byfmdelacalle/8 mayo, 2026/inBahia Blanca, Judiciales, Noticias

Inundación en Cerri: denuncian a directivos de TGS y ex autoridades del Enargas

Una presentación judicial sostiene que la planta de Transportadora Gas del Sur (TGS), en el sector de la Ruta 3 Sur donde se proyectan nuevas inversiones, habría agravado la inundación al estar emplazada sobre el cauce natural del arroyo Saladillo de García. Convocan a damnificados a sumarse a la causa como querellantes para impulsar la investigación.

La presentación fue realizada por el abogado Martín Caputto, quien sostiene que la planta que la empresa posee en General Cerri habría actuado como un obstáculo dificultando el escurrimiento del agua durante el temporal.

Según la denuncia, tanto la empresa como el ente regulador contaban desde hacía años con informes técnicos y estudios científicos que advertían sobre el riesgo hídrico en la zona y la necesidad de realizar obras de adecuación para evitar consecuencias mayores ante lluvias extraordinarias. Entre la documentación incorporada aparecen investigaciones del CONICET elaboradas cinco años antes de la catástrofe.

“Las obras que tenían que hacerse no se hicieron y recién después de producida la tragedia la empresa prevé realizar intervenciones que debieron haberse ejecutado años antes”, sostuvo Caputto.

Revista Geográfica Digital Vol. 17, N.º 33, 17-28 pp.

La denuncia menciona posibles delitos como incumplimiento de los deberes de funcionario público, administración fraudulenta, negociaciones incompatibles y estrago culposo. Entre los apuntados aparecen autoridades de TGS, como Oscar Sardi, y Carlos Casares, ex interventor del Enargas.

“Hay una planta que está sujeta a un negocio, a una cuestión regulada por el Estado, y que el Estado debe regular, controlar y vigilar y resguardar para bienestar de todos. Esto que debería estar controlado por el Estado no fue controlado. La empresa sabía que tenía que hacer obras y no las hizo. El Estado no podía desconocer que tenía que hacerlas porque hay múltiples informes, hasta del CONICET, que están acompañados a la denuncia. Y, oh casualidad, después de producida la tragedia, con la inundación y los muertos, la empresa prevé la posterior realización de las obras que tendría que haber ejecutado y planificado con años de antelación”, dijo Caputto a FM De la Calle.

En paralelo, el abogado convocó públicamente a vecinos y damnificados a sumarse a la causa como querellantes. Según explicó, la participación directa de personas afectadas permitiría darle mayor impulso judicial al expediente y ampliar las posibilidades de investigación sobre las responsabilidades empresariales y estatales en torno al desastre.

Según consta en la denuncia, TGS y ENARGAS incumplieron con su obligación legal de presentar y aprobar un plan de gastos e inversiones que garantice la seguridad en su sistema y la distribución utilidades a través de la conformación de una “Reserva para futuras inversiones, adquisición de acciones propias y/o dividendos” de $1.079.251.752.000 (unos 765 millones de dólares al valor actual).

La denuncia menciona posibles delitos como incumplimiento de los deberes de funcionario público, administración fraudulenta, negociaciones incompatibles y estrago culposo. Entre los apuntados aparecen autoridades de TGS, como Oscar Sardi y Carlos Casares, ex interventor del Enargas.

“Hay una planta que está sujeta a un negocio, a una cuestión regulada por el Estado, y que el Estado debe regular, controlar y vigilar y resguardar para bienestar de todos. Esto que debería estar controlado por el Estado no fue controlado. La empresa sabía que tenía que hacer obras y no las hizo. El Estado no podía desconocer que tenía que hacerlas porque hay múltiples informes, hasta del CONICET, que están acompañados a la denuncia. Y, oh casualidad, después de producida la tragedia, con la inundación y los muertos, la empresa prevé la posterior realización de las obras que tendría que haber ejecutado y planificado con años de antelación”, sostuvo Caputto.

En paralelo, el abogado convocó públicamente a vecinos y damnificados a sumarse a la causa como querellantes. Según explicó, la participación directa de personas afectadas permitiría darle mayor impulso judicial al expediente y ampliar las posibilidades de investigación sobre las responsabilidades empresariales y estatales en torno al desastre.

Según consta en la denuncia, TGS y ENARGAS incumplieron con su obligación legal de presentar y aprobar un plan de gastos e inversiones que garantice la seguridad en su sistema y priorizó la distribución utilidades a través de la conformación de una “Reserva para futuras inversiones, adquisición de acciones propias y/o dividendos” de $1.079.251.752.000 (unos 765,4 millones de dólares).

Informes técnicos

Uno de los informes incorporados a la denuncia, elaborado en 2020 por las investigadoras e investigadores del CONICET y la Universidad Nacional del Sur Marilina González, Jorge Gentili y Verónica Gil, advierte que la instalación del complejo industrial de TGS en General Cerri modificó de manera directa el funcionamiento natural del arroyo Saladillo de García y aumentó el riesgo de inundaciones en la zona.

El trabajo señala que “la intervención más notoria se registró en el sector inferior del cauce del arroyo Saladillo de García en el cual se instaló el polígono industrial correspondiente a TGS”, y agrega que la planta “está localizada en el curso natural del arroyo por lo que el escurrimiento se vio forzado a cambiar repentinamente su rumbo”.

Además, los autores sostienen que la instalación industrial “eliminó su funcionalidad natural y modificó el equilibrio dinámico en el cual se desarrollaba el sistema fluvial”, mientras que las obras y movimientos de suelo realizados en el sector “significaron la modificación de los drenajes naturales y cambios en la línea de base del arroyo”. El estudio concluye que el avance industrial sobre esa área “desequilibró el sistema” y generó “una nueva dinámica hidrogeomorfológica” con efectos que podían agravarse frente a precipitaciones intensas.