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La justicia federal ordenó el secuestro de documentación de la Testigo H, la mujer que dos de los policías sospechados por la desaparición de Facundo Astudillo introdujeron en el expediente con la versión de que acercó al joven en dirección a Cerri.

A 2 años de la aparición del cuerpo de Facundo Castro en Villarino Viejo, el abogado Luciano Peretto se refirió al estado de la causa y los avances registrados tras la recusación de la jueza Gabriela Marrón. “El plan de impunidad incluyó una serie de personalidades de la política, del Poder Judicial y de los medios masivos de comunicación”, afirmó.

A poco de cumplirse dos años de la aparición del cuerpo sin vida del joven de Pedro Luro en Villarino Viejo, el Ministerio Público cambia a uno de sus integrantes. El dr. Alberto Gentili reemplazará a Andrés Heim, quien asumió como juez federal de Pehuajó.

Los fiscales Andrés Heim y Horacio Azzolín, la fiscal Iara Silvestre y la titular de la Dirección General de Acompañamiento, Orientación y Protección a las Víctimas, Malena Derdoy, analizan en esta producción la complejidad y la singularidad de la investigación por la desaparición y muerte de Facundo Astudillo Castro.

La mamá de Facundo, Cristina Castro, habló con FM De la Calle tras el apartamiento de la jueza Gabriela Marrón ordenado por la Cámara de Casación. “Si te matan a un hijo tenés que buscar la justicia y tratar de que sean lo más imparciales posibles. Marrón ha sido vocera de Berni -junto con Ulpiano Martínez- y defensora de la policía”.

En un fallo paralelo al que apartó a la jueza Gabriela Marrón de la investigación de la desaparición forzada seguida de muerte de Facundo Castro, la Cámara de Casación rechazó el pedido de nulidad de una pericia realizada por el Instituto Argentino de Oceanografía.

La Cámara de Casación Penal apartó a la jueza Gabriela Marrón de la investigación de la desaparición forzada seguida de muerte de Facundo Astudillo Castro por falta de imparcialidad.

Horacio Azzolín, Andrés Heim y Iara Silvestre se opusieron al planteo presentado por la defensa de los policías investigados en el que se pedía la nulidad de los hallazgos efectuados por el perito Marcos Herrero.

El fiscal de Casación, Javier de Luca, dictaminó en favor de que se revoque la resolución de la Cámara Federal bahiense que validó la incorporación por parte de la jueza Gabriela Marrón del informe pericial del IADO en la causa que investiga la desaparición seguida de muerte de Facundo Castro.

Horacio Azzolín es uno de los tres fiscales que investiga la muerte de Facundo Astudillo Castro. En diálogo con FM De la Calle se refirió al dictamen del fiscal de Casación, Javier De Luca, respaldando la recusación contra la jueza María Gabriela Marrón por “entorpecer la búsqueda de la verdad”. “La Fiscalía sostiene que hay que analizar todas las posibilidades sin abrazar ninguna, pero el expediente está en la Justicia Federal por algo y nadie ha decidido que pase a otra órbita descartando la hipótesis de desaparición forzada”.

El trámite de la causa “no deja lugar a dudas” respecto de que la funcionaria “ya tiene una posición tomada (un prejuicio) sobre cómo se sucedieron los acontecimientos que derivaron en la muerte del joven Astudillo, lo cual es totalmente incompatible con la actitud y apertura mental que debe adoptar cualquier magistrado en la etapa de investigación o averiguación de un posible crimen”.

La madre de Facundo, Cristina Castro, encabezó una conferencia de prensa junto a Amnistía Internacional a un año del hallazgo de los restos de su hijo en un cangrejal de Villarino Viejo. Con sus abogados y la Comisión Provincial por la Memoria, se refirieron a la investigación de la desaparición forzada seguida de muerte y brindaron detalles de una reunión con el procurador general de la Nación, Eduardo Casal.

“Llevo un año llorando y no puedo entender cómo siguen libres trabajando, gozando y mirando a sus madres a los ojos, a mí me prohibieron de todo eso, mi vida cambió totalmente, mi vida se hizo pedazos”, dijo sobre los policías involucrados y destacó que su mejor abogada es la jueza federal María Gabriela Marrón.

En el encuentro se sumaron acusaciones contra Santiago Ulpiano Martínez, fiscal que intervino en el primer tramo de la investigación. “El procurador se ha comprometido en atender estas ampliaciones de denuncia que hemos formulado y que tienen por norte desenmascarar los deberes que incumplió el fiscal y replicaron en este encubrimiento que, gracias a la enorme fuerza de Cristina, de la sociedad y algunos medios estamos cada vez más cerca de poder asegurar un resultado de justicia”, dijo Luciano Peretto.

Cristina dijo que “es muy doloroso saber que una persona encontró el cuerpo de tu hijo tirado en un cangrejal y no le faltaban piezas y más doloroso es saber que en una noche un fiscal hizo desaparecer los brazos de tu hijo y te entregó el cuerpo incompleto, eso hizo el fiscal Ulpiano Martínez”.

“Al pescador que encontró el cuerpo de mi hijo y la zapatilla, que estaba a pocos metros, le dijeron ‘vos cállate la boca que esto no se tiene que saber’, la Policía Federal y Ulpiano Martínez”, puntualizó la madre del joven.

El abogado Leandro Aparicio detalló que “a (la ministra de Seguridad Sabina) Frederic queremos preguntarle qué va a hacer el Estado ante la gravedad de la actuación de los policías cuando le dicen al testigo que vio la zapatilla ‘no pongas esto que vamos a tener quilombo’. Menos mal que no se animó el fiscal a sacarla”.

“La habían dejado fuera del perímetro, no se animaron a desaparecerla como hicieron con los brazos de Facu y la Policía Federal tuvo que ver en eso”, agregó Cristina.

En relación a la recusación contra la jueza María Gabriela Marrón, la integrante de la Comisión Provincial por la Memoria, Margarita Jarque, argumentó que “estamos esperando la resolución de la Sala I de Casación, de la jueza Figueroa y los doctores Petrone y Barroetaveña”. También aguardan por el requerimiento de nulidad de un informe de mareas de IADO.

Las irregularidades de la Policía Federal “se constatan con que los propios fiscales corren a la Federal de la instrucción y se trabaja con Prefectura, entendemos que en la reunión que ha concedido la ministra Frederic abordaremos eso”, concluyó Jarque.

Cristina dijo que “fue un año durísimo, todo tuvimos que pelearlo en una Cámara, contra una jueza que supuestamente tiene que defendernos. Es la abogada de cuatro atorrantes que se llevaron la vida de un inocente”.

“Quiero que esos cuatro asesinos estén tras las rejas. A mí a Facu no me lo devuelve nadie, esto no es por venganza, terminado con esto a mí nadie va venir con mi flaco y me va a decir tome, acá lo tiene. Detrás mío hay un montón de jóvenes, no quiero que nadie más le pase por esto”.

“Llevo un año llorando y no puedo entender cómo siguen libres trabajando, gozando y mirando a sus madres a los ojos, a mí me prohibieron de todo eso, mi vida cambió totalmente, mi vida se hizo pedazos, han arruinado la vida a una familia, a los amigos, y nos han perseguido de tal forma. Nos enseñaron que hay que luchar, los pueblos de Villarino se están levantando y luchando, nos hicieron más fuertes, es dolor lo que tenemos y unas ansias de justicia que no tienen ni idea”, finalizó.

Foto: Amnistía Internacional.

Con mentiras y descalificaciones respondió el ministro de Seguridad, Sergio Berni, a la consulta sobre el estado de la causa por la desaparición forzada seguida de muerte de Facundo Castro. “Hablemos claro, la justicia determinó lo que pasó, después hay una contraparte que no quiere aceptarlo y recusa permanentemente”, afirmó el jefe de la Bonaerense.

“Tremendo mansplaining recibí”, dijo la periodista Catalina De Elía luego de la entrevista en el programa “Fuego amigo” en referencia a las intervenciones machistas del funcionario que la trató de mal informada y le intentó explicar el funcionamiento de la justicia.

Berni agregó que “quienes acusan son los fiscales, un juez determina si lo que acusan tiene coherencia y verosimilitud para avanzar en la investigación. La jueza ha dicho, en todas y cada una de las oportunidades que los fiscales pidieron ridiculeces, señores esto no existe”.

La Cámara Federal bahiense efectivamente rechazó las quejas contra la jueza Gabriela Marrón presentadas por la Fiscalía. Por eso, Horacio Azzolín, Iara Silvestre y Andrés Heim, esperan una definición por parte de la Cámara de Casación.

En cuanto a las medidas probatorias que Marrón rechazó sistemáticamente, la Alzada tuvo otra postura. En febrero habilitó el secuestro de celulares de varios policías y un nuevo allanamiento en Origone en base a indicios que la jueza no quiso ver: el hallazgo de un cabello que pertenecería a Facundo en el patrullero que el 30 de abril conducía Alberto González, en ese momento a cargo del puesto policial de Origone; el amuleto de Facundo encontrado en un viejo calabozo del mismo lugar y la declaración de una testigo de identidad reservada que dijo haber escuchado a funcionarios municipales comentar que en la comisaría de Origone se hallaron prendas de Facundo y que se ordenó que se las haga desaparecer.

“Todas las veces que se recursó (sic) a la Cámara e inclusive intentaron sacarla, la Cámara dijo que lo que está haciendo hasta acá es correctísimo. Y para la semana que viene le voy a traer un regalo”, dijo Berni. Según sus palabras, se trataría de “una información bastante interesante”. La periodista destacó la necesidad de “que la mamá de Facundo sepa qué pasó con su hijo” porque “la justicia todavía no lo dijo”.

Por otro lado, el ministro afirmó que “la justicia federal tomó la causa no de manera inmediata sino pasado un tiempo, la estaba llevando adelante la Policía de la provincia de Buenos Aires” y agregó que el día que aparataron a la fuerza a su cargo “lo estábamos buscando en el lugar donde se encontró el cuerpo”.

Cabe aclarar que la Bonaerense fue separada en el momento en que se evidenciaron las sospechas sobre algunos de sus integrantes y se comenzó a investigar los hechos como una posible desaparición forzada.

Previamente, la policía de Berni intentó sostener que Facundo había llegado a Bahía Blanca, que se lo había visto vendiendo bolsitas de residuos o que tenía vínculos con el narcotráfico. De hecho, recurrió a uno de los suyos: Jorge Agustín Galarza se presentó ante Fiscalía como un vecino de Cerri que había estado en contacto con el joven, quien le habría dicho que iba camino a Ing. White y luego a Devoto.

Por otra parte, fueron Mario Gabriel Sosa y Siomara Flores -dos de los policías sospechados- quienes llevaron a la testigo H a la Policía Federal y al fiscal Santiago Martínez. La mujer declaró que levantó a Facundo en la ruta y lo acercó hacia nuestra ciudad en un testimonio que se contradice en varios puntos con el del oficial González. 

Tampoco se privaron los hombres de Berni de intimidar y perseguir a amigos y familiares de Facundo para que se hicieran cargo de “algo” que justificara su desaparición como denunció, Marcelo González, ex cuñado del joven de Pedro Luro.

Durante los últimos días, la causa que investiga la desaparición y muerte de Facundo Astudillo Castro incorporó nuevas medidas de prueba que contradicen la hipótesis de una muerte por accidente en la ría de Bahía Blanca y obligan a profundizar la investigación sobre la participación de los agentes de la Policía bonaerense en el hecho.

A instancias del Ministerio Público Fiscal, la querella familiar y la Comisión Provincial por la Memoria (CPM), querella institucional en calidad de Mecanismo Local de Prevención de la Tortura, se realizó un nuevo reconocimiento al lugar donde fueron hallados los restos óseos. El fiscal Horacio Azzolin y la fiscala federal de La Pampa Iara Silvestre –designada en la causa en reemplazo de Ulpiano Martínez– estuvieron en el lugar y acompañaron el recorrido que realizaron las personas que encontraron los restos óseos y dieron aviso a las autoridades.

Durante ese reconocimiento, uno de los pescadores dio precisiones sobre las características de esa zona de la ría, que visita asiduamente desde hace más de 20 años: “Podés caminar hasta la vera del agua sin enterrarte, sólo te vas a embarrar”, describió. Y agregó que “tendrías que ingresar más de diez metros a la ría para que el agua te llegue a la altura de la rodilla”. Sobre el lugar específico en donde se encontró el cuerpo, el pescador reconoció también que, cuando la marea sube, sólo queda cubierto por unos pocos centímetros de agua.

Estos nuevos elementos en la causa significan, prácticamente, descartar la hipótesis de un accidente que pueda haber sufrido Facundo mientras caminaba por la zona de cangrejal. Hipótesis que sigue construyendo la jueza federal María Gabriela Marrón y cuya única prueba para justificarlo era un informe del Instituto Argentino de Oceonografía (IADO) que, sin ningún tipo de rigor científico, aventura hipótesis sobre un posible recorrido de Facundo para concluir que se trató de una muerte accidental. Un informe que fue rechazado y recusado por el Ministerio Público Fiscal y aún así incorporado por la jueza.

El testigo también recordó que, además de los restos óseos, habían encontrado a pocos metros una zapatilla y otras prendas de vestir. En su momento, les señaló esos elementos al fiscal federal Ulpiano Martínez –a cargo de la instrucción– y el subcomisario de la Policía Federal José Pérez que dirigieron el operativo el día del hallazgo del cuerpo. Sin embargo, los funcionarios incumpliendo con sus obligaciones, no secuestraron esas pruebas. Recién al día siguiente, cuando ya estaba en el lugar el Equipo Argentino de Antropología Forense, la mamá de Facundo, Cristina Castro, vio la zapatilla y se ordenó su secuestro para la causa.

Cabe recordar que, a partir de una presentación de la CPM, ya existe un expediente en la Procuración General de Nación por mal desempeño en las funciones del fiscal Ulpiano Martínez. Con esta declaración se ampliará esa denuncia, se solicitará a las autoridades del Ministerio de Seguridad de Nación la investigación sobre la actuación de Pérez y se presentará una denuncia penal para que se investigue la conducta de ambos funcionarios.

Por otra parte, recientemente se incorporó a la causa la pericia sobre los trozos de piedra de turmalina hallados en el puesto policial de Teniente Origone y en el baúl del móvil de la Policía Local de Bahía Blanca que según el registro de AVL, el 8 de mayo del año pasado estuvo varias horas en la zona del cangrejal donde semanas después se encontraron los restos óseos de Facundo. El informe pericial determinó que había coincidencias entre los dos trozos analizados, que por otro lado fueron encontrados a partir del señalamiento de uno de los perros rastreadores que intervinieron. Cabe recordar que al momento de la desaparición, Facundo llevaba en su cuello un colgante con una piedra de turmalina.

También se conocieron los primeros resultados de nuevas pericias a los teléfonos celulares incautados a los agentes de la Policía de la Provincia de Buenos Aires Xiomara Flores, Jana Curruhinca, Alberto González y Mario Sosa; los cuatro efectivos que tuvieron contacto con Facundo el día que fue visto con vida por última vez. Sobre el peritaje sobre estos teléfonos, el informe realizado por la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (DATIP) destaca el particular contacto entre González, el policía que estaba cargo del destacamento de Teniente Origone y detuvo a Facundo en la ruta el 30 de abril, y sus superiores.

También resalta un comentario que hace sobre su declaración ante la Ayudantía Fiscal a cargo de García Dimas, donde tramitó en un principio la causa antes de pasar al fuero federal. “Después de eso es que me llamaron de Fiscalía y el Fiscal me dijo que con todos los datos que yo tenía, con la libreta, la foto y toda la historia, ‘usted con esto salvó a toda la policía de Villarino’. ‘Lo único que hubiera faltado’, me dijo, ‘era la patente del vehículo que sería la frutilla del postre, pero con esto ya está’”, escribió.

Como ocurrió en peritajes a teléfonos anteriores, hubo mucho material que no pudo recuperarse porque había sido eliminado por los policías, las aplicaciones desinstaladas o, incluso, dadas de baja las líneas telefónicas. Todavía restan los peritajes sobre los últimos teléfonos secuestrados en el allanamiento a la casa de Flores y Sosa.

“A pesar de los intentos por entorpecer la investigación, que las querellas venimos denunciando desde hace tiempo, tanto en la actuación del fiscal Ulpiano Martínez y la Jueza Marrón, aún se sigue produciendo pruebas valiosas y que no hacen más que ratificar la hiper intervención policial en torno a los hechos de esta causa, en la desaparición el 30 de abril y en las circunstancias en que se encontró el cuerpo de Facundo”, señalaron desde la CPM.

En se sentido, la Cámara de Casación debe aún resolver el pedido de recusación de la jueza Marrón realizado por los representantes del Ministerio Público Fiscal.

Fuente: Andar.

Fotos: Luciano Peretto y Cristina Castro.

La Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (DATIP) envió a la Fiscalía un informe sobre los datos obtenidos de los celulares de Mario Gabriel Sosa, Siomara Anyelén Flores, Jana Curuhinca y Alberto González. Habían sido entregados a Gendarmería el 19 de febrero.

En el marco de la causa por la desaparición forzada seguida de muerte de Facundo Astudillo Castro, la justicia aún busca dispositivos utilizados por los agentes involucrados. De hecho, otros tres aparatos fueron secuestrados por orden de la Cámara Federal, en un allanamiento a la vivienda que comparten Flores y Curuhinca en Pradere.

“El diablo en persona”

Según la pericia de la DATIP, del equipo Samsung SM-701M aportado por Sosa se extrajo una tarjeta SIM Claro con una agenda de 99 contactos entre los que se prestó particular atención al de Flores -“Amor”-, al del comisario Luis Alberto Godoy, jefe de turno de la Estación de Policía Comunal Villarino 1° y a otro identificado como “Berrios”.

Roberto Carlos Berrios fue uno de los primeros agentes señalados en el marco de la búsqueda de Facundo por sus antecedentes de hostigamiento contra les pibes del Semillero Cultural.

El subteniente fue trasladado el 8 de julio de 2020 desde la Estación Policial 2° de Mayor Buratovich -donde se desempeñaba desde octubre de 2011- a la Policía de Seguridad Departamental de Bahía Blanca y, una semana después, a la Comisaría 7° bahiense.

Consta en su legajo que está casado con Paola Fabiana Aguilera, oficial de la Unidad de la Policía de Prevención Local (UPPL) de Bahía Blanca, sede de la cual se secuestraron los libros de guardia y el Toyota Etios donde se encontraron restos de una piedra turmalina similar a la del collar de Facundo.

Cristina Castro declaró en septiembre que durante un rastrillaje vio llegar un patrullero desde Médanos, del cual bajaron el comisario Marcos Navarrete y Berrios. “Cuando lo vi le dije a Luciano (Peretto) ‘a mi flaco me lo mataron, me lo mataron acá. Esa persona que viene ahí es el diablo mismo en persona. Es el mismo oficial que ha hostigado y maltratado tantos años a los chicos del Semillero Cultural al que asistía Facundo acá en Pedro Luro’. Se reía y tuvo el descaro de ir a saludarme y darme la mano”.

Recordó que en Luro no tenían dónde denunciar a la Bonaerense “cuando llamaban las mamás que los peques estaban en la comisaría porque Berrios los cagaba a patadas, junto a otro oficial que había en Pedro Luro. Los golpeaba y les decía negros chorros, drogones. Se los subía arriba del patrullero y se los llevaba a la comisaría”. Castro mencionó que el subteniente “fue a la primera persona que apartaron y la llevaron a Bahía Blanca” y que, años atrás, había estado involucrado en otro “incidente feo” con Facundo. A su hijo le tocaron la rueda de atrás de la moto, cayó y lo trasladaron al hospital. La moto quedó intacta y fue levantada por la policía. Cuando la fueron a retirar del corralón “estaba destruida. Toda golpeada y rota por todos lados”.

Respecto al comisario de Médanos, Luis Alberto Godoy, cabe destacar que fue quien tomó testimonios relevantes durante la primera etapa de la causa junto al sargento Dmitrij Janovskis, quien el 8 de mayo de 2020 fue destinado a Origone con Alberto González. Los tres están sospechados de haber manipulado el libro de inspección y visita del Puesto de Vigilancia donde se encontraron el amuleto y otros objetos de Facundo.

¿Dónde están las fotos?

Jana Curuhinca entregó un celular Samsung SM-A605GN del cual no se pudo extraer información porque la pantalla no funcionaba y otro marca XIAOMI Redmi M2003J15SS en el cual, si bien presentó dificultades, se pudo constatar la existencia de imágenes fechadas a partir de agosto de 2020.

“No se encontró ninguna de las cuatro fotos originales que Jana Curuhinca le habría sacado a Facundo José Astudillo Castro el 30/04/2020. En consecuencia, las fotos originales de Facundo y de su DNI, presuntamente tomadas por Curuhinca (y los metadatos que indiquen fecha, hora y eventualmente lugar) aún no han sido halladas”, destacaron los peritos.

Una luz en el camino

Alberto González entregó un celular SAMSUNG SM-G532M con una tarjeta SIM Movistar. El análisis de su contenido permitió identificar otro número de abonado a partir de un testimonio recogido durante el operativo de secuestro de la libreta con anotaciones sobre Facundo y sobre la testigo H.

En otros chats, el policía de Origone coordina un encuentro en su casa del barrio Patagonia Norte con el editor de La Brújula, Germán Sasso, quien le realiza consultas referidas a la zona en la cual detuvo a Facundo. “Muchas gracias por todo lo que has hecho por nosotros. La verdad, fuiste una luz en el camino oscuro que tuvimos”, agradece el Bonaerense a quien “nos pone más inocente”.

Con Sosa coordinan para firmar la designación del abogado del Municipio de Villarino, Sebastián Martínez, como defensor de los cuatro sospechados y la asistencia de un psicólogo a cuenta del gobierno provincial que acerca Federico Montero, delegado del ministro Sergio Berni.

González le cuenta al responsable de La Brújula que había sido citado junto a todos los jefes de dependencia a Médanos donde “Navarrete nos empieza a cagar a pedos”. “Se la agarra conmigo, me dice que yo tenía que saber (…) que él había pasado por ahí, que yo lo tenía que haber visto. Un estúpido Navarrete porque te imaginás no me voy a poner en la ruta a ver quién pasa y quién no pasa”.

Según el policía, relacionó el día con la descripción de Facundo y llamó a su ayudante para que le acerque su libreta. “Yo más que nada para taparle la jeta a Navarrete y le dije ‘ves que me cagás a pedos a mí al pedo si yo tengo acá todo anotado, yo lo paré y tengo todo, es más yo le aviso a Reynoso por teléfono que el pibe iba para Bahía’. Y, claro, ahí se destapa toda la olla, te imaginás, Reynoso quedó como un estúpido (…)”.

A partir de allí, afirma González, lo mandan a declarar a la Ayudantía Fiscal a cargo de Dimas García. “Como que se sacaron un poco el peso ellos de encima, porque hasta ese momento no tenían nada, ninguno. O sea, al ser yo el último que lo para y aportar todos los datos que yo aporto, es como que zafan todos del cuello porque si no estaban todos hasta las manos, tanto Navarrete como Grilloni que era el jefe de Luro. Los cagaban a pedos de la departamental, había un quilombo bárbaro”.

“Después de eso es que me llamaron de Fiscalía y el Fiscal me dijo que con todos los datos que yo tenía, con la libreta, la foto y toda la historia, ‘usted con esto salvó a toda la policía de Villarino’. ‘Lo único que hubiera faltado’, me dijo, ‘era la patente del vehículo que sería la frutilla del postre, pero con esto ya está’”.

Esta última referencia llamó la atención de los peritos informáticos y sumó contradicciones a la coartada de González. En la fotocopia de la hoja de la libreta aportada a la justicia el 2 de julio de 2020 sí está anotada la patente del vehículo en el que la testigo H diría luego haber trasladado a Facundo. En la misma libreta puede leerse arriba del número de chapa “HR-V GRIS”. Sin embargo, el 22 de julio González le dice a Janovskis que él nunca afirmó que Facundo se había ido “en una Honda” sino que “siempre sostuve lo mismo (…) para mí era una Oroch”.

“¿De dónde la vamos a conocer?”

Finalmente, el 14 de julio, con la causa ya en manos de la justicia federal, González chatea con el comisario Reynoso, con quien mantuvo reiteradas comunicaciones el día de la detención y desaparición de Facundo.

En este caso se refieren a la “aparición” de la testigo H, la productora rural cuyo testimonio aportaron los sospechosos Sosa y Flores. La declaración la tomó la Policía Federal y la incorporó al expediente el fiscal Santiago Martínez sin notificar a la querella. La Federal, al igual que la Bonaerense, terminaría apartada de la investigación por reiteradas irregularidades. El fiscal, denunciado y autoexcluido por “violencia moral”.

González afirma que con la testigo “prácticamente, zafamos (…) porque la mina no nos conoce, no tiene ninguna clase de relación con nosotros”. Reynoso responde: “Los de Burato por ahí la conocen, si es que alguna vez la pararon, alguno la puede conocer de ahí, pero nada más. ¿Vos de dónde la vas a conocer? Sos de la otra punta, yo estoy de este lado ¿De dónde la vamos a conocer? Pero bueno, gracias a Dios apareció”.

“Está bueno que (la declaración) no la tomamos nosotros, para que después no digan que la salimos a buscar. Aparentemente llegó una información, se comunicó al Juzgado Federal y una comisión de la Policía Federal, mientras se hacían los rastrillajes”, dice González y se ubica “fuera de sospecha”.

El silencio del jefe

Entre la información obtenida en el celular XIAOMI Redmi M1908C3JG y la tarjeta SIM Claro entregada por Siomara Flores, los técnicos destacaron las referencias a la desinstalación de la aplicación WhatsApp, al intercambio de notas sobre la búsqueda de Facundo con sus hermanas y otros policías y a la preocupación por la salud mental de su hermana Jana.

Son reiterados los mensajes que intercambia con Sasso, a quien, por ejemplo, menciona que los policías que fueron a constatar el domicilio de Facundo luego de su primera detención por infringir el art. 205 habrían sido los oficiales Nadia Soledad Maraz y Marcelo Condori, nombres que no constan en el acta firmada por la oficial inspector Tamara Becerra.

Por otro lado, comenta que el policía que habría parado días antes de la desaparición de Facundo “a la productora rural por un tema de tránsito” fue “Marcelo González” y que desinstaló su WhatsApp el 9 de mayo de 2020 ante supuestas amenazas de dos “malandras” vinculados a robos en la zona.

En un grupo compartido con sus hermanas Jana y Y. comentan notas sobre la desaparición de Facundo al igual que lo hace con su pareja -“Mi hermosito”- Mario Gabriel Sosa.

Al comisario inspector Marcos Navarrete -padre de su hijo y jefe de la Policía de Seguridad Comunal de Villarino- le pregunta si recuerda cuándo había desinstalado su WhatsApp y le pide ayuda para que le saquen el arma a su hermana por la mala situación anímica que atraviesa. Lo mismo hace con el ahora ex jefe de la Estación de Policía Comunal de Villarino 2°, Fernando Gabriel Grilloni, a quien además le pregunta si su hermana podía entregar a la Policía Federal un celular roto que utilizaba “antes que pase esto del chico” para que recuperen los datos y “que sepan que no hicimos nada”. El jefe nunca le responde.

La Cámara Federal ordenó el allamiento del domicilio de Jana Curuhinca y Siomara Flores, agentes de la Policía Bonaerense de Villarino investigadas por la desaparición seguida de muerte de Facundo Astudillo Castro.

La Gendarmería Nacional interviene en la vivienda de Juan A. Pradere en busca de los celulares que no fueron entregados oportunamente. En el lugar se encuentran Cristina Castro y su abogado Luciano Peretto y Sebastián Martínez, defensor de Flores y Curuhinca.

“Un procedimiento más que tardó muchísimo. Gracias a la Cámara Federal a lo cual la jueza Marrón no tuvo más que actuar. Tendría que haber sido hace mucho tiempo, los teléfonos supuestamente algunos se habían caído al inodoro, otros muy deteriorados”, dijo la madre de Facundo a FM De la Calle.

Jana Curuhinca.

Agregó que les sorprendió la presencia del abogado defensor de las policías: “Estando yo tan cerquita de este pueblo, son cinco kilómetros de Pradere a Pedro Luro, tardé media hora en llegar y él que es de Bahía Blanca ya estaba adentro con estas mujeres”.

En febrero, la Cámara habilitó medidas de prueba que previamente habían sido rechazadas por la jueza federal Gabriela Marrón, quien pretende cerrar la causa con la hipótesis de muerte accidental.

Ante la apelación de la querella y las Fiscalías, la Alzada ordenó un nuevo allanamiento al puesto policial de Teniente Origone y el secuestro de los celulares de los cuatro policías más comprometidos en el crimen.

La medida comprendía los teléfonos personales y oficiales que, durante el tiempo de la investigación, tuvieron o fueron asignados a los policías Alberto González, Mario Gabriel Sosa, Flores y Curuhinca.

Son los cuatro efectivos que, de acuerdo a las pruebas del expediente judicial, estuvieron en contacto con Facundo el día de la desaparición. Cabe recordar que el pedido de fiscales y querellantes incluía el secuestro de los celulares de más de 40 funcionarios policiales, entre ellos los superiores de los policías directamente involucrados en la investigación.

“Esperamos que surjan nuevas cosas, sabemos que el proceso es largo, que cada pericia lleva mucho tiempo en resolverse y obtener resultados. Pero esperamos poder empezar a pedir imputaciones y detenciones”, concluyó Cristina.

Un equipo de FM De la Calle informa desde el lugar.

Actualización 14:30. Terminó el allanamiento. Fueron secuestrados tres teléfonos celulares. Cerca de las 14 había arribado al luga, Mario Gabriel Sosa, otro de los policías investigados.

La Cámara de Diputados avanzó con el debate de un proyecto para la prevención de la violencia institucional. En el plenario de las comisiones de Seguridad Interior y Derechos Humanos y Garantías se escucharon testimonios de familias de víctimas, entre ellos, el de Cristina Castro, madre de Facundo Astudillo Castro.

“Me ha costado mucho entender de leyes, la ley ya existe, lo que no llega a saberse es el daño y sufrimiento que ocasionan al no cumplir la Ley de Víctimas. Es el continuo amedrentamiento, no lo cumplen jueces y fiscales que no investigan y hostigan a las víctimas y ni hablar de los desaparecidos. No hacen su trabajo, encima de que tenemos que estar lidiando con la muerte de nuestros hijos también tenemos que lidiar con fiscales, jueces y políticos”, dijo Castro.

En relación al control sobre las fuerzas de seguridad y sus responsables políticos dijo: “Nos pasó a nosotros con el ministro de Seguridad (Sergio Berni), no existen leyes para controlarlos a ellos, para que los policías involucrados no sigan trabajando, no sigan ejerciendo, no sigan torturando. No nos escuchan, tampoco hay comisiones independientes”.

En medio de la reunión, el diputado Fernando Iglesias (Juntos por el Cambio) se ofuscó porque no le aceptaron una moción de orden y antes de terminar de escuchar a las madres de víctimas, protagonizó una discusión con otres legisladores y se desconectó.

Luego, la madre de Facundo manifestó que “cuando hablamos de violencia institucional también tiene que ver con estos arranques de violencia y el hecho de no poder dejar un segundo la bandera política de lado para fijarte que acá estamos hablado de personas. Mi hijo no es un número, somos familias que perdieron no solo un hijo, abuelos, tíos, y ver estos arranques de violencia duele y duele saber que estas personas nos están representando. Les pido dejen sus banderas políticas de lado y nos unamos para que no hayan más víctimas y mamás como yo. No hay reparación que calme el dolor que siente una familia”.

Previamente, la diputada radical Karina Banfi le pidió perdón “porque representamos al Estado, porque no pudimos ayudarte en esa búsqueda de ciento y pico de días. ¿Cuáles son los mecanismos que puso el Estado y en qué estado esta la causa?”.

“A mí me han recibido todos. Lo único que he conseguido en la parte de gobernación y nación es un avión sanitario para traer el cuerpo de mi hijo a Pedro Luro. Me interesa que se haga justicia, que se sepa la verdad, que estén a favor de la vida. La causa está con muchas cosas probadas, el accionar policial en la desaparición forzada de Facu, no solo de la policía sino que se ha necesitado muchísima complicidad del gobierno local, del Ministerio de Seguridad. Han seguido bancando un ministro que dice que Facundo se suicidó, que tuvo un accidente, cuando está probado que a Facu lo desapareció y lo mató la policía bonaerense de Villarino”, dijo Castro.

Agregó que “la violencia no solo fue de la policía hacia Facundo sino de la justicia hacia nosotros. Cada prueba que se pide tenemos que ir a pelearla a la Cámara, tenemos una jueza denunciada por los fiscales y por las 2 querellas. Mientras siga habiendo juezas como esta y fiscales como Ulpiano Martínez les pido que nos ayuden porque desde acá no vamos a poder avanzar. En la causa de mi hijo los únicos denunciados son mis abogados. Lo que comprendo es que nos siguen golpeando y tratando mal, denunciándonos, falta que me denuncien a mí y listo, completamos el círculo”.

La noche del jueves 7 de mayo efectivos del Comando Patrulla Rural de Villarino golpearon a dos adolescentes de 14 años que circulaban por Hilario Ascasubi. Se trata de un chico y una chica a quienes agredieron y apuntaron con armas mientras iban a bordo de una camioneta.

El hecho sucedió a pocos kilómetros de Pedro Luro con integrantes de la misma fuerza policial que está señalada como responsable de la desaparición forzada seguida de muerte de Facundo Astudillo Castro.

“Si ellos lo agarran, me lo golpean y hoy tendríamos otro caso como Facundo. Lo estaría lamentando. Doy gracias a dios que se escaparon”, relató a FM De la Calle, Juan Carlos, padre del joven.

El 7 de mayo “el chico mío sale en la camioneta, se me escapa con una chica a 200 metros del pueblo. Aparece una patrulla rural, se le pone de frente sin luces. Cuando llegan prenden la sirena. Se baja un oficial y una chica del otro lado y empiezan a golpearles los vidrios con un arma. Los chicos ven eso y disparan, que doy gracias a dios que no se quedaron ahí”, relató Juan Carlos.

El hombre identificó a los oficiales como Luciano Martínez y Cecilia Choque de Mayor Buratovich.

Afirmó que su hijo y la chica “rajan y se meten al pueblo, a 4 cuadras del pueblo le cruzan el patrullero, le fuerzan la puerta, le pegan en los tobillos y le daban contra el portón de la camioneta. A la nena la bajan, le apuntan con el arma y la ponen contra el patrullero. Ahí vino la gente del pueblo porque lo estaban golpeando. Le doy gracias a dios que la gente lo salvó, porque si no lo hubiesen salvado hoy lo estaría lamentando”, agregó.

Juan Carlos relató que los vecinos le avisaron lo que estaba ocurriendo. “Fui hasta la comisaría, me tuvieron hasta las 3 de la mañana. Estábamos la nena, el nene mío, mi señora y yo. Me llevaron la camioneta al corralón, la multa era mía pero no tenían porqué golpear a los chicos. En el momento en el que estaba firmando, este Martínez me agredía de atrás como para que yo le haga algo, él y la chica”.

“A esta gente no pueden darle armas. No sé cómo los tienen, sé que siguen trabajando, todo normal”.

El titular del Juzgado de Garantías N°2, Esteban Usabiaga, hizo lugar a un pedido de habeas corpus interpuesto por la Comisión Provincial por la Memoria para evitar que continúen las amenazas. El abogado de Cristina Castro, Luciano Peretto, representa a la familia del joven agredido.

“Quiero que a estos dos los saquen de Villarino. Pero los van a sacar de acá y los van a mandar a hacer cagadas a otro lado. Ese chico hace 2 años que está de policía y ya está haciendo macana”, enfatizó Juan Carlos.

Cuando el hombre les dijo “están golpeando a un chico de 14 años”, la respuesta fue :”Nosotros sabemos cómo golpear y dónde golpear”.