byFM De la Calle/3 septiembre, 2021/inEconomía, Noticias

Represas hidroeléctricas: ¿qué hacer cuando se venzan las concesiones?

Entre 2023 y 2024 finalizan las concesiones de algunas de las represas hidroeléctricas más grandes del país: Chocón, Piedra del Águila, Cerros Colorados, Alicurá y Diamantes. El investigador del CONICET y Doctor en Ciencias Sociales, Bruno Fornillo plantea la necesidad y la posibilidad de reestatizarlas.

La licenciada en Economía, Agostina Costantino explicó en FM De la Calle, que “las represas son capital intensivo y requieren una inversión muy importante para construirse, los costos de operaciones son menores una vez concretada la obra. Pero esa edificación, con una vida útil de cien años, es tan grande que requiere tres décadas para amortizar los gastos. Las represas más importantes del país se pagaron con fondos públicos y se levantaron entre 1979 y 1993 cuando se privatizaron todas. Qué casualidad, justo cuando terminaron de construirse”.

La inversión fue pública y las ganancias, privadas.

“Un proceso típico de la etapa neoliberal Argentina, fue parte de la apertura de negocios a partir de los recursos estatales: se transformaron en privados activos que hasta ese momento eran públicos sin grandes gastos de inversión por parte de las empresas. En general, en estas mega obras de infraestructuras, la instalación y construcción no son rentables para privados porque treinta años de amortización, en un contexto en el que esa misma plata se puede colocar en el mercado financiero obteniendo las mismas o mayores ganancias en mucho menor tiempo, no es negocio. Es por esto que en el mundo, la mayoría de estas grandes represas están a cargo de los Estados”, afirmó Costantino.

“Las inversiones públicas para la construcción superaron los 20 mil millones de dólares en esos más de diez años que llevó la construcción de esas represas. Sin embargo, los concesionarios desembolsaron un monto menor a 2 mil millones de dólares para lograr un negocio que desde el año 93 representa un ingreso bruto de entre 350 y 400 millones anuales. Además, a lo largo de los años, los aumentos de tarifas de servicios públicos no redundaron en mayor inversión sino en una rentabilidad extraordinaria y en colocación financiera a corto plazo: endeudamiento y fuga de capitales”.

En relación a los recursos naturales, la economista argumentó que “es clave que vuelvan a manos del Estado por el rol que puede tener en el manejo público de estas represas en el proceso de transición energética. Es decir, pasar de una matriz energética intensiva en combustible fósil altamente contaminante, además de finitos, a una con una mayor fuente de energías renovables y limpias como son las de las represas. Asimismo, el Estado puede, en función del bien público, gestionar el manejo de las cuencas para minimizar las bajantes drásticas como las que vemos en el Paraná como consecuencia de las administraciones que tienen los privados sobre los recursos naturales”.

Costantino dijo que “es un tema de agenda a nivel mundial desmovilizar las matrices energéticas, empezar a usar más energías derivadas de fuentes renovables. Durante la gestión de Cambiemos, se abrió el mega negocio de los molinos eólicos, todos gestionados completamente por empresa privadas”.

¿Provincia o Nación? ¿Quién gestiona las represas si se estatizan?

“La discusión es colocada sobre la mesa desde el año pasado por las provincias involucradas: Río Negro y Neuquén son las que están interesadas en que no se renueven las concesiones pero que el manejo no pase a la Nación. Hay un proyecto de ley para pronunciarse a favor de no se prorroguen los contratos de concesión y que se transfiera la posesión de estas represas del Comahue a las provincias en tanto titulares del recurso hídrico, ya que como parte del proceso de descentralización de los ‘90, la propiedad de los recursos naturales son de las provincias”.

“El año pasado, senadores de las provincias presentaron un proyecto de ley que plantea la provincialización. La alternativa que plantean algunos funcionarios y ex secretarios de energía es una empresa pública nacional donde participen las provincias”.

Asimismo, la columnista comentó que “la alternativa que se está barajando es una empresa pública nacional con participación provincial. Al igual que en el caso de la hidrovía, se abre la posibilidad de barajar y dar de nuevo: después de treinta años de un proceso de privatizaciones que se llevó más de lo que dejó, la fuga de capitales en este tipo de empresas es generalizada y las reinversiones en el aumento del bienestar de la población derivado del uso de esos servicios públicos no mejoró significativamente”.