SADOP presentó proyecto de ley antidespidos
El gremio de docentes privados elaboró un proyecto de ley contra despidos abusivos que busca garantizar la estabilidad laboral de trabajadores y trabajadoras del sector.
La secretaria general de la delegación bahiense, Margarita Orellano, dijo a FM De la Calle que “desde hace un tiempo nos preocupa la cantidad de despidos sin causa que se produjeron en su mayoría en establecimientos con subvención estatal”.
La iniciativa que deberá analizar la Legislatura pretende que en caso de despido arbitrario se suspenda la subvención. “Sería por 12 meses en el caso de cualquier docente y por 14 meses en caso de que ese trabajador esté sindicalizado”, señaló.
La dirigente comentó que “a veces se despide a los docentes por el reclamo de sus derechos, como una manera de adoctrinar al personal. Pero, por otro lado, envían un telegrama así sin más, sin haber seguido los canales que deberían: presentar un sumario, antecedentes para presentar un telegrama”.
“En general, nos levanta sospechas el hecho de que se vuelve a cubrir ese cargo. Sabemos de 300 casos en lo que va del año en la provincia, seguramente hay más, no nos hemos enterado del resto porque no se acercan al sindicato”.
Respecto a las estadísticas locales, Orellano señaló que en los últimos meses “hemos tenido 8 despidos. 5 de esos fueron sin causa y en su mayoría de colegios subvencionados. Hay otras delegaciones donde ha habido 40 despidos. Si además tenemos en cuenta que nuestro sector está mayormente representado por mujeres y ellas se han transformado en jefas de hogar, tiene un impacto muy grande”.
Tras mantener una reunión con Orellana, el concejal Walter Larrea presentó un proyecto de resolución expresando el beneplácito del Concejo Deliberante por la propuesta de modificación a la Ley Provincial Nro 13.688 (Ley Provincial de Educación).
Consideró que la norma “ayudará a solucionar los problemas de aquellos establecimientos de gestión privada que solicitan recursos para su funcionamiento, ya que permitirá reordenar el sistema, re-direccionando los recursos estatales hacia a aquellas instituciones educativas que tengan una imposibilidad real de pago y fomentando el uso mesurado y responsable de los dineros públicos que pertenecen a la sociedad en su conjunto”.
