Jujuy: en qué consiste la reforma constitucional que impulsa Morales
Docentes y otros trabajadores estatales de esa provincia llevan diez días de paro y movilizaciones en reclamo de una recomposición salarial y contra la reforma constitucional que busca el gobierno de Gerardo Morales, quien anunció que derogará el decreto que emitió para criminalizar la protesta social.
Sin embargo, amenazó con que descontarán los días de huelga y presentismo a quienes continúen manifestándose. La marcha atrás con el decreto N°8464, sancionado el 9 de junio, no afecta las intenciones de reformar la Constitución.
“Hay una pelea que es salarial pero que se suma el rechazo que están teniendo los sindicatos y las distintas asambleas y plenarios a una reforma que además de ser una farsa es una reforma anti derechos de Morales junto al PJ que quieren criminalizar la protesta social entre otros puntos”, dijo a FM De la Calle Natalia Morales, convencional constituyente y diputada del Partido de los Trabajadores Socialistas (PTS) en el Frente de Izquierda.
“Si mañana no vuelven al trabajo le vamos a descontar todos los días de huelga y el presentismo”, expresó el gobernador en conferencia de prensa.
La diputada explicó que “esa bronca que se está expresando todos los días, por parte de trabajadores, mujeres de la salud, pueblos originarios con sus demandas, trabajadores de vialidad, eso hizo que Morales respondiera con ese decreto donde está planteado que la administración pública puedan ser cesanteados por salir a manifestarse o que inhabiliten a representantes sindicales, políticos, o legisladores, o funcionarios públicos por dos años por ser parte de las protestas”.
El primer artículo de la medida refería que serían sancionados con hasta mil unidades de multa quienes permanezcan en espacios públicos “alterando el orden, obstaculizando la libre circulación vehicular y/o peatonal, causando temor en la población o limitando ilegítimamente y de cualquier modo el libre ejercicio de los derechos de los ciudadanos”.
“En conjunto la reforma, además de ser una farsa, de criminalizar la protesta y sacar derechos democráticos conquistados en luchas durante décadas, quiere también profundizar una constitución provincial que está a favor de los ricos, de los dueños de la provincia, donde se profundizan los negocios y el saqueo de litio y los bienes naturales”.
“Hay que mencionar que el Código Contravencional puesto en el gobierno 2014 de Eduardo Fellner del PJ, tuvo el aval del sector del radicalismo que ahora es oficialismo y que se empezó a implementar con el gobierno de Gerardo Morales. Hace 8 años que vienen criminalizando la protesta social y las protestas de mujeres que piden por la aparición con vida de mujeres desaparecidas”, relató al tiempo que destacó que había otros puntos que hacían referencia a quitarles a los jujeños y jujeñas el derecho a votar cada 2 años, tópico en el que el gobierno radical también se retractó.
Acerca de la explotación de tierras indígenas y recursos como el litio, aseveró que no se respeta la consulta previa, libre e informada y que están sufriendo represión y detenciones. “Como fuerza venimos acompañando el reclamo de las comunidades indígenas de todos estos años, donde constantemente se están avasallando sus derechos”, añadió.