Luciano Peretto y Cristina Castro.

La Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (DATIP) envió a la Fiscalía un informe sobre los datos obtenidos de los celulares de Mario Gabriel Sosa, Siomara Anyelén Flores, Jana Curuhinca y Alberto González. Habían sido entregados a Gendarmería el 19 de febrero.

En el marco de la causa por la desaparición forzada seguida de muerte de Facundo Astudillo Castro, la justicia aún busca dispositivos utilizados por los agentes involucrados. De hecho, otros tres aparatos fueron secuestrados por orden de la Cámara Federal, en un allanamiento a la vivienda que comparten Flores y Curuhinca en Pradere.

“El diablo en persona”

Según la pericia de la DATIP, del equipo Samsung SM-701M aportado por Sosa se extrajo una tarjeta SIM Claro con una agenda de 99 contactos entre los que se prestó particular atención al de Flores -“Amor”-, al del comisario Luis Alberto Godoy, jefe de turno de la Estación de Policía Comunal Villarino 1° y a otro identificado como “Berrios”.

Roberto Carlos Berrios fue uno de los primeros agentes señalados en el marco de la búsqueda de Facundo por sus antecedentes de hostigamiento contra les pibes del Semillero Cultural.

El subteniente fue trasladado el 8 de julio de 2020 desde la Estación Policial 2° de Mayor Buratovich -donde se desempeñaba desde octubre de 2011- a la Policía de Seguridad Departamental de Bahía Blanca y, una semana después, a la Comisaría 7° bahiense.

Consta en su legajo que está casado con Paola Fabiana Aguilera, oficial de la Unidad de la Policía de Prevención Local (UPPL) de Bahía Blanca, sede de la cual se secuestraron los libros de guardia y el Toyota Etios donde se encontraron restos de una piedra turmalina similar a la del collar de Facundo.

Cristina Castro declaró en septiembre que durante un rastrillaje vio llegar un patrullero desde Médanos, del cual bajaron el comisario Marcos Navarrete y Berrios. “Cuando lo vi le dije a Luciano (Peretto) ‘a mi flaco me lo mataron, me lo mataron acá. Esa persona que viene ahí es el diablo mismo en persona. Es el mismo oficial que ha hostigado y maltratado tantos años a los chicos del Semillero Cultural al que asistía Facundo acá en Pedro Luro’. Se reía y tuvo el descaro de ir a saludarme y darme la mano”.

Recordó que en Luro no tenían dónde denunciar a la Bonaerense “cuando llamaban las mamás que los peques estaban en la comisaría porque Berrios los cagaba a patadas, junto a otro oficial que había en Pedro Luro. Los golpeaba y les decía negros chorros, drogones. Se los subía arriba del patrullero y se los llevaba a la comisaría”. Castro mencionó que el subteniente “fue a la primera persona que apartaron y la llevaron a Bahía Blanca” y que, años atrás, había estado involucrado en otro “incidente feo” con Facundo. A su hijo le tocaron la rueda de atrás de la moto, cayó y lo trasladaron al hospital. La moto quedó intacta y fue levantada por la policía. Cuando la fueron a retirar del corralón “estaba destruida. Toda golpeada y rota por todos lados”.

Respecto al comisario de Médanos, Luis Alberto Godoy, cabe destacar que fue quien tomó testimonios relevantes durante la primera etapa de la causa junto al sargento Dmitrij Janovskis, quien el 8 de mayo de 2020 fue destinado a Origone con Alberto González. Los tres están sospechados de haber manipulado el libro de inspección y visita del Puesto de Vigilancia donde se encontraron el amuleto y otros objetos de Facundo.

¿Dónde están las fotos?

Jana Curuhinca entregó un celular Samsung SM-A605GN del cual no se pudo extraer información porque la pantalla no funcionaba y otro marca XIAOMI Redmi M2003J15SS en el cual, si bien presentó dificultades, se pudo constatar la existencia de imágenes fechadas a partir de agosto de 2020.

“No se encontró ninguna de las cuatro fotos originales que Jana Curuhinca le habría sacado a Facundo José Astudillo Castro el 30/04/2020. En consecuencia, las fotos originales de Facundo y de su DNI, presuntamente tomadas por Curuhinca (y los metadatos que indiquen fecha, hora y eventualmente lugar) aún no han sido halladas”, destacaron los peritos.

Una luz en el camino

Alberto González entregó un celular SAMSUNG SM-G532M con una tarjeta SIM Movistar. El análisis de su contenido permitió identificar otro número de abonado a partir de un testimonio recogido durante el operativo de secuestro de la libreta con anotaciones sobre Facundo y sobre la testigo H.

En otros chats, el policía de Origone coordina un encuentro en su casa del barrio Patagonia Norte con el editor de La Brújula, Germán Sasso, quien le realiza consultas referidas a la zona en la cual detuvo a Facundo. “Muchas gracias por todo lo que has hecho por nosotros. La verdad, fuiste una luz en el camino oscuro que tuvimos”, agradece el Bonaerense a quien “nos pone más inocente”.

Con Sosa coordinan para firmar la designación del abogado del Municipio de Villarino, Sebastián Martínez, como defensor de los cuatro sospechados y la asistencia de un psicólogo a cuenta del gobierno provincial que acerca Federico Montero, delegado del ministro Sergio Berni.

González le cuenta al responsable de La Brújula que había sido citado junto a todos los jefes de dependencia a Médanos donde “Navarrete nos empieza a cagar a pedos”. “Se la agarra conmigo, me dice que yo tenía que saber (…) que él había pasado por ahí, que yo lo tenía que haber visto. Un estúpido Navarrete porque te imaginás no me voy a poner en la ruta a ver quién pasa y quién no pasa”.

Según el policía, relacionó el día con la descripción de Facundo y llamó a su ayudante para que le acerque su libreta. “Yo más que nada para taparle la jeta a Navarrete y le dije ‘ves que me cagás a pedos a mí al pedo si yo tengo acá todo anotado, yo lo paré y tengo todo, es más yo le aviso a Reynoso por teléfono que el pibe iba para Bahía’. Y, claro, ahí se destapa toda la olla, te imaginás, Reynoso quedó como un estúpido (…)”.

A partir de allí, afirma González, lo mandan a declarar a la Ayudantía Fiscal a cargo de Dimas García. “Como que se sacaron un poco el peso ellos de encima, porque hasta ese momento no tenían nada, ninguno. O sea, al ser yo el último que lo para y aportar todos los datos que yo aporto, es como que zafan todos del cuello porque si no estaban todos hasta las manos, tanto Navarrete como Grilloni que era el jefe de Luro. Los cagaban a pedos de la departamental, había un quilombo bárbaro”.

“Después de eso es que me llamaron de Fiscalía y el Fiscal me dijo que con todos los datos que yo tenía, con la libreta, la foto y toda la historia, ‘usted con esto salvó a toda la policía de Villarino’. ‘Lo único que hubiera faltado’, me dijo, ‘era la patente del vehículo que sería la frutilla del postre, pero con esto ya está’”.

Esta última referencia llamó la atención de los peritos informáticos y sumó contradicciones a la coartada de González. En la fotocopia de la hoja de la libreta aportada a la justicia el 2 de julio de 2020 sí está anotada la patente del vehículo en el que la testigo H diría luego haber trasladado a Facundo. En la misma libreta puede leerse arriba del número de chapa “HR-V GRIS”. Sin embargo, el 22 de julio González le dice a Janovskis que él nunca afirmó que Facundo se había ido “en una Honda” sino que “siempre sostuve lo mismo (…) para mí era una Oroch”.

“¿De dónde la vamos a conocer?”

Finalmente, el 14 de julio, con la causa ya en manos de la justicia federal, González chatea con el comisario Reynoso, con quien mantuvo reiteradas comunicaciones el día de la detención y desaparición de Facundo.

En este caso se refieren a la “aparición” de la testigo H, la productora rural cuyo testimonio aportaron los sospechosos Sosa y Flores. La declaración la tomó la Policía Federal y la incorporó al expediente el fiscal Santiago Martínez sin notificar a la querella. La Federal, al igual que la Bonaerense, terminaría apartada de la investigación por reiteradas irregularidades. El fiscal, denunciado y autoexcluido por “violencia moral”.

González afirma que con la testigo “prácticamente, zafamos (…) porque la mina no nos conoce, no tiene ninguna clase de relación con nosotros”. Reynoso responde: “Los de Burato por ahí la conocen, si es que alguna vez la pararon, alguno la puede conocer de ahí, pero nada más. ¿Vos de dónde la vas a conocer? Sos de la otra punta, yo estoy de este lado ¿De dónde la vamos a conocer? Pero bueno, gracias a Dios apareció”.

“Está bueno que (la declaración) no la tomamos nosotros, para que después no digan que la salimos a buscar. Aparentemente llegó una información, se comunicó al Juzgado Federal y una comisión de la Policía Federal, mientras se hacían los rastrillajes”, dice González y se ubica “fuera de sospecha”.

El silencio del jefe

Entre la información obtenida en el celular XIAOMI Redmi M1908C3JG y la tarjeta SIM Claro entregada por Siomara Flores, los técnicos destacaron las referencias a la desinstalación de la aplicación WhatsApp, al intercambio de notas sobre la búsqueda de Facundo con sus hermanas y otros policías y a la preocupación por la salud mental de su hermana Jana.

Son reiterados los mensajes que intercambia con Sasso, a quien, por ejemplo, menciona que los policías que fueron a constatar el domicilio de Facundo luego de su primera detención por infringir el art. 205 habrían sido los oficiales Nadia Soledad Maraz y Marcelo Condori, nombres que no constan en el acta firmada por la oficial inspector Tamara Becerra.

Por otro lado, comenta que el policía que habría parado días antes de la desaparición de Facundo “a la productora rural por un tema de tránsito” fue “Marcelo González” y que desinstaló su WhatsApp el 9 de mayo de 2020 ante supuestas amenazas de dos “malandras” vinculados a robos en la zona.

En un grupo compartido con sus hermanas Jana y Y. comentan notas sobre la desaparición de Facundo al igual que lo hace con su pareja -“Mi hermosito”- Mario Gabriel Sosa.

Al comisario inspector Marcos Navarrete -padre de su hijo y jefe de la Policía de Seguridad Comunal de Villarino- le pregunta si recuerda cuándo había desinstalado su WhatsApp y le pide ayuda para que le saquen el arma a su hermana por la mala situación anímica que atraviesa. Lo mismo hace con el ahora ex jefe de la Estación de Policía Comunal de Villarino 2°, Fernando Gabriel Grilloni, a quien además le pregunta si su hermana podía entregar a la Policía Federal un celular roto que utilizaba “antes que pase esto del chico” para que recuperen los datos y “que sepan que no hicimos nada”. El jefe nunca le responde.

La Cámara Federal ordenó el allamiento del domicilio de Jana Curuhinca y Siomara Flores, agentes de la Policía Bonaerense de Villarino investigadas por la desaparición seguida de muerte de Facundo Astudillo Castro.

La Gendarmería Nacional interviene en la vivienda de Juan A. Pradere en busca de los celulares que no fueron entregados oportunamente. En el lugar se encuentran Cristina Castro y su abogado Luciano Peretto y Sebastián Martínez, defensor de Flores y Curuhinca.

“Un procedimiento más que tardó muchísimo. Gracias a la Cámara Federal a lo cual la jueza Marrón no tuvo más que actuar. Tendría que haber sido hace mucho tiempo, los teléfonos supuestamente algunos se habían caído al inodoro, otros muy deteriorados”, dijo la madre de Facundo a FM De la Calle.

Jana Curuhinca.

Agregó que les sorprendió la presencia del abogado defensor de las policías: “Estando yo tan cerquita de este pueblo, son cinco kilómetros de Pradere a Pedro Luro, tardé media hora en llegar y él que es de Bahía Blanca ya estaba adentro con estas mujeres”.

En febrero, la Cámara habilitó medidas de prueba que previamente habían sido rechazadas por la jueza federal Gabriela Marrón, quien pretende cerrar la causa con la hipótesis de muerte accidental.

Ante la apelación de la querella y las Fiscalías, la Alzada ordenó un nuevo allanamiento al puesto policial de Teniente Origone y el secuestro de los celulares de los cuatro policías más comprometidos en el crimen.

La medida comprendía los teléfonos personales y oficiales que, durante el tiempo de la investigación, tuvieron o fueron asignados a los policías Alberto González, Mario Gabriel Sosa, Flores y Curuhinca.

Son los cuatro efectivos que, de acuerdo a las pruebas del expediente judicial, estuvieron en contacto con Facundo el día de la desaparición. Cabe recordar que el pedido de fiscales y querellantes incluía el secuestro de los celulares de más de 40 funcionarios policiales, entre ellos los superiores de los policías directamente involucrados en la investigación.

“Esperamos que surjan nuevas cosas, sabemos que el proceso es largo, que cada pericia lleva mucho tiempo en resolverse y obtener resultados. Pero esperamos poder empezar a pedir imputaciones y detenciones”, concluyó Cristina.

Un equipo de FM De la Calle informa desde el lugar.

Actualización 14:30. Terminó el allanamiento. Fueron secuestrados tres teléfonos celulares. Cerca de las 14 había arribado al luga, Mario Gabriel Sosa, otro de los policías investigados.

La Cámara de Diputados avanzó con el debate de un proyecto para la prevención de la violencia institucional. En el plenario de las comisiones de Seguridad Interior y Derechos Humanos y Garantías se escucharon testimonios de familias de víctimas, entre ellos, el de Cristina Castro, madre de Facundo Astudillo Castro.

“Me ha costado mucho entender de leyes, la ley ya existe, lo que no llega a saberse es el daño y sufrimiento que ocasionan al no cumplir la Ley de Víctimas. Es el continuo amedrentamiento, no lo cumplen jueces y fiscales que no investigan y hostigan a las víctimas y ni hablar de los desaparecidos. No hacen su trabajo, encima de que tenemos que estar lidiando con la muerte de nuestros hijos también tenemos que lidiar con fiscales, jueces y políticos”, dijo Castro.

En relación al control sobre las fuerzas de seguridad y sus responsables políticos dijo: “Nos pasó a nosotros con el ministro de Seguridad (Sergio Berni), no existen leyes para controlarlos a ellos, para que los policías involucrados no sigan trabajando, no sigan ejerciendo, no sigan torturando. No nos escuchan, tampoco hay comisiones independientes”.

En medio de la reunión, el diputado Fernando Iglesias (Juntos por el Cambio) se ofuscó porque no le aceptaron una moción de orden y antes de terminar de escuchar a las madres de víctimas, protagonizó una discusión con otres legisladores y se desconectó.

Luego, la madre de Facundo manifestó que “cuando hablamos de violencia institucional también tiene que ver con estos arranques de violencia y el hecho de no poder dejar un segundo la bandera política de lado para fijarte que acá estamos hablado de personas. Mi hijo no es un número, somos familias que perdieron no solo un hijo, abuelos, tíos, y ver estos arranques de violencia duele y duele saber que estas personas nos están representando. Les pido dejen sus banderas políticas de lado y nos unamos para que no hayan más víctimas y mamás como yo. No hay reparación que calme el dolor que siente una familia”.

Previamente, la diputada radical Karina Banfi le pidió perdón “porque representamos al Estado, porque no pudimos ayudarte en esa búsqueda de ciento y pico de días. ¿Cuáles son los mecanismos que puso el Estado y en qué estado esta la causa?”.

“A mí me han recibido todos. Lo único que he conseguido en la parte de gobernación y nación es un avión sanitario para traer el cuerpo de mi hijo a Pedro Luro. Me interesa que se haga justicia, que se sepa la verdad, que estén a favor de la vida. La causa está con muchas cosas probadas, el accionar policial en la desaparición forzada de Facu, no solo de la policía sino que se ha necesitado muchísima complicidad del gobierno local, del Ministerio de Seguridad. Han seguido bancando un ministro que dice que Facundo se suicidó, que tuvo un accidente, cuando está probado que a Facu lo desapareció y lo mató la policía bonaerense de Villarino”, dijo Castro.

Agregó que “la violencia no solo fue de la policía hacia Facundo sino de la justicia hacia nosotros. Cada prueba que se pide tenemos que ir a pelearla a la Cámara, tenemos una jueza denunciada por los fiscales y por las 2 querellas. Mientras siga habiendo juezas como esta y fiscales como Ulpiano Martínez les pido que nos ayuden porque desde acá no vamos a poder avanzar. En la causa de mi hijo los únicos denunciados son mis abogados. Lo que comprendo es que nos siguen golpeando y tratando mal, denunciándonos, falta que me denuncien a mí y listo, completamos el círculo”.

La noche del jueves 7 de mayo efectivos del Comando Patrulla Rural de Villarino golpearon a dos adolescentes de 14 años que circulaban por Hilario Ascasubi. Se trata de un chico y una chica a quienes agredieron y apuntaron con armas mientras iban a bordo de una camioneta.

El hecho sucedió a pocos kilómetros de Pedro Luro con integrantes de la misma fuerza policial que está señalada como responsable de la desaparición forzada seguida de muerte de Facundo Astudillo Castro.

“Si ellos lo agarran, me lo golpean y hoy tendríamos otro caso como Facundo. Lo estaría lamentando. Doy gracias a dios que se escaparon”, relató a FM De la Calle, Juan Carlos, padre del joven.

El 7 de mayo “el chico mío sale en la camioneta, se me escapa con una chica a 200 metros del pueblo. Aparece una patrulla rural, se le pone de frente sin luces. Cuando llegan prenden la sirena. Se baja un oficial y una chica del otro lado y empiezan a golpearles los vidrios con un arma. Los chicos ven eso y disparan, que doy gracias a dios que no se quedaron ahí”, relató Juan Carlos.

El hombre identificó a los oficiales como Luciano Martínez y Cecilia Choque de Mayor Buratovich.

Afirmó que su hijo y la chica “rajan y se meten al pueblo, a 4 cuadras del pueblo le cruzan el patrullero, le fuerzan la puerta, le pegan en los tobillos y le daban contra el portón de la camioneta. A la nena la bajan, le apuntan con el arma y la ponen contra el patrullero. Ahí vino la gente del pueblo porque lo estaban golpeando. Le doy gracias a dios que la gente lo salvó, porque si no lo hubiesen salvado hoy lo estaría lamentando”, agregó.

Juan Carlos relató que los vecinos le avisaron lo que estaba ocurriendo. “Fui hasta la comisaría, me tuvieron hasta las 3 de la mañana. Estábamos la nena, el nene mío, mi señora y yo. Me llevaron la camioneta al corralón, la multa era mía pero no tenían porqué golpear a los chicos. En el momento en el que estaba firmando, este Martínez me agredía de atrás como para que yo le haga algo, él y la chica”.

“A esta gente no pueden darle armas. No sé cómo los tienen, sé que siguen trabajando, todo normal”.

El titular del Juzgado de Garantías N°2, Esteban Usabiaga, hizo lugar a un pedido de habeas corpus interpuesto por la Comisión Provincial por la Memoria para evitar que continúen las amenazas. El abogado de Cristina Castro, Luciano Peretto, representa a la familia del joven agredido.

“Quiero que a estos dos los saquen de Villarino. Pero los van a sacar de acá y los van a mandar a hacer cagadas a otro lado. Ese chico hace 2 años que está de policía y ya está haciendo macana”, enfatizó Juan Carlos.

Cuando el hombre les dijo “están golpeando a un chico de 14 años”, la respuesta fue :”Nosotros sabemos cómo golpear y dónde golpear”.

(Agencia Andar) El viernes a la noche sonó el teléfono. Eran más de las 22h y los vecinos llamaron para avisarle que a su hijo de 14 lo estaba golpeando la policía. En seguida fue al lugar y llegó para verlo: dos oficiales pertenecientes al Comando de Patrulla Rural del partido de Villarino tenían al chico agarrado de los pelos y le pegaban patadas en los tobillos.

“Lo salvaron los vecinos”, asegura hoy el hombre que siente que llegó a tiempo y sabe que quienes intervinieron lo llamaron porque conocen el accionar ilegal de la Policía con la gente de pueblo. “Cuando yo hice preguntas por lo que habían hecho, me dijeron ‘nosotros sabemos bien dónde golpear’”, agrega.

Al tomar conocimiento de la situación la Comisión Provincial por la Memoria entrevistó al joven víctima de la violencia policial y a su padre, así como a vecinos y testigos, e interpuso una acción de Habeas Corpus preventivo ante el Juzgado de garantías N°2 de Bahía Blanca para que cesen las amenazas y malos tratos hacia el joven. El juez Esteban Mario Usabiaga hizo lugar al pedido.

Esa noche el joven estaba con una amiga estacionando en una camioneta en un camino de tierra a 200 metros del pueblo cuando llegó la patrulla rural con luces apagadas. Dos oficiales se bajaron, una mujer, que desenfundó su arma apuntando a la camioneta, y un hombre. Gritaban, pero el joven no llegaba a escuchar lo que decían. Se asustó y de la desesperación arrancó hacia el pueblo. A tres cuadras de la entrada frenó voluntariamente, la patrulla le cruzó su vehículo; el oficial bajó y le pegó una piña al vidrio de la camioneta, insultándolo, y lo bajó del brazo con violencia. Después lo empujó contra el móvil policial agarrándolo de los pelos, lo sostenía con la cabeza para abajo mientras seguían los insultos y los golpes “¿cómo te vas a dar a la fuga, hijo de p***?!´´.

Alertada por las sirenas la gente comenzó a salir de sus casas y un vecino intervino: “No lo podés tocar, es menor”, la respuesta de la mujer policía fue apuntarlo con su arma: “no te metas”.

“Podría haber terminado como ocurrió con Facundo”, teme el padre. El joven también sabe que no es la primera vez que se despliega de esa forma la violencia policial en Villarino, otros amigos y conocidos suyos ya la padecieron, y tiene miedo. No quiere salir de su casa por temor a estar “marcado” y le costó hacer la denuncia.

Al aceptar la presentación el juez Usabiaga subrayó que lo que exige no es más que la “absoluta y estricta legalidad en el obrar de las fuerzas de seguridad y prevención del delito”.

La CPM presentó además la denuncia penal correspondiente ante la Fiscalía General de Bahía Blanca y un informe ante la Auditoría de Asuntos Internos para que investiguen el accionar de los agentes y tomen las medidas pertinentes.

Aunque ahora están más tranquilos y conformes con el fallo el padre del joven atacado espera “que esa gente no esté más en la calle. Es lo único pido, ese tipo de policía no puede estar en la calle”, afirma.

La tercera parte de “¿Quién mató a Facundo? Un documental urgente en tiempo real” se estrenó este domingo. La causa judicial: encubrimiento vs. investigación”, es la propuesta del trabajo colectivo de FM De la Calle.

Se trata de poner el foco en “la tremenda situación de la causa, presa de las tensiones judiciales, policiales y políticas y la evidente voluntad por no avanzar de la jueza María Gabriela Marrón”, señaló el director, Federico Randazzo.

“Ante un episodio de la gravedad de lo de Facundo, la Fiscalía, que es el Estado investigando, pide pruebas concretas sobre la responsabilidad del Estado en la desaparición de Facundo y la jueza niega su producción”.

Randazzo apuntó que “de esa maraña compleja habla el capítulo. Cada vez queda más en evidencia lo que dice Cristina (Castro) y la familia de Facundo con la investigación que desarrollan”.

Respecto a la cobertura mediática del caso opinó “que hoy en día en Argentina las grandes empresas periodísticas están muy atravesadas por la tensión política, lo podemos sintetizar en ese concepto tramposo de la grieta”.

“Es asombroso ver coberturas como la de Adriana Meyer, una compañera, periodista comprometida de toda la vida con este tipo de casos, trabajando con coberturas similares en Clarín o La Nación que de repente, por oportunismo político de cuestionar al gobierno nacional o provincial, tienen interés en el caso. Y por el contrario hay casos más vinculados a compañeres del mundo de los derechos humanos genera mucha tensión o no se cubre, es interesante para verlo y debatirlo”, afirmó.

A nivel local destacó cómo La Brújula “ha logrado heredar un trabajo sucio, de compromiso con la impunidad, de comprometerse en la acción psicológica e ir instalando pruebas evidentemente falsas con una explícita intencionalidad política”.

Mirá el capítulo 1

Mirá el capítulo 2

En el marco del primer aniversario de la desaparición forzada de Facundo Astudillo Castro, FM De la Calle dialogó con la periodista y redactora de la sección Política de Página/12 y columnista de Marca de Radio, Adriana Meyer, y el periodista editor de La Izquierda Diario, Daniel Satur. El eje de la conversación fue cómo pensar la cobertura periodística de este tipo de casos desde la perspectiva de los derechos humanos.

¿Qué significa el primer impacto en la opinión pública en estas causas en las que el Estado se investiga a sí mismo?

Adriana Meyer: Estoy haciendo un estudio profundo, comparativo, de desapariciones forzadas. El impacto es fuerte, en la memoria colectiva está el escalofrío del desaparecido, sin embargo también está un sector del periodismo que su trabajo habitual tiene que ver con fuentes policiales. Ahí vuelve a aparecer casi acríticamente la contra versión de la policía, que en este caso es la principal sospechada. Cuando fue el caso de Santiago esto era más evidente porque además había un gobierno que tomaba la vocería de los uniformados.

En este caso, donde supuestamente había otro tipo de sensibilidad en los funcionarios del gobierno, esto que te cuento de difundir la versión policial, de que el pibe se fue solo a dedo en la ruta, todo lo que ya sabemos que sucede en estos casos, en boca de columnistas en prime time de televisión. Ahí hay un agujero, cuando estamos en un caso donde es el Estado el que se tiene que investigar, a pesar de los años que hace que terminó la dictadura el Estado cuando se trasforma en sicario de sus habitantes sigue teniendo sus voceros en la opinión pública y eso es muy grave.

Daniel Satur: Yo tengo una mirada marxista de la sociedad, del mundo, de la vida, que tiene que ver con la división en clases sociales y con  la relación opresores oprimidos, explotadores explotados. En ese sentido, también siento que las grandes empresas periodísticas, que son las que tienen la capacidad de difundir masivamente los mensajes, en su gran mayoría tienen sus intereses. Frente a casos como estos la situación no cambia, va a impactar en la medida que a esos medios les sirva usar esos casos.

Por otro lado, hay algo que a lo largo de los años, con el sello que dejó la dictadura, la cuestión de la desaparición ha generado por responsabilidad del régimen político cierta naturalización, que desaparecer no es algo extraño. ¿Cuándo vemos en los grandes medios un análisis a fondo de cuál es la estructura de una red de trata? Ni hablar de narcotráfico, ni de los grandes delitos que son los grandes negocios ilegales donde siempre está metida la policía, un sector de los capitalistas, el poder político, el poder judicial.

En el caso de Facundo gracias a la lucha de Cristina y sus abogados, un sector que los ha rodeado, la radio de ustedes que en Bahía cumple un papel importante, creo que la posibilidad de impactar viene por esa organización misma y porque en determinados temas los casos son incontrastables. Kicillof puede decir lo que quiera pero que la policía está metida no puede negarlo, solamente le alcanza para decir acá no se va a encubrir a nadie, cosa que es mentira porque ha encubierto a todos. No dejó de estar impactado, tuvo que recibir a Cristina como Fernández y el procurador general, Y era solo una trabajadora de una estación de servicio de Luro, ahí está la lucha de clases y tiene que ver con lo incontrastable de los hechos más allá de lo que quieran inventar.

En algunas coberturas se hace mucha referencia al “expediente”, ¿cómo trabajan en relación a la versión oficial de la justicia y cómo la complementan con otras fuertes?

AM: Eso es increíble y remite a la ausencia de un aprendizaje, considero que esta profesión debería estar colegiada, bajo la chapa de yo cubro policiales hace tantos años se dicen barbaridades, con una actitud paternalista y condescendientes en prime time se dice a las víctimas hay que escucharlas pero lo que vale es el expediente. Es aberrante e ignorante porque estamos hablando de desaparición forzada de personas, tipificado en el Código Penal, Argentina condenada por este delito que es delito múltiple e incluye lo que hace ese periodista en televisión.

Quienes se ajustan a lo que diga la “verdad” absoluta del expediente también falsean, porque el expediente nunca es lo que te muestra tu fuente, pueden ser pedidos no contestados, hay muchas formas de leer un expediente y si encima tomás la voz de las víctimas como decorativa estás en un problema.

Lo primero es la voz de quien está sufriendo, después voy a intentar hablar con el fiscal, la jueza, etcétera, porque a veces no hablan con nosotros, cuando ven que ya escuchaste a la víctima no te atienden el teléfono. Hay múltiples fuentes, es el ABC del periodismo, es una excusa para reproducir los intereses.

DS: Veo que es muy gráfico en las secciones policiales. Llamarle policiales es tomar una posición, es la voz de la policía, más allá de esto también tiene que ver qué posición tenés vos, en los expedientes se vuelcan lo que jueces y fiscales quieren. Eso no significa que el expediente no sirva para descubrir cosas.

En el caso de Facundo, la aparición de Heim y Azzolin, que como dicen Cristina y sus abogados, han sido la contra tendencia al rol que ha cumplido Ulpiano Martínez y que sigue cumpliendo la jueza Marrón en este momento, pero son excepciones. La regla es que el poder marca la agenda y directrices, la visión o quienes reproducen discursos van a manifestar su posición.

En este año pasaron dos cosas: por un lado muchos referentes de derechos humanos, para un montón que estuvieron al lado de Sergio Maldonado no existió el caso de Facundo o cada tanto alguna proclamación formal para cumplir. También he visto a lo largo de este año a periodistas que desde la pantalla de C5N han tomado la misma posición que La Brújula y La Nueva, eso es grave, sobre todo para el gremio.

Esa es la figura de hasta dónde llegan los tentáculos de quienes no quieren que se sepa la verdad y quienes estamos desde otro lugar. La experiencia te ubica en un lugar determinado, decidís estar de esta vereda o cruzarla y estar de la de enfrente.

Medios y hasta referentes de derechos humanos deberán explicarle a Cristina porqué no hicieron lo que no hicieron teniendo todo para hacerlo. (…)

AM: Esto que menciona Daniel, ese momento en que esos voceros en la tele dicen eso, alcanza para sembrar la duda. Tenés a un grupo de periodistas, encabezados por ustedes, el laburo de los medios del lugar es clave, en esa construcción. Nosotros estamos detrás de ustedes, de nuevo rebatiendo barbaridades y mentiras que se dijeron, pero alcanzó para sembrar la duda esa intervención televisiva. Lo dice la tele, es muy grave.

¿Cómo salvar distancias físicas con el lugar de los hechos para poder contar un suceso periodístico?

AM: Si tomás contacto con los protagonistas de la historia, escuchás todo lo que tienen para decirte y después confrontás con las otras fuentes, claramente no hubiera salido las historias que salieron, eran burdas vocerías.

Cada vez que hay una desaparición forzada y está vinculado con fuerzas de seguridad hay que escuchar ‘se fue’, ‘está perdido’, ‘se enojó’, esto venía de fuentes importantes del poder y me ha tocado discutirlo con altos voceros de funcionarios nacionales. Tenías a La Brújula, La Nueva y a Berni, vamos a imaginar que tomás esa actitud de ese periodismo acético que escucha las dos campanas, aún así no hubieran salido esas historias. Lo único que se les pide a quienes no tienen este compromiso es que hagan su laburo y cotejen, que las notas sean equilibradas.

Hay que rescatar que a Cristina en soledad, con Luciano en la primera etapa pelando en provincia, la verdugueaban, no le tomaban la denuncia, las barbaridades que hicieron en el fuero provincial. Cuando Cristina tiene ese escalofrío donde sintió que le habían hecho algo a su hijo, ahí se enfrenta con la policía y ahí fueron a buscar a Leandro Aparicio para dar otra batalla. Si uno puede leer eso igual choca contra todo lo demás, esas crónicas que reproducían, el discurso oficial que buscaba exculpar a los policías, era solo el discurso oficial, no estaba la historia de Facundo, su mamá, y sus abogados.

DS: Es muy difícil en esta época de redes sociales y demás que alguien diga ‘desapareció mi hijo’ y esté mintiendo, en todo caso descubrir si esa persona desapareció o no es muy sencillo, sobre todo para el Estado que tiene todas las herramientas para lograrlo. En un punto vos elegís dónde pararte y qué cosas que te ofrece la realidad agarrás o descartás.

La jurisprudencia ha avanzado para cosas que no se van a cumplir en lo más mínimo. Ese es el régimen político en el que vivimos. Supongamos que nos agarramos de las letras a veces muertas de las constituciones y las leyes, escuchar a la víctima es algo que está en todos los tratados internacionales. No hay prácticamente casos de desapariciones forzadas en Argentina o América Latina o de gatillo fácil donde el Estado haya escuchado a las víctimas.

Lo que hacemos nosotros es eso, levantar el teléfono, preguntar y preguntar a otros también. Yo recibí el bloqueo del sector de prensa de la Secretaría de Derechos Humanos, Cristina me atendió el teléfono, Aparicio, los fiscales -menos Martínez- me atendieron el teléfono. ¿Qué quiere decir?

¿Qué mirada tienen sobre lo que viene en la causa?

A: Está a punto de salir una denuncia concreta contra la doctora Marrón, con destino al Consejo de la Magistratura. No es fácil porque por algo se quedó, obstruye. Cristina me dijo ‘toda la energía que tenemos que poner en buscar la verdad se nos va en discusiones infantiles donde nosotros decimos A y ella dice B’. Sé que hay mucho nuevo fuerte para que esa frase de Cristina se concrete. Este grupo de fiscales, al cual se unió Iara Silvestre, han hecho un laburo donde está muy claro el devenir de la causa. Independientemente de lo que pase, la verdad ya está, falta la justicia.

D: Si uno la escucha a Cristina en cada instancia puede hacer dos lecturas. Una más de sentido común, pobre mujer, mirá lo que está pasando. Y si hilás más fino, decís esta chabona la tiene re clara y sabe a dónde tiene que ir. Si uno se basa en eso tendría que confiar en que de no existir alguna maniobra del Estado que pueda llegar a trastocar todo, muchas cosas pueden suceder. Es cierto que te comentan con reserva estamos a la espera de cosas incluso más contundentes de las que vimos, lo que ya está es un montón, ameritaría para que estén presos al menos 4 policías.

Esperemos ver qué pasa en el Consejo de la Magistratura, que sabemos cómo funciona y lo que es. Pero más allá de eso, Ulpiano Martínez tuvo que renunciar a la causa, había una enorme evidencia que lo contraponía a él con el propio expediente. Si quieren tener un rol diferente los fiscales tienen que decir ‘estamos desde este otro lado’. La puerta está abierta para todo, centralmente por la tenacidad y convicción de quienes la acompañan, ahora bien, no hay que parar un minuto en esa pelea. Berni sigue siendo el ministro y el lunes está en Bahía. Berni, Kicillof -NdR: su visita se postergó para el jueves- y decenas de patrulleros de la policía desaparecedora y encubridora, van a hacer un festejo porque, entre comillas, va a haber más seguridad en Bahía, eso es tomar una posición. Esos, como dice Cristina, son los gigantes contra los que se pelea.

“Para nosotros ha pasado una vida, un año que parece una vida. Recordar lo bueno y lo malo todo este mes fue recordar estas cosas que nos ponen más sensibles. Sigo sin entender la maldad, el odio hacia el joven y la vida. Que lo que le hicieron a Facu no se lo hagan a nadie más”, dijo a FM De la Calle Cristina Castro, a un año de su desaparición forzada de su hijo.

Su familia junto a amigas y amigos organizaron una serie de actividades para honrar la memoria de Facundo y reclamar justicia.

“Vamos por el juicio político a la jueza”, dijo la Cristina. “Cuando empezamos todo esto les dije que estábamos frente a gigantes, logramos sortear a Ulpiano Martínez, estamos frente a un paredón que es la dra. Marrón, que sigue ninguneando, chicaneando a los fiscales que tienen ganas de trabajar”.

Enfatizó que “no tenemos que dejar que nos pisen la cabeza, Bahía es complicado en temas judiciales. Estamos esperando las respuesta de la Cámara, me hubiera gustado que nos reciban, que nos escuchen, no se puede y la estamos peleando desde donde podemos y como podemos”.

Cristina comentó que ya compartió reuniones de trabajo con la fiscala Iara Silvestre, designada días atrás en lugar de Martínez. “He tenido charlas personales con ella. Su primer gesto fue llamarme y ponerse a disposición, me pareció una persona integra. Me interesa que no se venda, que no pase lo de Ulpiano Martínez que entregaba información, que haga su trabajo no importan los resultados. Esta mujer me ha demostrado que va a ir por la verdad y la justicia”.

Mil flores para Facu

Esta tarde se realizará un bocinazo en Pedro Luro con réplicas en distintas ciudades del país. Mañana el colectivo #MilFloresParaFacuCastro transmitirá por redes sociales un festival cultural y el informe que presentarán integrantes de la Comisión Provincial por la Memoria.

Comenzará a las 10:30 y se podrá seguir por Youtube y Facebook. En el lugar habrá solamente un grupo de personas invitadas por las restricciones vigentes en el marco del aislamiento.

“Los amigos de Facu no me han dejado en ningún momento, somos muchos, no podemos estar todos juntos y abrazarnos pero nos fuimos dividiendo durante el día para estar todos y poder honrar la memoria de Facu como a él le hubiera gustado”, finalizó Cristina.

Entre las actividades previstas está la pintura de un mural en vivo, actuaciones musicales, lectura de poesía.

Este domingo a las 20 FM De la Calle difundirá el Capítulo 3 de “¿Quién mató a Facundo?” – Documental urgente en tiempo real“. Información, testimonios en primera persona e imágenes exclusivas que relatan los aprietes de parte de agentes involucrados en la investigación, los obstáculos y dilaciones de la justicia, el relato tergiversado de altas cúpulas policiales.

El lunes la Secretaría de Derechos Humanos de la CTA Bahía Blanca acompañará la lucha de Cristina y la querella por conocer la Verdad y lograr Justicia con el conversatorio “Justicia por Facundo Castro, contra la impunidad, verda y justicia”.

Participarán Cristina Castro y sus abogados Leandro Aparicio y Luciano Peretto; Nora Cortiñas de Madres de Plaza de Mayo – Línea Fundadora; Sergio Maldonado, hermano de Santiago; y Margarita Jarque por la Comisión Provincial por la Memoria.

Se podrá acceder desde las 18 al Zoom (ID de reunión: 899 3811 3927
Código de acceso: 325556).

En el primer aniversario de la desaparición forzada seguida de muerte de Facundo Castro, el abogado querellante Leandro Aparicio repasó las evidencias que constan en la causa. Las sospechas recaen sobre un grupo de efectivos de la Policía Bonaerense aunque aun no hay nadie imputado.

Destacó que luego de la reunión con les fiscales Andrés Heim, Horacio Azzolin y Iara Silvestre “decidimos profundizar y analizar situaciones respecto a las conexiones entre la policía de Villarino y la de Bahía Blanca. Eso lo pudimos realizar después del análisis que hace la DATIP en relación a los teléfonos secuestrados”.

“Estamos frenados en la producción de más pruebas porque tenemos una jueza en la que no confiamos. Resolvimos algunas pruebas sensibles no pedirlas mientras esté esta jueza”, dijo a FM De la Calle.

Comentó que están “analizando las fotografías encontradas en los teléfonos secuestrados por segunda vez a los policías. (Alberto) González entregó el suyo pero (Mario Gabriel) Sosa, (Jana) Curuhuinca y (Siomara) Flores no entregaron todos los teléfonos, entregaron solo algunos, por eso los fiscales piden un nuevo secuestro, la jueza dice que no y los fiscales apelan”.

“Ahora estamos esperando la resolución de la Cámara respecto de la nulidad planteada por los fiscales en cuanto a la incorporación por parte de la jueza de un informe trucho de un señor que dice que Facundo se ahogó (NdR: refiere al titular del IADO, Eduardo Gómez). Ese informe le llega a los fiscales con otro del estudio de mareas del día 30 de abril y que no estaba firmado por ningún profesional”.

“Aparece este informe de Juan de los Palotes sin ningún rigor científico que dice que Facundo se accidentó. Eso lo devuelven, la jueza lo quiere meter para enviarlo a Naciones Unidas cuando tenía que contestar el informe, los fiscales dicen que ya lo devolvieron, la jueza ahí toma la tarea de investigación y los fiscales la recusan por eso”, recordó.

Heim y Azzolín solicitaron a la Cámara Federal la nulidad del documento presentado desde el IADO. “Si la Cámara dice que esa medida es nula, entiendo que la jueza no puede seguir investigando”.

Por otro lado, les representantes del Ministerio Público Fiscal recurrieron a Casación para insistir en el apartamiento de la titular del Juzgado Federal N°2 rechazado por la Alzada local.

Conexión de la policía de Villarino y la de Bahía

“Hay un informe que hace la DATIP donde establece conexiones y vinculaciones respecto de uno de los policías de un móvil, con alto mandos de la policía de acá y con altos mandos de la policía de Villarino”, indicó Aparicio.

El letrado señaló que hay que tener en cuenta algunos elementos ante la hipótesis que pretende imponer Marrón: “El teléfono de Facu se activa el 1 de mayo cerca del mediodía en una celda cerca de la comisaría donde fue secuestrado el Toyota Etios donde se encontró la turmalina, en el destacamento (de la Policía Local) de Pacífico al 200. Si es cierto que se ahogó, ¿primero se vino a Bahía, activó su teléfono, se volvió a ese lugar, dejó el bolso a 3 km de donde se lo encontró, dejo toda la ropa en el bolso, se fue desnudo, dejó una zapatilla y se metió en el agua para ahogarse?”.

Por último, Aparicio insistió en que “nunca vamos a poder tener justicia con esta jueza, tampoco sé si con esta Cámara. Tenemos una base muy firme de prueba para seguir peleando esta causa en donde sea. Cristina está muy fuerte en su reclamo de justicia. La Municipalidad de Villarino está haciendo todo lo posible para hostigar y apretar a distintas personas. No es ningún capricho ni antojo, estamos soportando la justicia o injusticia de Bahía”.

La directora de Litigio de la Comisión Provincia por la Memoria, Margarita Jarque, afirmó que “el Estado está en deuda” con la eliminación de la violencia policial que padecen les jóvenes. “A veces es más visible en el Conurbano pero el caso de Facundo pone de manifiesto que también existe en estos lugares pequeños”.

A un año de la desaparición forzada seguida de muerte del joven de Pedro Luro, Cristina Castro y la CPM denunciaron por mal desempeño a la jueza Gabriela Marrón ante el Consejo de la Magistratura. “La idea es que se la remueva  y se analice su conducta, porque va más allá del caso de Facundo”, dijo la abogada a FM De la Calle.

Jarque explicó que “el mal desempeño de un juez tiene que ver con comportamientos frente aquello que el Estado le ha dado en sus manos para administrar que es nada más y nada menos que la justicia. Pero también con que ha sido el obstáculo fundamental para avanzar en la investigación”.

“No estamos ante un caso donde no hubo prueba, hay mucha y no se ha podido consolidar en imputaciones, indagatorias, detenciones, en lo que entendemos es lo lógico y el camino que sigue”, agregó.

La integrante de la CPM detalló que “la jueza eligió hacer una interpretación del resultado de la autopsia y ejercer un cierre virtual de la causa. Lo vimos con la incorporación del informe del IADO de manera antojadiza, viene de la nada a imponer en la causa una teoría del accidente que no tiene ningún fundamento, y vulnerando la delegación de facultades investigativas que tienen los fiscales”.

Jarque estará este sábado en Pedro Luro -junto a Roberto Cipriano García y Sandra Raggio- para acompañar a Cristina Castro y a familiares y amigues en el aniversario de la desaparición de Facundo. Presentarán un informe de la CPM sobre el estado de la causa.

El documento “pone blanco sobre negro lo que ha sido el relato oficial y el comportamiento judicial en relación a la búsqueda de justicia y lo que en la causa se ha podido constatar como pruebas muy contundentes y que, cuanto menos, debieran interrogar a la magistrada Marrón que ha sido quien ha decidido obturar una cantidad de pruebas importantes”.

Se refiere al secuestro de teléfonos de los y las agentes de la Bonaerense involucrados, análisis de elementos de Facundo hallados en patrulleros y sedes policiales y las comunicaciones y vínculos entre policías de Villarino y de Bahía Blanca.

Jarque sostuvo que en otros casos en los que interviene la CPM “muchas veces existe complicidad de las fuerzas policiales, lo que llamamos espíritu de cuerpo. Eso acá también se ve con la Policía Federal que luego fue apartada, con quienes trabajaba conjuntamente el fiscal Martínez. Además de esa solidaridad inter fuerza aparece por supuesto la intromisión judicial beneficiando de diferentes modos a los agentes estatales”.

“No debemos olvidar que la causa pasó por la justicia provincial que hizo muy poco y vulneró normativa dictada hace 20 años por la Corte bonaerense respecto a que en casos en los cuales esté sospechada la fuerza policial esta no puede investigar. Eso sucedió acá, se ve ese continuado de acciones que tienden a obturar la verdad y la justicia”, aseguró.

La querellante subrayó que “incluso se han desoído los señalamientos del propio Comité de Desaparición Forzada de Personas de Naciones Unidas y la Comisión Interamerica de Derechos Humanos. Para el caso de Facundo  recomendaron en las acciones urgentes -sigue abierta la de Naciones Unidas-: exhaustividad, profundidad, nada de eso se constata en la causa”.

Por último, Jarque destacó que “hay una necesidad de replantear y otorgar calidad a la justicia mediante el control de los actos de los magistrados. También una respuesta muy tardía por parte de los organismos de control del propio personal policial, que es la Auditoría de Asuntos Internos del Ministerio de Seguridad. Generalmente son trámites muy largos, en los que muchas veces se producen desafectaciones pero como no se resuelven los sumarios uno encuentra a los policías haciendo lo mismo en otras comisarías”.

A un año de la desaparición de Facundo Astudillo Castro, cuyo paradero se perdió el 30 de abril de 2020 hasta que su cuerpo apareció esqueletizado en el cangrejal del estuario de Bahía Blanca el 15 de agosto, la investigación a cargo del Ministerio Público Fiscal se centra en precisar el derrotero del joven y en establecer si integrantes de la Policía bonaerense tuvieron intervención en la desaparición seguida de muerte.

Mario Sosa, Jana Curuhinca, Siomara Flores y Alberto González. (FM De la Calle)

El sitio oficial del Ministerio Público Fiscal difundió este informe elaborado por la fiscala federal de Santa Rosa, Iara Silvestre, el fiscal general subrogante ante la Cámara Federal de Bahía Blanca y titular de la Unidad Fiscal de Ciberdelincuencia, Horacio Azzolin, y el fiscal a cargo de la Procuraduría de Violencia Institucional, Héctor Andrés Heim, quienes llevan adelante la investigación.

De acuerdo a las pruebas, Facundo salió a dedo desde Pedro Luro hacia Bahía Blanca -debía recorrer unos 120 kilómetros- para visitar a su ex novia, en el contexto en el que regía el Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio (ASPO) dispuesto por el Poder Ejecutivo Nacional como medida sanitaria frente a la pandemia de COVID-19. La norma prohibía la circulación en la vía pública, salvo al personal denominado “esencial”, y establecía la intervención de las fuerzas de seguridad para que hicieran cesar la acción de quien la violara.

El joven había pasado la noche del 29 de abril en la casa de un amigo y en la mañana del 30, a las 5, inició el viaje a pie por la Ruta Nacional N°3. Tras recorrer los primeros 30 kilómetros del trayecto, Facundo arribó a Mayor Buratovich, donde llegó gracias a un automovilista que lo acercó. El joven tuvo allí su primer encuentro con una autoridad policial alrededor de las 10.

A partir de entonces, la investigación se abre en una serie en incógnitas; la evidencia forense obtenida en diferentes procedimientos, los datos técnicos que se desprenden de dispositivos de telefonía celular y las declaraciones testimoniales relevadas no son suficientes para conformar un relato uniforme y cronológico del derrotero de Facundo.

Las dudas se centran en:

  • Lo sucedido Mayor Buratovich.
  • La forma y circunstancias en las que Facundo continuó su viaje hacia Teniente Origone, lo acontecido en ese lugar y con posterioridad.
  • La relación íntima entre una testigo del caso que dijo haber trasladado a Facundo y el personal policial que lo detuvo previamente en Mayor Buratovich.
  • Las razones por las cuales estuvo en posición de morir por asfixia por sumersión en algún lugar del estuario de Bahía Blanca.
  • La desaparición de su DNI con cuyos datos se obtuvieron líneas de teléfono.
  • La aparición dentro de su mochila -hallada en el estuario casi un mes después que su cuerpo- de la ropa que tenía puesta al momento de ser detenido por primera vez por la policía.
  • Los extraños movimientos de algunos patrulleros cuyos dispositivos de georreferenciación los sitúan en fechas y horarios relevantes para la investigación.

Mayor Buratovich

De acuerdo con los elementos recabados en la causa, Facundo fue interceptado alrededor de las 10 por el oficial Mario Gabriel Sosa y su colega Jana Curuhinca a la altura del kilómetro 779, en la localidad de Mayor Buratovich. Durante el procedimiento, Facundo fue fotografiado de espaldas junto a Sosa. La foto fue hallada durante la extracción forense de datos de un dispositivo de ese oficial, pero no se ha dado aún con el aparato desde el cual se tomó la imagen. Esa fotografía permitió determinar cómo estaba vestido Facundo, quiénes lo interceptaron, el horario y la identificación del móvil policial, N°23.360.

Al momento de su interceptación, Facundo llevaba su DNI: la policía tomó una foto del documento y la incorporó en el sumario formado por la violación del ASPO. El DNI nunca fue hallado, pese a que en septiembre apareció la mochila de Facundo, y después de su desaparición fue utilizado para dar de alta líneas de telefonía celular, aspecto que es objeto de investigación en un legajo de la causa: la fiscalía intenta determinar si quien utilizó los datos de la víctima tiene el DNI en su poder.

En el mismo dispositivo secuestrado a Sosa se halló un audio remitido por la oficial María Delgado, quien le transmitió a su colega la orden del oficial subayudante a cargo de la subcomisaría de Mayor Buratovich, Andrés Daniel Gerbatin, para que le enviaran “los datos completos y la foto” de Facundo y les advertía que “si se hacía el pajero que lo bajaran”. En la jerga policial, “bajar” significa que lo debían trasladar a la dependencia. Todavía se investiga si Facundo continuó su viaje después de ese encuentro con la policía o si, antes de retomar el camino, fue trasladado a la subcomisaría. Los movimientos del sistema de georreferenciación instalados en el patrullero indican que el móvil se dirigió hacia la dependencia tras el episodio.

En las declaraciones testimoniales que les recibió la justicia provincial -a cargo inicialmente de la búsqueda de Facundo-, Sosa y Curuhinca aseguraron que, tras haberle labrado la infracción, le indicaron que retornara a su domicilio. De las actuaciones se desprende que ambos agentes no consultaron con el juzgado de turno cómo debían proseguir, tal y como disponen las normas de procedimiento.

Teniente Origone

Facundo continuó su viaje. Siomara Flores, quien resultó ser miembro de la Policía bonaerense, medio hermana de Curuhinca y pareja de Sosa -cuestión que pudo conocerse a través del análisis del teléfono celular de este último-, declaró que trasladó al joven desde Buratovich hasta Teniente Origone. Unos 25 kilómetros separan las dos localidades. La testigo aseguró que vio al joven haciendo dedo sobre la ruta y que aproximadamente a las 13 descendió del vehículo en la entrada al pueblo, sobre la ruta. Agregó que, durante el diálogo que tuvieron en el viaje, Facundo se dio cuenta que ella conocería a su madre y que entonces le solicitó que no le dijera que lo había visto.

Puesto Policial Teniente Origone (FM De la Calle)

La investigación tuvo noticia de este traslado sólo a través del testimonio de Flores, quien compareció cuando el caso tramitaba en el fuero ordinario como una búsqueda de paradero.

Una prueba técnica contradice o pone en duda esa versión. Cristina Castro, madre del joven, habló a las 13.33 con su hijo; en esa comunicación Facundo le manifestó que “no lo iba a ver nunca más”. La antena de telefonía celular que activó el teléfono del joven fue la de Buratovich, no la de Origone donde -según Flores- había arribado media hora antes.

Aunque no existe certeza del horario de arribo y de quién lo trasladó hacia allí, Facundo llegó igualmente a Origone. Alrededor de las 15 fue visto por dos testigos en el kilómetro 755 de la Ruta Nacional N°3. De acuerdo con el relato, el joven se encontraba recostado a la vera de la ruta y dado su contextura física los testigos creyeron que se trataba de un niño.

Los testigos se comunicaron con un amigo de Origone y esa persona dio aviso al puesto de vigilancia policial. Esa secuencia fue reconstruida con los relatos y los informes concordantes de las prestatarias de telefonía celular.

A las 15.27, en el kilómetro 750, Facundo fue nuevamente interceptado por la policía, esta vez por el teniente primero Alberto González. El agente declaró en el expediente provincial que encontró a Facundo a 6 o 7 kilómetros de la entrada del pueblo y que lo identificó con su carnet de conducir, ya que el joven no habría tenido en su poder el DNI. González fotografió el carnet a las 15.43, de acuerdo con la extracción forense de datos realizada en su teléfono celular.

Alberto González (FM De la Calle)

González añadió que en la oportunidad había consultado con la comisaría de la localidad de Médanos qué debía hacer con Facundo y que el jefe, Juan Carlos Reynoso, le indicó que debía dejarlo continuar. El policía registró lo sucedido en una libreta manuscrita, que fue secuestrada y forma parte de las pruebas de la causa.

Agregó que había visto que Facundo subió luego a una camioneta Renault Duster u Oroch, con sentido a Bahía Blanca. Tanto del relato del policía como de las constancias documentales -notó el equipo fiscal-, se desprende que la fuerza de seguridad no siguió el procedimiento establecido por ley: no avisó a la autoridad judicial ni hizo cesar la conducta violatoria del aislamiento.

No obstante la versión de González y los datos emanados de los peritajes, otros testigos aseguraron haber visto a Facundo entre las 15.20 y las 15.40 en cercanías de Buratovich, en dirección hacia Bahía Blanca, subiendo a la parte trasera de una camioneta negra y blanca de la policía. Los testigos, además, individualizaron al conductor del vehículo como el oficial Sosa.

Entretanto, otros elementos de la causa permiten suponer que Facundo pudo haber pasado por el puesto de vigilancia de Origone. En efecto, sus datos identificatorios -nombre, documento y domicilio al cual se dirigía en Bahía Blanca- figuran en el Libro de Guardia del puesto. Además, el geolocalizador del patrullero de González da cuenta que, tras la interceptación del joven en la ruta, se dirigió a la sede policial. Con posterioridad, en el registro realizado sobre ese patrullero se encontró un pelo. La evidencia no permitió recabar ADN nuclear, pero sí le permitió al Cuerpo Médico Forense de la Corte Suprema establecer que presentaba identidad con el haplotipo mitocondrial de Cristina Castro. Semanas después el patrullero fue nuevamente inspeccionado con la ayuda de perros y se detectaron nuevos rastros que se están analizando en este momento.

Asimismo, en el allanamiento realizado a la sede policial de Origone el 31 de julio pasado fue hallado en un montículo de basura un amuleto de madera con forma de sandía que contiene en su interior una vaquita de San Antonio tallada, el cual fue identificado por la madre de joven y otros testigos como propiedad de Facundo: un regalo que le había hecho la abuela materna, idéntico a otros que también le entregó a sus hermanos, y que tenía un alto valor afectivo.

En un segundo allanamiento ordenado por la Cámara Federal por un recurso de la fiscalía, la investigación detectó en el interior del mismo puesto de Teniente Origone un trozo de piedra turmalina que formaría parte de un colgante que podría corresponderse con el que lucía Facundo sobre su cuello. La piedra estaba entre la tierra, en el mismo lugar donde se encontró el otro amuleto. Ese elemento y otras muestras todavía están siendo peritadas por la Gendarmería Nacional.

Continuación del viaje a Bahía Blanca

En la pesquisa es objeto de indagaciones la declaración prestada por un testigo de identidad reservada, el Testigo H, quien dijo que conducía por la Ruta Nacional N°3 a la altura de Origone, aparentemente momentos después de que González hubiera dejado continuar a Facundo. El testigo contó que levantó al joven en su vehículo Honda HRV y que se dirigió rumbo a Bahía Blanca. Dijo que Facundo le pidió que lo dejara en el primer cruce ferroviario viajando en dirección a aquella ciudad, situado a unos 27 kilómetros de Origone. El joven le dijo que pasaría antes por la localidad de General Cerri a visitar a un amigo, para luego continuar camino. Le explicó, siempre según la versión del testigo, que quería evitar el paso por el control zoo-fitosanitario, ubicado en el kilómetro 714 de la Ruta Nacional N°3.

Desde el cruce donde supuestamente el testigo dejó a Facundo, la vía se introduce y se alza en medio del estuario durante casi 19 kilómetros hasta que llega a General Cerri, la supuesta parada intermedia. Situado en el punto donde dijo haberlo dejado el Testigo H, a Facundo le faltaban unos 40 kilómetros para llegar a Bahía Blanca.

El Testigo H afirmó que, al retirarse del lugar, alcanzó a ver al joven caminando por el medio de las vías. En esa zona y en la dirección que según el relato habría tomado Facundo, la topografía cambia al ritmo de las mareas. Los fiscales recorrieron la zona y también entrevistaron a varios testigos que conocen el lugar. Todos coinciden en que las vías son el lugar más seguro para caminar ya que, por la forma en la que fueron construidas, nunca se inundan.

No hay personas que hayan visto a Facundo después del Testigo H. Su último rastro fue un mensaje que partió de su teléfono celular a las 20.21 del 30 de abril hacia el de un amigo, en el cual le informaba que no tenía señal ni batería en el dispositivo y que en un rato lo llamaría. El testigo puso en duda que el mensaje que recibió hubiera sido escrito por Facundo, dado que -según dijo- no redactaba de esa forma. El amigo de Facundo declaró que le había enviado un mensaje de respuesta, pero que nunca había llegado.

Fin de la desaparición

Facundo Astudillo Castro estuvo desaparecido desde entonces hasta el sábado 15 de agosto. Ese día tres pescadores encontraron su cuerpo, totalmente esqueletizado, en el canal denominado “Cola de ballena”, un cangrejal situado en la zona de Villarino Viejo, contigua a la localidad de General Cerri.

En la zona del hallazgo trabajó el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) con la asistencia del Gabinete Científico de la Policía Federal. Además de los restos óseos, se encontró una de las zapatillas que vestía el joven a unos 30 metros, “en estado casi intacto”, describió el equipo fiscal.

El 1° de octubre pasado el EAAF dio a conocer los resultados de la autopsia: fue una muerte violenta producto de una asfixia por sumersión. Las microalgas obtenidas en la médula ósea del cadáver se correspondían con las que se desarrollan en el estuario de Bahía Blanca, pero el avanzado deterioro del cuerpo no permitió determinar si en la muerte existió participación de terceros o si fue producto de un asesinato, accidente o un suicidio.

La perito de la parte querellante, Emma Virgina Creimer, presentó una disidencia en el dictamen. Indicó que el fenómeno de pink teeth (dientes rosados) que se observó en el cadáver era la consecuencia de un traumatismo vital antemortem, es decir, en vida, y que por lo tanto no podía descartarse la hipótesis de participación de terceras personas.

Patrulleros en la zona

El equipo fiscal recabó información sobre otros móviles policiales que podrían haber tenido contacto con Facundo o que, de acuerdo a sus dispositivos de georreferenciación, estuvieron en la zona en la que se encontraron los restos óseos.

En efecto, el 8 de mayo un móvil de la Unidad Policial de Prevención Local (UPPL) de Bahía Blanca estuvo ubicado en cercanías del lugar donde se produjo el hallazgo del cuerpo. Todavía llama la atención del equipo fiscal que un vehículo urbano haya ingresado y permanecido en ese lugar.

Al advertir el dato, la fiscalía solicitó el allanamiento de la UPPL y el secuestro del móvil. Semanas más tarde, durante una inspección llevada a cabo por la Gendarmería Nacional, se halló un trozo de piedra de color negro en el interior del baúl, que fue reconocido inmediatamente por Cristina Castro. El estudio pericial desarrollado por un geólogo de la Dirección de Criminalística y Estudios Forenses de esa fuerza de seguridad determinó que se corresponde con una piedra turmalina, tal como había referido la madre del joven.

Entretanto, el 12 de septiembre otro pescador de la zona encontró una mochila a unos metros del punto donde fue hallado el cadáver de Facundo. En el interior se encontró la licencia de conducir, dos teléfonos celulares deteriorados y una muda de ropa que presentaba daños, sometida actualmente a estudios para determinar si se corresponden con la biodiversidad del lugar, las condiciones climáticas y/o la acción de otras personas. Para sorpresa de los investigadores y la fiscalía, en esa muda estaba el pantalón que Facundo lucía en la foto que le tomaron de espaldas en Mayor Buratovich cuando había sido interceptado por Sosa y Curuhuinca. Sorprende a los investigadores, además, el buen estado de conservación de la mochila a diferencia del resto de la ropa que estaba en su interior.

El Cuerpo de Investigaciones Judiciales (CIJ) del MPF de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tiene pendiente el estudio de los dos teléfonos celulares encontrados en la mochila con una técnica denominada chip-off, que permita extraer la mayor información posible.

El equipo fiscal y las medidas pendientes

El 12 de febrero el fiscal federal de Bahía Blanca Santiago Ulpiano Martínez se inhibió de seguir interviniendo en el caso. Su pedido fue aceptado por el Juzgado Federal y el procurador general interino, Eduardo Casal, designó en su lugar a la fiscala federal Silvestre, quien pasó a integrar el equipo del MPF en este caso junto a Azzolin y Heim.

El equipo fiscal aguarda actualmente que la Cámara Federal haga lugar a medidas de prueba rechazadas por el juzgado, las cuales consisten en el secuestro de dos patrulleros que habrían transitado por Origone en el horario en el que Facundo se encontraba en la zona y otras medidas de coerción que los fiscales consideran indispensables.

También se encuentra cuestionada la continuidad de la jueza federal María Gabriela Marrón a cargo del caso. El equipo fiscal la recusó, la solicitud fue rechazada y actualmente la fiscalía prepara un pedido para que la Cámara de Casación Federal admita el tratamiento del caso. El equipo considera que la jueza no es imparcial porque ha abrazado como única hipótesis posible la de un accidente.

La obligación de llegar a la verdad

Cuando Facundo se encontraba desaparecido, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) dictó una medida cautelar para que el Estado Argentino adopte las acciones “necesarias para determinar la situación y paradero” del joven, “con el fin de proteger sus derechos a la vida e integridad personal”. Luego de la aparición del cuerpo, la CIDH levantó la medida cautelar, lamentó la muerte de Facundo y recordó -de conformidad con los artículos 8 y 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos- que “el Estado de Argentina se encuentra obligado a investigar de manera diligente las circunstancias que dieron lugar a la muerte” del joven. El organismo regional precisó que “corresponde al Estado investigar de manera exhaustiva la totalidad de las hipótesis que han surgido a lo largo la propia investigación, garantizando una adecuada participación a sus familiares y representantes”. En tal sentido, la CIDH instó al Estado “a continuar la investigación y esclarecer las circunstancias relacionadas con la muerte de Facundo José Astudillo, de ser el caso, estableciendo las responsabilidades de cualquier índole a que dieren lugar”.

Esa es la manda que guía el trabajo del equipo fiscal a un año de la desaparición del joven.

“El compromiso de cara a la sociedad y en especial a la familia de Facundo y su mamá Cristina, es el de llevar adelante una investigación profunda que siga cada pista e intente responder cada interrogante”, afirmaron les fiscales de la causa que investiga la desaparición forzada seguida de muerte de Facundo Castro.

En una entrevista difundida por el sitio oficial del Ministerio Público Fiscal, Iara Silvestre, Horacio Azzolín y Andrés Heim reflexionan acerca de la responsabilidad institucional del Ministerio Público Fiscal ante la familia del joven de Pedro Luro y cuentan cómo organizan y despliegan su trabajo en el marco de la pandemia de Covid-19.

-¿Cuál es la responsabilidad institucional frente a este caso? ¿Qué puede esperar la sociedad, y en especial su familia, de la actuación del MPF?

El compromiso institucional es absoluto y así está expresado desde la integración de un equipo de trabajo, que implica el involucramiento y la responsabilidad de un grupo de hombres y mujeres integrantes del Ministerio Público Fiscal que día a día trabajan en la sistematización de datos, relevamiento de hipótesis, recolección de pruebas, presentaciones judiciales, etc. Todo el equipo de trabajo ha tomado este caso con un gran compromiso, no sólo porque es nuestra función investigar exhaustivamente para establecer la verdad sobre lo sucedido con Facundo, mucho más cuando entre las hipótesis barajadas se encuentran comprometidos agentes estatales (de la policía de la Provincia de Buenos Aires), sino además porque de no hacerlo de tal manera estaríamos nosotros incumpliendo con el deber del Estado de agotar todos los medios a nuestro alcance para llegar a esa verdad.

En ese sentido, el compromiso de cara a la sociedad y en especial a la familia de Facundo y su mamá Cristina, es el de llevar adelante una investigación profunda que siga cada pista e intente responder cada interrogante.

La responsabilidad institucional de litigar este caso está definida, por un lado, desde la Constitución, los instrumentos internacionales de Derechos Humanos y el resto de las normas que rigen la actuación del MPF. La Constitución nos exige promover la actuación de la justicia en defensa de los intereses generales de la sociedad y nuestra Ley Orgánica nos manda dirigir nuestras acciones tomando en cuenta los intereses de la víctima, a la que debemos brindarle asistencia. La ley de víctimas establece disposiciones similares. Por el otro, por el tipo de caso, ya que al tratarse de una investigación por desaparición forzada de personas seguida de muerte hay una serie de criterios de actuación, definidos por organismos e instrumentos internacionales, que se deben seguir para concretar investigaciones exitosas y evitar que el Estado incurra en responsabilidad internacional. Estos criterios forman parte del cristal a través del cual debe mirarse el caso, y esa mirada es la que venimos sosteniendo desde que asumimos nuestra intervención directa en la investigación.

(FM De la Calle)

-¿Qué implica la conformación de un equipo fiscal? ¿Cuáles son sus ventajas?

Las ventajas de la integración de un equipo de trabajo están dadas por la diversidad, las múltiples miradas y el intercambio de ideas: cada integrante aporta sus conocimientos y experiencia para enriquecer la posición; de la diferencia de opiniones suelen salir productos más elaborados en cuanto a la estrategia de litigación y la solidez técnica. Ayuda, además, a alivianar la carga del fiscal titular al poder repartir las tareas entre más magistrados. Es un sistema previsto en nuestra ley orgánica y es la forma de trabajo habitual en sistemas acusatorios. Todo es sometido al análisis del equipo y las decisiones se adoptan en función de esos aportes, sobre los que luego decidimos también en conjunto.

La circunstancia de que los y las integrantes del equipo conozcamos y asumamos nuestra ubicación y responsabilidad institucional, hace que tengamos claro el objetivo y estemos cohesionados en función de ello.

La conformación del equipo implica la decisión institucional de reforzar la representación del Ministerio Público Fiscal en un caso que por sus características es complejo, tal y como ha pasado en otras ocasiones de graves violaciones a los Derechos Humanos. En ese sentido, se debe tener en cuenta el contexto en el que ocurrió el hecho -vigencia de la fase 1 del Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio decretado por el Poder Ejecutivo Nacional-, los lugares en los que se desarrollaron diversas secuencias del caso que se están reconstruyendo -en la ruta Nacional nº 3, en zonas rurales y/o despobladas y casi sin circulación de personas-, la intervención y ubicación en la escena del suceso de diversos integrantes de una fuerza policial, la ausencia de cumplimiento de las disposiciones del ASPO al momento de la interceptación de la víctima y de comunicación a las autoridades judiciales competentes, la situación de vulnerabilidad de la víctima, las enormes dificultades en la recopilación de la prueba, los obstáculos en su producción, la presentación de elementos distorsivos en la investigación, en especial, en la etapa previa a que el caso pasara a tramitar ante la justicia federal bajo la hipótesis de desaparición forzada de personas, entre otras.

Un trabajo a distancia, pero articulado

Silvestre se encuentra en Santa Rosa, La Pampa, a cargo de las fiscalías de primera instancia y de juicio, y su desempeño tiene lugar en el ámbito de la jurisdicción de la justicia federal de Bahía Blanca. Azzolin y Heim son titulares de la UFECI y la PROCUVIN, respectivamente, que tienen oficinas en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El expediente y sus evidencias se encuentran físicamente en Bahía Blanca, donde también trabaja parte del equipo de colaboradores. Fiscales.gob.ar les preguntó también cómo transitan este periodo de investigación, pandemia mediante, y cómo coordinan el trabajo:

El trabajo se coordina básicamente a través de las herramientas tecnológicas que tenemos a disposición, como grupos de WhatsApp, mails, Zoom, etc. Eso hace que podamos estar cerca a pesar de la distancia y continuamente comunicados seguir el trámite de la causa.

Por las características propias de las unidades, trabajamos con fiscales del resto del país en forma remota, por lo que estamos familiarizados a trabajar en las actuales condiciones. Eso nos facilitó el proceso de gestionar un caso a distancia, especialmente durante los momentos en los que no es conveniente desplazarse por la situación epidemiológica.

Ante la imposibilidad de vernos en persona, el diálogo por videoconferencia está a la orden del día. De esa forma nos conocimos primero y discutimos diversos aspectos del trabajo después.

La utilización de servicios en la nube y documentos colaborativos son las herramientas que nos permiten gestionar el expediente, cuya versión física es administrada por un colaborador de nuestra máxima confianza. La digitalización del legajo y el uso de la firma digital optimizan la concreción de la labor en las actuales condiciones que impone la pandemia.

-En la causa colaboran las direcciones generales de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (DATIP) y de Acompañamiento, Orientación y Protección a las Víctimas (DOVIC). ¿Cuáles son y cómo evalúan los aportes de cada área? ¿Y de otras dependencias del MPF?

La colaboración de las áreas del MPF es indispensable. DATIP, para aportarnos una mirada interna (y por ende, de confianza) sobre diversos aspectos técnicos en un caso en el que no podemos depender íntegramente de los laboratorios de la policía; algunos de sus aportes fueron claves para el avance del caso. La DOVIC es otra área indispensable, ya que gestionan la relación con la familia de la víctima y los testigos, los acompañan, contienen, orientan, y nos ayudan a gestionar algunas diligencias que tenemos que hacer con ellos. La Dirección de Comunicación Institucional del MPF también ha sido de enorme ayuda para definir una estrategia de comunicación adecuada para un caso de trascendencia como éste, y para concretar la difusión de esa información.

Las distintas áreas administrativas de la Procuración General de la Nación han sido de inestimable ayuda en la gestión de las diversas situaciones que se van presentando en la tarea del equipo; por ejemplo, la Oficina de Pasajes y Viáticos, para gestionar nuestros traslados motivados en el caso.

Fuente: fiscales.gob.ar

Los fiscales Andrés Heim y Horacio Azzolín recurrirán ante la Cámara de Casación tras el rechazo de la Cámara de Apelaciones bahiense a la recusación contra la jueza federal María Gabriela Marrón.

También apelarán el rechazo de nuevas medidas investigativas, mientras se continúan realizando diligencias en el estuario de Bahía Blanca. Por otra parte, Santiago Ulpiano Martínez ya tiene reemplazante.

La vacante del funcionario inhibido en la causa será cubierta por la fiscal federal de Santa Rosa Iara Silvestre, designada días atrás por el procurador general de la Nación interino, Eduardo Casal.

La Cámara Federal de Bahía Blanca, con el voto de Pablo Larriera, rechazó el planteo de recusación de Marrón. La Fiscalía consideró que su imparcialidad había quedado afectada luego de disponer de oficio y sin control de las partes una medida de prueba por sobre la estrategia de litigación del caso que tienen los representantes luego de que se les delegara la instrucción del sumario.

Heim, Azzolín y Silvestre están elaborando un recurso de casación contra dicha decisión, ya que consideran que sus argumentos no fueron valorados en su totalidad, en especial en lo relativo a nuevas irregularidades cometidas por la titular del Juzgado Federal N°2 de Bahía Blanca en las últimas semanas, como no suspender la ejecución de la medida pese a varios planteos en ese sentido y el efecto suspensivo del recurso interpuesto.

Además, informaron ante la Cámara Federal, en el marco del trámite del incidente de nulidad que plantearon contra esa decisión de la jueza, que consideraron que no estaba adecuadamente fundada y afectaba la independencia del organismo. Si bien la jueza rechazó la nulidad, los fiscales esperan revertir esa situación en instancias superiores y, como consecuencia, apartar a la magistrada del caso tal y como lo prevé el Código Procesal Penal.

Nuevas medidas realizadas y solicitadas

Los y la representante del Ministerio Público solicitaron en los últimos días, con el secreto de sumario vigente, la concreción de una serie de medidas de prueba que fueron rechazadas por la jueza, decisión que también fue apelada.

Azzolín, Heim y Silvestre esperan que la nueva queja sea resuelta por el tribunal revisor en el mismo sentido que lo hizo en febrero, lo que motivó la concreción de allanamientos.

En el marco de los trabajos de campo que desde hace meses vienen realizando en el estuario de Bahía Blanca, días pasados la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (DATIP) y el Cuerpo de Investigadores Judiciales (CIJ) del Ministerio Público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires realizaron un relevamiento del lugar con drones. También se prevé una recorrida a pie en compañía de testigos.